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Estados Unidos ha vuelto a hacer frente al drama
inacabable de los tiroteos masivos con decenas de víctimas.
Cada año, mueren por armas de fuego en la primera potencia
del mundo una media de 34.000 ciudadanos (cifra que incluye
los suicidios), cada día, 93. Esta vez ha sido en El Paso
(Texas), donde 20 personas han muerto y 26 han resultado heridas
este sábado por los disparos de al menos un tirador. A medida
que el país se recupera de cada una de estas pesadillas, políticos,
ciudadanos, instituciones, medios de comunicación y asociaciones
de todo tipo reabren el eterno debate sobre cómo regular el
acceso y posesión de armas de fuego, un derecho que protege
la segunda enmienda de la Constitución estadounidense.
Desde la matanza de la escuela de secundaria
de Columbine (Colorado), dos de cuyos estudiantes asesinaron
a 12 condiscípulos y un profesor, estos han sido algunos de
los momentos clave en el debate y las reticencias políticas
a aprobar reformas legales que restrinjan la facilidad de
comprar y portar armas de fuego:
1999. Por un único voto, el Senado aprueba la
obligatoriedad de que las armas fabricadas a partir de ese
año en adelante deban disponer de mejores seguros en los gatillos.
La ley, aprobada con mucha división tan solo un mes después
de la matanza de Columbine, también reforzó los requisitos
necesarios para comprar un arma en ferias de armamento.
2004. El Congreso rechaza renovar la ley que
prohibía la venta de armas militares, incluidas las semiautomáticas,
al público. Durante el periodo en el que estuvo vigente esa
norma (entre 1994 y 2014), aprobada por el Gobierno del demócrata
Bill Clinton, descendieron las muertes por armas de fuego.
El AR-15 figuraba entre las armas prohibidas con esa legislación.
2008. El Tribunal Supremo falla por primera
vez a favor —cinco votos a cuatro— de reconocer que la segunda
enmienda permite el derecho de los ciudadanos a portar armas.
Pese a que durante años el silencio de los magistrados de
la más alta institución judicial del país había sido interpretado
como un aval a ese derecho, solo entonces se reconoció de
forma explícita. Ese mismo año, el presidente republicano
George W. Bush firma una ley que exige una investigación previa
para comprobar si el comprador de un arma ha sido diagnosticado
de alguna enfermedad mental. Sin embargo, esta norma no tiene
en cuenta que muchos atacantes, pese a sufrir enfermedades
de ese tipo, no han sido tratados.
2012. Tras la masacre de Newtown (Connecticut),
en la que murieron 20 escolares de primaria, los líderes del
Partido Demócrata apuestan con fuerza por regular la compra
de armas. Pedían mayores controles y requisitos, como exámenes
psicológicos o el repaso detallado del historial delictivo
del comprador. Los esfuerzos fueron rechazados por la Cámara
de Representantes, donde los republicanos tenían entonces
mayoría. Tras su oposición se encontraba, y se sigue encontrando,
el todopoderoso lobby de la Asociación Nacional del Rifle,
que financia campañas y contribuye a las iniciativas de un
buen número de parlamentarios conservadores a cambio de su
defensa de la segunda enmienda. “La única cosa que frena a
un hombre malo con un arma es un hombre bueno con otro arma”,
defendió.
2017. Una semana después de la matanza de Las
Vegas, la senadora demócrata Dianne Feinstein presentó un
proyecto de ley para prohibir la venta de armas hasta que
no se haya completado la revisión del historial del comprador.
Actualmente, si esta investigación tarda más de 72 horas,
los establecimientos tienen permitido vender el arma, aunque
no hayan finalizado las pesquisas.
2018. Estados Unidos asistió asombrado en marzo
del año pasado al poderoso clamor contra las armas de las
marchas multitudinarias en todo el país. El activismo enérgico
y desacomplejado de los jóvenes de la escuela de Parkland
(Florida), atacada en febrero, con 17 muertos, logró sacar
a las calles a una masa diversa en edad, raza y valores. El
movimiento contra la epidemia de violencia armada consiguió
su mayor movilización en años y, sobre todo, no lo hizo liderado
por políticos u organizaciones de presión consolidadas desde
hace tiempo.
La perversa idea detrás de la matanza de El
Paso (Texas, EE UU), de confirmarse oficialmente la autoría
del manifiesto racista supuestamente publicado por Patrick
Crusius antes de actuar, es de una devastadora simpleza: matar
a hispanos para detener una supuesta invasión del país. La
Fiscalía investiga la masacre como un acto de terrorismo y
sopesa presentar cargos por delito de odio. En medio del duelo
por las 22 víctimas mortales, hay quienes no han querido ocultar
su furia hacia el presidente Donald Trump, que lleva azuzando
el miedo a la inmigración desde que llegó a la Casa Blanca
hace dos años y medio y que ha utilizado él mismo la palabra
“invasión” para referirse a la ola de familias centroamericanas
solicitantes de asilo que llegan masivamente a ciudades fronterizas
como El Paso. Un reportero preguntó a Beto O’Rourke, candidato
en las primarias del Partido Demócrata, oriundo de El Paso
y excongresista por la ciudad, si la matanza podría tener
que ver con el presidente Donald Trump, “sus tuits supuestamente
racistas y su retórica”. “Sí”, respondió O’Rourke. También
afirmó que consideraba que el presidente de Estados Unidos
es un "nacionalista blanco". “Hemos visto un aumento en los
crímenes de odio cada uno de los tres últimos años, durante
una Administración en la que tienes a un presidente que llama
a los mexicanos violadores y criminales. Aunque los inmigrantes
mexicanos cometen delitos en un porcentaje menor que aquellos
nacidos en el país, ha tratado de hacer que tengamos miedo
de ellos”, aseguró. “Es un racista y aviva el racismo en este
país. Y eso no solo ofende nuestras sensibilidades. Cambia
fundamentalmente el carácter de este país y lleva a la violencia”.
El senador de Nueva Jersey y también precandidato a la presidencia,
Cory Booker, fue más lejos y afirmó que Trump era "el responsable"
de lo sucedido. "Cuando tienes al presidente de la oficina
moral más alta de nuestra tierra hablando de 'invasiones'
e 'infestaciones' y 'países de mierda'. Ese tipo de cosas
que salen de su boca dañan el tejido moral de nuestro país.
Él es responsable", sostuvo el demócrata y agregó: "Es responsable
porque no ha tomado medidas para condenar la supremacía blanca".
El autor del manifiesto, que utiliza el concepto
de invasión, frecuente en la retórica trumpista, parece anticipar
que los dedos acusadores se dirigirían al presidente una vez
cometida la masacre. Sus opiniones sobre la inmigración, asegura
el autor del manifiesto, “son anteriores a Trump y a su campaña
por la presidencia”. Trump no ha valorado hasta ahora los
posibles motivos racistas del asesino de El Paso, ni ha respondido
a las críticas de los demócratas, en los seis tuits que ha
dedicado a una matanza a la que se refiere como “no solo trágica,
sino un acto de cobardía”. El jefe de gabinete interino de
la Casa Blanca, Mick Mulvaney, defendió al mandatario, asegurando
que los tiroteos no tienen que ver con razones de origen político.
“Me parece inapropiado hacer esa conexión. Estas son personas
enfermas", afirmó Mulvaney en una entrevista en ABC. "El presidente
está tan triste y tan enojado como ustedes". Más candidatos
demócratas se sumaron a las críticas al presidente por alimentar
el odio. “El nacionalismo blanco es el mal, está inspirando
a la gente para cometer asesinatos y está siendo consentido
en los más altos niveles por el Gobierno estadounidense. Eso
tiene que terminar”, declaró el candidato demócrata Pete Buttigieg.
Otra contendiente del mismo partido, Amy Klobuchar, aseguró
que “Trump alimenta mucho el odio en este país”. Los candidatos
han realizado también llamadas a imponer urgentemente un control
a la venta de armas de fuego. Los demócratas llevan tiempo
denunciando la agresiva retórica del presidente hacia los
inmigrantes que cruzan la frontera de México y sus recientes
comentarios despectivos sobre congresistas de color. “No me
incumbe, porque mucha gente está de acuerdo conmigo”, respondió
el presidente cuando le preguntaron, hace unas semanas, si
le preocupaba que sus ataques a cuatro legisladoras demócratas
negras pudieran dar argumentos a los nacionalistas blancos.
El hecho de que el asesino haya elegido El Paso —a mil kilómetros
de su hogar en las afueras de Dallas, Patrick Crusius condujo
cerca de nueve horas para cometer su matanza— la ciudad fronteriza
por antonomasia, con un 85% de población hispana, tiene un
dramático poder simbólico. El Paso constituye junto a Ciudad
Juárez (México), de la que apenas le separa una valla fronteriza,
una vibrante gran población en el desierto de dos millones
de habitantes. Los hispanos están en este lugar desde el siglo
XVII, mucho antes que los antecesores de otros ciudadanos
que ahora se dicen guardianes que la genuina identidad estadounidense.
La llegada a la ciudad de miles de familias centroamericanas
en busca de asilo en los últimos meses ha desbordado a la
guardia fronteriza y a los servicios de acogida, y ha colocado
este lugar en el centro del debate político. La Administración
Trump la ha tratado de utilizar como símbolo de esa supuesta
invasión que incluye a peligrosos criminales y violadores,
y los demócratas denuncian la incapacidad del presidente para
responder a una crisis humanitaria.
Patrick Wood Crusius, el hombre blanco de 21
años que mató a 22 personas e hirió a otras dos docenas el
pasado sábado en El Paso (Texas), confesó que el objetivo
de su brutal ataque, perpetrado con un fusil de asalto WASR-10
(una versión del AK-47) eran los mexicanos. Crusius no ofreció
resistencia frente a la policía cuando lo detuvieron tras
la masacre en el hipermercado Walmart y rechazó su derecho
a guardar silencio, según la información publicada este viernes,
basada en los documentos judiciales a los que tuvieron acceso
varios medios locales. Desde entonces ha colaborado con los
investigadores. El detective de El Paso, Adrián García, sostuvo
en una declaración jurada presentada ante un juez el pasado
Domingo que el joven se rindió cuando lo arrestaron. “Yo soy
el atacante”, dijo a los agentes.
En su confesión, Crusius, acusado de múltiples
asesinatos de primer grado, confirmó que había conducido desde
su casa en el suburbio de Allen, a pocos kilómetros de Dallas
(Texas), hasta El Paso. Un recorrido que lleva unas 10 horas
en coche. Antes del baño de sangre, la policía cree que Crusius
colgó en Internet un manifiesto que hablaba de una “invasión
hispana de Texas” y planteaba: “Si podemos deshacernos de
suficientes personas nuestra forma de vida puede ser más sostenible”.
El texto promueve la teoría supremacista blanca conocida como
“el gran reemplazo”, en alusión a un supuesto plan de las
élites europeas para sustituir a la población blanca del continente
por inmigrantes del norte de África y Oriente Próximo. Las
autoridades están investigando el más mortífero ataque a la
comunidad latina en la historia moderna de Estados Unidos
como un ataque terrorista doméstico y están evaluando tratar
el caso como un posible delito de odio. Muchas de las víctimas
tenían apellido latino y ocho eran mexicanos. La frontera
que une El Paso (83% de hispanos) con la mexicana Ciudad Juárez
es considerada una única entidad metropolitana, binacional
y bilingüe de casi tres millones de habitantes. La masacre
—que ocurrió horas antes de otro tiroteo en Dayton (Ohio),
donde murieron nueve personas— ha abierto un debate sobre
la retórica divisoria del presidente Donald Trump. Sus detractores
le recriminan que tilde constantemente a los inmigrantes que
cruzan la frontera mexicana de criminales y que hable de una
"invasión". Algunos precandidatos demócratas incluso han llegado
a afirmar que el republicano es un supremacista blanco. Pero
Trump no se da por aludido. “Creo que mi retórica une a la
gente”, dijo el jueves en la mañana, antes de visitar El Paso,
donde no se dejó ver por las calles. En su mensaje a la nación
tras las dos matanzas, que causaron 31 muertos en menos de
14 horas, el presidente condenó este lunes el “racismo” y
el “supremacismo blanco” y dijo que “el odio no tiene sitio
en EE UU”. Además, hizo un llamamiento a la unidad. Pero sus
mensajes vía Twitter previos y posteriores no fueron diferentes
a su estilo habitual: atacar al oponente.
Uno de los objetivos de Trump ha sido el precandidato
demócrata Beto O'Rourke, oriundo de El Paso, quien se ha transformado
en el portavoz del dolor de los ciudadanos. “Beto, nombre
falso para indicar origen hispano [sic], O’Rourke, que está
avergonzado por mi última visita al gran Estado de Texas,
donde le aplasté, y está ahora aún más avergonzado por los
sondeos que le dan un 1% del voto en las primarias demócratas,
¡debería respetar a las víctimas y las fuerzas de seguridad
y callarse!”, tuiteó el martes mandatario. “22 personas han
muerto en mi ciudad por un acto de terror inspirado por tu
racismo. El Paso no se callará y yo tampoco”, le respondió
O’Rourke.
“Es horrible, devastador, ya no puedo ir a ningún
sitio sola. Antes nadie decía nada malo de nosotros, todos
éramos felices. Pero ahora tengo miedo”, decía Gabriela Macías,
de 17 años, tras depositar flores en el memorial contra el
horror improvisado estos días en una valla junto a un Walmart
de El Paso (Texas), el más cercano a la frontera, escenario
el pasado sábado del mayor ataque contra la comunidad hispana
de Estados Unidos en la historia moderna del país. Su madre,
Blanca Soria, a su lado, sentía lo mismo: “Miedo. Miedo por
mis hijos. Van a la escuela, van a trabajar o a divertirse,
y yo quisiera que se quedaran en casa conmigo. Este ataque
lo ha cambiado todo”.
El sentimiento se repite por todo el país. Miedo,
pero también furia, dirigida contra un presidente cuya retórica
muchos consideran responsable del clima de odio que ha desembocado
en el ataque que dejó 22 muertos en la ciudad que simboliza
la frontera y la integración de la comunidad hispana de Estados
Unidos. Un colectivo que ha pasado de sentirse invisible a
verse en el centro de un envenenado debate político nacional
y, desde el fatídico 3 de agosto, a descubrirse en el punto
de mira del fusil semiautomático de un fanático que entró
a tiros en un hipermercado para combatir “la invasión hispana”
del país, utilizando una expresión a la que ha recurrido reiteradamente
Donald Trump en sus dos años y medio de cruzada contra inmigración.
“Las palabras tienen consecuencias, y las de
este presidente movilizan a los grupos radicales que piensan
que los latinos no formamos parte de este país. Este ataque
fue motivado por la retórica de Trump. Estamos viendo las
consecuencias de las palabras del presidente. Sus mentiras,
sumadas al silencio sobre las contribuciones que hemos hecho
a este país durante generaciones, incitan a esta violencia.
Pero nuestra comunidad va a decir basta. Vamos a salir a votar.
Tenemos que organizarnos, saber nuestros derechos, saber qué
hacer cuando nos los niegan. Debemos marcar en nuestros calendarios
el 3 de noviembre del año que viene, fecha de las elecciones
presidenciales, como nuestro cumpleaños. Esto ha sido un punto
de inflexión, un detonante para pasar a la acción. Debemos
registrarnos para votar, presentarnos para cargos electos,
buscar nuestra voz, en la calle y en la política”, opina Sindy
Benavides, directora de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos
Unidos, la más antigua organización de derechos civiles de
los hispanos en el país.
El ataque ha llevado a muchos latinos a cuestionarse
su lugar en la sociedad estadounidense. La población hispana
en EE UU alcanzó los 59,9 millones de personas en 2018, y
es responsable del 52% del crecimiento de la población total
del país en los últimos 10 años. Casi uno de cada cinco estadounidenses
es latino. Pero el 60% de los hispanos adultos, según el centro
de investigaciones Pew Research, dice haber experimentado
discriminación o haber sido tratado injustamente por su raza
u origen étnico. La socióloga española Elizabeth Vaquera,
directora del Instituto Cisneros de Liderazgo Hispano de la
universidad George Washington, en la capital del país, que
lleva diez años trabajando con jóvenes latinos sin papeles,
considera que el ataque de El Paso puede tener un efecto unificador
en una comunidad que es, en sí misma, también diversa. “Fue
un crimen de odio contra los hispanos, independientemente
de si eran migrantes o no”, explica. “Es el juego tramposo
al que ha sabido jugar tan bien Trump: el latino es inmigrante,
el inmigrante es criminal, luego el latino es criminal. Por
eso pienso que esto puede crear una solidaridad que no era
tan palpable antes. Lo que hemos visto en nuestra investigación
con familias latinas es que están más estresadas desde la
elección de Trump, y ese estrés psicológico no se observa
solo entre los inmigrantes. Tenemos datos que demuestran que
ha cambiado el comportamiento de esas familias, independientemente
de si están aquí de manera legal o no. Se dan cuenta de que
es el color de la piel, es el latino como grupo étnico el
que está siendo discriminado”.
Los hispanos, según otro estudio de Pew Research,
son más dados que otros colectivos a creer en las partes esenciales
del llamado sueño americano: que el trabajo duro tiene recompensa
y que a cada generación le irá mejor que a la anterior. Pero
solo la mitad de ellos consideran que lo han alcanzado y,
para muchos latinos, el ataque en El Paso ha supuesto un violento
despertar. “Es un momento bajo, desde luego, pero nunca debemos
renunciar al sueño americano”, advierte Janet Murguía, presidenta
de UnidosUS, organización sin ánimo de lucro que da voz a
los hispanos desde 1968. “De lo que se trata es de galvanizar
un movimiento alrededor de este ataque. Debemos actuar en
tres frentes: primero, cuidar a las familias afectadas y asegurarnos
de que salen adelante; después, movilizarnos, combatir el
odio y llevar a cabo campañas para votar; y, por último, necesitamos
un diálogo entre las comunidades a las que tratan de enfrentar.
No limitarnos a hablar entre nosotros mismos. Según nuestras
investigaciones, los hispanos apoyan abrumadoramente a candidatos
que saben que la diversidad es una fuerza. Y creo que eso
lo comparte la sociedad en su conjunto. Somos cada vez más
comunidad y tenemos una idea clara de lo que queremos, por
eso debemos combatir el retrato con brocha gorda que se hace
desde la Casa Blanca”.
El 80% de los hispanos en el país son ciudadanos
estadounidenses, un porcentaje que se eleva al 93% entre los
menores de 18 años. Sus raíces se hunden en este país desde
mucho antes que las de otros pobladores. Por eso duele la
identificación del hispano con el inmigrante. “En este país
hay 4,37 millones de empresas propiedad de hispanos”, explica
Ramiro Cavazos, director de la Cámara de Comercio Hispana
de EE UU. “Nuestros negocios aportan 700.000 millones de dólares
a la economía estadounidense, y creciendo. Y eso por no hablar
de los consumidores latinos y de los empleos. El 80% del empleo
que se va a crear en los próximos diez años va a ser creado
por empresas cuyos dueños son hispanos. Y estas empresas tienen
muchos más obstáculos para contratar con el Gobierno o para
acceder al crédito. Las ganas y la capacitación están ahí,
pero es difícil cuando la cultura no apoya al mismo nivel
a los hispanos que a otras comunidades”. En ese retrato de
la comunidad hispana desempeñan un papel importante los medios
de comunicación. Pero, según Hugo Balta, presidente de la
Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, algo está fallando.
“Desafortunadamente, muchos medios en inglés han fallado en
su deber de producir contenido que entienda la dinámica cultural
de la comunidad hispana, y eso se debe a la falta de inclusión
de hispanos en los medios en inglés”, sostiene. “En los medios
en español, el contenido sobre inmigración es mucho más sofisticado.
Lo que se ve en muchos medios en inglés es bien superficial,
historias sin dimensión. Las personas que no son miembros
de esta comunidad desarrollan su imagen de nosotros en función
de lo que consumen en los medios, y la falta de diversidad
produce una representación equivocada”.
Enrique Acevedo, presentador de uno de los noticieros
estrella de Univisión, un medio en español que llega al 90%
de los hogares hispanos del país, considera que “la frontera
es el epicentro de una batalla por el alma del país”. “Estas
comunidades fronterizas son el rostro de una América muy diferente
a la que representa el presidente y el sector duro del Partido
Republicano, que ven la diversidad como una amenaza a su identidad
nacional y no como la verdadera explicación de la misma”,
defiende. “Trump no apretó el gatillo, pero lleva tiempo apuntando.
Por eso nuestro papel es asegurarnos de que los miembros de
nuestra comunidad tienen las herramientas para navegar en
estas circunstancias. Tenemos un presidente que no habla a
nuestra comunidad, y ese papel lo debemos desempeñar todos
nosotros”. La visita de Trump a El Paso el miércoles por la
tarde, en la que el presidente insistió en los furiosos ataques
a sus críticos y eludió cualquier mensaje explícito de apoyo
a la comunidad hispana, poco contribuyó a cerrar las heridas.
“Este presidente no ha sido muy elocuente en sus palabras
en contra de las personas de otros lugares”, admite el texano
Nelson Balido, presidente del Consejo de Comercio y Seguridad
de la Frontera, y miembro clave del Consejo Consultor Hispano
del Partido Republicano. “Empezó mal, diciendo que eran violadores
y criminales. Sabemos que no es verdad, y él lo sabe. Los
políticos buscan votos, amarrar a sus bases, lo mismo que
los candidatos demócratas, que creo que están aprovechando
una tragedia para obtener más tiempo en televisión”.
Tampoco contribuyó a curar las heridas el hecho
de que, cuatro días después de la matanza, la policía realizara
en Misisipi la mayor redada contra inmigrantes en una década,
gran parte de los cuales eran hispanos. Las detenciones dejaron
a muchos niños en las escuelas sin que sus padres pudieran
acudir a recogerlos. “La decisión del Gobierno de hacer esa
redada justo después del ataque manda el mensaje de que no
piensan en los sentimientos de la comunidad latina”, opina
Mónica Ramírez, de la organización Justicia Para las Mujeres
Migrantes. “En el campo, en las fábricas, en las casas, las
mujeres migrantes sufren a menudo ataques racistas o acoso
sexual, y cosas como esta hacen que no se sientan cómodas
denunciando. Me preocupan también los niños. Ven esa violencia
contra su comunidad, y eso puede causar traumas importantes,
un impacto grave durante muchos años. Hay niños que ven lo
que pasó en Misisipi y no se sienten seguros. Tienen miedo,
y los niños no deben crecer con miedo”. El peso de la comunidad
hispana ya se notó en las elecciones legislativas del pasado
mes de noviembre, que llevaron al Capitolio a la hornada de
legisladores más racial y étnicamente diversa de la historia.
Un récord histórico de 29 millones de latinos se registraron
para votar, un 12,8% del total del electorado. El 69% de ellos
votaron por candidatos demócratas. Pero aún queda mucho por
hacer en términos de movilización política, según Héctor Sánchez
Barba, del Consejo Laboral para el Avance Latinoamericano,
la principal organización nacional de trabajadores hispanos.
“Hay problemas estructurales que hacen más difícil a los latinos
votar”, explica. “Hay leyes que complican el registro en algunos
Estados, hay más colas en los distritos con mucha presencia
latina. Se vota los Martes, y los hispanos somos una comunidad
de trabajadores. Pero yo viajo por todo el país y veo la euforia
en nuestra comunidad por participar. El Paso representa la
culminación de algo que ha venido fraguándose desde que Donald
Trump llegó a la Casa Blanca. Pero supone también un basta
ya. No vamos a dejar que esto siga. Nunca vamos a permitir
que vuelva a elegirse a un presidente de la supremacía blanca.
Vamos a organizarnos en términos de participación cívica.
Acudiremos en masa a votar. Hay chispas de esperanza para
una mejor democracia, y eso viene de los latinos”.
En un país aún conmocionado por dos ataques
con armas de fuego que causaron un total de 31 muertes en
El Paso (Texas) y Dayton (Ohio), el presidente aseguró que
cree que podría convencer a los republicanos del Congreso
para establecer controles más estrictos en la venta de armas.
Pero la historia de Donald Trump en materia de control de
armas ofrece motivos para el escepticismo. Antes de que empezara
su carrera presidencial, Trump aseguró en 2013 que era partidario
de los controles de antecedentes a nivel federal en la compra
de armas. Pero dos años después, preparando ya su campaña,
cambió de postura y rechazó esos controles porque, dijo, no
funcionaban. El año pasado, tras el ataque en una escuela
secundaria de Parkland (Florida), que dejó 17 muertos, el
ya presidente volvió a cambiar de opinión y dijo que apoyaría
“totalmente” el endurecimiento de los controles. Pero a los
pocos días, después de una reunión en la Casa Blanca con la
Asociación Nacional del Rifle (NRA), volvió a retirar su apoyo
a la medida. Ahora, tras las dos matanzas del pasado fin de
semana, Trump dijo que no considera que haya “apetito político”
para prohibir los rifles de asalto, pero se mostró abierto
a endurecer los controles en la venta. Aseguró que el líder
de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, está
“en el mismo barco” y que la NRA se subirá también. Pero el
lobby armamentístico ha sido eficaz en el pasado frenando
este tipo de iniciativas, y esta semana ha reiterado su oposición.
En cuanto a McConnell, lleva meses sentado encima de un proyecto
de ley para imponer controles universales que ya ha aprobado
la Cámara de Representantes, y esta semana rechazó la petición
de los demócratas de interrumpir el receso estival del Senado
para legislar de urgencia sobre la materia. Pero aseguró,
eso sí, que el tema de las armas será “central” cuando la
actividad legislativa se reanude en septiembre. El 61% de
los estadounidenses, según una encuesta de mayo, está a favor
de endurecer la legislación sobre armas, porcentaje que se
eleva al 91% entre los votantes demócratas. Entretanto, desde
las matanzas del pasado fin de semana, más de 250 personas
más han fallecido en Estados Unidos por armas de fuego.
En 2017, el primer año de Trump en la Casa Blanca
y el último año del que el FBI tiene estadísticas, se contabilizaron
en Estados Unidos 7.175 crímenes de odio, un aumento del 17%
respecto al año anterior, que ya había registrado una cifra
más que los anteriores cinco años. El número total de grupos
nacionalistas blancos subió casi un 50% el año pasado: de
100 en 2017 a 148 en 2018, según el Southern Poverty Law Center.
El número de muertes vinculadas al supremacismo blanco creció
también en 2018 hasta las 40, frente a las 17 de 2017. Entre
ellos, los 11 fallecidos por el ataque en una sinagoga de
Pittsburgh el 27 de octubre, 10 días antes de las elecciones
legislativas. Según un sondeo a pie de urna de la CNN, tres
de cada cuatro votantes dijeron que la violencia fue un factor
importante en su voto.
¿A quién consideran latino en Estados Unidos?
La cantante catalana Rosalía estuvo envuelta
en una controversia esta semana tras haber conseguido el galardón
al Mejor video latino en los premios estadounidenses MTV Video
Music Awards. Aunque en su discurso de agradecimiento la intérprete
dejó claro que es de Barcelona, España, hubo quienes criticaron
el hecho de que fue reconocida en una categoría "latina".
Cuestionaron que Rosalía fuese asociada con la "latinidad"
siendo una mujer "blanca y europea".
Es muy probable que los seguidores de la cantante
en Latinoamérica se refieran a ella como española. Pero en
Estados Unidos hay muchos que la llaman "latina". ¿Quién tiene
razón? Es complejo. Pero, en principio, ambas aseveraciones
son justificables en Estados Unidos.
El gobierno de Estados Unidos define "hispano
o latino" como una "persona de cultura u origen cubano, mexicano,
puertorriqueño, sudamericano, centroamericano u otro origen
español, independientemente de la raza".
El término "hispano" comenzó a utilizarse ampliamente
en la década de 1970 cuando una agencia del gobierno, la Oficina
de Censo, lo incorporó para denominar al grupo de mexicano-estadounidenses,
puertorriqueños y otras comunidades que tenían sus ancestros
en los países donde se habla español.
Antes el gobierno simplemente los categorizaba
como blancos, un término burocrático. Pero algunos argumentan
que "hispanos" no es la mejor palabra para describir a la
minoría que representa el 18% de la población y que tiene
su origen en América Latina. Por ejemplo, ese término no es
adecuado para los originarios de Brasil que residen en EE.UU.,
cuya herencia cultural está mucho más alineada con Portugal.
El término alternativo, latino, "se añadió al censo años después,
luego de que algunas personas encontraran que 'hispano' era
ofensivo y privilegiaba a los colonizadores (españoles). Latino
parecia ser un término más inclusivo, añade. En la actualidad,
ambos términos se usan indistintamente por instituciones de
investigación y por medios de comunicación.
Pásate por esta misma sección:
>> Diciembre 2021.
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