Día tras día los colombianos salen a las calles desde que comenzó el paro nacional el pasado 28 de abril. Pese a que la reforma tributaria que originó las protestas ya fue retirada, de fondo hay un descontento generalizado. Piden que haya cambios estructurales en la Policía ante el aumento de la violencia, se resisten a una reforma a la salud, quieren que se cumpla el acuerdo de paz que se firmó en 2016 -especialmente en lo que respecta a la protección de líderes sociales y de excombatientes- y rechazan la desigualdad y el aumento de la pobreza.

Grupos nutridos de manifestantes vestidos de blanco se movilizan este domingo contra las protestas y cierres viales en Colombia que desataron una severa crisis que deja casi 60 muertos en choques entre policías y civiles armados. En Bogotá, Medellín y otros puntos del país avanzan las manifestaciones contra las protestas que desde hace un mes tienen contra las cuerdas al presidente Iván Duque, quien debió recurrir a los militares para tratar de recuperar el control de ciudades como Cali y otras localidades del suroeste del país. Hombres y mujeres de blanco caminan con pancartas que piden "paz" o "no más bloqueos" de carreteras y entonando oraciones. "Nosotros hoy salimos a marchar pacíficamente para pedir que termine el paro y volvamos al trabajo (...), todo el cierre de vías y bloqueos está afectando a la economía nacional y está generando mayor pobreza", dijo a la AFP Bernardo Henao, abogado y ganadero de 63 años. Un mes después del estallido social que desató la idea ya descartada del gobierno de subir impuestos en plena pandemia, el país luce fracturado, con una policía muy cuestionada por el trato que le ha dado a los manifestantes y con brotes de violencia por parte de civiles armados hasta con fusiles. "Cuando el atentado es contra la vida, la gente tiene derecho a defenderse (...) Hay que entender que las personas protegen al país y se protegen a sí mismos", dijo Álvaro Aparicio, empresario del sector financiero de unos 60 años.

Desde el 28 de abril, decenas de miles marchan casi a diario contra los abusos policiales y la gestión del gobierno de la emergencia económica que trajo el coronavirus, mientras grupos menos numerosos se empezaron a movilizar en las últimas semanas en rechazo a los primeros.

El gobierno, entretanto, mantiene negociaciones con el frente más visible de la protesta, aunque no el único, en busca de acuerdos que alivien la crisis. Este domingo las partes retomaron sus conversaciones. Sindicatos, estudiantes y otras organizaciones sociales, que forman el llamado Comité del Paro, exigen una condena explícita de la violencia policial, garantías para la protesta y un Estado más solidario con una sociedad empobrecida por la pandemia, que el sábado volvió a romper el récord diario de muertes y tiene al sistema de salud al borde del colapso.

Como si se tratara de una olla bajo presión por años, las desigualdades que los colombianos han soportado por décadas le han estallado al Gobierno de Iván Duque. Bajo su Administración, aumentaron varias de las inconformidades y los manifestantes aseguran que no solo marchan para rechazar el plan de reforma fiscal que propuso el Ejecutivo y que ya retiró ante la presión social. “No se trata de derrotar una sola ley”, dijo el psicólogo Benjamín Paba, de 53 años, durante una marcha en Bogotá. Él, por ejemplo, también protesta por una mejor educación y para exigir la continuidad del proceso de paz con los miembros de la antigua guerrilla de las FARC que dejaron las armas.

La reforma tributaria fue la última gota que derramó el vaso de la paciencia de los colombianos. La iniciativa de ley buscó un recaudo de alrededor de 6.302 millones de dólares y, para lograrlo, pretendía aumentar los impuestos para la clase media y baja. Esto incluía un incremento del 19% a los servicios públicos y a productos básicos de la canasta familiar, justo en momentos en que los cierres para mitigar la pandemia han aumentado el desempleo en más de un 3%, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

En el segundo día del paro nacional, Duque anunció que no retiraría la reforma. Al tercer día, se mostró dispuesto a sustituir algunos de los puntos más polémicos, como el aumento del IVA que también se iba a aplicar a los servicios funerarios. Al quinto día de las protestas, el presidente retiró todo el proyecto y, luego, renunció el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla por ser el impulsor del criticado plan. Sin embargo, Duque sostiene que se formulará uno nuevo. Esta vez, a partir de “consensos” con los partidos políticos. El mandatario insiste en que se necesita una reforma tributaria para llenar los agujeros de las arcas públicas, que han aumentado por la emergencia sanitaria, y garantizar la extensión de programas sociales que creó para hacerle frente a la pandemia. Pero no todos están de acuerdo con un nuevo proyecto. “Se retiró, pero con el fin de reestructurarlo y la reestructuración puede ser mucho más peligrosa que la que ya está”, aseguró la líder indígena Aida Quilcué durante una movilización el pasado lunes. ¿Cómo quedaría entonces la reforma? Según el mandatario colombiano, el texto inicial de su proyecto mantiene algunos puntos del pasado como la sobretasa de renta temporal a empresas, prorrogar el impuesto al patrimonio de forma temporal, incrementar el impuesto a los dividendos transitoriamente, crear una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos y profundizar programas de austeridad del Estado.

La cantidad de civiles muertos durante las protestas varía dependiendo de quién haga el conteo. Mientras la estatal Defensoría del Pueblo habla de 24 fallecidos -incluyendo un policía-, la ONG local Temblores asegura que son 37 las víctimas mortales. Algunos de ellos murieron a causa de disparos con armas de fuego por parte de policías. Y oenegés nacionales y organismos internacionales han advertido sobre hechos relacionados con violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública en el marco de las protestas. Del otro lado, también han aumentado los actos violentos de algunos civiles. El 4 de mayo, incendiaron una estación de Policía en Bogotá cuando había uniformados dentro. El Ministerio de Defensa asegura que por lo menos 93 uniformados han sido heridos con armas cortopunzantes. También ha habido saqueos a supermercados, comercios destruidos y buses públicos incinerados en todo el país durante las manifestaciones que, en su mayoría, han sido pacíficas.

Con las recientes denuncias de abuso policial, se reavivaron las voces que reclaman una reestructuración de la fuerza pública. Este no es un reclamo nuevo, pues el debate cogió fuerza en noviembre de 2019 cuando un policía antidisturbios mató al joven Dilan Cruz y volvió a estar en el centro de la discusión en septiembre de 2020, tras la muerte de Javier Ordóñez bajo custodia policial. Los manifestantes exigen una reforma que incluya el desmantelamiento del ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios. También piden que los uniformados que cometan un crimen sean juzgados imparcialmente y que en sus operativos traten a las personas como civiles y no como subversivos. Y es que, a diferencia de otros países, en Colombia la Policía forma parte del Ministerio de Defensa y es señalada de tener un entrenamiento con un enfoque para luchar contra el conflicto armado, concretamente contra las guerrillas. Ahora, también estaría bajo la cuerda floja el ministro de Defensa, Diego Molano, contra quien la oposición en el Congreso radicó el martes una moción de censura, en medio de las denuncias de abuso en el uso de la fuerza contra los manifestantes.

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La mejora de los servicios sanitarios es otro proyecto que debate el Congreso y que es común escucharlo en las manifestaciones. El Gobierno lo presentó con carácter de urgencia, y el Ministerio de Salud asegura que la reforma “se centra en mejorar la calidad y acceso de los servicios, promoviendo la equidad en un marco de sostenibilidad”. Pero la oposición reclama que no fue consensuado con la ciudadanía y que traería grandes desventajas. La propuesta incluye la regionalización al sistema de salud que, según sus ponentes, garantizaría que este servicio llegue a todos los rincones del país. La reforma también estipula aumentar estándares de calidad para que haya menos compañías con mejor servicio. Aunque legisladores de la oposición advierten que el proyecto le entregaría más poder a las aseguradoras y con ello podrían consolidar su monopolio. Por ejemplo, el senador opositor Jorge Enrique Robledo sostiene que el nuevo modelo sería similar al que se maneja en Estados Unidos, por lo que los usuarios deberían pagar sus aseguradoras como ya lo hacen y, además, costear pólizas de seguro adicionales por patologías. Robledo insiste que si el paciente no las tiene, no sería atendido.

Aunque esta vez no ha sido un llamado protagonista en las protestas, la situación de los antiguos guerrilleros sí es uno de los motivos por los que muchos marchan. En 2016, el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos firmó un acuerdo de paz con la entonces guerrilla más antigua de América Latina: las FARC, convertidas ahora en partido político.

Ahora, los desmovilizados y ciudadanos en general que respaldaron el proceso piden que sean cumplidos los compromisos, especialmente los puntos referentes a garantizar la vida y la seguridad de quienes dejaron las armas. Hasta finales de abril, Comunes, el movimiento político de la antigua guerrilla, informó que 269 firmantes del proceso de paz han sido asesinados. A esto se suman las muertes de líderes sociales. El pasado 20 de abril, el mecanismo de justicia transicional -llamado Jurisdicción Especial para La Paz (JEP)- informó que al menos 904 ciudadanos han sido asesinados desde 2016. La vida de esas personas “está en altísimo riesgo por cuenta de las amenazas, homicidios, desapariciones, secuestros, desplazamientos y otros ataques” que han padecido desde la firma del pacto, indicó el organismo. Garantizarles seguridad parece ser uno de los grandes puntos de choque con el Gobierno que heredó el proceso de paz. Legisladores del oficialismo afirman que algunos de los excombatientes muertos perdieron la vida mientras delinquían, lo que para muchos deja su seguridad a la deriva y la actual Administración les incumple. En contraste, la JEP dice que el 92 % de los desmovilizados asesinados sí comparecían ante la justicia transicional. Por su parte, la Administración de Duque sostiene que sí ha implementado lo que llaman “paz con legalidad”.

En marzo de 2020, justo antes de que comenzaran los confinamientos, la tasa de desempleo en Colombia ya era alta con un 12,6%. Para febrero de 2021, la cifra ascendió al 15,9 %, según el DANE, entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia.

El director de la entidad oficial, Juan Daniel Oviedo, explicó que durante un año de la pandemia, cerca de 468.000 personas perdieron su trabajo y la cifra de desempleados llegó a los 3.437.000 en marzo de 2021. Además, el más reciente informe del DANE asegura que un 40% de los colombianos ahora son pobres y un 15% vive en la extrema pobreza. Ante este difícil panorama y la presión social con la nueva ola de protestas, el presidente convocó a una mesa nacional de diálogo, pero muchos de los manifestantes desconfían de lo que allí pueda ser pautado, pues afirman que el mandatario ya incumplió con compromisos que asumió en las pasadas protestas de finales de 2019.

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El delegado del Frente de Organizaciones en Lucha y quien acompaña a la Misión Internacional de Derechos Humanos, Sebastián Fernández, denunció que la fuerza pública colombiana perpetra una represión brutal contra los manifestantes que ya completan mas de un mes movilizados en todas las regiones del país.

"Nos hemos juntado con organizaciones sociales y medios alternativos, quienes han sufrido una represión brutal que ha tenido un registro muy minucioso (...) sostenemos que se están cometiendo atropellos", indicó Fernández. Por su parte, Marianela Navarro, quien hace parte de la Misión Internacional de Derechos Humanos, aseveró que la situación social en Colombia es muy delicada, "se han viralizado vídeos donde se muestra la actuación de las fuerzas policiales (...) en las últimas 24 horas se reportaron entre ocho y 10 jóvenes asesinados por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en Cali", alertó.

"Esto es una tragedia y consideramos que se están cometiendo delitos de lesa humanidad. El Estado colombiano ha militarizado toda la zona para tratar de quebrar la justa rabia en contra de las políticas neoliberales de Iván Duque", acotó Navarro. La misión se encuentra dividida en cinco ciudades recabando denuncias directas de víctimas y sus familiares: Cali, Pereira, Medellín, Popayán y Bogotá. Desde su cuenta oficial en Twitter la Misión argentina informó sobre la reunión sostenida el pasado sábado con la minga indígena en el departamento del Valle del Cauca (Suroccidente). Minga, una palabra indígena que puede implicar una reunión de diversos actores, saberes y herramientas.

“Recibimos denuncias sobre distintas violaciones a los derechos humanos sufridas en el marco del Paro Nacional”, precisó la Misión y agregó además que las denuncias fueron “desde la desaparición forzada de personas hasta el ataque a la misión sanitaria, que reportó 17 heridos, 2 de gravedad”. La Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos de la Argentina se refirió también al ataque con arma de fuego contra la joven Daniela Soto, que casi le cuesta la vida. Desde la plataforma Temblores, quien ha estado informando las cifras en lo referido a abusos policiales y violaciones de derechos humanos en Colombia durante el Paro Nacional, “llevamos un mes recibiendo llamados de auxilio día y noche. Hoy extendemos este llamado a la comunidad internacional: se requiere ayuda inmediata en Colombia”. Temblores alertó ayer 28 de mayo de la cifra de 1.133 víctimas de violencia física por parte de la Policía contra los manifestantes, así como 43 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública, 27 casos de homicidios se encuentran en proceso de verificación, 1445 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 22 víctimas de agresión sexual y 648 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas.

La represión estatal en Colombia es rechazada dentro y fuera de las fronteras del país sudamericano y el más reciente exponente es un "Comunicado a la Opinión Pública", en el cual pensadores, mujeres, líderes sociales, alcaldes, concejales, diputados, dirigentes políticos y religiosos la condenan "de la manera más enérgica".

De acuerdo a los firmantes, se trata de una "brutal represión contra los manifestantes y violación de derechos humanos" del pueblo colombiano, el cual, recuerdan "se moviliza en todo el país en contra de las medidas económicas, sociales y políticas del gobierno de Iván Duque". El pronunciamiento destaca el respaldo que la Casa Blanca de Joe Biden brinda al gobierno colombiano y exige el cese del apoyo militar de Estados Unidos al país suramericano.

Los más de cien signatarios de distintos países de las Américas y Europa, expresaron que la política exterior de Estados Unidos hacia Colombia "redunda en un clima de mayor violencia". Los firmantes del comunicado señalaron consideran "que la militarización de Colombia solamente contribuye a agravar la situación de violencia que ya vive el país". Las personalidades que suscriben el documento valoran, de igual manera, que en Colombia hay una insurrección de la esperanza que se vincula a una insurgencia global orientada a conformar nuevos modelos de convivencia humana guiado por valores y principios como el respeto a la vida, el amor, la equidad, el internacionalismo y la solidaridad.

De igual manera piden "que se hagan las investigaciones legales correspondientes a los fines de que los delitos perpetrados contra los manifestantes no queden impunes". Entre los firmantes aparecen Enrique Dussell (Argentina), Iñaki Gil De San Vicente (Euskadi), Nestor Kohan (Argentina), Fernando Buen Abad (México), Ramón Grosfoguel (Puerto Rico), entre otros.

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