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La discusión sobre el protocolo de Irlanda del
Norte sigue abierta. Y a ello se ha sumado la guerra pesquera
desatada en las últimas horas entre Reino Unido y Francia
por las licencias de pesca que concede o no concede Londres.
Este viernes se han reunido en Londres el ministro británico
para el Brexit, David Frost, y el vicepresidente de la Comisión
Europea Maros Sefcovic como colofón a una semana de negociaciones
entre la UE y el Gobierno británico en la capital inglesa.
“Las conversaciones se han llevado a cabo con un espíritu
constructivo", ha afirmado un portavoz británico tras la reunión:
"Pero las distancias entre nosotros siguen siendo sustanciales.
Como hemos señalado anteriormente, las propuestas de la UE
[para relajar los controles aduaneros a las mercancías que
pasan de Gran Bretaña a la isla de Irlanda] representan un
paso adelante positivo, pero no agilizan los movimientos de
mercancías entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la medida
necesaria para una solución duradera. Tampoco se han comprometido
todavía con los cambios necesarios en otras áreas, como la
política de subvenciones, el IVA y la gobernanza del Protocolo,
incluido el papel del Tribunal de Justicia de la UE".
El papel del Tribunal de Justicia, supervisor
de la ley europea, que se aplica en este caso en Irlanda del
Norte mientras sea parte del mercado único para facilitar
que no haya frontera con la República de Irlanda, es innegociable
para Bruselas y, al mismo tiempo, inasumible para Boris Johnson,
quien lo firmó de su puño y letra. “Nuestra posición sigue
siendo que serán necesarios cambios sustanciales en el Protocolo
si queremos encontrar una solución sostenible que funcione
en el mejor interés de Irlanda del Norte y apoye el Acuerdo
de Belfast (Viernes Santo)", dicen fuentes de Downing Street:
“Lord Frost y el vicepresidente Sefcovic, y sus equipos, se
reunirán nuevamente en Bruselas la semana que viene". Fuentes
de la Comisión Europea han explicado que "el vicepresidente
Sefcovic recordó que las propuestas a medida presentadas no
tienen precedentes y tienen un gran alcance. Abordan las preocupaciones
planteadas por la gente y las empresas de Irlanda del Norte.
Además, pidió al Gobierno británico que se comprometiera de
manera constructiva con estas propuestas".
El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson,
en una visita al mercado de pescado de Grimsby, el 9 de diciembre
de 2019.
"Es fundamental encontrar un terreno común entre
las respectivas posiciones de la UE y el Reino Unido", prosigue
el portavoz comunitario: "Le debemos al pueblo de Irlanda
del Norte encontrar soluciones estables lo antes posible.
La Comisión no escatimará esfuerzos en este empeño".
Las discusiones sobre el protocolo de Irlanda
del Norte continuarán la próxima semana. El Sefcovic y Frost
se reunirán en Bruselas el próximo viernes 5 de noviembre.
Por si fuera poco, en la reunión se ha atravesado la guerra
pesquera desatada entre Reino Unido y Francia. Según fuentes
comunitarias, "el vicepresidente Sefcovic alentó al Reino
Unido a intensificar las conversaciones con la Comisión Europea
y Francia para resolver el problema de las licencias de pesca
pendientes. Todos los buques franceses que tengan derecho
a una licencia deberían recibir una".
Downing Street, por su parte, han explicado:
"Frost también ha expresado al vicepresidente Sefcovic nuestras
preocupaciones sobre las medidas injustificadas anunciadas
por Francia a principios de esta semana para interrumpir la
pesca del Reino Unido y el comercio en general, amenazar el
suministro de energía y bloquear una mayor cooperación entre
el Reino Unido y la UE, por ejemplo en el programa de investigación
Horizon. Frost dejó en claro que, si estas acciones se implementan
según lo planeado el 2 de noviembre, pondrían a la Unión Europea
en incumplimiento del Acuerdo de Comercio y Cooperación (TCA,
el acuerdo firmado en la Nochebuena pasada para regular el
postBrexit). En consecuencia, el Gobierno está considerando
la posibilidad, en esas circunstancias, de iniciar procedimientos
de resolución de conflictos en el marco del TCA, y de otras
respuestas prácticas, incluida la implementación de controles
de la actividad pesquera de la UE en aguas territoriales del
Reino Unido, dentro de los términos del TCA".
La Ley de Pesca del Reino Unido revoca los derechos
de los buques de la UE.
Es decir Reino Unido acusa a la UE de saltarse
el acuerdo del postBrexit mientras se está saltando el acuerdo
del Brexit. Y amenaza con acudir al sistema de resolución
de conflictos –arbitraje– si Francia mantiene sus planes de
tomar medidas comerciales contra Londres si no concede las
licencias de pesca a barcos franceses que París entiende le
corresponden en virtud del acuerdo del postBrexit.
Reino Unido y Francia han desatado la guerra
de la pesca por las cuotas que, según París, no concede Londres
a los pesqueros franceses en un nuevo acto de incumplimiento
de los acuerdos sobre derechos de pesca. Así, como respuesta,
Francia anunció durante el miércoles que había detenido a
un arrastrero británico que había estado pescando frente a
sus costas sin licencia, y emitió una advertencia a otro.
En paralelo, el Gobierno británico había advertido a su vez
que tomaría represalias si Francia introduce controles adicionales
en los barcos y camiones que llegan desde Reino Unido. "La
cifra del 98% de las licencias concedidas por el Reino Unido
a europeos es falsa", ha dicho este jueves la ministra del
Mar francesa, Annick Girardin: "Sólo son el 90,3%. Evidentemente,
los 10 puntos que faltan son los que corresponden a los franceses.
Han pasado 9 meses desde que los pescadores franceses ya no
pueden trabajar. Es una violación de lo firmado por parte
de los británicos. Basta".
Los puertos afectados por mayores controles
pueden ser anunciados a principios de la próxima semana, según
un funcionario diplomático francés citado por Politico, que
descartó que se fueran a aplicar al enlace ferroviario Eurostar
entre los dos países. En una declaración difundida el jueves
por la noche por el ministro de Asuntos Europeos francés,
Clement Beaune, París también amenazaba con interrumpir el
suministro de energía del Reino Unido si Boris Johnson no
aborda las denuncias francesas sobre las licencias de pesca.
Beaune anunciaba "una segunda serie de medidas". El Gobierno
de Boris Johnson replicó: "Las amenazas de Francia son decepcionantes
y desproporcionadas, y no son lo que esperaríamos de un aliado
y socio cercano. Las amenazas no parecen ser compatibles con
el Acuerdo de Comercio y Cooperación (el TCA firmado entre
Londres y la UE) y el derecho internacional y, si se llevan
a cabo, recibirán una respuesta adecuada y calibrada".
El ministro británico para el Brexit, David
Frost, quien este viernes se ha reunido con Sefcovic, tuiteó
el miércoles que era "muy decepcionante que Francia haya sentido
la necesidad de hacer amenazas". Frost dijo que no había habido
"ninguna comunicación formal" del Gobierno francés sobre el
asunto y que buscaban "una aclaración urgente".
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La pesca no alcanza el 0,1% del PIB del Reino
Unido. Tampoco supone un sector tan esencial como otros para
la Unión Europea y, sin embargo, se ha convertido en uno de
los grandes puntos de discordia en las negociaciones para
lograr un acuerdo comercial para la era pos-Brexit. La clave
de su peso específico no es estrictamente productiva ni estratégica.
Se trata en realidad de un “símbolo romántico” de la soberanía
nacional, como lo define un diplomático de alto rango en Bruselas,
y también de un sector en el que Londres cuenta con un as
en la manga. “Es el único punto en el que los británicos parten
con posición de ventaja: porque nosotros queremos algo de
ellos”, en palabras de un eurodiputado alemán que sigue las
discusiones. “Por eso lo dejan para el final. Para torturar
al presidente francés, Emmanuel Macron, y que acabe cediendo
en algún otro punto”.
A finales de 2020 y con el pulso entre los equipos
negociadores de ambas orillas del Canal de la Mancha casi
en un punto de saturación, y con un posible acuerdo a la vista,
lo que estaba en juego era el acceso a las aguas británicas,
un copioso caladero que representa cerca del 15% del total
de la pesca europea y del que salieron entre 2012 y 2016 una
media anual de 1.285 millones de toneladas de pescado, según
un extenso estudio encargado por la Comisión de Pesca de la
Eurocámara en 2019, con motivo del Brexit. La UE de los 27
se llevó la mayor parte (un 57%) frente a los pescadores británicos
(un 43%). Y esto es lo que Boris Johnson, con su retórica
nacionalista, lleva años prometiendo recuperar.
El 1 de enero el Brexit se consumó,
al concluir el período transitorio pactado, el Reino Unido
abandonó la Política Pesquera Común, que define el
acceso de los barcos europeos a la llamada Zona Económica
Exclusiva de este país, la cual se extiende 200 millas náuticas
(unos 370 kilómetros) desde la costa británica. La UE aspiraba,
al principio de la negociación, a que se mantuviera un acuerdo
similar al sistema de cuotas que regía hasta ahora. Londres
buscaba, al contrario, recuperar el control e implantar un
régimen parecido al noruego, que negocia de año en año las
capturas de las flotas de la UE en sus aguas. La diferencia
es que con Noruega se pacta la pesca de media docena de especies;
en los mares británicos se haría para casi un centenar.
El pastel a repartir supone unos 650 millones
de euros en forma de caballas, arenques, lenguados, cigalas
y merluzas (los pescados más atrapados, en este orden, por
parte de la flota europea). Lo que trascendoó de la
discusión esos últimos días: Michel Barnier, el negociador
jefe del lado europeo, habría propuesto recortar (es decir,
devolver al Reino Unido) entre un 15% y un 18% los derechos
de pesca de los Veintisiete en aguas británicas, según informó
RTE, la televisión pública irlandesa, una cifra que habría
sido tildada por Londres como “irrisoria”. Mientras tanto,
David Frost, que lideraba el diálogo por parte del Reino Unido,
estaría tratando de retener hasta un 80% de la pesca en sus
aguas. Y, como suele suceder con las negociaciones en Europa,
todo puede acabar en algún punto intermedio: un pacto provisional
aceptable para ambas partes y un horizonte gradual de reducción
de la presencia europea. “Boris Johnson no necesita una victoria
económica, sino decirle a sus votantes que habrá menos barcos
europeos en aguas británicas y más pescado para los pescadores
del Reino Unido y Escocia”, aseguraba entonces Pierre Karleskind,
presidente de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo,
y eurodiputado de La República en Marcha, el partido del presidente
galo. La pesca, prosigue, sería una de “las pocas cosas tangibles”
que un político puede ofrecer a sus ciudadanos. Y este argumento
vale para Londres, y también para París, la capital del país
más afectado.
Francia suma cerca del 30% del valor generado
por la flota europea en aguas británicas, según otro informe
sobre el Brexit redactado en 2017 para la Eurocámara, y le
siguen Países Bajos, Irlanda y Dinamarca. En términos globales,
no supone un gran porcentaje para el total del sector francés,
pero en algunos puertos de los departamentos de Norte y de
Bretaña, esa zona costera que casi abraza a la isla vecina,
podría llevarse por delante un 50% de los empleos, asegura
Karleskind. A Macron le queda algo más de un año para acudir
a las urnas y pesa el fantasma de unos nuevos chalecos amarillos
formados por curtidos lobos de mar. “¿Querrías a los pescadores
franceses marchando hacia París? Son un grupo de tipos duros”,
reconoce un diplomático al tanto de las negociaciones. Francia
se ha convertido en uno de los huesos más duros de roer para
Londres. La postura gala se mantiene en que es preferible
que no haya acuerdo antes que un mal acuerdo. Y repite que
se trata de una negociación comercial global, de la que la
pesca solo es una mínima parte inseparable del conjunto. En
octubre de 2020, cuando Johnson amenazó a Bruselas con levantarse
de la mesa, Macron replicó que la idea de que el acuerdo tropieza
por la pesca es “un argumento táctico del Reino Unido”. Hay
otras cuestiones clave, como el acceso de los británicos al
mercado energético europeo, hoy interconectado y otro jugoso
pedazo del pastel. “El acceso al mercado único de la energía
tiene un valor económico para los británicos de entre 750
millones y 2.500 millones de euros. Sería un mal negocio”,
dijo Macron.
De hecho, un mal acuerdo comercial sería también
nefasto para Londres: la UE representa el destino de dos tercios
de sus exportaciones pesqueras, y Francia es su principal
cliente. Este comercio podría enfrentarse a aranceles de hasta
un 24%, según el informe de la Eurocámara. El Reino Unido
también perdería el derecho a faenar en aguas europeas, un
problema menor, pero que suma 87 millones de euros. Y, sobre
todo, se arriesgaría a la temida reacción de Bélgica: cuenta
con una de las flotas más pequeñas de la UE, pero es la más
dependiente de las aguas británicas, de donde obtiene hasta
el 50% de sus capturas. Y en caso de ruptura brutal podría
invocar un tratado de 1666, por el cual el rey Carlos II de
Inglaterra le agradeció a la ciudad de Brujas, entonces territorio
español, el refugio prestado durante su huida del régimen
de Oliver Cromwell.
Carlos II fue rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda
desde el 29 de mayo de 1660 hasta su muerte, en 1685. Su padre,
Carlos I, fue ejecutado en 1649 tras la Guerra Civil Inglesa;
la monarquía fue entonces abolida y el país se convirtió en
una república bajo la tiranía de Oliver Cromwell, el «Lord
Protector».
Recuperado el trono, Carlos II le regaló a la
villa flamenca el “derecho de acceso eterno” de 50 barcos
pesqueros a las aguas inglesas. El tratado, invocado varias
veces en la historia, lo puso sobre la mesa el embajador de
Bélgica ante la UE en una discusión sobre el Brexit. Ya en
el pasado los juristas británicos aconsejaron a su Gobierno
no litigar sobre este tratado, según recogía el diario La
libre, porque corrían el riesgo de perder.
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