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Desde hace más de una década, una serie de organizaciones
realizan campañas en países de América Latina contra los derechos
de personas homosexuales, mujeres y el enfoque de género en
las políticas públicas. Destacan por su agresividad y discurso
de odio, y ejercen presión sobre gobiernos y legisladores
para frenar el acceso a esos derechos o boicotear los que
ya existen: como el aborto en casos de violación, el matrimonio
igualitario y la ley de identidad de género. Sin embargo,
durante la pandemia, varios de estos colectivos ultraconservadores
–que ya expresaban afinidad hacia los discursos fundamentalistas
de Donald Trump, en Estados Unidos, y Jair Bolsonaro, en Brasil–
afianzaron sus alianzas con organizaciones políticas de extrema
derecha, como Vox, de España. Al mismo tiempo, durante estos
meses de miedo e incertidumbre, de crisis económica y sanitaria,
articularon agendas con una intensa presencia en diferentes
espacios virtuales. Poderes no santos es una serie periodística
–coordinada por OjoPúblico en alianza con cinco medios de
América Latina– que investiga y analiza desde el inicio de
la pandemia los lobbies y estrategias fundamentalistas contra
la agenda de derechos en la región.
Desde marzo del 2020 a octubre del 2021, esta
investigación identificó en estos países alrededor de más
de 400 políticos, líderes civiles y religiosos, y alrededor
de 200 organizaciones civiles, religiosas y políticas que
impulsan mensajes y lobbies contra una agenda de derechos:
no creen en el enfoque de género en la educación, tampoco
en los derechos LGTBI, ni en el matrimonio igualitario, ni
en los derechos sexuales y reproductivos. Cuestionan, incluso,
los esfuerzos de las Naciones Unidas por impulsar la igualdad
de género, o lo que organizaciones políticas como Vox, denominan,
"agenda globalista".
Varios de estos colectivos, además de compartir
una agenda contra derechos, también han impulsado –de la mano
de algunas organizaciones políticas y líderes de partidos–
campañas de desinformación contra las vacunas o impulsado
curas falsas. Ese es el caso, por ejemplo de Médicos por la
Verdad, con presencia en casi todos los países de América
Latina.
Desde hace algunos años las calles de muchas
ciudades vienen siendo el escenario de multitudinarias manifestaciones
para denunciar y detener un supuesto plan macabro que pretende,
entre otras cosas, diezmar la población mundial, subvertir
la naturaleza humana mediante mentiras anticientíficas, adoctrinar
y corromper a la infancia, acabar con las libertades civiles,
destruir a la familia y desmantelar la dignidad humana. Se
trata de marchas en contra de una Agenda globalista autoritaria
que impone una presunta “Ideología de Género”.
En Perú, durante las elecciones generales del
2021, el partido Renovación Popular, que lidera el ultraconservador
Rafael Lopez Aliaga, alcanzó el tercer lugar en la primera
vuelta electoral con 11,75%. Gran parte de estos votos se
concentró en la capital del país: Lima.
Durante su campaña impulsó un discurso violento,
de odio y basado en la desinformación. También ha arremetido
contra lo que él llama "Nuevo Orden Marxista" que, según dice,
propone controlar al Estado para que el comunismo se dedique
a promover el aborto y a homosexualizar a la población. El
discurso de Renovación Popular y de los grupos extremistas
que lo apoyan, replica mensajes ya vistos en Brasil, con el
presidente Jair Bolsonaro a la cabeza, y en Argentina, con
el ascenso del economista Javier Milei en las elecciones legislativas
de ayer.
A ellas se suman otras voces desde España. En
septiembre de este año, la comitiva conformada por el vicepresidente
y diputado del partido de extrema derecha Vox Víctor González,
el eurodiputado Hermann Tertsch y el director de la Fundación
Disenso, Martín Frías, trajo a Lima la 'Carta de Madrid' y
consiguió adhesiones "en defensa de la democracia y la libertad"
de líderes de tres organizaciones políticas: Fuerza Popular,
Renovación Popular y Avanza País. La lideresa de Fuerza Popular
y excandidata presidencial, Keiko Fujimori, suscribió la carta
y comentó que ambos partidos comparten su "preocupación sobre
el avance del comunismo".
Los tres partidos políticos de derecha tienen
importante representación en el Congreso. Pero en su agenda
contra el enfoque de género, el matrimonio igualitario y derechos
sexuales y reproductivos, se suma una parte importante de
la bancada oficialista de Perú Libre, de izquierda. Un rastreo
realizado este año por la asociación civil feminista Manuela
Ramos, señala que de los 130 congresistas apenas 40 podrían
considerarse actores favorables a las políticas de igualdad
de género y los derechos sexuales y reproductivos. En este
contexto, es que en los próximos meses se debatirá el futuro
de los derechos sexuales, civiles y sociales en el país. La
congresista de Renovación Popular y pastora de la iglesia
evangélica La Casa del Padre, Milagros Jáuregui de Aguayo,
ha anunciado una iniciativa legal para otorgarle derechos
al embrión desde la concepción.
Perú es uno de los pocos países de la región
en el que el aborto está penalizado en todos los casos (incluso
para las víctimas de una violación). Solo se permite este
procedimiento por razones terapéuticas, cuando peligra la
salud de la gestante. Comparado con el resto de Latinoamérica,
el país tiene una legislación bastante restrictiva.
En Colombia, como parte de esta investigación,
se identificó al menos 33 organizaciones (28 civiles, 3 religiosas
y 2 políticas), 23 líderes políticos y 4 líderes de opinión,
así como las estrategias que han utilizado para oponerse a
la agenda de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
en un Estado laico. Aunque no todos son iguales, están en
contra de la despenalización del aborto. Pero esta semana
es clave para Colombia. La Corte Constitucional decidirá,
después de año y medio de un intenso debate, si procede o
no la despenalización del aborto en todos los casos. Los magistrados
ponentes son dos liberales: Alberto Rojas y Antonio José Lizarazo,
que presentaron ponencias que le apuntan a despenalizar.
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En esta investigación periodística se identifican
las estrategias y los protagonistas de los movimientos en
Colombia que se oponen al aborto. Se movilizan en las calles
y acosan a las altas Cortes del sistema de justicia. Estos
colectivos niegan sus vínculos políticos, pero tienen eco
en la bancada más conservadora del Legislativo. Tienen poca
resistencia en los precandidatos liberales. Este reportaje
de La Silla Vacía forma parte de la serie latinoamericana
“Poderes no santos”, coordinada por OjoPúblico einvestiga
el avance de los grupos ultraconservadores contra los derechos
sexuales y reproductivos en Argentina, Colombia, Perú, Brasil
y México.
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En estos meses muchos grupos conservadores han
impulsado movilizaciones e intervenciones en contra. Pero
varios de ellos tienen conexiones entre sí, otros están ligados
a iglesias y tienen el apoyo de políticos de derecha, y algunos
son la filial nacional de organizaciones internacionales que
mueven la agenda antiderechos en otros países del mundo. Un
dato resume la forma en que coordinan. Solo entre el 2 y 3
de octubre de este año la Corte de Colombia recibió 1.672
correos, pero todos eran exactamente iguales, y decían que
la despenalización es facultad del Congreso y no de un órgano
judicial. Aunque llegaron de correos personales e individuales,
fueron una convocatoria que hizo la organización colombiana
'Unidos por la Vida', conectada con la internacional 'CitizenGo'
a través de plataformas digitales.
El político de derecha Javier Milei ha sido
electo como diputado nacional por el partido libertario en
la capital argentina el domingo 14 de noviembre. Obtuvo el
17,6% de los votos y se transformó en la tercera fuerza política
más votada en la Ciudad de Buenos Aires. Algo inédito para
un partido "recién nacido". El político y economista tiene
un discurso centrado en la clase política y también contra
el aborto y el enfoque de género. Su partido dice que no quieren
que el Estado financie o "baje línea" o "adoctrine" con contenidos
de educación sexual. Milei ha recibido el apoyo del influencer
ultraconservador, Agustín Laje, quien había invitado a sus
seguidores a votar por él. Agustín Laje es de Córdoba (Argentina)
y licenciado en Ciencia Política y es, además, un referente
de los grupos más conservadores de iberoamérica. Considera,
por ejemplo, que "el feminismo representa uno de los peligros
más patentes que hoy está viviendo una sociedad que quiere
ser libre", discute que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) sea un entidad científica y mantiene (y defiende) una
postura antiderechos: en contra del aborto y en contra de
la identidad de género.
Corte Constitucional de Colombia en una reunión.
El Frente de Milei se opone a la interrupción
voluntaria del embarazo, pero este tema no formó parte de
su plataforma. El aborto se convirtió en ley en la Argentina
en diciembre, después de un arduo debate en el Congreso en
2020. El año pasado el presidente Alberto Fernández envió
el proyecto, que fue discutido en ambas cámaras y sancionado.
Cuando se le preguntó a un referente del núcleo duro de La
Libertad Avanza si tienen en agenda rediscutirlo: "Dos de
cada tres chicos están viviendo en la pobreza", dijo. Ante
la repregunta, prefirió no responder. Al norte del continente,
en México, el reciente fallo de la Corte Suprema que determina
que es inconstitucional la penalización del aborto voluntario,
ha generado el rechazo de los grupos más conservadores. Un
sacerdote de Coahuila propuso, incluso, matar a las mujeres
que interrumpen su embarazo. Al mismo tiempo que han articulado
acciones y alianzas para frenar su implementación en todos
los Estados y congresos locales.
La Corte, además, pidió que se establezcan lineamientos
para la objeción de conciencia, pues esta no puede poner en
riesgo el derecho a la salud de las mujeres. El camino legal
y legislativo para que este fallo se haga válido en todo el
país aún es largo y complejo, explican los abogados expertos
en derechos humanos. Con la resolución de la Corte, ningún
juez federal o local puede procesar a una mujer que haya interrumpido
voluntariamente su embarazo; aunque los congresos de cada
Estado y el federal no tienen la obligación de cambiar los
códigos penales o las constituciones. Sin embargo, las autoridades
locales ahora pueden legislar sobre el tema amparados en los
criterios legales avalados por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN).
En este contexto, será en las cámaras donde
se de la disputa por llevar a las jurisprudencia local lo
resuelto por la Corte. En la Cámara de Diputados, el 55% de
los legisladores pertenecen al partido oficialista Morena
y a sus aliados, los partidos del Trabajo y Verde Ecologista
de México. Y los principales opositores al gobierno de Andrés
Manuel López Obrador, son la alianza conformada por Acción
Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y la Revolución
Democrática (PRD). Estos tres últimos tienen el 40% de diputados
y diputadas. Solo el 5% restante pertenece a Movimiento Ciudadano,
organización que impulsa una agenda más amplia en torno a
derechos para las mujeres. Mientras que en el Senado de la
República, hay 76 senadores afines al gobierno, 40 de la alianza
opositora, 8 de Movimiento Ciudadano y 4 independientes. En
México, Morena, el partido del presidente, se define como
de izquierda, pero en su bancada hay legisladores conservadores.
Mientras que con el PAN "hay tensión entre los varios grupos
que existen, no es un partido tan homogéneo, es un partido
que tiene varias corrientes desde la socialdemócrata hasta
más radicales; hay personas que tienen una visión más empresarial,
otras desde el catolicismo social", explica el historiador
Yves Solís Nicot.
Cámara de diputados de México.
A finales de 2020 rechazaron la iniciativa para eliminar el
IVA a productos de higiene menstrual. Se jugaban 3400 millones
de pesos anuales.
También en México han llegado los lazos de Vox.
En septiembre de este año, en un evento denominado 'Foro Internacional
de la Mujer Embarazada en Estado Vulnerable', organizado por
el PAN y convocado por el actor y ahora activista ultraconservador
Eduardo Verástegui, participaron también el activista argentino
de ultraderecha Agustín Laje y Santiago Abascal líder del
partido español Vox. Los representantes del PAN compartieron
en sus redes sociales fotos con Santiago Abascal, presidente
de Vox, una organización política que se opone abiertamente
a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Las
imágenes y el comunicado de los senadores y senadoras provocó
que varios de los militantes repudiaran el encuentro y cuestionaron
al partido por haberse aliado con un partido de ultraderecha.
La crítica obligó a varios de los participantes del encuentro
a señalar que habían cometido "un error". Varias investigaciones
periodísticas han revelado la relación entre el grupo de extrema
derecha y ultracatólico, El Yunque, y Vox. Después de que
el PAN se retractara de su supuesta alianza con Vox, algunos
hablaron de formar un partido "verdaderamente de derecha".
Incluso Agustín Laje, acusó al partido de estar sometido "a
la agenda izquierdista".
Una reciente filtración denominada 'The Intolerance
Network' en la plataforma Wikileaks reveló las relaciones
de poder y vínculos políticos de cientos de organizaciones
ultraconservadoras que apoyan una agenda contra los derechos
civiles, sexuales y reproductivos. Entre los más de 17.000
archivos. Los documentos corresponden a los años entre 2001
y 2017 y están relacionados a las acciones de la fundación
de CitizenGO y Hazte Oír. HazteOir es una organización de
extrema derecha fundada en España el 2001, que promueve acciones
políticas con una agenda ultracatólica y basada en mensajes
de odio y desinformación. El 2013 impulsaron la fundación
CitizenGo y desde entonces a través de este espacio diseñan
estrategias de cabildeo contra el aborto (incluso en casos
de violación de menores de edad), el matrimonio igualitario,
derechos sexuales y reproductivos, y cualquier otra medida
que impulse el enfoque de género en las políticas públicas.
Solo en Brasil, por ejemplo, Agencia Pública identificó alrededor
de 200 personas con roles activos en estas organizaciones.
Hay funcionarios públicos, políticos, empresarios, abogados
e, incluso, médicos. Varios de ellos no sólo hacen lobbies
contra el aborto –que en Brasil es legal en casos de violación,
riesgo de muerte materna o anencefalia del feto– sino que
también participan activamente en campañas de desinformación
que pone en riesgo la salud pública.
El autobús de HazteOir a causado polémica
a su paso.
Durante la pandemia, algunos médicos brasileños
que ya hacían activismo contra el aborto incorporaron discursos
negacionistas y pseudocientíficos en relación con la COVID-19.
Entre ellos hay personas que integran la base ideológica del
gobierno del presidente de Brasil Jair Bolsonaro, por ejemplo
Raphael Câmara y Mayra Pinheiro –secretaria de Gestión del
Trabajo y Educación para la Salud–, que se hizo conocida como
'capitana de la hidroxicloroquina' por defender el uso del
ineficaz de este fármaco para combatir los síntomas de la
COVID-19. Fuera de los cargos públicos, estos médicos han
utilizado la influencia y la credibilidad de sus títulos profesionales
para difundir desinformación en las redes sociales, actuando
a menudo de forma coordinada en espacios que se relacionan
con colectivos de influencia internacional como Médicos Por
La Verdad, que surgió en España y se extendió por Europa y
América Latina.
El informe final de la comisión parlamentaria
del Senado Federal de Brasil (CPI), que investigó las supuestas
omisiones e irregularidades en la actuación del gobierno de
Bolsonaro durante la pandemia de COVID-19, señala que este
grupo "propuso la existencia de un gabinete paralelo" que
condujera la pandemia sin tener en cuenta las recomendaciones
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), además de abogar
por medicamentos sin eficacia y desalentar el uso de mascarillas
y el aislamiento social. Este gabinete paralelo, formado por
médicos y empresarios, coordinaba con el Ministerio de Sanidad,
influyendo en las decisiones sobre la compra de vacunas y
las medidas sanitarias. Durante esta investigación periodística
se conoció que la oncóloga e inmunóloga Nise Yamaguchi, una
activista cristiana, contraria al aborto e integrante de Médicos
por la Verdad, conformó ese gabinete en las sombras. Entusiasta
de la cloroquina, incluso fue considerada para asumir el Ministerio
de Salud el 2020, pero incluso sin el cargo, fue una asesora
cercana a Bolsonaro sobre la pandemia. Nise Yamaguchi participó
en una reunión con el presidente Bolsonaro para discutir las
vacunas y el uso de hidroxicloroquina, según el informe de
CPI, y firmó una carta en la que junto a otros profesionales
de la salud desaconsejaba el uso de mascarillas y medidas
más estrictas de aislamiento, al tiempo que defendía los medicamentos
ineficaces para tratar la COVID-19. Otro firmante de la carta
es Hermes Nery, experto en bioética y coordinador del Movimiento
Legislación y Vida, que articula una agenda contra el aborto
con parlamentarios conservadores en el Congreso, como el diputado
federal Chris Tonietto (PSL-RJ), vinculado al ultraconservador
Centro Católico Dom Bosco.
A principios de 2020 Francia aprobó el
uso de la cloroquina para enfermos de coronavirus. Al poco
tiempo un gran estudio observacional con más de 90.000 pacientes
en 671 hospitales del mundo concluyó que la cloroquina
y la hidroxicloroquina, que el presidente estadounidense Donald
Trump afirmaba estar tomando para prevenir la COVID-19, no
solo no mejora la condición de los enfermos, sino que causa
problemas cardiacos y aumenta el riesgo de muerte. Los resultados
se publicaron en la revista The Lancet.
El Movimiento Legislación y Vida está vinculado
a Human Life International, el mayor movimiento contra el
aborto del mundo, y también a CitizenGO, una organización
ultraconservadora de la que Wikileaks filtró documentos este
año. Además de actuar en contra de la legalización del aborto
y a favor de las agendas más conservadoras, el movimiento
fundado por Hermes Nery elaboró, junto con Médicos por la
Vida, un manifiesto a favor de la no obligatoriedad de las
vacunas en el sitio web de CitizenGO. También organizó una
petición para que el senador Eduardo Girão, aliado del gobierno,
asumiera la presidencia de la CPI. Lo registrado en Brasil
también se repitió en otros países de la región. Durante la
emergencia sanitaria, los mismos grupos que han apelado a
discursos contra las políticas de salud sexual y reproductiva,
y el enfoque de género, al mismo tiempo han difundido campañas
de desinformación sobre las vacunas o las medidas sanitarias,
cuestionando los esfuerzos globales para contener la pandemia.
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Cómo ha conseguido la extrema derecha ser la
tercera fuerza en Buenos Aires.
Estrategias camufladas para frenar el avance
del derecho al aborto en Colombia.
Alianzas contra la agenda de derechos de la
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Fallos judiciales que impulsan derechos de las
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Hablamos de Keiko Fujimori en esta sección:
>> Marzo 2021.
>> Julio 2021.
Hablamos de Jair Bolsonaro en esta sección:
>> Agosto 2019.
>> Octubre 2021.
Hablamos de los antivacunas en esta sección:
>> Agosto 2019.
>> Junio 2020.
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