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14 años después de que el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero impulsara la primera ley de memoria histórica
en nuestro país, el Consejo de Ministros ha dado luz verde
al proyecto de ley que la deroga y profundiza en algunas cuestiones
hasta ahora pendientes. La Ley de Memoria Democrática comenzará
ahora su andadura en las Cortes, donde le espera la férrea
oposición de las derechas –el PP ya ha anunciado que la llevará
al Tribunal Constitucional– y la insatisfacción de una parte
de las izquierdas y las asociaciones memorialistas, que coinciden
en que se trata de un avance innegable, pero reclaman también
una mayor ambición.
El texto, que puede incorporar cambios en su
tramitación, apenas ha sufrido modificaciones tras pasar por
los órganos consultivos y mantiene las líneas maestras aprobadas
en primera vuelta por el Gobierno hace casi un año. Impulsada
por la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo,
hoy llega a la mesa de las y los ministros de la mano de su
recién estrenado sustituto, Félix Bolaños, que también trabajó
en ella durante este tiempo. La norma supone una nueva hoja
de ruta para corregir y reparar las violaciones de derechos
humanos cometidas por el franquismo y busca paliar los vacíos
en la materia que lleva años señalando Naciones Unidas.
"Es una ley necesaria que nos hace mejores como
país", ha manifestado Bolaños en la rueda de prensa tras la
celebración de la reunión. El ministro de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha explicado
que la ley de 2007 "necesitaba ser actualizada" y ha señalado
que los ejes del texto pasan por "colocar a las víctimas en
el centro de la acción política", "poner en valor el papel
de las mujeres" en la lucha por la democracia y la represión
y "dar importancia al movimiento memorialista". Una vez se
apruebe, "conseguimos que España tenga un régimen asimilable
al del resto de países de nuestro entorno que han sufrido
dictaduras", ha añadido Bolaños. El plan es tocar una buena
parte de los puntos que en 2007 se dejaron de lado, entre
otras cosas, la asunción de oficio por parte del Estado de
la apertura de miles de tumbas e identificación de restos
de víctimas mediante la puesta en marcha de un plan estatal
de exhumaciones. Es decir, será la Administración la responsable
de buscar a los restos de miles de personas represaliadas,
la mayoría aún sin identificar. Lo hará de oficio o por solicitud.
Actualmente esta labor la llevan a cabo asociaciones de memoria
histórica a través de subvenciones que el Gobierno del Partido
Popular mantuvo durante años en cero. Bolaños ha lanzado un
mensaje a las familias de represaliados aún desaparecidos:
"Queremos que las miles que hoy todavía siguen buscando sepan
que cuentan con el Gobierno para ayudarles con esta misión".
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Trabajos de exhumación de fosas comunes en el cementerio
de San Rafael de Málaga.
La Consejería de Presidencia, Administración Local
y Memoria Democrática publicaba en Agosto de 2018 en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el
anuncio que autorizaba la intervención en fosas situadas
en 27 municipios de Andalucía de Cádiz, Córdoba, Granada,
Jaén, Sevilla y Málaga. En el caso de la provincia,
tendrán lugar en Antequera, El Burgo, Montejaque, Pizarra
y Gaucín.
La masacre de la carretera Málaga-Almería, conocida
popularmente como La Desbandada (en variante andaluza
la Desbandá), fue un ataque a civiles por parte del
bando sublevado ocurrido durante la Guerra Civil Española,
el 8 de febrero de 1937, tras la entrada en Málaga de
las tropas franquistas. Una multitud de refugiados que
abarrotaban la carretera huyendo hacia Almería, ciudad
bajo control del Ejército Popular Republicano, fue atacada
por mar y aire causando la muerte a entre 3000 y 5000
civiles. Un testigo de la masacre, el doctor Norman
Bethune, la llamó «doscientos kilómetros de miseria».
En la actualidad, a la carretera Málaga-Almería se la
denomina N-340, denominación dada por el gobierno franquista
en 1941 al eje viario Cádiz-Barcelona del que esta carretera
forma parte. La masacre de la carretera de Almería constituyó
el episodio más cruento de la Guerra Civil en Málaga
y uno de los peores de todo el conflicto.
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"Es una ley necesaria que nos hace mejores como
país", ha manifestado Bolaños en la rueda de prensa tras la
celebración de la reunión. El ministro de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha explicado
que la ley de 2007 "necesitaba ser actualizada" y ha señalado
que los ejes del texto pasan por "colocar a las víctimas en
el centro de la acción política", "poner en valor el papel
de las mujeres" en la lucha por la democracia y la represión
y "dar importancia al movimiento memorialista". Una vez se
apruebe, "conseguimos que España tenga un régimen asimilable
al del resto de países de nuestro entorno que han sufrido
dictaduras", ha añadido Bolaños. El plan es tocar una buena
parte de los puntos que en 2007 se dejaron de lado, entre
otras cosas, la asunción de oficio por parte del Estado de
la apertura de miles de tumbas e identificación de restos
de víctimas mediante la puesta en marcha de un plan estatal
de exhumaciones. Es decir, será la Administración la responsable
de buscar a los restos de miles de personas represaliadas,
la mayoría aún sin identificar. Lo hará de oficio o por solicitud.
Actualmente esta labor la llevan a cabo asociaciones de memoria
histórica a través de subvenciones que el Gobierno del Partido
Popular mantuvo durante años en cero. Bolaños ha lanzado un
mensaje a las familias de represaliados aún desaparecidos:
"Queremos que las miles que hoy todavía siguen buscando sepan
que cuentan con el Gobierno para ayudarles con esta misión".
Cuenta también con una intención pedagógica
e incorpora la actualización de los contenidos curriculares
en la ESO, Bachillerato y Formación Profesional con el objetivo
de apuntalar la enseñanza de la represión franquista y prevé
el reconocimiento de las mujeres en la lucha por la democracia
y las formas específicas de represión que sufrieron. Otra
de sus patas será la extinción de la Fundación de la Santa
Cruz del Valle de los Caídos y la expulsión de los frailes
benedictinos a través de un Real Decreto que se tramitará
en paralelo en el marco de una negociación entre el Gobierno
y la Iglesia que ya se está produciendo. Todo ello para una
futura "resignificación" que aún está pendiente de detallar.
Se creará, además, un Fiscal de Sala en el Tribunal Supremo
para la investigación de los hechos producidos en la Guerra
Civil y la dictadura hasta la entrada en vigor de la Constitución
que indagará en estas vulneraciones de derechos humanos, pero
no prevé resolver el muro con el que se encuentran las víctimas
y que hacen que España siga sin juzgar los crímenes.
Explanada del Valle de los Caidos.
Con la ley en la mano, la investigación está
asegurada pero las trabas, denuncian las asociaciones memorialistas,
siguen sobre la mesa: fundamentalmente la Ley de Amnistía
o el argumento de la prescripción de los delitos, cuestiones
que pelearán formaciones como Unidas Podemos o ERC en la tramitación.
El texto contempla como causa de extinción de las fundaciones
la apología del franquismo, un requisito al que se ha incorporado
la humillación a las víctimas después de que lo recomendara
el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su informe,
en el que apuntó a que hacer apología del franquismo podía
estar amparada por la ley. La norma establece también que
las Administraciones deberán impedir actos públicos de exaltación
u homenaje a la dictadura y, de no hacerlo, será considerada
una infracción muy grave con multas que pueden llegar hasta
los 150.000 euros. Esta es otra de las novedades de la ley,
la imposición de un régimen sancionador que castigará entre
otras cosas la destrucción de fosas o los llamados "lugares
de memoria".
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Si hay dos cuestiones en las que el expresidente
del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) asegura que
nunca encontró entendimiento con la derecha española estas
son el nacionalismo en España y la Ley de Memoria Histórica.
Esta norma se aprobó en 2007 recogiendo el reclamo de las
asociaciones que se habían constituido años antes por todo
el país por parte de hijos y nietos de los represaliados del
franquismo. "Esta fue una de las leyes que más expliqué al
rey emérito”, recuerda Zapatero como "anécdota" que siente
en la obligación de contar ya que se trata de un testimonio
para la historia. El expresidente define en el programa Trópico
Distópico, de Radio Televisión Canaria, esa ley como "moderada",
por lo que cree que el PP, que tanto la criticó, no se leyó
la exposición de motivos en los que se hacía referencia a
la transición, a la reconciliación, a las víctimas, pero también
a los exiliados españoles. "Un país que expulsó a muchos de
los mejores es un país que tiene que hacer una autocrítica",
remarca. "¿Por qué a una derecha democrática le va a parecer
mal quitar una calle a un general golpista?", se pregunta.
Zapatero cree que la exhumación de Franco del
Valle de Los Caídos el 24 de octubre de 2019 llegó "cuando
la democracia quiso" y añade que en la transición hubo miedo
e intentos de golpe de Estado. Sostiene que la ley de 2007
se lo debe todo a las asociaciones de memoria histórica y
que representa dos cuestiones. Por un lado, políticamente
es la primera vez que una ley reconoce el "derecho a la memoria
personal y familiar ante la historia de sufrimiento en nuestro
país" e históricamente establece la ilegitimidad de todos
los actos del franquismo. No obstante, añade que es verdad
que no contempló sanciones y que ha tenido un recorrido judicial
a veces diverso. Asimismo, afea que el gobierno de Mariano
Rajoy dejara sin financiación esta norma, que siempre contó
con presupuesto hasta 2012.
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Pino Sosa perdió a su padre cuando apenas tenía 40
días de vida. Se llamaba José y era del barrio de Las
Chorreras, en Arucas. Es la fundadora de la Asociación
para la Recuperación de la Memoria Histórica de ese
municipio y tras una vida dedicada a encontrar a su
padre y demostrar que no se marchó en un barco francés,
como quería hacerle creer el gobierno franquista, localizó
sus restos mortales en el pozo de Tenoya a donde fue
arrojado junto a otros hombres por sus ideales. En 2019
pudo, por fin, dar sepultura a su padre junto a otras
familias que también localizaron en los pozos de Tenoya
los restos de sus seres queridos. "Que no se olviden
de que en Arucas fueron 66 demócratas a los que tiraron
a los pozos por pensar de otra manera", resalta en este
programa. La fundadora de la asociación subraya que
era muy duro ser "hija de rojos" en aquellos años, a
quienes señalaban, vigilaban o negaban el trabajo y
que la iglesia "ocupó el peor papel". Además, remarca
que hay muchos sectores de la sociedad como la propia
iglesia o los falangistas que nunca han pedido perdón.
Asegura que velará hasta sus últimos días para que se
sepa lo que pasó y que no vuelva a ocurrir. Por ello,
su asociación de memoria histórica tiene una exposición
itinerante con la que trata de acercar a la sociedad
a esta realidad.
Flores a los represaliados del franquismo en el cementerio
de Arucas.
María Antonia Salamanqués, psicóloga, señala que no
es una cuestión de reabrir heridas porque "las heridas
ya están abiertas" y que el entierro o celebrar algo
simbólico es necesario para cerrarla. Para la historiadora
Pilar Domínguez, lo que ha sido negativo en estos años
es "el olvido impuesto en el franquismo", que se empeñó
en borrar todas las huellas de los vencidos, "un olvido
que ha llevado a la tergiversación e la historia". Ejemplo
de ello, que relata también el historiador Ángel Viñas,
es el mito sobre la igualdad en la violencia entre ambos
bandos y que Canarias ejemplifica ya que no hubo una
guerra como tal, pero sí mucha represión. Se trata de
mitos que además se han perpetuado desde las escuelas
y los medios de comunicación. La historiadora apunta
que la herencia franquista en las mujeres se percibe
precisamente en esa falta de escolarización y en el
trabajo infantil. Con 17 años empezó a trabajar Candelaria
Moreno, exjefa del taller de la Sección Femenina de
Moya. "A las mujeres nos educaron para servir a los
hombres, para ser sumisas y era diferente", afirma.
Recuerda la posguerra como una época de pobreza, pero
con la Sección Femenina de la Falange reconoce que tuvo
trabajo y comida, después de hacer varios cursos en
la Península para poder trabajar en el taller.
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El exsenador del PP Sergio Ramos asegura que
su partido está promoviendo una "ley de concordia". Está convencido
de que el franquismo murió cuando falleció Francisco Franco
y que hoy en día no se puede izar una bandera franquista (omitiendo
que es gracias precisamente a la ley de memoria histórica
que no apoyó su formación). "En la pandemia han muerto más
de 100.000 personas, ¿Qué mensaje damos a la gente hablando
de ese tema cuando Franco murió hace más de 40 años?, se cuestiona,
mientras asegura que "lo importante" es encargarse del futuro
de los nietos de las víctimas. "Ningún nieto de nuestros abuelos
está legitimado para deshacer el abrazo que se dieron nuestros
abuelos en la transición", remarca. Lo cierto es que solo
en Canarias se estima que hay más de 1.800 personas desparecidas,
recuerda el secretario de la asociación para la Memoria Histórica
de Arucas, Gregorio Arencibia. No obstante, los expertos insisten
en que la gran fosa común de las Islas es el mar, por lo que
podrían ser más las víctimas. Oficialmente, se tiene constancia
de que hubo 123 fusilamientos y que solo en el día del padre
de 1937 desaparecieron 63 personas, que fueron secuestradas
de sus casas, torturadas y asesinadas.
Fernando Martínez, secretario de Estado de Memoria
Democrática desde principios de 2020, señala que con la nueva
norma se amplía el reconocimiento a las víctimas del franquismo.
"Las víctimas de los vencedores fueron reparados desde el
punto de vista económico, simbólico y se les tuvo en cuenta
en la transición y, sin embargo, las víctimas de los vencidos
estuvieron estigmatizadas e invisibilizadas", apunta. Además,
la norma condena el golpe de estado del 18 de julio y la dictadura
franquista, incluye un banco nacional de ADN e incluye una
novedad importe que es el reconocimiento de las mujeres. ¿Quién
tiene que llevar a cabo el peso de las exhumaciones? ahora
se establece que el Estado y no las familias. Asimismo, se
establece un fiscal de sala para el conocimiento e investigación
de lo que ocurrió en este período y su interpretación será
en base al derecho internacional. "Es de pura humanidad lo
que se plantea", por lo que cree que no cabe oposición en
un país democrático.
El exalcalde almeriense fue uno de los artífices
de la exhumación de los restos mortales de Franco del Valle
de los Caídos en su anterior etapa al frente de las competencias
de Memoria Histórica.
La arqueóloga e historiadora Verónica Alberto
estuvo al frente de los trabajados de exhumación de la primera
fosa en la que se hallaron restos mortales de represaliados
en Canarias, en Fuencaliente. Explica que es muy importante
la localización para recrear qué sucedió. Recuerda que la
II Republica lo cambió todo y hubo clases sociales que empezaron
a reclamar un espacio, por lo que se decide eliminarlos para
causar el miedo y que no haya nunca más una intención de que
ocurra algo similar. Explica que en las exhumaciones que se
han realizado en Canarias se han encontrado cuerpos con tiros
en la cabeza y que es muy importante "la individualización"
de los restos de los seres humanos ya que al caer los cuerpos
a las fosas comunes se agrupan. Asimismo, detalló las dificultades
de algunas intervenciones como las realizadas en los pozos,
que hay que descender más de 40 metros, vaciarlos, lidiar
con el peligro de que haya gases... Actualmente, hay proyectos
de intervención en la Sima de Jinámar. el tubo volcánico al
que fueron arrojadas decenas de víctimas del franquismo. Pero
también la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica
de Arucas prevé que se exhumen otros pozos en el municipio
y que en Tenerife, su asociación por la Memoria Histórica,
también promueve investigaciones para localizar a víctimas
de la represión. De hecho, el Gobierno de Canarias ya ha publicado
en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el protocolo para
la localización, exhumación, identificación, conservación
y reparación moral de los restos de las personas desaparecidas
durante de la Guerra Civil y la represión franquista. Un documento
que según anunció hace meses la viceconsejera de Justicia,
Carla Vallejo es un instrumento que permitirá coordinar las
actuaciones de los distintos profesionales implicados para
lograr su agilidad, rigor, buena práctica y el respeto y acompañamiento
psicológico a las familias afectadas. "No tuve abogado, ni
juicio justo y acabé en una fosa común", es la historia repetida
por miles de demócratas en España que fueron secuestrados,
torturados y asesinados.
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Se llama fosa común al lugar donde se entierran
los cadáveres que por diversas razones no tienen sepultura
propia. Las fosas comunes han sido, a lo largo de la humanidad,
un método muy usado para disponer de los cadáveres de dos
o más personas. Las fosas comunes se utilizan en caso de catástrofes
naturales y epidemias cuando existe riesgo de contagios masivos.
Durante la época de la peste negra, por ejemplo, se abrieron
fosas comunes para contener los cadáveres de los infectados
con este mal. Más comúnmente, las fosas comunes son propias
de guerras. Durante la represión franquista practicada tras
el levantamiento militar de 1936, hubo en España miles de
ellas situadas en cunetas, tapias de cementerios o a las afueras
de los pueblos y ciudades. En Andalucía nada más se cuentan
por el momento setecientas ocho fosas. Durante la Segunda
Guerra Mundial, por ejemplo, los nazis las utilizaron como
entierro de judíos asesinados, en algunas ocasiones incluso
arrojaban cuerpos aún con vida.
También las guerrillas han hecho uso de las
fosas comunes, a menudo en sus acciones contra la población
civil. En regímenes totalitarios, es a veces el propio ejército
el que entierra a sus represaliados por razones ideológicas
en fosas anónimas. Las fosas sin señalizar consiguen de este
modo ocultar el resultado de sus atrocidades pasando inadvertidas
durante décadas e impidiendo a los familiares honrar a sus
difuntos. Muchas de las que se han encontrado lo han sido
gracias al testimonio de testigos o de arrepentidos. En algunos
pueblos, aún persiste la tradición de contar con una fosa
común en los cementerios para enterrar los cadáveres de las
personas no identificadas y/o no reclamadas. Este tipo de
fosas comunes recibe el nombre de hoyanca.
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Guatemala libera sus demonios. La condena contra Ríos
Montt por genocidio reabre las heridas del país, donde
unos ven cuestionada la transición y otros el fin de
la impunidad.
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¿España es el segundo país del mundo
con más fosas comunes, sólo superado por Camboya? La cita
ha sido repetida muchísimas veces en los últimos años, pero
¿de dónde procede exactamente? Su principal punto de difusión
procede de un artículo de ‘El País’ en octubre de 2013 que
la atribuye a Jueces para la Democracia, pero el origen de
la comparación de las atrocidades del franquismo con los 'campos
de la muerte' de Camboya es anterior. Aquel artículo de 2013
estuvo motivado por la visita de dos enviados de la ONU a
nuestro país. El trabajo de Jasminka Dzumjur y Ariel Dulitzky,
miembros del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas
o Involuntarias de Naciones Unidas, cristalizó en un informe
publicado en julio de 2014. Este informe replicaba la cifra
de 114.226 desaparecidos entre julio de 1936 y diciembre de
1951. Y advertía: "Dado que esta investigación criminal fue
bloqueada o socavada a todos los efectos, ese número no ha
podido ser confirmado de manera confiable por una investigación
judicial".
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Siempre es interesante la visión
de Artuto Pérez-Reverte.
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Esta cifra indiciaria es también la que Baltasar
Garzón incluyó en el auto que en 2008 le sirvió para abrir
una causa penal contra los crímenes del franquismo, bordeando
así la Ley de Amnistía de 1977. Esto permitió a las víctimas
reclamar al Gobierno de Zapatero la exhumación de sus familiares
enterrados en esas 2.382 fosas comunes. Para razonar la sentencia,
Garzón se apoyó en el trabajo de Miguel Ángel Rodríguez Arias,
investigador en Derecho Penal Internacional que, por primera
vez en 2009, pronunció la frase: "Seguimos siendo el segundo
país del mundo en cifras de desaparecidos, tan solo por detrás
de la Camboya de Pol Pot". Rodríguez Arias confirma ser el
autor primigenio de esa comparación con Camboya, pero matiza
que sus declaraciones se han malinterpretado de muchas formas,
a veces citando fosas comunes, otras muertos, otras simplemente
'desaparecidos'. Su aserción, explica, se acotaba a un tipo
penal muy específico: desapariciones forzadas como delitos
de lesa humanidad.
Rodríguez Arias, autor de las primeras investigaciones
publicadas en España sobre crímenes de lesa humanidad vinculadas
al franquismo y a ETA, dirige actualmente las causas contra
ETA por este tipo penal en la Audiencia Nacional y en Argentina.
Desde el año 2007, se están encontrando fosas
comunes en diversos puntos de Colombia generadas por las acciones
llevadas desde cerca del año 2000 principalmente por miembros
de grupos paramilitares pertenecientes a las AUC a raíz de
las confesiones que han hecho en el proceso de desmovilización.
En 2006 se excavó en el cementerio de San Rafael (Málaga)
la mayor fosa común de España donde fueron enterradas numerosas
víctimas del franquismo. En el Valle de los Caídos, Madrid,
se encuentran los restos de más de 33 847 personas pertenecientes
a ambos bandos de la Guerra Civil, de los que no están identificados
unos 12 419. En las proximidades de Paracuellos de Jarama
(arroyo de San José) y de Torrejón de Ardoz (soto de Aldovea),
en la comunidad de Madrid, existen seis fosas comunes conteniendo
los restos de unas ocho mil[cita requerida] víctimas de la
represión republicana durante la guerra civil española, fusiladas
sin juicio entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de
1936. En Burgos, Logroño, Pamplona, Sevilla, Málaga y otras
numerosas poblaciones y provincias españolas se está procediendo
a desenterrar de las fosas comunes a los republicanos asesinados
por las tropas franquistas durante la Guerra Civil y la posguerra.
Las asociaciones en defensa de la memoria histórica están
desarrollando una detallada cartografía de dichas fosas comunes.
En Panamá, durante los días posteriores a la invasión estadounidense
del 20 de diciembre de 1989 se reportó la existencia de fosas
comunes con cadáveres de civiles y militares en las localidades
de El Chorrillo, Coco Solo y Pacora, incluso dentro de las
mismas bases militares estadounidenses de Howard y Corozal.
Se calculó un aproximado de 250 cadáveres.
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México: qué se sabe del "mayor hallazgo" de fosas comunes
en un terreno en Veracruz.
Las fosas comunes de las maras.
Se exhuma una de las fosas más grandes de la Comunitat
Valenciana. La 114 es una de las fosas comunes más grandes
localizadas en la provincia en la que se espera hallar
los restos de maestros, periodistas, representantes
de entidades locales y gente vinculada al mundo de la
justicia.
Irán: Profanación y destrucción de fosas comunes.
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