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A partir de este sábado 28 de diciembre, el
cargador USB-C es el único permitido en una amplia gama de
aparatos electrónicos que se comercialicen en la Unión Europea
(UE), al terminar el plazo de adaptación de dos años a la
ley europea cuyo objetivo es reducir la basura electrónica
y simplificar la vida de los consumidores. Los Estados miembros
tenían hasta este 28 de diciembre para aplicar la directiva
europea que obliga a que todos los teléfonos móviles, tabletas,
cámaras digitales, auriculares, libros electrónicos, teclados,
ratones, consolas de videojuegos, altavoces y sistemas de
navegación incorporen un cargador único, de tipo USB-C. Los
ordenadores portátiles tienen de plazo hasta el 28 de abril
de 2026 para cumplir la normativa.
La directiva también armoniza los requisitos
de carga rápida y ofrece a los consumidores la opción de no
recibir un nuevo cargador con cada compra de dispositivo.
Los fabricantes deberán actualizar sus embalajes para mostrar
claramente la información sobre las características de carga
y lo que se incluye con cada compra. Esta normativa permite
mitigar, por tanto, el llamado 'bloqueo tecnológico', por
el que un consumidor se vuelve cautivo de un fabricante concreto
al adquirir uno de sus dispositivos. El objetivo de esta ley
es triple: garantizar la comodidad de los consumidores, reducir
los residuos electrónicos y evitar la fragmentación del mercado
de los dispositivos de carga, según el texto de la directiva.
El sistema que regía hasta ahora, en el que compartían espacio
el USB 2.0 Micro B, el USB-C y el Lightning (exclusivo de
Apple) gracias a un acuerdo voluntario de 2009, contribuía
aún a generar hasta 11.000 toneladas al año de residuos electrónicos,
según las estimaciones de la Comisión Europea.
Tenemos ganador.
La norma pretende atajar esta cifra permitiendo
a los consumidores comprar nuevos dispositivos electrónicos
sin tener que adquirir un cargador adicional, lo que ahorrará
a los ciudadanos hasta 250 millones de euros anuales en cargadores
innecesarios. Esta ley se enmarca en una estrategia más amplia
de la UE encaminada a reducir los residuos electrónicos e
informar a los consumidores de manera que puedan tomar decisiones
más sostenibles, promoviendo así una economía circular. Además
de reducir los residuos electrónicos generados por la venta
de equipos radioeléctricos, la normativa pretende reducir
la extracción de materias primas y las emisiones de CO2 generadas
por la producción, el transporte y la eliminación de cargadores.
“Seguiremos de cerca cómo se adaptan los fabricantes a estos
cambios y esperamos con interés los estudios de la Comisión
(Europea) sobre la evolución de la carga inalámbrica y los
futuros requisitos de desagregación”, dijo ese viernes la
presidenta de la Comisión de Mercado Interior del Parlamento
Europeo, Anna Cavazzini. Para esta eurodiputada del grupo
de los Verdes, “es vital garantizar que los consumidores tengan
las herramientas para seguir tomando decisiones inteligentes
y sostenibles a medida que evoluciona el mercado”.
La directiva, cuya implementación es obligatoria
desde hoy, entró en vigor el 27 de diciembre de 2022, y desde
entonces los fabricantes han tenido dos años para implementarla.
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