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Se cumplen cinco años de la firma del Acuerdo
de Paz en Colombia entre la exguerrilla de las FARC y el Estado
colombiano. Los balances están a la orden del día, algunos
positivos, otros negativos. Algunos buscan culpables, otros
narran las fallas objetivas. Lo cierto es que la conclusión
general es que las cosas mejoraron en términos comparativos,
pero, todo pudo salir mejor. Las cinco colusiones son las
siguientes:
1. De los 281 municipios del posconflicto, cerca
de 140 han caído en una nueva ola de la violencia, los demás,
lograron salir de los 50 años de conflicto armado. Esta nueva
ola de violencia no es política, es, sencillamente, criminal.
El país tardará varios años en salir de ella. El pacífico
Colombia, así como la región que va desde el Nudo de Paramillo
hasta el Catatumbo y la frontera entre Colombia y Venezuela
son los escenarios de esta ola de violencia.
2. El Gobierno del presidente Iván Duque paralizó,
en algunos casos, la implementación del acuerdo de paz y en
otros, abiertamente lo saboteó. Al final, las consecuencias
es que las causas estructurales de la violencia en Colombia
no fueron modificadas y por ello se incubó está nueva ola
de violencia. El gran culpable del actual deterioro de la
violencia en Colombia es el uribismo.
3. El Gobierno Duque, para aparentar una implementación
del acuerdo de paz ante la comunidad internacional, decidió
entenderlo como reincorporación y algunas pequeñas obras de
infraestructura en zonas afectadas por la violencia. Pero
no se avanzó en temas de reforma política, muy poco en los
asuntos rurales y se saboteó abiertamente la sustitución de
economías ilegales. No debe olvidarse que las diferentes olas
de violencia en Colombia responden a tres causas estructurales:
acceso y uso del suelo, exclusión en la participación política
y democracia social y economías de guerra. El acuerdo de paz
intentaba mitigar estos tres factores.
4. A pesar de intento de saboteo del gobierno
de Iván Duque y, en general, del uribismo, contra el sistema
de justicia transicional, dichas acciones fracasaron. Los
avances en la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión
de la Verdad y la Unidad de búsqueda de personas dadas por
desaparecidas, es importante y comenzarán a salir desde el
próximo año. Se vendrán sentencias importantes de la JEP.
Muchos contienen la respiración ante los pronunciamientos
judiciales.
Iván Duque, 41.er Presidente de la República
de Colombia, desde el 7 de agosto de 2018.
5. El Estado colombiano no cumplió lo que firmó.
El problema de fondo es que tanto la guerrilla del ELN, como
otros grupos armados ilegales, no tiene confianza para que
en el futuro se logren iniciar conversaciones de paz. Igual
se puede decir con la comunidad internacional. El Gobierno
Duque provocó que Cuba ingresara, nuevamente, a la lista de
países que apoyan el terrorismo porque La Habana decidió cumplir
los acuerdos que se establecieron entre el Estado Colombiano
y la guerrilla del ELN, es decir, en la medida que el gobierno
cubano no quiso incumplir los acuerdos, lo cual era una petición
del Gobierno colombiano, la consecuencia fue el ingreso de
Cuba a esa lista. El desastre de la política internacional
es profunda en esta Administración.
En fin, el Gobierno de Duque hizo todo lo posible
para que el proceso de paz fracasara, pero fue la comunidad
internacional, las organizaciones sociales y el mundo campesino
que se empeñó en que se avanzara y que el país no fracasara
en su intento de construir una sociedad en paz. Por ello,
el balance es agridulce. Una metáfora que se puede utilizar
es que Colombia, si hubiera cumplido el acuerdo de paz, pudo
haber subido diez escalones, pero solo subió cuatro, quedaron
haciendo falta seis. Sin lugar a dudas este país está mucho
mejor que hace dos décadas, pero aún nos queda un largo recorrido
doloroso por transitar.
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En medio de la crisis del Covid-19, se dejó
ver lo incoherente e ineficaz de la política exterior colombiana.
En Marzo de 2020, la Oficina de la Alta Comisionada para los
Derechos Humanos sacó su informe anual. En él, Colombia quedaba
mal parada, pues era claro que la situación de seguridad en
el país se estaba deteriorando. No debe olvidarse que la seguridad
fue la principal bandera durante la campaña política de 2018.
El resultado, luego de 18 meses de gobierno, era un deterioro
increíble. El Gobierno colombiano acusó a la ONU de indebida
injerencia en la soberanía nacional.
Días más tarde, salió el informe del relator
para defensores y defensoras de derechos humanos de la Naciones
Unidas, Michel Forst. Allí, quedaba claro que Colombia es
el país de la región donde más se asesinan líderes sociales.
Además, mostraba que los niveles de impunidad son particularmente
altos. Nuevamente, el Gobierno colombiano hizo un gran escándalo.
Pero lo más complicado se supo horas después de publicarse
el documento: al señor Michel Forst no se le permitió regresar
al país en 2019 para terminar su informe, su primera visita
fue a finales de 2018. Aunque el relator buscó que lo invitaran,
siempre el Ejecutivo colombiano esquivó esa petición. Este
tipo de comportamiento solo lo tienen Gobiernos con democracias
débiles o abiertamente autoritarios.
Horas después de estas dos reacciones del gobierno
ante los dos informes en materia de derechos humanos, el presidente
Iván Duque se reunió con el secretario general de las Naciones
Unidas, António Guterres. Allí, el presidente intentó rebajar
la tensión y anunció un acuerdo de cooperación con las Naciones
Unidas. Todo esto ocurrió en unos cuantos días. El mundo diplomático
en Colombia dice no entender nada. De hecho, calificaron la
política exterior colombiana como caótica y errática.
Un agente de la policía disparó gas lacrimógeno
el miércoles en Bogotá durante las protestas que dejaron al
menos 24 muertos y 87 desaparecidos en Mayo de 2021.
Pero la cereza en el pastel estaba por llegar.
El presidente Iván Duque anunció el cierre de la frontera
entre Colombia y Venezuela. Horas después había una verdadera
crisis humanitaria, centenares de personas pasaban por las
trochas o caminos ilegales. La frontera entre ambos países
tiene una extensión de poco más de 2.200 kilómetros, hay más
de 150 trochas, todas ellas controlados por las 28 estructuras
armadas ilegales que están en el espacio fronterizo. Cada
vez que cierran los puentes fronterizos legales, se da una
bonanza económica para estas estructuras, pues aumenta el
cobro por persona que quiera pasar. De tal forma que el cierre
no contuvo el Covid-19. La única forma de contenerlo es garantizando
la coordinación entre ambos Estados o al menos entre las autoridades
sanitarias de ambos Estados. Aun así, y a pesar de una posible
crisis, el Gobierno colombiano sigue hablando de un presidente
interino, Juan Guaidó, que en la vida real no existe. Toda
la política exterior colombiana gira en torno a Venezuela,
al respaldo a un presidente interino que no controla nada,
mientras que la frontera es un verdadero caos. En otro tiempo,
en las épocas de Álvaro Uribe, era común ver estos ataques
vehementes a la comunidad internacional, pero nunca se llegó
a las actuales circunstancias. Además, en ese momento, Uribe
tenía el 80% de aprobación, actualmente Duque ronda el 23%.
Es decir, hay un gran ridículo internacional y una crisis
política interna.
Al final, se puede decir que la política exterior
de Colombia es un gran fiasco. Carece de dosis de realismo,
de un horizonte común y sobre todo de alguien que la lidere.
Pareciera que la política doméstica lo rige todo y el ala
radical del partido de Gobierno controla la Cancillería. No
se piensa con criterio de Estado sino de venganza partidista.
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El Ejército de Liberación Nacional (ELN), es
una organización guerrillera insurgente y terrorista colombiana
de extrema izquierda y de orientación revolucionaria que opera
en Colombia y Venezuela. Se define como de orientación marxista-leninista
y pro-revolución cubana. Desde su conformación en 1964 es
un actor del conflicto armado interno en Colombia. El ELN
es considerado un grupo terrorista por Colombia, Perú, Estados
Unidos, Canadá y la Unión Europea. Los gobiernos de algunos
países como Nicaragua, Brasil, Argentina y hasta 2018, Ecuador,
no lo consideran ni terrorista ni beligerante. Brasil y Chile
no le aplican esta calificación. En 2008 el presidente venezolano
Hugo Chávez solicitó a los países de Latinoamérica y de Europa
que se le otorgará estatus de grupo beligerante al ELN, beligerancia
que no es reconocida pero sí tenida en cuenta por la ONU,
el Parlamento Latinoamericano, y otros países que no le consideran
terrorista, como Cuba, Dinamarca, Francia, Rusia, China, Vietnam,
Suecia, Noruega, Indonesia y Kirguistán, entre otros. Desde
el rompimiento de los diálogos de paz con el ELN, producto
del atentado contra la escuela de policía General Santander
el 17 de enero de 2019, el gobierno de Iván Duque declaró
esta guerrilla como Grupo Armado Organizado (GAO), cuyos integrantes
se pueden desmovilizar para ser juzgados por delitos políticos.
Ituango es una población de Antioquia, en la
cordillera occidental de Colombia, que es sinónimo de éxodo
interminable que enfrentan sus pobladores, que han vivido
en un eterno desplazamiento por diferentes grupos armados.
A mediados de 2021, más de 3.700 campesinos huyeron de la
muerte decretada por el grupo paramilitar del Clan del Golfo
y las disidencias de las FARC. En chivas (autobuses) o a pie,
con sus colchones y mascotas, en medio de fuertes lluvias
que habían destruido las ya maltrechas vías de la población.
Desde el municipio, sus líderes lanzaban un SOS desesperado
al Gobierno de Iván Duque, esperando su ante la crisis humanitaria
que vivian. El desplazamiento comenzó el jueves 22 de julio,
pero no fue hasta el lunes siguiente en la tarde que logró
aterrizar un helicóptero de la Gobernación de Antioquia y
del Ejército con alimentos y frazadas. “Los campesinos están
albergados en los colegios y ya hay desabastecimiento de alimentos
y de colchones”, contaba el líder comunitario, Edwin Úsuga.
El líder agregó que había un brote de covid-19
en uno de los albergues y alertaban del temor a la expansión.
No está claro aún qué ocasionó la orden de desplazar a los
campesinos. No se han registrado combates en la zona, pero
el riesgo estaba advertido. La Defensoría del Pueblo de Colombia
había expedido una alerta temprana, mecanismo para llamar
la atención de las autoridades, sobre las amenazas contra
sus pobladores que van desde ser asesinados, desaparecidos,
desplazados, confinados y obligados a ejecutar trabajos forzosos.
“El escenario de riesgo se configura a partir de la expansión
y puesta en marcha de las AGC [Autodefensas Gaitanistas de
Colombia o Clan del Golfo], la presencia de otras estructuras
ilegales presuntamente asociadas con el Bloque Virgilio Peralta
Arenas y la expansión del Frente 18 Román Ruíz”, se leyó
en el documento de la Alerta temprana que hace referencia
a los diferentes grupos armados que operan en la zona.
Los campesinos optaron por el desplazamiento
para salvar su vida. Y no era la primera vez. Desde la firma
del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la extinta guerrilla
de las FARC se han presentado cinco éxodos masivos que han
aumentado el número de víctimas. El último, ocurrido en febrero
de 2021, afectó a las mismas veredas que hoy se desplazan.
En ese momento, los campesinos regresaron a pesar de no tener
las garantías para su retorno y ahora vuelven a dejarlo todo.
La historia de Ituango comienza con los primeros
conquistadores españoles que llegaron al lugar, primero Francisco
César en 1537, y luego Juan de Badillo en 1538 (Colón llegó
a América en 1492). Ambos partieron de su sede en San Sebastián
de Urabá (cerca del hoy municipio de Necoclí); cada uno remontó
el río Sinú hasta su nacimiento, y ambos, cada uno en su momento,
penetraron luego en la comarca de Ituango. Los indígenas habitantes
la región de Ituango de las etnias catía y nutabe comenzaron
a ser apaciguados y cristianizados a partir de 1566.
De acuerdo con la ONG Coordinación Colombia
Europa Estados Unidos (Coeruropa), el crecimiento y poder
de esos grupos tiene que ver con el “incumplimiento premeditado
de los Acuerdos de Paz en esta región”. “Pese a los múltiples
llamados que han realizado líderes y lideresas de Ituango,
el Gobierno nacional y local siguen haciendo caso omiso al
reclamo de nuestro derecho a la paz”, aseguró la ONG en un
comunicado.
Ituango es un municipio cafetero, de topografía
intrincada y apetecida por los grupos armados como ruta de
narcotráfico. Su historia es también la del círculo vicioso
de la guerra en Colombia. En la década de los ochenta tenía
presencia la guerrilla de las FARC; a finales de los noventa
las Autodefensas disputaron el territorio y cometieron las
masacres de El Aro y La Granja, cuando 200 paramilitares torturaron
y asesinaron a 15 campesinos en las calles del municipio.
Los grupos paramilitares se desmovilizaron en 2004 pero se
reciclaron con otros nombres. También lo hicieron las FARC
en 2016, después de años de dominar el territorio. Y ahora
las disidencias de esa guerrilla, integradas por aquellos
que no se sumaron al proceso de paz, se pelean el territorio
con grupos como el Clan del Golfo o las Autodefensas Gaitanistas.
Sus objetivos son los campesinos y los excombatientes que
se mantienen firmes en el proceso de paz.
En la zona se instaló uno de los Espacios Territoriales
de Capacitación (ETCR), donde los exguerrilleros de las FARC
debían hacer su tránsito de reinserción a la sociedad. Pero
ante el asesinato de al menos 15 de ellos, además de varios
de sus familiares, 100 excombatientes tuvieron que desplazarse.
En julio de 2020, el Gobierno de Iván Duque los reubicó en
otro municipio, a unas 20 horas de Ituango, para continuar
con su proceso de reincorporación. Desde ese momento, varios
pobladores de Ituango temían que una vez se hiciera el traslado,
se llevarían también el puesto de salud, y el Estado volvería
a abandonarlos a su suerte. Para Coeuropa, “desde mediados
de los años 90 no se veía una situación tan compleja”. Por
eso instan a que el Estado brinde asistencia humanitaria y
que dé garantías para que los campesinos puedan retornar con
seguridad. Para la ONG, no hay una intención de “impedir que
se repitan estos hechos de violencia”.
Los campesinos llegan al casco urbano de Ituango
en chivas o buses de la región y algunos a pie.
El gobernador de Antioquia, Luis Eduardo Suárez
anunció una recompensa de 50 millones de pesos (casi 13.000
dólares) para quien ofrezca información de alias ‘Camilo’,
el hombre al que han identificado como responsable del desplazamiento.
Sin embargo, en una población con el miedo enquistado, esto
no se ve como una solución. “Hay también un problema de ausencia
del Estado y por lo tanto, desconfianza. Que tanta gente haya
salido corriendo habla de que hay un miedo muy latente y generalizado”,
explica el líder desde la población.
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Los exguerrilleros intentan asentarse en la
paz.
Más de 250 excombatientes han sido asesinados
desde que se firmó el acuerdo entre el Gobierno de Colombia
y la guerrilla.
Paz vs. Votos.
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En el lugar de las piernas había una enorme
nada. La gente del pueblo vio esa ausencia evidente, ese hueco,
en el hombre vestido de combatiente al que dos compañeros
bajaban de la loma. Los uniformados caminaban por la selva
cuando uno de ellos pisó una mina y saltó por los aires. Los
hombres armados maldijeron a los lugareños por no haberles
avisado de que los alrededores estaban sembrados de minas
y les obligaron a transportar al herido hasta el río Atrato.
A los pocos días aparecieron por allí los guerrilleros, del
bando contrario, para regañarles por haber ayudado al combatiente
mutilado
A principios de 2018 se anunció el traslado
del casco urbano de Murindó por la furia del río Atrato. Luego
de 25 años de zozobra, los habitantes de Murindó podrán vivir
sin temor a las inundaciones.
Pásate por Destacado >> Mayo 2021.
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