Plebiscito histórico en Chile: 4 claves para entender la consulta en la que ganó la opción de cambiar la Constitución de Pinochet:

El proceso, que transcurrió en tranquilidad, generó largas filas tanto en el país como en el extranjero, mientras las autoridades se esforzaban por mantener la distancia entre los votantes para evitar la propagación del coronavirus. El referendo chileno, aprobado en un acuerdo político en el Congreso tras un ciclo de manifestaciones que comenzó con las marchas estudiantiles el 2006 y culminó en octubre del 2019, definirá el destino político institucional de Chile en los próximos años. Qué está en juego en el referéndum, más allá del "apruebo" o "rechazo" y del tipo de convención que eventualmente surja para redactarla.

Efectivos del Ejército ayudan a algunas personas a ejercer el voto.

1. Generar una Constitución "sin traumas".

Pese a que sufrió numerosas reformas, la Constitución vigente hasta hoy en Chile fue redactada y aprobada en 1980 bajo el régimen militar del general Augusto Pinochet y, según afirma el politólogo Gabriel Negretto, "simbólica y políticamente, nunca superó ese defecto congénito".

Por eso, lo que está en juego en el proceso constituyente que podría comenzar con el triunfo del "apruebo" y la legitimidad de origen de una eventual nueva Constitución para Chile, dice Negretto, quien ha sido consultor de Naciones Unidas en procesos de reforma constitucional en distintos países latinoamericanos.

"¿Qué rodeó a la Constitución de Pinochet?: que nació de un acto de fuerza, de violencia; que se hizo en un clima de miedo, de terror", describe el experto. "Para marcar un contraste con el origen de la vieja Constitución, la nueva debe nacer de un amplio respaldo ciudadano y en un entorno pacífico", precisa. "En ese sentido, hay un llamado a la atención de quienes apoyan el 'apruebo' de llamar a la calma... El estallido social, que incorporó gran cantidad de demandas legítimas, también estuvo asociado a actos de violencia injustificados que hasta hoy no están claros. No se puede eliminar toda la violencia, pero tiene que quedar claro que corresponde a grupos aislados", plantea.

Para que Chile efectivamente cuente con una Constitución que no arrastre los traumas de la actual, argumenta Negretto, se requiere además que una de las dos opciones gane por una mayoría suficientemente amplia y en una votación con una participación importante, ojalá mayor a los promedios de las últimas elecciones chilenas.

"No es lo mismo un referéndum como el que se hizo por el acuerdo de paz en Colombia que uno sobre las reglas fundamentales con las que queremos vivir como sociedad, como se definirá en Chile. En este caso, si la diferencia entre la opción que gana y la que pierda es pequeña, es problemático", advierte el experto. "Sería un mal comienzo que el 'apruebo' ganara por un margen pequeño: el trauma que vive Chile respecto a los legados de la dictadura provienen del plebiscito de 1988, cuando la dictadura militar terminó cediendo la transición a la democracia con un altísimo poder político (el "Sí" a Pinochet obtuvo un 43% y el "No" un 54,7%). Aquí no debe quedar duda de la posición mayoritaria", sostiene Negretto. "Si el resultado fuera 51 para el 'apruebo' y 49 por el 'rechazo', estaría muy preocupado por el futuro de Chile", agrega Negretto. "Porque eso querría decir que el cambio constitucional no lo rechaza una minoría, sino la mitad de la población. Y eso es preocupante en un contexto polarizado, porque aquí no hay medias tintas: se cambia la Constitución o no".

Las largas filas se mantuvieron desde que abrieron los centros para ejercer el voto.

2. Recuperar legitimidad de la política.

Vicky Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en Nueva York, precisa que el plebiscito en Chile emergió como respuesta a la movilización social, "síntoma de la crisis de representación del sistema político" en el país. "La toma de la calle y los gritos buscaban que los políticos escucharan a la ciudadanía, incluso cuando esta demanda de atención requiriera romper la puerta del salón donde se toman las decisiones, como dice la canción de 'Hamilton'".

La académica se refiere a "The room where it happened" uno de los temas del popular musical estadounidense que describe las negociaciones secretas donde la élite negocia fuera del ojo de la opinión pública, una práctica que en Chile se describe como "la cocina".

"Es importante recordar las expectativas que conlleva el proceso constituyente y la importancia de mantener esa puerta abierta. Esto implica que no solo el resultado, sino también el proceso constitucional será clave para la recuperación de la legitimidad política", dice Murillo.

De ganar el "apruebo", la politóloga advierte que es importante "asegurar la entrada de nuevos actores como agentes de representación ciudadana y, al mismo tiempo, que tanto viejos como nuevos representantes garanticen su atención a la ciudadanía incluso cuando no grite o esté en las calles", dice.

¿Cómo lograr ese objetivo? Estableciendo una conexión humana, basada en la empatía y la experiencia compartida, propone. "Que la ciudadanía se reconozca en sus representantes y pueda confiar en ellos. El proceso no podrá ser participativo hasta las últimas instancias, requerirá de esperas, y puede involucrar errores. Por ello, la confianza en quienes están en el salón donde se tomen las decisiones depende tanto de una puerta abierta como de la empatía entre estos y quienes han estado ya por demasiados años pidiendo ser oídos", describe la politóloga.

El pasado 18 de octubre se cumplió un año del inicio del estallido social en Chile.

3. Redistribuir poder y bienes públicos.

"Las constituciones definen las reglas del juego", describe Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. "La etiqueta mayor que yo pondría al proceso chileno sería la opción de cambiar las reglas del juego sobre la distribución del poder y los bienes públicos valiosos para la existencia de toda la sociedad. No sólo los derechos civiles, las libertades, también los sociales, como agua, vivienda, educación".

Henríquez plantea que, si se lleva adelante el proceso constituyente, una de las opciones es que se remuevan los obstáculos que hoy impiden cambiar algunas políticas públicas en Chile a través del Congreso. Bajo la Constitución actual, incluso si una ley es aprobada por una súper mayoría parlamentaria, puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional (TC).

"Si uno establece en la Constitución que los asuntos se regularán por ley simple, por ejemplo, y se modifica el TC, el efecto será que los cambios de políticas públicas serán más sencillos", dice la académica. "El 'rechazo' supondría que la ciudadanía no tiene voluntad de cambiar la Constitución, porque las cosas como están, están bien. Pero eso no obsta que se pueden hacer reformas. Hay personas del 'rechazo' que creen que se necesitan cambios profundos y se han comprometido a emprenderlos", dice Henríquez. "La diferencia es que en el 'apruebo' hay un itinerario, un camino claro, un órgano específico. Las reformas que se hicieran en el caso del 'rechazo', se harían a través del actual Parlamento, y los cambios no tendrían tanta legitimidad como los que tendría un órgano especialmente elegido para ello", agrega. "Es posible que una nueva Constitución se parezca bastante a la actual, y las expectativas pueden quedar frustradas, pero insisto en la importancia del hecho de sentarse a conversar. Esa diferencia ya debería satisfacer muchas expectativas: tener un pacto social que sintamos propio", concluye.

Las autoridades tomaron medidas especiales para evitar la propagación del virus.

4. Generar un proceso constituyente único en Latinoamérica.

Tanto la realización del plebiscito como el proceso constituyente que derive de sus resultados se normarán por la Constitución vigente, que fue especialmente reformada por el Congreso con este fin. Eso marca una de las diferencias del referéndum constitucional chileno con otras experiencias latinoamericanas.

"No es tan habitual que una Constitución vigente se modifique para su reemplazo. Es excepcional que Chile siga este cauce, este proceso, con procedimientos y plazos establecidos. Y es un desafío máximo que los cumplamos", precisa Henríquez.

Además, en este caso no es el gobierno el que definirá el cambio constitucional ni el órgano que podría redactar la nueva Constitución, sino la ciudadanía. "En Chile, además, no hay una fuerza hegemónica que se imponga en el debate. Varios de los procesos latinoamericanos han sido marcados por la existencia de fuerzas políticas muy preponderantes, donde se impone una mayoría. Eso no ocurre en Chile porque las fuerzas están fragmentadas. Y eso, que podría ser complejo y lo es, nos obliga a hacer pactos" dice la politóloga. "Cada proceso en Latinoamérica tiene algo que lo hace único. En el caso chileno que todas, o gran parte de las fuerzas políticas hayan acordado un cauce institucional a la crisis es algo que lo hace único", remata Henríquez.

Entrevista exclusiva del presidente de Chile, Sebastián Piñera, con la BBC. En medio de la crisis política y social más profunda de los últimos 30 años en Chile, Piñera habla de su decisión de decretar estado de emergencia y de sacar a los militares a la calle, entre otros temas.

Chile: adiós a la Constitución de Pinochet… ¿para siempre?

La dictadura militar chilena, también denominada Régimen Militar, ? fue el régimen dictatorial establecido en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, y por extensión al período de la historia chilena en que dicho gobierno estuvo vigente. Por abrumadora mayoría, Chile decidió poner punto y final a la Constitución de 1980, elaborada en plena dictadura de Pinochet. Pero a la hora de diseñar una nueva se abren nuevos desafíos.

Con más de 78% de los votos, la victoria del "Apruebo" se impuso de manera contundente en Chile. Este resultado marca el inicio de un proceso complejo y de muchos retos para la nación sudamericana que ahora se apresta a cambiar la constitución que rige desde 1980 y que fue escrita durante el régimen de Augusto Pinochet. "Un triunfo de la ciudadanía y la democracia", dijo el presidente de Chile, Sebastián Piñera, tras conocer los resultados. Los chilenos votaron también abrumadoramente por la opción de realizar una convención constituyente en la que será el voto popular el que escoja a las 155 personas que redactarán la nueva Carta Magna.

Este proceso es visto como la salida a la crisis social y política que sacude al país desde octubre de 2019, cuando millones de chilenos salieron a las calles para protestar en contra del modelo económico que rige al país y que aseguran que ha generado una profunda desigualdad.

La dictadura militar chilena, también denominada Régimen Militar, fue el régimen dictatorial establecido en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, y por extensión al período de la historia chilena en que dicho gobierno estuvo vigente. Este período se inició con el golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático del presidente Salvador Allende. Las fuerzas armadas y de orden establecieron una Junta Militar de Gobierno presidida por el comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet, quien se convertiría en el líder de la dictadura durante toda su extensión. El resto de la Junta estuvo conformada en sus primeros años por José Toribio Merino, Gustavo Leigh y César Mendoza, en representación de la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros respectivamente. Aunque originalmente tuvo un neto carácter militar, con el paso de los años fueron incorporándose colaboradores civiles al gobierno.

El plebiscito nacional de Chile de 2020, denominado oficialmente Plebiscito Nacional 2020, fue un referéndum convocado en Chile inicialmente para el 26 de abril de 2020 y posteriormente fijado para el 25 de octubre debido a la pandemia de COVID-19, con el objeto de determinar si la ciudadanía estaba de acuerdo con iniciar un proceso constituyente para redactar una nueva Constitución, y determinar el mecanismo para dicho proceso. Fue propuesto por un acuerdo entre la mayoría de los partidos políticos chilenos, anunciado el 15 de noviembre de 2019, tras un mes de protestas en todo el país. Fue el primer plebiscito nacional chileno desde 1989, cuando se realizó un referéndum donde se aprobaron las reformas a la Constitución Política de la República, promulgada en 1980, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet y, por tanto, fue el primero –y hasta el momento, único– celebrado durante los gobiernos democráticos posteriores a 1990. Ha sido el proceso electoral con la mayor cantidad de votos emitidos en la historia del país.

Entrevista con Rolf Luders, ministro de economía de Pinochet: "Se cumplió lo que nuestros profesores de Chicago esperaban que ocurriese".

Las grietas del modelo económico chileno que las manifestaciones dejaron al descubierto:

Un modelo a seguir. Un oasis. Un milagro económico. Son algunos de los elogios que se repetían al hablar del modelo chileno, que con sus brillantes cifras destacaba en América Latina, una región con serios problemas económicos. Pero esa idea se ha ido resquebrajando, cuando miles de ciudadanos se echaron a la calle para protestar por la desigualdad y exigir la puesta en marcha de profundas reformas sociales. El presidente Sebastián Piñera reconoció: "Es verdad que los problemas no se han producido en los últimos días. Se venían acumulando hacia décadas. Es verdad también que los distintos gobiernos no fueron y no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud".

Ofreció un paquete de medidas y cambió su gabinete pero muchos chilenos continuaron en las calles en lo que llamaron protestas transversales, porque era gente de todas las clases sociales la que participaba en ellas. Asimismo, no hay partido político que haya quedado libre de críticas. Los manifestantes acusaban tanto a líderes de izquierda, de derecha o de centro, de no haber construido una sociedad con mayor justicia social. El modelo económico del país sudamericano se puso en el centro del debate. ¿Pero cuáles son los pilares de ese modelo que antes era considerado exitoso y hoy se critica? Para explicarlo, hay que ir atrás en el tiempo.

Augusto Pinochet fue designado comandante en jefe del Ejército de Chile el 23 de agosto de 1973 por el presidente Salvador Allende, en reemplazo del renunciado general Carlos Prats. El 11 de septiembre del mismo año, en medio de una crisis política, económica y social, dirigió un golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático de la coalición de partidos políticos de izquierda denominada Unidad Popular, poniendo fin al período de la República Presidencial.

En 1970, Salvador Allende se convertía en el primer socialista electo del mundo e intentó instaurar en Chile un modelo con medidas como la reforma agraria y nacionalización de empresas privadas. Pero el 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet derrocó su gobierno con un golpe de Estado. Para entonces, producto de toda la crisis, la economía estaba colapsada y la inflación por los cielos: rozaba el 500%, según los datos del Banco Mundial. Pinochet implementó una fórmula económica diametralmente opuesta a la de Allende: el país fue como una especie de laboratorio del neoliberalismo en la región. Algo considerado tan polémico como revolucionario en su momento. El encargado de ejecutar esta estrategia económica fue un grupo de graduados de la Universidad de Chicago, que luego sería bautizados como los Chicago boys. Y así fue como comenzó la liberación financiera, se relajó el control estatal de la economía y se llamó a la inversión extranjera. La privatización fue uno de los pilares del modelo de Pinochet: con la creación de la nueva Constitución política de Chile, servicios básicos como la luz y el agua potable pasaron a manos privadas. También hubo una fuerte privatización en áreas como la educación y la salud.

La histórica marcha de más de un millón de personas que tomó recientemente las calles de Santiago.

Con algunos altibajos, la fórmula económica parecía funcionar. O al menos eso decían las cifras macroeconómicas. El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita chileno comenzó a despegar. El ascenso fue casi constante y muy superior a la media de América Latina.

En 1990, con el retorno de la democracia en Chile, el modelo neoliberal continuó. Aunque hubo reformas sociales importantes: se introdujeron seguros de salud universal, de desempleo y mejoras en la educación pública. Estas medidas ayudaron a reducir la pobreza. En el año 2000 el 30% de la población vivía con US$5,5 al día y para el 2017 eran el 6,4%. También se mejoraron indicadores como la mortalidad infantil que pasó de ser de 16,2 por cada mil nacidos vivos a 6,2 en la actualidad, según datos el Banco Mundial. Aunque de acuerdo a un reporte de la Organización Mundial de la Salud de 2005, ese decrecimiento de mortalidad infantil se vio fundamentalmente en los hogares con mayor nivel de educación e ingresos. Durante este período también se dio paso a más privatizaciones de otros servicios públicos, como la llamada "concesión" de las carreteras. En muchos chilenos comenzó a germinar la idea de que Chile, más que un país, era una empresa privada.

Así llegamos a la situación actual. El aumento del precio del metro, que fue lo que al principio motivó las actuales protestas, ha destapado lo que podríamos llamar la "caja de pandora" del descontento de los chilenos. Según diversos analistas, había una expectativa entre los chilenos de que la riqueza que mostraban los indicadores macroeconómicos y el gran crecimiento de sus empresas repercutiera en todos los sectores.

Cuando llegas al final de la vida, y haces sumas y restas, te das cuenta que no tienes nada, las pensiones en Chile eran una de las problemáticas detrás de las protestas.

Pero eso no llegó. Y ningún partido o líder político fue capaz de diagnosticar el hartazgo de millones de chilenos. Los indicadores macroeconómicos de Chile iban en ascenso y por eso era visto como un modelo exitoso. Pero esas cifras macroeconómicas escondían lo que había estado ocurriendo debajo de las élites económicas. Los chilenos se sienten "abandonados" por el Estado y denuncian "abusos" del sistema. Aseguran que hoy su país es tremendamente desigual.

"Las personas perciben discriminación por su origen racial, por su color de piel, por el lugar de donde vienen", plantea la politóloga y presidenta de la fundación Chile 21, Gloria De la Fuente. Según reveló la última edición del informe Panorama Social de América Latina elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el 1% más adinerado del país acumuló en 2017 el 26,5% de la riqueza, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1% de la riqueza neta del país. El 50% de la población activa percibe un salario de US$550 al mes, según la Encuesta Suplementaria de Ingresos elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) , mientras que el sueldo mínimo actual es de US$414. Esto, si se compara con otros países de América Latina, podría no parecer poco dinero, pero con los precios de Chile, los expertos subrayan que es difícil llegar a fin de mes.

Se trata de un modelo económico donde el Estado interviene poco, porque el mercado rige. Si se necesita un servicio, se debe pagar por él. Por ejemplo, la salud pública no es de calidad ni cubre todas las enfermedades, por lo que el 20% de la población usa la medicina privada. El precio de los medicamentos es también elevado. El costo promedio de la venta a público de un fármaco en Chile es de US$9,3, un 23% más bajo que en el resto de Latinoamérica. Pero el precio promedio de los medicamentos originales (no genéricos) es de US$28,5, el más alto de la región, según un estudio hecho por la consultora estadounidense IMS Health (IQVIA) y publicado en 2018.

La movilidad social es una promesa incumplida para muchos chilenos. Por recomendación de un panel de expertos del Transporte Público, el gobierno del presidente Sebastián Piñera decidió subir el precio del pasaje del Metro en 30 pesos, llegando a un máximo de 830 pesos (US$1,17 aproximadamente). A modo de protesta, estudiantes comenzaron a realizar "evasiones masivas" en el metro, levantando torniquetes para ingresar a los andenes sin pagar. La situación fue agravándose cuando la violencia se tomó las calles de la capital chilena, Santiago, con quema de diversas estaciones de metro y buses, saqueo de supermercados y ataques a cientos de instalaciones públicas. El presidente Piñera se vio forzado a ceder y anunció el sábado 19 de octubre la suspensión del alza en la tarifa del metro afirmando que había escuchado "con humildad la voz de la gente".

Sin embargo, ninguna de estas medidas y anuncios atenuó la furia de los chilenos. Al día siguiente, ciudades como Santiago, Valparaíso y Concepción amanecieron con graves daños en edificios y espacios públicos, además de paros en puertos y cortes de carretera. Las autoridades extendieron el toque de queda en la Región Metropolitana de Santiago, desde las 19:00 hora local (22:00 GMT) hasta las 6:00 (09:00 GMT) del lunes; y en las regiones de Concepción y Valparaíso, desde las 20:00 hasta las 6:00 del lunes. Además, se suspendieron las clases del lunes en Concepción y en 43 comunas de Santiago.

Poco después, el ejército de Chile también anunció toque de queda desde las 20:00 del domingo hasta las 6:00 del lunes en las ciudades de Coquimbo y La Serena, ubicadas a unos 470 km al norte de Santiago; y en Rancagua, unos 90 km al sur de la capital. Pese a todo, las manifestaciones no parecían apaciguarse.

El gobierno chileno confirmó la semana pasada la muerte de al menos 18 personas durante las protestas.

Si bien la educación superior es gratuita para el 60% de los estudiantes, es más difícil llegar a la universidad si antes no se paga por una buena educación privada. Hay poca movilidad social y este es otro efecto de la desigualdad. "La capacidad de desarrollo de la gente está limitada por el apellido que tiene, por el lugar donde vive, por el colegio que puede pagar o no pagar para sus hijos, y esa es el promesa en el fondo incumplida", le dice De la Fuente a BBC Mundo. El sistema de pensiones es otro de los temas qué más se ha reclamado en las últimas protestas. Se trata de un fondo privado al que aporta el propio empleado. No los empleadores. Un pensionado en Chile recibe un promedio de US$286 al mes, muy por debajo del salario mínimo. Pero hay otros, quienes tras cotizar 30 años o más, reciben US$1.000 al mes.

Así, las grietas del modelo económico chileno, que se ponía como ejemplo de desarrollo en toda la región, quedaron al descubierto con esta crisis. Debajo del éxito de las cifras macroeconómicas se escondía un descontento acumulado. Hoy se ha traducido en un estallido social al que se le intenta dar salida.

Con respecto a la composición étnica de Chile, el Estado no hace clasificaciones étnicas de la población y, más bien, la considera un grupo étnicamente homogéneo. No obstante, existen fuentes que consideran que el grueso de la población chilena pertenece a dos grandes grupos étnicos, blancos y mestizos, que juntos constituyen el 88,92 % de la población.

Los pueblos indígenas de Chile son los pueblos amerindios y uno polinesio que habitan o habitaron el actual territorio de ese país desde antes de la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. De estos pueblos prehispánicos, varios han seguido existiendo hasta el siglo XXI, pero otros se han extinguido o han sufrido disminuciones irreversibles en sus poblaciones porque sus miembros abandonaron su cultura y se integraron a la cultura dominante, o porque murieron a causa de nuevas enfermedades, guerras y genocidio.

"No es por 30 pesos, es por 30 años". Esta frase se ha repetido en diversas ocasiones desde que estalló la crisis social que tiene a varias ciudades de Chile en estado de emergencia. Es una oración que, sin duda, explica parte del profundo malestar que hay detrás de las violentas protestas ocurridas durante el fin de semana en el país sudamericano. Y es que centenares de chilenos dicen que el alza de la tarifa del metro en 30 pesos fue solo la "gota que rebalsó el vaso". Prueba de ello es que el anuncio del presidente Sebastián Piñera de suspender el incremento en el precio del transporte público, no calmó en lo más mínimo a los manifestantes.

Al contrario, las protestas se tornaron más violentas, con saqueos a supermercados, quema de una decena de estaciones de metro y buses, y ataques a cientos de instalaciones públicas.

Muchos chilenos dicen sentirse "abusados" por un modelo económico que no cumple con los estándares de una sociedad "justa". Pero ¿cuáles son estas "deudas sociales" por las que reclama parte de la sociedad chilena?

1. El sistema de pensiones:

El sistema de pensiones que actualmente rige en ese país—creado en 1982, durante el gobierno militar liderado por Augusto Pinochet—, ha sido fuertemente criticado por diversos actores sociales y también defendido por otros. En palabras simples, el mecanismo provisional chileno es suministrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que son instituciones financieras privadas que se encargan de administrar los fondos de cuentas individuales de ahorros para pensiones. Se basa en que cada persona ahorra una parte de sus ingresos para sostener una pensión al momento de su jubilación. Pero este sistema no ha cumplido con las expectativas de los chilenos. Se ha dicho que el modelo no es capaz de entregar "pensiones dignas", y que ha colaborado con la concentración de la riqueza y con la desigualdad del ingreso. Incluso el propio presidente Piñera, durante su primer mandato en 2013, dijo: "Cuando se diseñó este sistema de pensiones, lo que se buscaba era que las personas pudieran jubilar con una pensión que fuera el 70% del sueldo de los últimos cinco años y eso no está ocurriendo". Los cuestionamientos a este modelo —que, precisamente, fue ideado por el hermano del presidente chileno, José Piñera— han aumentado ostensiblemente en los últimos años, provocando grandes manifestaciones en contra. En 2016, salieron a protestar a la calle unas 600.000 personas que exigían el fin de las AFP.

Una de las agrupaciones que ha liderado estos reclamos se llama "No+AFP". Para ellos, las administradoras de pensiones en Chile "son bancos encubiertos de los empresarios más ricos de nuestro país". "(Utilizan) los fondos previsionales para que estos puedan expandir sus inversiones y concentrar aún más el capital en pocas manos", dicen. Bettina Horst, subdirectora del centro de estudios chileno Libertad y Desarrollo, no comparte esta consigna aunque reconoce que efectivamente se ha instalado un discurso en contra de las AFP. "Cuando se habla de que las AFP nos están robando los recursos, no es así; ni una AFP ha robado ni un peso . Pero está instalado de que las AFP nos roban", explica. Por su parte, la cientista política y presidenta de la fundación Chile 21, Gloria de la Fuente, explica que los reclamos tienen que ver con que "las personas en este país pueden trabajar toda su vida, cotizar toda su vida, y recibir una miseria". "El 80% de las personas en Chile recibe pensiones que son menores al sueldo mínimo", explica.

Actualmente, hay una reforma al sistema provisional en el Parlamento de Chile. El proyecto de ley —una de las promesas de campaña de Piñera— fue ingresado en noviembre de 2018 y busca, a grandes rasgos, aumentar el ahorro previsional de los trabajadores mediante el aporte adicional y mensual del 4% del sueldo de cada trabajador, financiado por los empleadores. La iniciativa, sin embargo, genera dudas en asociaciones como "No+AFP" y en sectores políticos de oposición.

"No más humillación para nuestros abuelos", decían las consignas de una de las manifestaciones en contra del sistema de pensiones actual chileno.

"La reforma de este gobierno no soluciona el problema, ni ahora ni cuando esté en régimen -en 48 años más-. Debemos actuar hoy para los nueve de cada diez pensionados que reciben menos de 300.00 pesos como jubilación", dijo el diputado del partido Revolución Democrática, Giorgio Jackson. Para De la Fuente, estas últimas manifestaciones representan un "punto de inflexión" y, por lo mismo, la discusión en torno a las pensiones va a tener que cambiar. "Si antes estaba centrada en si manteníamos o no el sistema de AFP, ahora el foco va a ser cómo hacemos para que las personas se jubilen de una manera digna", dice.

Con esto, se podría abrir el debate respecto a otro de los sistemas que ha sido cuestionado en Chile: el sistema tributario. "En este país, la política redistributiva no logra romper con la desigualdad. Y con este sistema tributario, el calculo que hacen varios economistas es que al final terminan pagando menos, y no más, las personas más ricas", explica De la Fuente.

2. Salud y desprotección:

El sistema de salud chileno está compuesto por un modelo de atención mixto. Por una parte, está el seguro público denominado FONASA (Fondo Nacional de Salud) y, por otra, uno privado llamado ISAPRE (Instituciones de Salud Previsional). Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), las personas afiliadas a FONASA alcanzan el 80%, mientras que las que tienen acceso al sistema privado de ISAPRE representan menos del 20%. Y, aunque el seguro público ha mostrado mejoras en los últimos años, aún tiene muchos asuntos pendientes. Entre ellos, la ausencia de hospitales y especialistas, la atención primaria de salud para prevenir enfermedades y la necesidad de reducir las listas de espera que, durante los últimos años, ha aumentado a casi dos millones de personas. Por su parte, en las Isapres los reclamos tienen que ver con el alza de precios de los planes de salud, la baja cobertura, las preexistencias y el acceso restringido a centros de salud.

El presidente Sebastián Piñera se reunió este domingo con los líderes del Parlamento y de la Corte Suprema con el fin de "reordenar prioridades" y contener el estallido social.

En un discurso en 2018, el presidente Piñera aseguró que "más de tres cuartas partes de la ciudadanía no está satisfecha con la gestión gubernamental en salud y existen razones fundadas para ello". "Ninguno de los seguros de salud está cumpliendo a cabalidad su objetivo y existen deficiencias importantes que subsanar", agregó. Y esta fuerte sensación de desprotección ha generado descontento.

"En Chile solo el 20% de la gente puede pagar por una atención de mejor calidad, pero el 80% de la población tiene que atenderse a través del sistema público. Eso genera una diferencia enorme porque aunque tengamos patologías garantizadas en FONASA, aún muchas no están cubiertas y, además, hay gran lentitud en la atención. La gente está muy desprotegida", explica Gloria de la Fuente. Bettina Horst, de LyD, centro de estudios e investigación privado, en tanto, asegura que aunque en Chile se han inyectado muchos recursos para mejorar la salud, los resultados no son los mejores. "Esto pasa porque los pabellones no son utilizados todo el día, porque las listas de espera aumentan y por un tema de gestión, no se controlan bien los insumos, etc", dice.

3. Transporte público: un problema sin resolverse:

La red de transporte "transantiago" (hoy renombrado como Red Metropolitana de Movilidad) se creó hace 12 años con la promesa inicial de ser un transporte público de calidad, sustentable y sin subsidios estatales. Sin embargo, hoy representa uno de los mayores problemas que enfrenta la capital de Chile, Santiago. Y lo cierto es que, desde su creación, este modelo de transporte nunca ha dejado de recibir críticas. Durante su primer mes de circulación en febrero de 2007 el caos fue total, con graves problemas en cuanto a la instalación de validadores y un error en la programación de estos, lo que obligó a que el sistema fuera gratuito durante su primera semana de operación.

En definitiva, el "transantiago" tenía problemas de planificación, diseño e implementación, generando un colapso total del transporte público. Y las culpas políticas de un lado a otro entre los gobiernos de los expresidentes Michelle Bachelet —que puso en marcha el plan—, y el de Ricardo Lagos —que lo creó— no cesaron. A pesar de varias reestructuraciones, reasignación de recorridos, medidas de contingencia e inyecciones millonarias de inversión a lo largo de estos 12 años, la red de transporte no ha logrado responder de manera eficiente al gran flujo de personas que viaja diariamente dentro de la ciudad.

Largas esperas para abordar buses y el metro, sumado a demoras en los viajes, forman parte de los problemas a los que se enfrenta buena parte de la población. Y, aún así, su precio es caro: según un reciente estudio de la Universidad Diego Portales de Santiago, de un total de 56 países alrededor del mundo, el de Chile es el noveno transporte más caro en función del ingreso medio de sus habitantes. Hoy, el sistema sigue generando déficit (3.000 millones de pesos en 2018) y sus índices de evasión continúan siendo altos: en el segundo trimestre de este año, el porcentaje de evasión fue de un 25,7%. "Estructuralmente, la política pública implementada por Michelle Bachelet fue un error y hoy día estamos pagando las consecuencias", dice la subdirectora de Libertad y Desarrollo. Esto explica, en parte, por qué hubo tanto descontento social cuando la administración de Piñera decidió aumentar la tarifa en 30 pesos.

Desde sus inicios en 2007, el "transantiago" experimentó problemas de planificación, diseño e implementación.

4. Privatización del agua:

Otra de las políticas que genera cuestionamiento entre varios chilenos es el Código de Aguas. El modelo de gestión —que fue establecido en 1981— genera polémica en el país sudamericano pues sus críticos dicen que, si bien reconoce el agua como un bien nacional de uso público, establece que los particulares (o privados) puedan constituir sobre las aguas derechos de aprovechamiento de carácter perpetuo. Además, se alega que es un sistema "absolutamente privado". Rodrigo Mundaca, líder del Movimiento de Defensa del Agua la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima), ha insistido en el cambio de esta regulación y ha señalado públicamente que en Chile no hay sequía sino "saqueo".

Para él, los privados hacen un "aprovechamiento" del agua de tal forma que termina por desabastecer al resto de la población. "Chile es el único país del mundo que mantiene privatizadas sus fuentes de agua desde la dictadura", dice. El activista agrega que "aquí los empresarios pueden comprar, vender o arrendar agua". Hoy, si bien hay una reforma al Código de Aguas en el Parlamento, sus críticos dicen que no es suficiente. Para Mundaca, por ejemplo, la única forma de solucionar este problema es hacer una reforma a la Constitución Política, derogando el artículo 19 numeral 24, que es el que consagra la propiedad privada. Sin embargo, para hacer una reforma a la Constitución en Chile se necesita la aprobación de dos tercios del Senado. Y "esos votos no están", reconoce Mundaca.

5. Educación y la movilidad social:

La demanda por una mejor educación explotó en 2006 con la famosa "revolución pingüina", cuando estudiantes secundarios salieron a las calles a exigir mejoras en esta materia. Luego, en 2011, regresó con aún más fuerza el movimiento estudiantil, marcando la actualidad durante varios meses y presionando al gobierno (el primero de Sebastián Piñera) a hacer cambios de fondo al respecto.

Movilizaciones en Chile exigieron gratuidad y una mejor calidad en la educación en 2016.

Y aunque este petitorio está hoy pasando por un momento de poco protagonismo —en parte gracias a que se logró la gratuidad en la educación superior para el 60% de la población chilena—, la verdad es que expertos coinciden en que aún hay mucho por mejorar en cuanto a la educación en el país. "Cuando la gente accede a la educación superior, lo hace desde un sistema que ya viene haciendo una selección previa. La educación básica y media en Chile son espacios de segregación también porque si puedes pagar por una educación básica de calidad, entonces vas a poder acceder a una educación universitaria de buena calidad que te garantiza movilidad social", explica De la Fuente. "Hay una demanda que está ahí, hoy calmada, pero es un tema que no ha desaparecido porque la promesa de la educación es la movilidad social", agrega. De esta manera, la educación sigue siendo, para muchos, una piedra de tope para avanzar hacia una mejor calidad de vida.

6. Abusos y corrupción:

Colusiones entre empresas para fijar precios de sus productos, evasión de impuestos de grandes compañías y el destape de la corrupción en diversas instituciones son parte de los escándalos que se han apoderado de la portada de los diarios chilenos en los últimos años. "Los abusos están en el medio de este malestar de la gente", dice Gloria de la Fuente. Respecto a la colusión, uno de los casos que generó mayor impacto fue el de las farmacias en 2008.

Según una investigación realizada por la Fiscalía Nacional Económica, tres grandes cadenas —Farmacias Ahumada (FASA), Cruz Verde y Salcobrand— se habían puesto de acuerdo en alzas concertadas en los precios de al menos 222 medicamentos, preferentemente para tratar enfermedades crónicas. Lo mismo sucedió en el caso del papel higiénico, donde dos grandes empresas que controlaban la industria —Papeles Industriales (PISA) y CMPC Tissue— se pusieron de acuerdo para fijar el precio de este producto por más de una década en supermercados, farmacias y cadenas mayoristas. De acuerdo con la investigación, con esta maniobra las empresas ganaron alrededor de US$23 millones cada una. Tanto la colusión de las farmacias como la del papel higiénico impactó profundamente a la sociedad chilena, pues ambos productos son servicios básicos. A estos abusos, se suman los casos de corrupción en la política que marcaron la agenda entre 2014 y 2017.

El hijo de la expresidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos (a la derecha), se vio involucrado en el Caso Caval.

En aquella ocasión, tanto la coalición política de derecha (con el Caso Penta y SQM) como el propio gobierno de Michellet Bachelet (con el caso Caval) estuvieron salpicados por temas relativos a financiamientos ilegales de campañas políticas y boletas falsas. La lista de corrupción siguió en 2018 con el Ejército de Chile, donde se procesó a diversas autoridades por malversación de fondos públicos. Poco tiempo después salió a la luz un fraude en Carabineros, la fuerza policial chilena. Y así, los empresarios, la clase política, el ejército y Carabineros son algunas de las instituciones que han sido fuertemente cuestionadas en Chile en un período de tiempo no demasiado grande.Y como es de esperar, esto provocó un gran malestar entre la gente. "Estamos en una fase de descrédito acelerada de la política y de las instituciones en general. Y cuando tú tienes un problema de confianza en las instituciones, finalmente lo que incubas es un problema de legitimidad de aquellos que te gobiernan. Eso es lo que nosotros no fuimos capaces de solucionar a tiempo, como país", explica Gloria de la Fuente.

Según la cientista política, hoy casi el 80% de las personas dice que la administración del Estado es "corrupta o muy corrupta". "Y hay una sensación de impunidad muy grande. Aunque ha habido gente presa e investigaciones, la sensación es que el que es rico y roba, finalmente no paga", agrega. Por su parte, Bettina Horst matiza que "hoy día la gente se siente frustrada porque, efectivamente, ve corrupción; pero no somos un país corrupto como lo fue en su momento el estallido en Brasil". Horst, sin embargo, agrega que "sí se ha instalado un discurso del abuso, sobre la base de muchas consignas. Tanto la izquierda como sectores de derecha se han subido a un discurso que genera ruptura. Se busca deslegitimizar a las instituciones y creo que eso se ha logrado con fuerza". Sea como fuere, tras los días más violentos desde el retorno a la democracia en Chile, la sensación es amarga. Y, mientras no se aborden parte de estas "deudas sociales", los expertos coinciden en que será difícil calmar la "furia" de los ciudadanos.

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