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El Mar Menor, la albufera de mayor extensión
de toda España, vuelve a agonizar. El exceso de nitratos vertidos
sobre sus aguas deja cada día en sus costas el funesto rastro
de cientos de peces muertos por anoxia. Desde el viernes 13
de agosto los episodios de muerte masiva de especies marinas
por falta de oxígeno en el agua han acumulado cifras que superan
ya la peor crisis sufrida en este lugar. Si en 2019 se retiraron
3.000 kilos de peces, crustáceos y moluscos muertos, en los
apenas diez días de este episodio medioambiental se han sobrepasado
los 5.000, según la Consejería murciana de Medio Ambiente,
casi el doble de animales expulsados sin vida a la orilla.
"Suponiendo que ambos datos fueran ciertos porque,
probablemente, son muchos más", apunta Pedro García, director
de la asociación ecologista Asociación de Naturalistas del
Sureste (ANSE). Dependiendo de dónde sople el viento y cómo
se encuentre la presión atmosférica en la laguna, García se
dirige en las últimas mañanas a una u otra playa del Mar Menor
para recoger varios capazos de restos de fauna marina. Los
animales mueren sobre todo por la noche porque es entonces
cuando "el consumo de oxígeno se acelera".
Seguramente la playa de todo el Mediterráneo
donde antes se calienta el agua lo suficiente para bañarse
es la de la Manga del Mar Menor. Kilómetros y kilómetros con
apenas medio metro de profundidad y sin oleaje convierten
a la laguna salada más grande de Europa en un paraíso que
ahora está amenazado por la contaminación originada por nitratos.
Esta sustancia, contenida en algunos abonos agrícolas, con
temperaturas elevadas hace proliferar las algas, igual que
acelera el crecimiento de las otras plantas. Como consecuencia,
en 2017 el Mar Menor perdió las 19 banderas azules
que lucían entonces en sus playas. Pero el verano de 2016
ya se «dispararon las alarmas de todas las administraciones,
primero los municipios, pero también la regional, estatal
y la europea, que autoriza el uso de fondos comunitarios»,
subrayaron entonces desde la Consejeria de Medio Ambiente
de Murcia. Con el fin de impedir los vertidos de agua con
fertilizantes desde el Campo de Cartagena y de alcantarillado
de las zonas urbanizadas, así como las corrientes salobres
desde el subsuelo, el Gobierno autonómico aplicó cuarenta
medidas de choque. Los tres frentes de acción se podían
resumir en el tratamiento de caudales agrícolas en la Rambla
de Albujón –con un humedal de 180.000 metros cuadrados–, el
desvío de desagües de ocho municipios y el abastecimiento
para riego a los agricultores, de forma que no necesitasen
extracciones en la zona. Y para los infractores, sanciones
de hasta 100.000 euros.
La suciedad ha anegado varias zonas de la Manga
del Mar Menor.
La albufera ya sufrió su primera estocada más
visible con la proliferación masiva de algas, conocida como
la 'sopa verde', en el verano de 2016, seguida de una anoxia
tres años después que mató a miles de peces. Esta segunda
anoxia vaticina lo peor para el entorno natural, desprotegido
ante la eutrofización –enriquecimiento excesivo en nutrientes–
generada por la agricultura intensiva que la rodea, y que
emplea esta laguna de agua salada como vertedero para sus
nitratos, provenientes principalmente de fertilizantes. Según
fuentes del Gobierno murciano, sobre el Mar Menor caen 5.000
kilos de nitratos al día por la rambla del Albujón –un cauce
con caudal de agua– y 30 millones de litros de agua dulce.
La Confederación Hidrográfica del Segura iniciará
de manera inminente las obras que, a través de la Resolución
de vertido fortuito tierra-mar para la explotación del sistema
de red de drenajes del Campo de Cartagena y bombeos del Albujón,
Los Narejos y El Mojón recibida en el registro de la CHS en
el día de hoy, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
considera preciso implantar como medidas preventivas y correctoras,
para que se pueda poner en marcha la impulsión de la rambla
del Albujón. Las obras, que se ejecutaran a la mayor brevedad,
consisten en la instalación de válvulas de corte para evitar
vertidos por el aliviadero y conectarlos a la rambla del Albujón.
Estas obras no pudieron efectuarse antes porque se encuentran
dentro de la Red Natura y precisan autorización ambiental
que ahora también ha otorgado la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
Asimismo, la resolución contempla la prescripción
de establecer un Programa de Vigilancia y control de vertido
realizado por una Entidad de Control Ambiental. La Comisaría
de Aguas de la CHS está trabajando en una resolución que permita
a los regantes utilizar el agua procedente de la explotación
de esta infraestructura, ahora autorizada; la previsión es
notificarla el próximo lunes a la Comunidad de Regantes del
Campo de Cartagena. En este sentido, hay que recordar que
los recursos hídricos que lleguen a través de la impulsión
son para uso exclusivo de estos usuarios y, por lo tanto,
su funcionamiento está supeditado al volumen de agua que soliciten.
El inicio de la fase de explotación, una vez concluida la
instalación y montaje de las actuaciones anteriormente citadas,
será notificada al Órgano Ambiental Autonómico de la CARM
de acuerdo con su resolución.
Verano de 2016, la llamada sopa verde.
La crisis medioambiental ha vuelto a desatar
una guerra política entre el Gobierno regional y nacional.
El presidente Fernando López Miras compareció el viernes 20
de agosto de urgencia para abordar la situación y no tardó
en reprochar al Estado su inacción y pedir la apertura de
la gola de Marchamalo –un canal que conecta al Mar Menor con
el Mediterráneo–, además de reclamar las competencias sobre
la costa y cuenca de la albufera. También anunció la prohibición
de verter nitratos en el Mar Menor aunque indicó que era el
Gobierno central quien debía hacer cumplir esa restricción.
El jefe del Ejecutivo murciano ha contado con el apoyo del
presidente de su partido, Pablo Casado, que se ha dejado caer
este lunes por Jumilla para insistir en que las competencias
para el cese de vertidos es del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
La ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico,
Teresa Ribera, visitará el Mar Menor el próximo miércoles
y se reunirá con alcaldes y conservacionistas de la zona,
según informa EFE. Ribera ha escrito al presidente del Ejecutivo
murciano, Fernando López Miras, una carta en la que le traslada
su confianza "en poder abordar este asunto de manera personal"
con él y con su consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo.
Ribera llegará a Murcia después de que su presidente anunciara
una denuncia contra la ministra por "su inacción y falta de
aplicación de medidas que contribuyan a la protección y recuperación
del Mar Menor", y ella le contestara en una entrevista en
Radio Nacional que la Región de Murcia "tiene competencias
de sobra para velar para que no se envenene el Mar Menor"
y que lleva "años sin hacer nada para evitar que el agua contaminada
llegue a la laguna".
Tras la reaparición de peces muertos hace diez
días, el Gobierno regional se escudó en las altas temperaturas.
"El problema principal es la eutrofización", señala a elDiario.es
Ángel Pérez Ruzafa, catedrático de Ecología por la Universidad
de Murcia (UMU), y miembro y cabeza visible del comité científico
del Mar Menor, dependiente del Gobierno murciano. En invierno,
la albufera resiste mejor la entrada de nutrientes por el
freático –corrientes de agua que discurren por el subsuelo–
y las ramblas que desembocan en ella, pero en verano "las
altas temperaturas, el aumento de producción primaria agrícola,
y la disminución de la salubridad del oxígeno agrava su estado",
sostiene el investigador. Una línea de pensamiento que comparte
Julia Martínez, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura
del Agua y exmiembro del mismo comité cienti´fico que preside
Ruzafa: "No se quiere reconocer que el problema principal
son los vertidos de fertilizantes y la agricultura intensiva;
lo volvimos a ver en 2019 y advertimos de que podía volver
a pasar y que había cambiar el modelo de explotación agrícola".
La además profesora UMU –que se desvinculó del comité al denunciar
"manipulaciones" en su trabajo– lamenta que los últimos cinco
años, tras la crisis eutrófica de 2016 con la 'sopa verde',
se han perdido al no haber escuchado las autoridades autonómicas
las recomendaciones de los científicos.
La científica Julia Martínez no obvia que las
tres administraciones tienen responsabilidades sobre el estado
de la laguna, pero es la Comunidad Autónoma la que tiene las
competencias del regadío, de los vertidos tierra-mar, de la
ordenación territorial, el medio ambiente y la gestión de
la laguna: "No se ha hecho absolutamente nada". La Fiscalía
regional ha abierto una línea de investigación por el estado
de la albufera.
Para Martínez, las perspectivas de recuperación
son "muy negativas" mientras no se asuma el origen y la gravedad
del problema. A corto plazo, opina, es "imposible" revertir
la situación, a medio y largo plazo "hay posibilidades de
mejora, pero lentamente". La petición de abrir la gola de
Marchamalo solicitada por el Gobierno murciano despertó críticas
entre la comunidad científica, y encuentra escasos apoyos
más allá de su propio comité: "Es una solución en el contexto
crítico actual. No se trata de abrirla de forma indiscriminada",
defiende Ruzafa. Con su apertura en momentos puntuales se
podría evitar lo que pasó en 2019, según el investigador.
"El agua dulce que entró con la DANA hace dos años, al no
tener salida, fue empujada por el viento hacia el fondo y
desplazó la bolsa de anoxia hacia la superficie", algo que
podría evitarse si se abre la gola, sostiene el experto. Desde
la Administración regional han difundido un vídeo donde se
puede ver una supuesta bolsa de anoxia que, según ellos, intenta
salir al Mediterráneo a través de la gola.
Una solución que no comparte la catedrática
de la Universidad de Alicante Francisca Giménez, que ya criticó
la propuesta en declaraciones a este medio: "Cuando ingrese
suficiente agua del Mar Mediterráneo al Mar Menor, lo que
puede provocar es que entre también el patógeno que ha matado
a la nacra en el Mediterráneo. Se está poniendo en riesgo
a los últimos ejemplares de esta especie en peligro crítico
de extinción". Desde Ecologistas en Acción han interpuesto
una denuncia por vía penal contra el Gobierno murciano para
evitar que se drague la gola de Marchamalo. Su portavoz, Pedro
Luengo, tacha la iniciativa de "ocurrencia para salir del
paso", y alerta de que la apertura de estos canales, al ampliar
el intercambio de agua entre el Mar Menor y el Mediterráneo,
reducirá la salinidad dentro de la laguna y causará perjuicios
a uno y otro lado de La Manga. Ruzafa defiende que la solución
pasa también por una mejor gestión del agua, y apela por el
uso de desalobradoras, desnitrificadores y sistemas de conducción
que permitan rebajar el nivel de nitratos del agua antes de
que desemboquen en la albufera. El científico considera que
la crisis en el entorno natural actual aún no supera en gravedad
a la de 2019, situación que podría cambiar con "una gota fría
o más altas temperaturas". El comité de científicos del Mar
Menor no ha estado exento de críticas. En 2019, tras la anoxia
en la albufera, cuatro científicos se salieron del grupo de
asesores –sumados a otros cuatro que se fueron con anterioridad–
alegando "manipulación" desde el Gobierno regional. Ruzafa
ha recibido críticas en ocasiones por su supuesta "cercanía"
con la Administración regional. "La gente es muy libre de
pensar lo que quiera. Yo tengo que cumplir con mi trabajo
e intentar hacer las cosas bien. Mi preocupación es contribuir
a que el Mar Menor se recupere".
En julio de 2020, el PP, PSOE y Ciudadanos sacaron
adelante una ley de protección para el Mar Menor. Una iniciativa
legislativa cuyo contenido estrella fue la ampliación de la
franja de protección en torno a la albufera de 500 a 1.500
metros –espacio en donde no se puede cultivar–, junto con
la restricción del uso de fertilizantes a su alrededor. Además,
incluye la prohibición de crear nuevos invernaderos en ese
perímetro, y la obligación de restituir los regadíos ilegales.
Una ley que no estuvo exenta de críticas desde asociaciones
ecologistas o formaciones políticas, como Podemos, que la
consideraban insuficiente. Julio Más, exdirector del Centro
Oceanográfico de Murcia, denunció en este medio que la Región
"no aplica la directiva de nitratos ni el límite legal de
1.500 metros para el uso de abonos nitrogenados. No aplica
las leyes que promulga, pero pide una serie de competencias
que no tiene ninguna comunidad autónoma y que van en contra
del criterio científico generalizado". Por su parte, desde
ANSE recordaron que llevan pidiendo medidas de mayor calado
desde hace años, y "no se han puesto en práctica". "Pedimos
que se redujera la superficie de agricultura intensiva a como
mínimo 10.000 hectáreas de regadío; que la Administración
se hiciera cargo de las 8.500 hectáreas de regadío ilegales
que la Comunidad había negado hasta que la Confederación Hidrográfica
confirmó su existencia; planteamos una red de filtros verdes
de humedales y medidas para que las aguas residuales no acaben
en el Mar Menor cada vez que hay una lluvia intensa", recuerda
García.
Agricultura ya ha ordenado la restitución de
940 hectáreas de regadío ilegal en el entorno del Mar Menor.
De los 77 expedentes tramitados, 50 ya han concluido con la
orden de restitución, y los otros 27 finalizarán en los próximos
días, sumando 484 hectáreas más.
Paralelamente a las ley del Mar Menor y las
propuestas de los últimos días del Gobierno murciano, hay
en marcha dos iniciativas alternativas para proteger a la
albufera. Una de ellas es hacerla sujeto de derechos: a través
de una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por ecologistas
y académicos, se busca que tenga una personalidad jurídica
frente a la que se pueda responder cuando se vulneren sus
derechos. Para poder llevar la propuesta al Congreso de los
Diputados, los impulsores tienen hasta el próximo 25 de octubre
para conseguir 500.000 firmas. En su último recuento, en junio,
rebasaron las 200.000 firmas. El siguiente será en septiembre,
y la situación actual del Mar Menor ha contribuido a aumentar
el número de firmantes, por lo que desde la plataforma están
convencidos de que lo conseguirán. Hay decenas de puntos de
recogida de firmas en toda España, e incluso algunos en otros
países. Unidas Podemos, por su parte, lanzó una campaña para
que el Mar Menor sea parque regional y registrará una proposición
no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para lograr
"soluciones definitivas" para la albufera. La iniciativa plantea
crear una franja de protección en torno al Mar Menor, incorporando
zonas ya protegidas como Calblanque y Las Salinas de San Pedro.
"Un espacio libre de nitratos y de pelotazos inmobiliarios",
agregó el diputado nacional por Murcia de Podemos, Javier
Sánchez Serna. Otra de las propuestas de la iniciativa es
la imposición de una tasa ambiental a las multinacionales
de la agroindustria. Lo recaudado se destinaría a cofinanciar
las inversiones necesarias para la protección y recuperación
del Mar Menor, creando una partida específica en los Presupuestos
Generales del Estado.
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La consejería de Agricultura y Medio Ambiente
ya ha ordenado la restitución de 940 hectáreas de regadío
ilegal detectadas y comunicadas por la Confederación Hidrográfica
del Segura (CHS) y que corresponden a 50 expedientes que ya
han sido notificados a los particulares.
La comunidad asegura que ha recibido 123 expedientes
con resolución firme en vía administrativa de la Confederación
Hidrográfica del Segura, si bien 10 de ellos se encuentran
fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Recuperación y
Protección del Mar Menor, por lo que la Consejería no tiene
potestad para actuar sobre ellos. De los 113 restantes se
han tramitado ya 77 expedientes, habiendo solicitado información
extra a la CHS de 36 expedientes para poder iniciar el procedimiento.
De los 77 expedientes tramitados, 50 ya han concluido con
la orden de restitución comunicada a los particulares, mientras
que 27 se encuentran completando el informe técnico de inicio
para avanzar en el proceso y, en los próximos días, se procederá
a comunicar a los interesados la orden de restitución. De
esta forma, en estos momentos, se ha ordenado ya la restitución
de 940 hectáreas de regadío ilegal, que ascenderán a 1.424
hectáreas en los próximos días tras sumar las 484 correspondientes
a los 27 expedientes que finalizarán en breve.
La Región de Murcia es la comunidad con más
superficie de regadío (16,75% del total).
La tramitación de los expedientes de restitución
por regadío ilegal en el ámbito del Mar Menor debe seguir
una serie de pasos que garanticen el éxito del proceso. Así,
una vez la CHS envía a la Comunidad los expedientes sancionadores
se debe comprobar si son firmes y si se encuentran dentro
del área de la Ley del Mar Menor. Tras ello la consejería
emite un informe técnico para el inicio de restitución y se
comunica a los interesados. Éstos pueden presentar alegaciones,
que la Comunidad evalúa y contesta en cada uno de los casos
y posteriormente se envían las resoluciones de restitución
para que en un plazo máximo de 3 meses los afectados presenten
un proyecto de restitución. Ante esta decisión, tal y como
recoge la Ley, cabe la presentación de un recurso de alzada
y, en caso de ser desestimado, los interesados tienen la posibilidad
de presentar un recurso contencioso administrativo, el cual
debe resolverse al margen de la potestad de la Comunidad.
Una vez quede resuelto este último, se les da un plazo de
un mes para el inicio de la restitución y un máximo de seis
meses para la ejecución. Al margen de esta tramitación llevada
a cabo por la Comunidad, se debe recordar que sin perjuicio
del procedimiento de restitución que la Ley incluyó para colaborar
desde el ámbito autonómico con las competencias de la Confederación
Hidrográfica del Segura, la propia CHS puede, dentro del mismo
proceso sancionador, aplicando los art 116 a 121 del texto
refundido de la Ley de Aguas y en concreto el art 118.1, ordenar
y ejecutar la eliminación de las tomas de riego y también
ordenar la restitución.
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Desde que en 1970 se levantasen los primeros
edificios en La Manga del Mar Menor, el de 2016 ha sido seguramente
su verano más complicado. La laguna salada más famosa de España
se enfrentó a un vertido de aguas fecales y su situación era
límite. Tanto, que el presidente de la región y varias asociaciones
se presentaron en Bruselas para negociar una solución.
El entonces presidente de Murcia, Pedro Antonio
Sánchez, se ha reunido con el entonces director general de
Medio Ambiente de la Comisión Europea, Daniel Calleja, para
abordar un plan de actuación sobre el Mar Menor. «La reunión
ha ido francamente bien», ha dicho a los periodistas a la
salida de este encuentro. Por lo que ha trascendido, la región
recibirá 40 millones y mantendrá un contacto «fluido» con
las instituciones europeas para mejorar este rincón.
«Hemos confirmado más de 40 millones de inversión»,
dijo Pedro Antonio Sánchez. «El Gobierno de Murcia presentará
nuevos proyectos destinados a otras líneas de crédito y convocatorias
para seguir financiando actuaciones como el Horizonte 2020
o los programas Life». Hasta Bruselas acudieron representantes
de algunos colectivos implicados con la laguna. Óscar Alcaraz,
portavoz de la Plataforma «Pacto por el Mar Menor», reclamó
en el Parlamento Europeo medidas «concretas» para salvar la
laguna. «¿Qué soluciones pedimos a Europa? Pues fondos que
no vayan destinados a otro tipo de infraestructuras y que
se destinen a la regeneración ecológica del Mar Menor», dijo
Alcaraz en declaraciones a la Eurocámara recogidas por Europa
Press.
Los 40 millones que recibió entonces
la región supusieron un balón de oxígeno para la laguna. El
Mar Menor, bautizado aquel verano como «La sopa verde» era
hasta hace no mucho uno de los grandes atractivos del levante
español. Un equivalente patrio del Mar Muerto que recibe cada
verano miles de turistas.
Para el Verano de 2017 El Instituto Murciano
de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario de la
Región (IMIDA), está trabajando en el diseño de dos drones
que permitirán estudiar y tener un conocimiento más exhaustivo
del Mar Menor mediante la teledetección y la robótica. Uno
de los dispositivos es flotante y el otro sumergible, y su
principal función consistirá en realizar mediciones en zonas
inaccesibles para los barcos por el poco calado.
La consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente,
Adela Martínez-Cachá, de cuyo departamento dependen el IMIDA,
ha presentado este jueves el proyecto piloto en el que trabaja
la Comunidad para poder profundizar en el conocimiento de
la laguna, “lo que será una herramienta imprescindible para
los científicos y el Gobierno regional, ya que los drones
ofrecerán datos que hasta el momento eran muy difíciles de
obtener”. Uno de ellos es flotante y otro será sumergible
en el agua, ambos serán autónomos (dirigidos y vigilados por
técnicos) y permitirán realizar mediciones que hasta el momento
no pueden hacerse por tratarse de lugares con poco calado,
como es el caso de las encañizadas. Se trata de nuevo sistema
de estudio y obtención de datos, pionero a nivel internacional,
que ha sido hecho “a medida” para el control y análisis de
diferentes parámetros de medición del Mar Menor. Va a permitir
realizar batimetrías donde hasta ahora era imposible de realizar
y tener una topografía más completa de la situación y estado
del Mar Menor.
También permitirá realizar un monitoreo de aguas
a diferentes profundidades, inventariado de fauna y flora,
documentación e identificación de vertidos, seguimiento de
la evolución de las jaulas de acuicultura y de arrecifes artificiales,
control de estado de canalizaciones sumergidas, apoyo de seguridad
de buzos, grabación submarina, búsqueda de objetos o personas,
apoyo en rescates submarinos o el control de seguridad de
zonas portuarias o submarinas. Se podrán usar con seguridad
a zonas difícilmente accesibles, tales como puertos, embalses,
pantanos, pantalanes, revisión de cascos de barcos, fosas,
tuberías de gran diámetro, etc. El IMIDA viene trabajando
en este tipo de actuaciones desde hace tiempo, financiadas
por un proyecto FEDER, que tiene como principal objetivo el
diseño y puesta en marcha de una infraestructura de datos
espaciales sobre agricultura y agua en la Región, y por un
convenio para la elaboración de batimetrías de embalses en
la Cuenca del Segura. Las infraestructuras de datos espaciales
temáticas tienen como objetivo principal el integrar, a través
de Internet, la información de interés para el sector agrícola,
datos agrometeorológicos, metadatos, servicios e información
de tipo geográfico que sobre la temática del agua y el medio
ambiente, que se producen en el ámbito regional, facilitando
al sector agrario regional la localización, identificación,
selección y acceso a tales recursos, a través de un geoportal.
Una enorme cantidad de recursos, en resumen,
para no lograr los objetivos.
Y para colmo, en 2018 un equipo multidisciplinar
de investigadores coordinado por el geólogo de la Universidad
de Salamanca (USAL) Antonio Martínez Graña, en el que participaron
la Universidad de Alcalá de Henares y la Sección de Geología
del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, alertaron de la
posible subida del nivel del agua del Mar Menor de hasta unos
1,5 metros. a lo largo del próximo siglo, con el consiguiente
riesgo de inundación que supone para su zona costera. El "progresivo
aumento de las temperaturas globales influido, además, por
las características físicas, geográficas y la gran presión
urbanística de este particular enclave", según ha explicado
Martínez Graña. El estudio, según fuente de la USAL, liderado
por los investigadores del Departamento de Geología de la
universidad salmantina, concretamente del Área de Geodinámica,
y publicado en la revista científica Sustainability muestra
un alto riesgo de inundación en la playa de la Manga y las
áreas costeras del Mar Menor que, "podría verse agravado por
un incremento de hasta 4,1 metros en la altura media de la
ola significante", subraya el responsable del trabajo. Los
datos globales reflejan que se está produciendo un incremento
medio del nivel relativo de los océanos en torno a 1,7 milímetros
anuales, fruto del deshielo de glaciares y del progresivo
aumento de las temperaturas en el planeta. En España, el Mar
Menor cumple todas las condiciones de vulnerabilidad por inundaciones,
ya sean debido a una mayor incidencia de las tormentas en
la zona o por el posible aumento del nivel relativo del mar.
La elevada actividad turística, el carácter subsidente del
terreno -hundimiento vertical del suelo- y la porosidad del
sustrato de la zona, entre otros, aumentan de manera alarmante
el grado de exposición del Mar Menor ante una inundación a
corto y medio plazo.
Para analizar el riesgo de inundación en la
Manga del Mar Menor motivado por la subida del nivel del mar
u otras causas naturales como subsidencia, tormentas y tsunamis,
los científicos emplearon datos históricos y registros sedimentarios
antiguos de zonas cercanas con los que generaron diferentes
escenarios de subida y bajada del nivel relativo del mar para
períodos de tiempo de 100 años, 500 años y 1.000 años desde
la actualidad.
La zona desde la Estación Espacial Internacional.
El consorcio de investigación determinó una
subida del mar en el área de entre 1,2 y 1,5 milómetros al
año durante los últimos 25 años. Los resultados arrojan, además,
un "alto riesgo" de inundación en la playa de la Manga y áreas
costeras del Mar Menor y prevén una subida del mar de hasta
1,5 metros y aumento de hasta 4,1 metros en la altura de la
ola significante. Concretamente, el trabajo deja entrever
que en los próximos 100 años el mar pueda llegar a afectar
a zonas situadas entre los 4,22 y 5,69 metros como consecuencia
del incremento en la altura de la ola. Respecto a un posible
tsunami en el Mar Menor, Graña recuerda que el 10 por ciento
de ellos suceden en el Mar Mediterráneo. No obstante, no existe
un registro histórico "fiable" que determine la altura máxima
que pudiera alcanzar, por lo que toman de referencia al mayor
tsunami registrado en la Península Ibérica fruto del terremoto
de Lisboa de 1755.
Es decir, una posible pero improbable ola máxima
de 8 m. de altura. San Pedro del Pinatar, Santiago de la Ribera,
parte del aeropuerto de San Javier, Los Alcázares, Playa Honda
y algunos complejos hoteleros y urbanizaciones del sur y centro
de La Manga son localizaciones especialmente vulnerables de
acuerdo al índice de vulnerabilidad costera aplicado por los
investigadores para la ejecución del estudio. Asimismo, señalan
como factor de inundación más probable para las áreas habitadas
la subida del nivel del mar de carácter meteorológico asociada
a situaciones de tormenta. Con el diseño de este mapa de riesgos,
los científicos persiguen crear una herramienta que ayude
a "identificar los puntos espaciales más vulnerables y optimizar
las medidas preventivas de esas zonas", concluye el geólogo.
Los Alcázares, el pueblo murciano que se inunda
cada vez que llueve. Casas construidas encima de unas antiguas
salinas, el agua suele crecer unos 70-100 centímetros. Parte
del pueblo está incluso por debajo del nivel del mar.
Un municipio turístico de 17.000 habitantes
situado al borde de la mayor laguna salada de Europa que en
2020 sufrió su tercera inundación grave en cuatro meses.
El año empezó bajo lluvia. Entre el martes 21
y el miércoles 22 de Enero la borrasca Gloria golpeó a buena
parte de la costa mediterránea española, especialmente a Cataluña,
la Comunidad Valenciana y Baleares. Sin embargo, pese a que
la cantidad de lluvia caída sobre la comarca del Mar Menor
fue significativamente menor —registró entre 86 y 142 litros
por metro cuadrado frente a los 270 de Lluc (Baleares) o los
370 del pueblo valenciano de Barx— aquí hubo inundaciones
y allí no.
Al día siguiente en Los Alcázares, el sol volvió
a salir pero los efectos de la tormenta aún no se habían desvanecido.
Mientras los bomberos todavía actuaban en algunas zonas del
casco urbano, una pátina de barro seco cubría las calles cercanas
al paseo marítimo. Frente al Mar Menor, vallas metálicas dobladas
y sacudidas se repartían sobre las aceras, destrozadas por
la corriente de la noche anterior.
Se respiraba la indignación, pero también la
frustración porque es evidente que no será la última vez que
la desgracia se repita en Los Alcázares. Los alrededores del
pueblo están plagados de carteles de 'Zona Inundable'. La
vía de servicio junto a la AP-7 serpentea arriba y abajo debido
a los badenes, ideados para conducir la escorrentía desde
los campos de cultivo hacia un canal repleto de agua marrón
semisólida que circula en paralelo a la carretera y trata,
inútilmente, de servir de foso para el pueblo. Para muchos,
estos canales no solo no les protegen sino que son parte del
problema.
"La autovía y la agricultura han desviado el
cauce", explicaban algunos vecinos, "se han roturado tierras
donde no se debía y estrechado los cauces de las ramblas".
Como suele ocurrir con la meteorología, la memoria es frágil.
En el paseo marítimo, una inglesa de mediana edad llamada
Terry paseaba a su perro por entre restos de palmeras diciendo
"en la plaza del pueblo hay fotografías que demuestran que
Los Alcázares llevan inundándose desde hace décadas". Mientras
tanto, en un bar de desayunos una camarera exclamaba que lo
que está pasando con las inundaciones en los últimos cuatro
o cinco años no se había visto nunca. Unos agricultores la
interrumpen y dicen que la culpa es del nivel freático del
acuífero, que está rebosando desde que no les dejan acceder
al agua. Sin embargo, el nivel freático no tiene nada que
ver. Toda el agua que cae en veinte kilómetros a la redonda
viene a parar aquí, es un tema de cuenca hidrológica donde
el nivel freático es consecuencia, no causa de las inundaciones
Sin embargo, siempre habrá quien trate de aprovecharlo
a su favor en otra de las mil batallas que protagoniza la
región. Unos meses antes de aquello, la escorrentía causada
por la gota fría de septiembre acabó arrastrando nitratos
procedentes de la agricultura hasta el Mar Menor acabando
con la vida de miles de peces. Ahí se apuntó directamente
a la enorme —pero imposible de cuantificar— cantidad de pozos
ilegales. "El problema no es lo que llueva aquí, en realidad
donde llueve es en los alrededores pero todo acaba siendo
arrastrado hasta aquí", cuenta Manolo Seva, un jubilado alicantino
que acudió esa semana a la localidad para asistir al Campeonato
de España de Billar a Tres Bandas, que se celebraba durante
toda la semana en Los Narejos, una pedanía de Los Alcázares.
La borrasca, sin embargo, no afectó a esta parte del pueblo,
que casi nunca se ve expuesta a inundaciones. ¿Por qué? Porque
queda fuera del área natural de inundación, sobre la que se
ha edificado sin miramientos en los últimos 40 años como muestra
el siguiente mapa.
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