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La matanza de Atocha de 1977 fue un atentado terrorista cometido
por terroristas de extrema derecha en el centro de Madrid
la noche del 24 de enero de 1977, en el marco del llamado
terrorismo tardofranquista. Cinco abogados laboralistas del
Partido Comunista de España (PCE) y de Comisiones Obreras
(CC. OO.) fueron asesinados, lo que marcó la Transición española
iniciada tras la muerte del dictador Francisco Franco. Los
abogados laboralistas asesinados fueron Enrique Valdelvira
Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo.
También mataron al estudiante de derecho Serafín Holgado y
al administrativo Ángel Rodríguez Leal. Además, en el atentado
fueron gravemente heridos Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta
Carbonell, Luis Ramos Pardo y Lola González Ruiz. Un comando
ultraderechista penetró en un despacho de abogados laboralistas
de Comisiones Obreras (CC. OO.) y militantes del Partido Comunista
de España (PCE), situado en el número 55 de la calle de Atocha
y abrió fuego contra los allí presentes, matando a cinco personas
y dejando heridas a cuatro. Fueron condenados José Fernández
Cerrá y Carlos García Juliá a un total de 193 años a cada
uno de ellos, y a Francisco Albadalejo —vinculado a FET de
las JONS—, a un total de 73 años. El periódico italiano Il
Messaggero publicó en marzo de 1984 que neofascistas italianos
habían participado en la matanza, tesis que fue respaldada
en 1990, cuando un informe oficial italiano relató que Carlo
Cicuttini, un neofascista italiano próximo a la organización
Gladio —una red clandestina anticomunista dirigida por la
CIA—, había participado en la matanza. Cicuttini había escapado
a España, donde adquirió la nacionalidad española, después
del atentado de Peteano de 1972, hecho con Vincenzo Vinciguerra.
En la actualidad, existen calles y plazas en 23 ciudades de
la Comunidad de Madrid que recuerdan a las víctimas del atentado.
Los terroristas llamaron al timbre del piso entre las 22:30
y 22:45. Al parecer, iban en busca del dirigente comunista
Joaquín Navarro, secretario general del Sindicato de Transportes
de CC. OO. en Madrid, convocante de unas huelgas anteriores
que, en buena medida, desarticularon la que llamaban mafia
franquista del transporte. Al no encontrarlo, ya que había
salido un poco antes, decidieron matar a los presentes. Eran
dos jóvenes con armas de fuego con quienes iba una tercera
persona, encargada de cortar los cables del teléfono y registrar
los despachos. Esa misma noche, varios individuos asaltaron
también un despacho del sindicato UGT, en la calle Fernando
VI, que se hallaba vacío. Como consecuencia de los disparos
resultaron muertos los abogados laboralistas Enrique Valdelvira
Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo;
el estudiante de derecho Serafín Holgado; y el administrativo
Ángel Rodríguez Leal. Resultaron gravemente heridos Miguel
Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo
y Lola González Ruiz, casada con Sauquillo. Una de las abogadas
del bufete, Manuela Carmena, logró evitar el atentado porque
Luis Javier Benavides le había pedido usar su despacho para
una reunión, así que se marchó a otro bufete situado a dos
manzanas de distancia en la misma calle.
Carmena ha sido alcaldesa de Madrid entre 2015 y 2019.
El último superviviente de la matanza de Atocha: “La libertad
de García Juliá es irregular y escandalosa”.
El PCE seguía siendo ilegal. El secretario general del Partido
Comunista de España, Santiago Carrillo, había regresado clandestinamente
del exilio en febrero de 1976. Sin embargo, meses después
su presencia era vox populi y su detención sirvió para forzar
el reconocimiento y legalización del PCE. Fue detenido el
20 de diciembre de 1976 y, al no existir motivos legales para
mantenerlo en prisión ni expulsarlo de España, fue puesto
en libertad días después. En los dos días anteriores habían
muerto otras dos personas relacionadas con movimientos de
izquierda, una a manos de la misma Triple A y otra por un
bote de humo lanzado por la policía a corta distancia durante
una manifestación en protesta por la muerte del primero. Debido
a todo ello, se temía una reacción violenta que ayudase a
desestabilizar aún más la transición política. Al entierro
de las víctimas de Atocha asistieron más de cien mil personas.
Fue la primera manifestación multitudinaria de la izquierda
después de la muerte del dictador Franco, y transcurrió en
silencio y sin incidentes. Le siguieron importantes huelgas
y muestras de solidaridad en todo el país, además de un paro
nacional de trabajadores el día después del atentado. En estas
muestras de fuerza se dio la paradoja de que las fuerzas de
seguridad incluso protegieron a los miembros de un partido
todavía ilegal, contribuyendo en buena medida —incluso algunos
lo consideran como el momento decisivo — para su legalización.
En abril, tres meses después, la legalización se oficializó
el día conocido como Sábado Santo Rojo, por ser sábado de
la Semana Santa, festividad católica para así aprovechar y
mitigar parte de la oposición política y militar en vacaciones.
En febrero el gobierno de Adolfo Suárez ya había comenzado
a legalizar otros partidos, como el PSOE o el PNV. La matanza
de Atocha es quizás el clímax o el momento más grave de los
distintos sucesos violentos que van sucediéndose, poniendo
en peligro un cambio político y social en el país, con atentados
del grupo terrorista vasco ETA —responsable de 28 muertos
en 1977—, el maoísta GRAPO —en el mismo mes responsable de
la muerte de dos guardias civiles y un policía— o, por ejemplo,
de otras organizaciones, como el Movimiento por la Autodeterminación
e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC). En junio
se convocan las primeras elecciones generales democráticas
posteriores a la dictadura franquista, en un ambiente de gran
efervescencia o inquietud social y político que a muchos les
recordó la proclamación de la Segunda República en 1931.
La matanza de los abogados laboralistas de Atocha del 1977
fue el eje central de las tramas de la octava temporada de
la serie de ficción histórica Amar es para siempre.
Los asesinos, creyéndose bien amparados por sus contactos
políticos, no se tomaron la molestia de huir de Madrid. Desconocían
que para el gobierno era una prioridad capturarlos, de tal
modo que se confiase en el proceso de transición democrática.
En pocos días, la Policía Armada detuvo a José Fernández Cerrá,
Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada en calidad
de autores materiales de los hechos, y a Francisco Albadalejo
Corredera —secretario provincial del Sindicato Vertical del
transporte, estrechamente vinculado con la mafia del transporte—
como autor intelectual. También fueron detenidos Leocadio
Jiménez Caravaca y Simón Ramón Fernández Palacios, excombatientes
de la División Azul, por suministrar las armas, y Gloria Herguedas,
novia de Cerrá, como cómplice. Sin embargo, los propios agentes
declinaron cobrar la recompensa por su captura. Durante el
juicio se llamó a declarar a conocidos dirigentes de la extrema
derecha, como Blas Piñar y Mariano Sánchez Covisa. No obstante,
hubo dudas y polémica de si no habría alguien con una mayor
responsabilidad en los atentados. El juez de la Audiencia
Nacional encargado del caso, Rafael Gómez-Chaparro Aguado,
se negó a investigar más allá de los encausados comentados.
La fuga antes del juicio de Lerdo de Tejada, que continúa
en paradero desconocido a pesar de que su delito prescribió
en 1997, durante un extraño permiso penitenciario por Semana
Santa que el juez Gómez-Chaparro le concedió en abril de 1979,
contribuyó a profundizar estas dudas que han perdurado hasta
la actualidad.
Brasil autoriza la extradición de uno de los autores de la
matanza de Atocha.
Además, Simón Ramón Fernández Palacios falleció el 23 de
enero de 1979. La mayoría de los criminales estaban próximos
a FE. La Audiencia Nacional condenó a los acusados a un total
de 464 años de cárcel. José Fernández Cerrá y a Carlos García
Juliá, autores materiales de los hechos a 193 años de prisión
cada uno; 63 años a Francisco Albadalejo Corredera —fallecido
en prisión en 1985—; 4 años a Leocadio Jiménez Caravaca —fallecido
en 1985 de cáncer de laringe—, y a Gloria Herguedas Herrando,
a un año. Uno de los heridos, Miguel Ángel Sarabia, comentaba
al respecto en 2005: «Aunque ahora parezca poca cosa, el juicio
de los asesinos de Atocha, en 1980 —pese a la arrogancia de
los acusados, con camisa azul y muchos asistentes, también
de uniforme—, fue la primera vez que la extrema derecha fue
sentada en el banquillo, juzgada y condenada».
García Juliá se fugó también 14 años después, al serle concedida
la libertad condicional con todavía pendientes más de 3800
días o unos 10 años de prisión. Fue detenido en Brasil en
2018 y extraditado a España el 7 de febrero de 2020. Fernández
Cerrá era puesto en libertad tras 15 años en la cárcel, algunos
lo sitúan trabajando en una empresa de seguridad. Jaime Sartorius,
abogado de la acusación particular, declararía años después:
«Faltan las cabezas pensantes. No nos dejaron investigar.
Para nosotros, las investigaciones apuntaban hacia los servicios
secretos, pero sólo apuntaban. Con esto no quiero decir nada».
Después de las revelaciones del primer ministro italiano Giulio
Andreotti en octubre de 1990 acerca de la red Gladio, una
organización secreta anticomunista durante la guerra fría,
un reporte del CESIS italiano informaba que Carlo Cicuttini
había participado en la matanza de Atocha.
Monumento a los abogados de Atocha erigido en Pinto, Comunidad
de Madrid, en 2002.
El tribunal que dictó sentencia el 4 de marzo de 1980 consideró
que los procesados Francisco Albadalejo —secretario del Sindicato
Vertical del Transporte Privado de Madrid y vinculado a FET
de las JONS—, José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y
Leocadio Jiménez Caravaca constituían un «grupo activista
e ideológico, defensor de una ideología política radicalizada
y totalitaria, disconforme con el cambio institucional que
se estaba operando en España». El fallo condenó a José Fernández
Cerrá y Carlos García Juliá a un total de 193 años a cada
uno de ellos, y a Francisco Albadalejo, a un total de 73 años.
Carlos escapó a Brasil en 1994 tras pasar 12 años en prisión
y conseguir la libertad condicional, pero en 2020 se tramitó
su extradición. El 7 de febrero de 2020 fue llevado a España
por la Interpol y fue encarcelado en Soto del Real.
El abrazo, también conocido como monumento a los abogados
de Atocha, es un ejemplar de arte público en Madrid. Adaptación
tridimensional del cuadro homónimo obra de Juan Genovés, la
escultura sirve como recuerdo a las víctimas de la matanza
de Atocha de 1977, cometida por pistoleros de ultraderecha.
El 11 de enero de 2002, el Consejo de Ministros concedió
la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a los
tres abogados y el estudiante fallecidos, mientras que a Ángel
Rodríguez Leal, en tanto que administrativo, se le otorgó
la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Esta condecoración
es la más alta distinción con la que se reconoce en la Justicia
de España a quienes han destacado a lo largo de su vida por
sus méritos profesionales y humanos al servicio del Derecho.
En el mes de noviembre de 2005 falleció Luis Ramos, uno de
los abogados heridos en el atentado. Sus amigos y la Fundación
Abogados de Atocha le rindieron un homenaje en el Ateneo de
Madrid el 14 de enero de 2006. Como lema del homenaje figuró
la frase de Paul Eluard «Si el eco de su voz se debilita,
pereceremos». Miguel Sarabia murió en Madrid el 20 de enero
de 2007 tras una larga enfermedad, y el 30 de enero de 2015
lo hacía, también en Madrid, Lola González Ruiz.
Los Premios Abogados de Atocha distinguen a instituciones
o personas que destacan en la defensa de los derechos humanos
y la lucha por la libertad. Son otorgados por CCOO Castilla-La
Mancha y la Fundación Instituto de Estudios Sociales del Comisiones
Obreras y su objetivo es mantener la memoria de los abogados
laboralistas asesinados en Madrid por la extrema derecha en
1977 y recordar que ninguno de los condenados está cumpliendo
su condena.
Vidal de Nicolás Moreno (Portugalete, 1 de junio de 1922-26
de octubre de 2016) fue un poeta y activista antifranquista
español. Fue presidente del Foro de Ermua hasta junio de 2005.
Premiado en 2002.
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