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El proceso para autorizar el nuevo proyecto
de explotación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) se ha convertido
en un intercambio de alegaciones de los grupos ecologistas,
contrarios a la reapertura del complejo minero, y el rechazo
a sus argumentos de la Junta de Andalucía, firme defensora
de una iniciativa que va en línea con la estrategia de reforzar
el liderazgo de la comunidad en este sector. En este contexto
se enmarca el anuncio de la Consejería de Sostenibilidad y
Medio Ambiente del levantamiento de la suspensión temporal
de la ejecución de la Autorización Ambiental Unificada (AAU)
que ese departamento concedió a la mina el pasado mes de julio
y que quedó paralizada el pasado 16 de septiembre al no haber
respondido al recurso de alzada que presentó Ecologistas en
Acción. La Consejería de Medio Ambiente ha informado este
viernes de la recuperación de la plena vigencia de la AAU,
después de haber desestimado las pretensiones de la ONG ecologista.
“Con esta resolución se levanta la suspensión de la ejecución
de la AAU”, indica el comunicado emitido por ese departamento.
Corta de Aznalcóllar que sera depurada y rehabilitada
junto a su entorno como parte del proyecto de explotación
de la empresa Minera Los Frailes.
La Junta de Andalucía tuvo que reconocer a mediados
de septiembre que la AAU quedaba suspendida por imperativo
legal al no haber respondido en el plazo de un mes al recurso
de alzada contra ese dictamen que Ecologistas en Acción interpuso
el pasado 12 de agosto. La AAU es el paso previo e indispensable
para dar vía libre a la reapertura de la mina de Aznalcóllar,
pendiente ahora de la resolución de la autorización final,
competencia de la Consejería de Industria, Energía y Minas,
que se encuentra en proceso de audiencia pública. Interlocutores
de la ONG han señalado a este diario que aún no tenían constancia
de la resolución de su recurso y han indicado que, aunque
sus servicios jurídicos tienen que estudiar el caso, la intención
de la entidad es recurrir la AAU en sede contencioso administrativa.
En su recurso contra la autorización ambiental, Ecologistas
en Acción, argumentaba que la resolución era nula porque la
legislación obliga a la publicación íntegra de la Declaración
de Impacto Ambiental en el Boletín Oficial y solo se publucó
en la web. Se llamaba la atención sobre que las modificaciones
realizadas en ese documento en las que se ampliaba la capacidad
del vertido autorizado —de 2,6 a 4 toneladas anuales durante
la fase operativa de la explotación de 17 años— no se había
sometido a información pública. También argumentaban que se
había incumplido la obligación de realizar una evaluación
ambiental estratégica en todos los términos municipales afectados
por los vertidos y que tampoco se había realizado una adecuada
Evaluación del Impacto Ambiental del vertido tóxico a lo largo
de todo el espacio protegido del bajo Guadalquivir, que afectaría
al Parque Nacional de Doñana, y que tendría un impacto en
los arrozales y en la acuicultura de la zona. La Junta ha
desestimado todas estas alegaciones.
“La resolución del recurso de alzada confirma
que la AAU para la explotación de la mina Los Frailes se ajusta
plenamente a derecho y cumple con todas las disposiciones
ambientales vigentes”, se indica en el comunicado. La reapertura
de la explotación no puede abstraerse del vertido tóxico que
provocó la rotura de la balsa de residuos de esa mina que
derramó siete millones de residuos en 1998, por eso tanto
la empresa concesionaria del nuevo proyecto, el consorcio
Minas Los Frailes, como la Junta, insisten en desmarcar la
iniciativa actual de la que extraía el mineral entonces, poniendo
el énfasis en que esta es una mina al aire libre y no subterránea
y en la seguridad que rodea a todos los trabajos.
La situación costera de Doñana en el océano
Atlántico y la desembocadura del río Guadalquivir crea una
serie de ecosistemas acuáticos. Algunos de ellos son las lagunas
costeras, que son fundamentales para la vida silvestre y la
biodiversidad de la región. Además, la interacción entre el
agua dulce y salada en estas áreas contribuye a la formación
de hábitats únicos.
“La consejería ha evaluado con rigor los posibles
riesgos ambientales asociados a la actividad minera, asegurando
que se han efectuado todas las medidas preventivas necesarias
para minimizar cualquier impacto adverso en el entorno”, ha
enfatizado la Junta en su comunicado, recalcando la “especial
relevancia” de los análisis de los vertidos al estuario del
Guadalquivir donde “se ha demostrado que los valores de emisión
propuestos cumplen con las normas de calidad ambiental garantizando
la protección de los ecosistemas fluviales”. Minera Los Frailes
prevé la extracción de 45 millones de toneladas de cobre,
zinc y plomo durante 17 años, procedentes de la corta que
lleva ese mismo nombre. Antes, y durante 18 meses, se procederá
a la construcción de una depuradora y de un túnel para transportar
el agua, además de las galerías subterráneas de la mina, para
completar el vaciado de esa corta, que es donde se ubicará
la mina. En ese período también se procederá a la extracción
en la vecina corta de Aznalcóllar de los residuos procedentes
de las labores de limpieza realizadas tras la rotura de la
balsa den 1998. El proyecto contempla que más del 80% de las
aguas residuales serán reutilizadas en procesos de extracción
y que el 20% restante será tratado a través de la depuradora.
El desastre de Aznalcóllar fue un desastre ecológico,
producido por un vertido de lodos tóxicos en el parque nacional
y Natural de Doñana, en Andalucía, el 25 de abril de 1998,
causado por la rotura de la Balsa Minera de Aznalcóllar, propiedad
de la empresa sueca Boliden.
El reacondicionamiento de la corta de Aznalcóllar
es una de las principales preocupaciones de los grupos ecologistas
que vienen reclamando que se le otorgue la calificación de
instalación de residuos mineros de categoría A, por la toxicidad
de los vertidos que alberga, lo que implica implementar un
mayor grado de protección y de prevención, que implica un
Plan de Emergencia Exterior, fijar una garantía medioambiental,
y estudiar la vulnerabilidad ante el riesgo de accidentes
graves. La Junta desestimó esta alegación formulada por Ecologistas
en Acción durante el período de información pública del proyecto.
Minera Los Frailes, por su parte, insiste en la importancia
de que cuanto antes se resuelva la concesión de la explotación
para poder proceder a los trabajos de extracción de los residuos
de la corta de Aznalcóllar, que llevan sin bombearse al exterior
desde que la Junta de Andalucía dejó de asumir esa actividad
en 2014.
Desde entonces el volumen se ha ido acumulando
hasta el punto de que si no se actúa, en 10 años rebosaría
contaminando la superficie. La empresa también insiste en
que de acuerdo con las exigencias normativas estipuladas para
el estuario del Guadalquivir el caudal del vertido, además
de estar dentro de los parámetros establecidos, es ínfimo
en comparación con el caudal fluvial en estiaje y el caudal
medio cuando recibe el agua de las mareas. Con esos datos
comparan, por ejemplo, los cuatro hectómetros cúbicos al año
que tienen autorizados como máximo —tras la ampliación que
no fue sometida a información pública— durante los 17 años
de la explotación, con los 12.722,22 del volumen fluvial y
los 11.020 del mareal. Los ecologistas, con todo, advierten
de que a estas cantidades hay que sumar las de los residuos
de los vertidos que ya se encuentran sedimentados en el Guadalquivir
producto de otras extracciones mineras pasadas y actuales.
“Eso no se ha tenido en cuenta, y si no se ha tenido en cuenta,
por el principio de prudencia, no debería autorizarse ningún
proyecto hasta no conocer bien las consecuencias de la acción”,
indicaba a este diario Jesús Castillo, catedrático de Ecología
en la Universidad de Sevilla.
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