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El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado
este miércoles otro golpe debilitador al 'Obamacare', la reforma
sanitaria aprobada por Barack Obama que la Administración
de Donald Trump trata de desarticular, incluso en medio de
la pandemia de coronavirus que ya ha contagiado a tres millones
de personas en el país y ha dejado más de 131.000 muertos.
En una votación 7-2, el Alto Tribunal ha ampliado los empleadores
que pueden negarse por motivos religiosos o morales a hacerse
cargo de los anticonceptivos dentro de la cobertura médica
de sus empleadas. La decisión, que según los propios cálculos
del gobierno dejará sin acceso gratuito a métodos anticonceptivos
a entre 70.000 y 126.000 mujeres, representa una doble y bienvenida
victoria para Trump. Por un lado afianza los postulados de
sus votantes conservadores y religiosos y eleva el papel de
la religión en la sociedad estadounidense, más aún en una
jornada donde el Alto Tribunal ha decidido también por 7-2
que profesores en instituciones educativas religiosas no están
amparados por las leyes federales contra discriminación en
el empleo. Por otro lado, el Supremo debilita otro mandato
del 'Obamacare' y de esa manera eleva aún más la tesis del
gobierno de que la ley, ya despojada por el Congreso del mandato
individual que obligaba a tener seguro o pagar una multa,
debe ser completamente anulada. Ese argumento es el que presentó
hace unas semanas la Administración en un caso ante el Supremo
que la corte estudiará en su próxima sesión.
El asalto al 'Obamacare', que podría acabar
dejando sin seguro a 20 millones de estadounidenses, no ha
cejado ni siquiera durante la pandemia, que sigue mostrando
su fuerza en EEUU. Los casos, que este miércoles han superado
los tres millones detectados (casi un cuarto del total mundial)
siguen creciendo en casi 40 de los 50 estados y tienen los
hospitales al límite en lugares como Texas y Florida. Pese
a esa fuerza el presidente Trump insiste en una visión optimista
y en su empeño por un retorno a la normalidad cuyo último
frente son las escuelas. Este miércoles por la mañana lanzaba
en Twitter una amenaza, sin detalles y que es cuestionable
que tenga autoridad para aplicar, de cortar financiación a
quienes no abran. En el mensaje denunciaba también que los
demócratas se niegan a la reapertura antes de noviembre para
dañarle en las elecciones.
Además, en otro tuit mostraba su discrepancia
con las directrices que los Centros de Control y Prevención
de Enfermedades (CDC) han elaborado para esa reapertura de
escuelas, asegurando que son "muy duras y caras" y obligan
a los colegios a hacer "cosas imprácticas".
Horas después, en una rueda de prensa del grupo
de trabajo de coronavirus de la Casa Blanca, el director de
los CDC, Robert Redfield, minimizaba el peso de sus propias
directrices subrayando que "son recomendaciones, no requerimientos".
Como parte del empeño de Trump y como método
de presión a universidades y centros de educación superior
para que también abran las aulas se ha interpretado el veto
que su Administración ha anunciado para estudiantes extranjeros
en campus que han organizado el próximo semestre exclusivamente
online. Dos de esas universidades, Harvard y el MIT, anunciaban
este miércoles que han presentado una demanda contra la decisión.
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La Ley de Protección al Paciente y Cuidado de
Salud Accesible (en inglés, Patient Protection and Affordable
Care Act, abreviada PPACA), llamada Obamacare (Obamacuidados)
por los medios estadounidenses y reforma sanitaria de Obama
por los hispanohablantes, fue promulgada con carácter de ley
por el presidente de los Estados Unidos Barack Obama el 23
de marzo de 2010. Junto con la Health Care and Education Affordability
Reconciliation Act of 2010, esta ley es el resultado del programa
de reforma de la salud del congreso con la entonces mayoría
del Partido Demócrata y de la administración Obama. La ley
exige a la mayoría de los adultos no cubiertos por un plan
de salud, ya sea proporcionado por sus empleadores o patrocinado
por el gobierno, que mantengan una cobertura, arriesgándose
en caso contrario a ser penalizados con una multa. Este tipo
de exigencia es comúnmente llamada mandato individual. Quienes
ganen por debajo del cuádruple del umbral de pobreza (US$92,200
al año para una familia compuesta por cuatro personas) recibirán
créditos fiscales con el fin de subvencionar el pago del seguro
de salud. La elegibilidad de Medicaid, el programa de salud
de los Estados Unidos para personas de bajos recursos, se
amplía para incluir a personas que ganen hasta el 133 % del
umbral de pobreza.
Sin embargo, debido a que Medicaid es administrado
por cada estado, los mismos pueden optar, individualmente,
por no ampliar dicho programa. La ley afecta a ciertos aspectos
de la industria privada de los seguros de salud y los programas
de salud públicos. Prohíbe a las compañías de seguros tener
en cuenta condiciones preexistentes o el sexo, exigiéndoles
otorgar cobertura a todos los solicitantes y a ofrecer las
mismas tarifas sin importar su estado de salud o sexo. Además,
esta ley busca ampliar la cobertura para incluir a 30 millones
de estadounidenses no asegurados, gracias a sus subvenciones,
la expansión de Medicaid y por un aumento previsto del número
de seguros de salud suscritos con arreglo al llamado mandato
individual. La Oficina Presupuestaria del Congreso de Estados
Unidos proyectaba que esta ley reduciria tanto los déficit
futuros como los gastos de Medicare. Esta ley había sido elaborada
originalmente por el Senado como una alternativa a la Affordable
Health Care for America Act, que había sido aprobada por la
Cámara de Representantes dos meses antes, el 7 de noviembre.
No obstante, tras el fallecimiento del senador Edward Kennedy
y la conquista de dicho escaño por el republicano Scott Brown
el 19 de enero de 2010, el Partido Demócrata había perdido
su mayoría cualificada; y la Cámara de Representantes decidió
aprobar la versión del Senado y enmendarla con un tercer proyecto
de ley. Esto permitió que el Senado aprobase las enmiendas
mediante un procedimiento de reconciliación por mayoría simple.
Barack Obama firmando la ley en la Casa Blanca.
El tema de la reforma del sistema de salud fue
motivo de discusión durante la campaña de las elecciones primarias
del Partido Demócrata en 2008; a medida que la competencia
se intensificó, la atención pública se enfocó en las propuestas
de los dos candidatos principales, los senadores Hillary Clinton
y Barack Obama. Cada candidato proponía un plan para cubrir
a los casi 45 millones de estadounidenses que se estima carecen
de seguro de salud. Una diferencia sustancial entre los dos
planes fue que Clinton proponía exigirle la contratación de
cobertura a todos los estadounidenses, mientras que Obama
proponía un subsidio pero no la creación de una exigencia
directa.
Durante la campaña de las elecciones generales,
entre Obama y el senador republicano John McCain había más
discusiones por la guerra de Iraq y la economía que por el
tema de la salud. Sin embargo, tras la elección, Obama anunció
en una sesión plenaria del Congreso en febrero de 2009 que
habría de iniciar un camino con el Congreso para lograr un
plan de reforma del sistema de salud. En julio de 2009 una
serie de proyectos de ley fueron aprobados por las comisiones
de la Cámara de Representantes. Durante el receso parlamentario
de agosto, muchos legisladores visitaron sus distritos y mantuvieron
reuniones a nivel local para solicitar la opinión pública
sobre las propuestas. Durante el receso de verano, las protestas
organizadas por el Tea Party Movement y muchos grupos conservadores
apuntaron contra las reuniones locales para hacer oír su voz
de oposición a la reforma propuesta. En respuesta a la oposición,
el presidente Obama pronunció una alocución ante el Congreso
para defender su reforma, y volvió a definir sus pautas. El
7 de noviembre la Cámara de Representantes aprobó la Affordable
Health Care for America Act por 220 votos contra 215 y la
pasó al Senado para su aprobación. Pero el Senado no debatió
este proyecto aprobado por los diputados, y en vez de ello
retomó el proyecto de la H.R. 3590, referido a exenciones
impositivas.
La Ley de Protección al Paciente y Cuidado
de Salud Accesible fue aprobada por el Senado el 24 de diciembre
de 2009 por 60 votos a favor y 39 en contra, y pasó a la Cámara
de Representantes el 21 de marzo de 2010, donde recibió 219
votos a favor y 212 en contra; ningún representante republicano
la votó en ninguna de las dos cámaras. Al momento de la votación,
además, había 4 curules vacantes en la Cámara de Representantes.
A fines de junio de 2012, la Corte Suprema de
los Estados Unidos ratificó la constitucionalidad de esta
ley, por 5 votos contra 4, siendo decisivo el voto del juez
John Roberts.
El éxito de las políticas sociales y de los
programas de promoción de la salud dependerá de comprender
el contexto cambiante del proceso migratorio. El presidente
Donald Trump había sometido su proyecto de reforma penitenciaria
en el inicio de su gobierno con la finalidad de derogar y
reemplazar el Obamacare. En marzo del 2017, los republicanos
de la Casa de Representantes no pudieron ponerse de acuerdo
y el proyecto fracasó. El Partido Republicano ha retirado
el proyecto de ley de Trump que debía reemplazar el actual
sistema médico por falta de apoyos en la Cámara de Representantes.
Sobre lo ocurrido en el Congreso, el analista y experto en
Políticas Públicas, Geovanny Vicente Romero, opina que es
el momento para que Trump se muestre como un "buen negociador"
a la hora de promover su proyecto sanitario.
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