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Un error judicial es una categoría de
abuso a los derechos humanos y, según definición de
lo que uno podría llamar estado de derecho, una infracción
judiciaria cometida generalmente por órganos estatales
judiciales contra privados que exigen la indemnización
de la víctima del mismo error. Entre los casos más famosos
de error judicial se cuentan el caso de Alfred Dreyfus
y el Crimen de Cuenca. Max Hirschberg, entre otros,
ofrece una categorización relativamente sistemática
de los posibles errores en la jurisprudencia. En numerosos
ordenamientos nacionales, la constatación del error
judicial da lugar al derecho a percibir una indemnización.
Tal derecho se ve reconocido en el ámbito del Consejo
de Europa por el Protocolo n.º 7 a la Convención Europea
de Derechos Humanos.
Imagínate que de repente descubrieras
que faltan miles de dólares en el negocio del que eres
responsable. Y no importa cuánto intentes solucionar
el problema, el dinero sigue desapareciendo en un agujero
negro financiero Tras darse cuenta, tu empleador te
da dos opciones: pagar o ir a la cárcel. Eso fue lo
que le ocurrió a Seema Misra, quien cuando fue sentenciada
por robo y contabilidad falsa a 15 meses de prisión,
se desmayó en el tribunal.
Fue una de las víctimas del llamado Escándalo
del Post Office, la oficina de correos de Reino Unido,
en la que esa enorme compañía, de buena reputación y
querida por los británicos destruyó las vidas de cientos
de personas creando una pesadilla kafkiana de confusión,
secreto y mentiras. 736 gerentes de surcursales con
historiales impecables fueron culpados de robo, fraude
y contabilidad falsa sin haber hecho nada malo; el verdarero
problema era un sistema informático diseñado por la
multinacional Fujitsu. Muchos fueron encarcelados; todos
tuvieron que lidiar con las secuelas emocionales de
la repentina e irracional ruptura de su realidad. El
pasado años y después del inicio de una investigación
tardía por los hechos de 2005, ni una sola persona ha
sido declarada responsable del mayor error judicial
de la historia británica, que arruinó la vida de tantas
personas y sus familias.
El documental Dolores: La verdad sobre
el Caso Wanninkhof, producido por HBO, redscató
uno de los grandes escándalos de la historia judicial
española. Dolores Vázquez fue condenada por el crimen
de Rocío Wanninkhof sin ningún tipo de prueba más allá
de evidencias y de un clima, avivado por la Guardia
Civil y los medios de comunicación, que llevaron a Vázquez
a sentarse ante un jurado popular que ya había tomado
su decisión antes de que empezara el proceso. Tras 517
días de prisión, Vázquez fue puesta en libertad y nadie,
ni a nivel institucional ni mediático, se disculpó.
Ni hablar de ser indemnizada. Este asunto pone el dedo
en la llaga sobre un asunto complicado para cualquier
democracia: la calidad de la Justicia. ¿Son habituales
los errores judiciales de este calado en nuestro país?
¿Existen mecanismos de reparación para las víctimas
de estos fallos que pueden destrozar vidas?
Según el Ministerio de Justicia, en la
primera década del siglo XXI se cometieron más de 120
errores judiciales. Confundir las identidades de un
inocente con la de un culpable son, según los datos,
el origen de la mayoría de las condenas por equivocación.
De esos casos, sólo 17 han sido reparados mediante una
indemnización económica.
Una de las indemnizaciones más altas fue
para un ciudadano holandés, Roberto Liberto Van Der
Dussen, que cumplió doce años de prisión por una violación
de la que no era culpable. Fue condenado por haber cometido
tres agresiones sexuales en Málaga en agosto de 2003.
Cuatro años después, la Policía española, como en el
caso de Dolores Vázquez, con nueva información procedente
del análisis de ADN, puso de relieve que el verdadero
culpable, al menos de una de las tres violaciones, fue
un ciudadano británico llamado Mark Dixie. Una vez más,
la lentitud burocrática de la cooperación entre los
cuerpos de seguridad y las justicias británica y española
tenían como víctima a una persona inocente.
Finalmente, Van Der Dussen consiguió que
se revisase el caso y en febrero de 2016 tres magistrados
del Tribunal Supremo, entre ellos el hoy mediático Manuel
Marchena, declararon que había sido inocente de una
de las violaciones. Por las otras dos condenas ya había
cumplido las tres cuartas partes. Al contrario que Dolores
Vázquez, Liberto sí fue indemnizado. En concreto con
147.720 euros. Una cantidad nimia si tenemos en cuenta
que pasó entre rejas más de una década.
Si el holandés Van Der Dussen consiguió
una indemnización alta, el caso de Rafael Ricardi es
conocido por ser la víctima de una sentencia injusta
que más tiempo ha pasado encerrado: 13 años de cárcel.
El Ministerio de Justicia acabó reconociendo su error
y le concedió una indemnización de casi medio millón
de euros. Ricardi recurrió a la Audiencia Nacional y
consiguió que la cantidad se duplicara llegando a 1.100.000
euros.
Los dos hombres (Will West a la izquierda
y William West a la derecha) fueron condenados a la
misma prisión y se parecen mucho. Sin embargo, nunca
se conocieron, no tenían parentesco y son la razón por
la cual las huellas dactilares comenzaron a usarse en
el sistema judicial.
Año 1903, W. McClaughry ingresa a Will
West en la Penitenciaría de Leavenworth en Kansas. Sin
embargo, por el camino no deja de pensar en la cara
del criminal. Estaba seguro de que ya lo había encerrado
dos años antes, parecía tener una especie de déja vu.
Ocurre que West jamás había pisado Leavenworth antes
de ese día, y su caso iba a exponer uno de los mayores
agujeros que existían en las sistemas de las penitenciarías
de Estados Unidos.
En el pasado y hasta principios del siglo
XX, las huellas dactilares no se habían instaurado,
por lo que si alguien tenía la mala suerte de ser confundido
físicamente por un criminal, esa persona podría estar
en un grave aprieto. Will West había sido condenado
por un delito menor en 1903, pero al llegar a la Penitenciaría
de Leavenworth en el noreste de Kansas, se le informó
que ya estaba en prisión cumpliendo una sentencia de
cadena perpetua por asesinato en primer grado.
Lo que ocurrió fue que al revisar su caso
a través del sistema de identificación Bertillon en
la prisión se observó que su rostro coincidía completamente
con el de otro criminal. Dicho método era la técnica
de la época para la identificación criminal. Desarrollada
por el experto en escritura francés, criminólogo e investigador
de biometría, Alphonse Bertillon, desde 1887 se implementó
en todas las penitenciarías de Estados Unidos para que
pudieran llevar los informes detallados para los internos.
En realidad no era nada más que una simple foto criminal,
junto con una descripción detallada del rostro de la
persona que se le atribuye. Funcionó más o menos bien,
ya que los delincuentes se identificaban por su fotografía
y su nombre completo, o al menos así lo hizo durante
un corto espacio de tiempo. Dos décadas después emergió
una persona que tenía un parecido sorprendente con otra,
a pesar de lo improbable de tal situación, y que, curiosamente,
estaban en la misma prisión, y con el mismo nombre inicial.
Ese hombre era Will West. Dos años antes de que ingresara
en prisión, en 1901, un criminal condenado llamado William
West llegó a la Penitenciaría de Leavenworth.
En lo que se consideró un procedimiento
formal, McClaughry, el hombre encargado de los registros,
tomó sus mediciones a través del sistema Bertillon,
compiló un documento para el archivo del preso, y le
informó sobre las reglas en la prisión, así como el
número de su celda. En 1903 McClaughry recibió a otro
criminal: Will West. Le tomaron una foto y se midió
utilizando el sistema Bertillon. En el chequeo estándar
apareció el nombre de William West en los archivos de
la prisión. El empleado le preguntó al hombre: “¿Y ahora
qué? ¿Qué has hecho ahora?”. Confundido, Will respondió
que era su primera vez allí y la primera vez que lo
detenían. Al principio McClaughry no se sorprendió,
creía que como casi todos los criminales, trataba de
engañarle. Sin embargo y para su sorpresa, resultó que
el archivo frente a él pertenecía a un hombre que todavía
cumplía su condena en la prisión: William West. Mirando
detenidamente el archivo, aquel tipo tenía exactamente
la misma estructura ósea, la misma longitud de la nariz,
la forma de la boca y la posición de los ojos... que
la persona que tenía sentada en la silla, frente a su
escritorio.
Realizó una doble verificación y, efectivamente,
todo era completamente idéntico, como si un clon del
recluso estuviera sentado frente a él. El caso llamó
la atención del FBI, quienes comenzaron a buscar nuevas
soluciones. En 1904, en la Feria Mundial de St. Louis,
McClaughry conoció a un hombre llamado John K. Ferrier,
un oficial de Scotland Yard. Ferrier le explicó a McClaughry
cómo habían adoptado el método de identificación por
huellas dactilares hacía unos tres años antes. Los resultados
desde entonces habían sido precisos.
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