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Un grupo de 11 países de la UE, entre ellos
España, ha pedido por escrito al conjunto de los Veintisiete
que vote a favor de aprobar la Ley de Restauración de la Naturaleza,
un polémico texto para reparar los ecosistemas dañados que
se ha convertido en un símbolo del debate en torno a la agenda
verde. Surge a iniciativa de Irlanda y lo secundan los ministros
de Medioambiente de Alemania, Chipre, Dinamarca, Eslovenia,
Estonia, Francia, Lituania, Luxemburgo, Lituania, República
Checa y la titular española Teresa Ribera.
En la misiva, los ministros piden a sus homólogos
en el Consejo de la UE que voten a favor de la aprobación
del texto en el consejo de ministros de Medioambiente de la
UE que se celebrará el próximo 17 de junio en Luxemburgo.
«Esa ratificación estaría a la altura del compromiso que todos
asumimos de ser un líder mundial en restauración de la naturaleza»,
señalan los firmantes, que intentan salvar así una de las
leyes más trabadas de la legislatura comunitaria que termina,
y que tras su aprobación por la Eurocámara se suponía ya finiquitada,
a falta del último sello oficial. Pero la innovadora normativa
ha vuelto a encallar, esta vez entre los Estados miembros,
donde se ha roto el consenso después de que Hungría se sumase
el pasado febrero al grupo de países críticos, donde ya estaban
Finlandia, Suecia, Países Bajos, Austria, Polonia, Bélgica
e Italia, imposibilitando así una mayoría a favor de aprobarla.
La secretaria de Estado de Medio Ambiente de
Hungría, Aniló Raisz, defendió que la protección de la naturaleza
es una competencia nacional, que su aplicación supone mayores
costes y que es necesario buscar un mayor apoyo a la ley por
parte del sector agrícola, por eso maniobran ahora los países
a favor de la ley. «Debemos actuar de manera urgente y decisiva
para concluir el proceso político», señalan los ministros
firmantes de la carta. La Ley de la Restauración de la Naturaleza,
iniciativa que la Comisión Europea presentó en junio de 2022,
pretende acompasar el paso de la Unión Europea con los acuerdos
sobre biodiversidad de Naciones Unidas, obligando a reparar
al menos el 20 % de los ecosistemas terrestres y marinos degradados
de la UE en 2030 y todos ellos para el 2050.
El texto se convirtió en el caballo de batalla
de las grandes plataformas agrícolas contra la transición
ecológica, de la extrema derecha y, sobre todo, del Partido
Popular Europeo, que atacó el texto como estandarte de una
agenda verde de la Comisión Europea que preside Ursula von
der Leyen, también democristiana, como movimiento táctico
de cara a las elecciones europeas de este mes de junio. Los
países alcanzaron un enfoque común y la lucha política se
trasladó a la Eurocámara, que alcanzó un acuerdo provisional
con el Consejo el pasado diciembre, bajo presidencia española,
y que logró aprobar el pacto, por la mínima y entre ruido
e incertidumbre, en las comisiones parlamentarias y en el
pleno. La negociación suavizó notablemente la norma, con cláusulas
como comenzar la restauración por la red Natura 2000, que
la Comisión presente un informe sobre los recursos financieros
disponibles y que se puedan suspender las medidas hasta un
año por razones de emergencia, entre otras.
Y cuando se suponía que adoptar la Ley de Restauración
de la Naturaleza era ya una mera formalidad, ha vuelto a encallar,
esta vez en el Consejo, que representa a los Estados miembros,
en un contexto en el que la derecha, el centro derecha y los
partidos euroescépticos cuestionan cada vez más el Pacto Verde
Europeo, uno de los ejes del actual mandato de Von der Leyen.
Nota de prensa, Junio 2024:
Los Veintisiete ratifican ‘in extremis’ la ley
de biodiversidad, una de las normas más atacadas por la extrema
derecha.
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