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Tras casi cerca de cuatro años de procedimientos
legales, las comunidades indígenas y afrodescendientes le
han ganado el pulso al Gobierno nicaragüense. El Fondo Verde
del Clima, órgano de las Naciones Unidas creado en el marco
del Acuerdo de París para facilitar financiación a los países
con menos recursos para luchar contra el cambio climático,
les ha dado la razón. A principios de marzo de 2024, canceló
un proyecto millonario que pretendía restaurar los paisajes
forestales degradados de la región Caribe, pero que, no obstante,
atentaba contra los derechos de las comunidades afectadas,
entre ellos el de la celebración de una consulta previa e
informada. Esta decisión, primera de este tipo en la historia
del Fondo, es el resultado de una queja interpuesta ante el
Mecanismo Independiente de Reparación del Fondo, en junio
de 2021. "Es un precedente a nivel mundial”, explica a DW,
Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río. "Para las
comunidades, es un logro, se hizo justicia. En medio de la
criminalización y la militarización, se recogieron más de
700 firmas rechazando este proyecto que no ha sido consultado
por ellos”, recalca desde el exilio el representante de esta
organización ambientalista del sureste de Nicaragua, que fue
clausurada por el Gobierno de Daniel Ortega.
Dotado con más de 116 millones de dólares, el
proyecto ‘Bio-CLIMA: Acción climática integrada para reducir
la deforestación y fortalecer la resiliencia en las Biosferas
de Bosawás y Río San Juan’, pretendía evitar 47 millones de
emisiones de dióxido de carbono con la reducción de la deforestación
durante 20 años y la restauración de paisajes forestales degradados
en la Región Caribe. Las Reservas de Biosfera Bosawás y el
Río San Juan fueron declaradas ‘reservas biosferas’ en 2001
y 2003, respectivamente. Dichas reservas aglomeran la mayor
cobertura forestal y mayor biodiversidad de Nicaragua y forman
parte del corredor de biodiversidad centroamericano. Pero
"desde la llegada de Daniel Ortega al poder, se han perdido
más de 882,760 hectáreas de bosque y ha concesionado para
minería metálica el 66 por ciento de la Reserva de la Biósfera
de Bosawas”, explica a DW Ingrid Hausinger, Coordinadora de
Ecología de la Oficina Regional para Centroamérica de la Fundación
Heinrich Böll.
“EL proyecto Bio-CLIMA representaba para el
gobierno de Ortega un flujo de 117 millones de dólares, de
los cuales 64 millones pertenecían al FVC, explica Ingrid
Hausinger, Coordinadora de Ecología de la Oficina Regional
para Centroamérica de la Fundación Heinrich Böll.
A la diversidad natural se le suma la cultural,
ya que estas reservas concentran el 80 por ciento de la población
indígena. No obstante, estas poblaciones están desprotegidas
ante los episodios de violencia que no cesan por "las industrias
extractivas, los carteles de droga, los despojos de tierra
y la invasión de colonos”, explica a DW Florencia Ortúzar,
abogada senior de la Asociación Interamericana por la Defensa
del Ambiente (AIDA). "Aunque el Estado ha otorgado títulos
territoriales a los pueblos indígenas miskitus, mayangnas,
ramas y afrodescendientes crioles/Kriols y Ggarífunas de la
Costa Caribe de Nicaragua, reconociendo su legitimidad como
propietarios plenos, ha fallado en completar el proceso que
garantizaría la protección total de sus propiedades”, recalca
Hausinger. Y es que, a pesar de las denuncias presentadas
al Gobierno, "solo en el año 2020, que se aprobó el proyecto
Bio-CLIMA, según el monitoreo del Centro de Asistencia Legal
a Pueblos Indígenas (CALPI), se registraron al menos 13 asesinatos
(dos de ellos de jóvenes de 17 años), ocho personas resultaron
heridas en ataques armados, dos fueron secuestradas, dos niñas
indígenas mískitu menores de edad fueron atacadas y toda una
comunidad fue desplazada forzosamente, la mayoría de ellos
miembros del pueblo indígena mayangna”, detalla la experta
alemana.
La Región Caribe está experimentando las tasas
más altas de deforestación y degradación forestal de todo
el país.
Para Amaru Ruiz, esta violencia “histórica”
ya era uno de los factores que debió tenerse en cuenta a la
hora de aprobar un proyecto que, además de ignorar este contexto,
también incluía otras irregularidades. "Antes de la queja,
las comunidades denunciaron la falta de confianza en el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) como entidad
acreditada y en el Gobierno de Nicaragua como entidad implementadora
del proyecto”, explica, por su parte, Florencia Ortúzar, la
abogada de AIDA, una de las organizaciones que ha acompañado
a la sociedad civil nicaragüense en el proceso, junto la fundación
alemana. "Existe evidencia por parte de la sociedad civil
nicaragüense de que el BCIE, bajo el liderazgo del anterior
director, Dante Mossi, regularmente ignoraba las denuncias
nacionales e internacionales que indican que el régimen del
presidente Daniel Ortega ha estado cometiendo crímenes de
lesa humanidad desde 2018”, lamenta Ingrid Hausinger, de la
Fundación Heinrich Boll, criticando la falta de transparencia
en el uso de los fondos que el banco ha prestado al Estado.
“La minería ilegal está devorando a pasos agigantados
la Reserva y contaminando con toneladas de Mercurio el Río
San Juan”, alerta la experta alemana.
“No logramos detener la aprobación del proyecto,
pero sí logramos que se apruebe con condiciones”, relata la
abogada Florencia Ortúzar. En este aspecto, Amaru Ruiz, el
presidente de la Fundación Río, recalca el papel de Alemania
en la junta de directivos del Fondo Verde del Clima, presionando
para conseguirlas. Una de estas condiciones fue la contratación
de una agencia independiente que supervisara la implementación
del proyecto. No obstante, después de la aprobación del proyecto,
ni el banco ni el Gobierno demostraron que lograrían hacerlo
cumpliendo las políticas y salvaguardas del organismo internacional.
Por ello, la sociedad civil nicaragüense interpuso la queja
que culminó en la investigación del Mecanismo Independiente
de Reparación. Esta ha seguido diversos procesos internos
hasta su resolución el pasado mes de marzo. A pesar de esta
victoria histórica, la cancelación del proyecto "tuvo impacto
en Nicaragua", apunta Amaru Ruiz, señalando que, además de
la destitución de Javier Antonio Gutiérrez Ramírez, viceministro
del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (Marena),
“hay presos políticos y un aumento de la militarización en
los territorios”. Igualmente, "se habla de posibles reformas
de la ley 445 para quitar derechos", lamenta Ruiz.
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