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Jorge Milton Conda proyecta tranquilidad mientras se prepara para “subir al territorio”, escoltado por seis miembros desarmados de la guardia indígena, cuatro hombres y dos mujeres con sus respectivos bastones de mando, que no le pierden pisada. Indígena Nasa con 41 soles (años) a cuestas, padre de dos hijas, es un líder ambiental en el país más peligroso en el mundo para los ambientalistas: Colombia. A pesar de las constantes amenazas de varios grupos armados, le preocupa más la seguridad de sus acompañantes. “No es conveniente ir sin la guardia. Durante mucho tiempo, de una u otra manera, se sabía quién se movía por los territorios, pero en estos momentos es muy difícil saberlo”, explica a bordo del vehículo que asciende desde el casco urbano del municipio de Pradera, el límite de los extensos cultivos de caña de azúcar que copan esa región llana del sur del departamento del Valle del Cauca, a las montañas de profundos cañones donde se encuentra su hogar en el resguardo de Kwesx Yu Kiwe, que significa ‘territorio del agua’. En el recorrido por caminos de tierra que transitan esporádicamente las coloridas ‘chivas’ –o buses escalera– características del campo colombiano, abundan las pintadas con las que hacen presencia las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que en otros tiempos dominaban la zona. Las comunidades Nasa de Kwesx Yu Kiwe denuncian las amenazas que sufren sus líderes por sus reparos públicos contra el trazado de una mega-carretera de casi 1.500 kilómetros –incluida en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Iván Duque– que planea cruzar las tres cordilleras en que Los Andes se dividen en Colombia, desde la Orinoquía, en la frontera con Venezuela, hasta el puerto de Buenaventura, sobre el Pacífico.
Milton Conda Ipia, líder ambiental de la comunidad Nasa del municipio de Florida del departamento del Valle. Más allá de los tramos ya construidos de una vía que se proyecta al 2035, les preocupa la parte que atravesará los páramos cercanos de Las Hermosas y las Tinajas, que podría afectar hasta 365 lagunas, según sus cálculos. “Nosotros no nos oponemos al desarrollo, pero denunciamos la afectación ambiental que supone esa carretera”, sostiene Milton mientras señala desde un puente rústico sobre el río Frayle, que baja desde el páramo, hacia una palmera en lo alto de la montaña, el punto por donde saldría la vía en uno de los trazados propuestos. “Esta afectación no va a ser solo para los pueblos indígenas, sino para el resto de la sociedad. ¿Por qué tiene que tocar los páramos? No es oposición, es una protección a la madre naturaleza y la biodiversidad”, sostiene. Para los Nasa, las lagunas son la casa de los espíritus, el lugar donde habitan sus deidades. “El agua es nuestra ley de vida. Si nos destruyen los páramos, las lagunas, van a destruir nuestros seres espirituales”, explica. El resguardo está en los límites entre dos departamentos, el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca –donde habita la mayoría del pueblo Nasa–. Es un corredor estratégico para las rutas del narcotráfico por su salida al Pacífico, una zona que se ha convertido en un polvorín en la que operan un archipiélago de grupos armados ilegales, entre ellos varias disidencias de las FARC, como la columna Dagoberto Ramos, un nombre que se repite en las pintadas, además del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas del narcotráfico. Para entrar a las comunidades hay que pasar el puesto de control de la guardia indígena, compuesta por hombres y mujeres que se encargan de la defensa colectiva de sus territorios y portan bastones de mando, con tiras azules que representan el agua y cielo; verdes por la naturaleza; amarillas por las riquezas y rojo por la sangre. “Mientras unos tienen armas, nosotros nos caracterizamos por el bastón, símbolo de autoridad, de control, de protección. Ha sido muy difícil, pero en eso nos hemos mantenido”, fieles al mandato de pelear con la palabra, afirma Milton. En otros tiempos, los grupos armados respetaban su autoridad, pero en medio de la fragmentación que ha caracterizado los cinco años transcurridos desde la firma del acuerdo de paz, el panorama es confuso. En medio del incesante asesinato de todo tipo de líderes sociales, también han enterrado a compañeros de la guardia, así como gobernadores indígenas.
Colombia anunciaba hace unos días el mayor golpe al narcotráfico de este siglo.
Las expectativas sobre los dividendos ambientales de ese histórico pacto entre el Gobierno y la guerrilla eran altas, pero la herencia de la guerra todavía pesa. “La paz no ha llegado, todo está más complejo”, se lamenta Milton. “No ha habido aplicabilidad de esos acuerdos”. ¿Con la guardia se siente seguro? “Personalmente, muy seguro, es la única garantía que hemos tenido”, responde, aunque enfatiza que se trata de una protección colectiva, no individual. “Frente a una situación externa, decirle que estamos seguros sería mentira”, concede de inmediato. No se explica las razones por las que el Gobierno, después de poco más de un año, le retiró en el momento más complicado el esquema de protección que le había asignado. Milton ha documentado las múltiples amenazas que le han hecho desde hace cuatro años. Enseña en el zaguán de su casa, desde donde se escucha el rumor del río, las copias de los panfletos de los diferentes grupos armados que guarda en una carpeta de su computador. El primer panfleto, que distribuyeron en la casa del resguardo en marzo de 2018, está firmado por un grupo que se identifica de manera gaseosa como “bandas criminales” surgidas de las FARC, paramilitares, narcotraficantes “y otros que están ingresando”. En el escrito le reclaman tanto el control territorial que hace la guardia indígena como haber denunciado los megaproyectos. “No podemos dejar que se interpongan en el avance del desarrollo que necesita el país”, escriben. La columna Dagoberto Ramos lo declara por nombre propio “objetivo militar” en otro panfleto de noviembre de 2019 dirigido a todas las comunidades indígenas y campesinas del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Uno más, de mayo de 2020, también lo señala con nombre y apellido como “objetivo militar” por su labor como delegado de una comisión de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), un cargo que mantuvo hasta hace unos meses. “Deje de defender la tierra que no deja avanzar el desarrollo”, le intentan intimidar con una alusión directa a la vía Orinoquía-Pacífico, y se identifican como bandas criminales en alianza con las disidencias. Después, a principios del año pasado, dos hombres en moto, que dijeron pertenecer a los remanentes del EPL –Los Pelusos, una banda criminal que antes fue una guerrilla–, llegaron a buscarlo a su hogar para dejarle la razón de que “se quede quieto”. También se han presentado en la casa de su madre. No cedió a los chantajes. Cuando se agudizaron las amenazas, desde la ONIC le ofrecieron salir del país, pero consultó a los sabios, a los mayores, y siguió su consejo de quedarse. A las causas ambientales les sobran mártires en Colombia, identificado en los dos últimos años como el país más peligroso para defender la tierra. De los 227 asesinatos de ambientalistas registrados en 2020 en todo el mundo, 65 ocurrieron en esta esquina de Sudamérica, de acuerdo con el más reciente informe anual de la oenegé Global Witness, que considera que esos ataques suponen una “violencia endémica”. El informe destaca que los pueblos indígenas son los más afectados por la violencia, que empeoró en el año marcado por la pandemia, después de que el 2019 ya se había saldado con 64 ecologistas asesinados.
Global Witness es una ONG internacional establecida en 1993 que trabaja para romper los vínculos entre la explotación de los recursos naturales, los conflictos, la pobreza, la corrupción y los abusos de los derechos humanos en todo el mundo.
Es un diagnóstico similar al de Tierra de Resistentes, un premiado proyecto transfronterizo que reúne a periodistas de 12 países de la región para investigar episodios de violencia contra líderes ambientales: “La devastación de los recursos naturales, el avance de grandes proyectos extractivos, el interés de grupos criminales y la ineficacia de organismos estatales han convertido a América Latina en un escenario hostil para líderes y comunidades que defienden el ambiente y sus territorios”. El blanco de casi la mitad de los episodios registrados en su base de datos –2.460 hechos victimizantes desde 2009– pertenece a alguna minoría étnica, lo que demuestra que los territorios indígenas y afrodescendientes son especialmente vulnerables. Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo. Bañado por dos océanos, atravesado por tres cordilleras, con la mitad de su territorio tapizado por bosques y selvas tropicales, los rostros de los asediados líderes ambientales son igualmente diversos, desde el Caribe hasta el Amazonas. Uno de los más conocidos es el de Francia Márquez, una lideresa afrocolombiana del vecino departamento del Cauca que ha librado una larga lucha contra la explotación minera y ahora es aspirante presidencial. “Hay un vínculo entre la violencia armada y el modelo de desarrollo económico, eso hace que Colombia sea el país con más líderes ambientales asesinados. No hay posibilidades de acceder a la justicia y cuando lo logramos es lenta e ineficaz”, resumía este año en una entrevista con este periódico la ganadora del Premio Goldman, el Nobel ambiental. En esa geografía quebrada, visiblemente arrugada, el país alberga también la mitad de los páramos del planeta, como los que protegen Milton y la comunidad Nasa. La mayoría se encuentran en la cordillera de los Andes, y son considerados fábricas del agua, un ecosistema de alta montaña tan clave como frágil, que permite regular los flujos hídricos. Asimismo, su conservación es importante para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Esas cumbres húmedas también han sido corredores para ese archipiélago de grupos armados que incluso después de la firma de la paz mantienen a las comunidades indígenas sometidas al fuego cruzado. Antes de despedirse, pues debe asistir a una reunión con las autoridades indígenas sobre las extorsiones que se vienen presentando, Milton se queda pensando. “El narcotráfico, los grupos armados, los grupos criminales… ¿a quién están protegiendo? Ellos también necesitan el agua, el aire, la diversidad. ¿La ideología política dónde está realmente? No está en defensa de la vida”, se lamenta. Envía a los visitantes de regreso a Florida, custodiados por la guardia. La carretera Pacífico-Orinoquía, concluye, “sería un desastre peor que el conflicto armado que estamos sufriendo”.
El asesinato de todo tipo de líderes sociales y en particular de los defensores del medio ambiente no se detiene en Colombia. El más reciente, el de Breiner David Cucuñame, un niño de 14 años que acompañaba a la guardia indígena en el convulso departamento del Cauca, ha conmocionado una vez más a una sociedad que sigue sumando nombres a esa trágica lista. Aunque el motivo de su asesinato aún no ha sido confirmado de manera oficial, se podría considerar el primer ambientalista asesinado en este 2022 en el país del mundo donde ocurren con mayor frecuencia estos crímenes. Una víctima más que refleja la extrema vulnerabilidad de ecologistas, indígenas y menores en comunidades sometidas al fuego cruzado de los grupos armados ilegales en muchos territorios del país. La foto en la que el Servicio de Parques Nacionales Naturales de Colombia lamenta su asesinato muestra a Cucuñame con su bastón de mando y su chaleco de guardia indígena en medio de un páramo, rodeado de frailejones. La oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia ha condenado el confuso ataque sucedido el pasado viernes en el que además falleció otra persona en la localidad de Buenos Aires.
Breiner David Cucuñame, joven de 14 años del resguardo indígena Las Delicias (Cauca), en Colombia. Las autoridades indígenas le atribuyeron la autoría del ataque a grupos disidentes de la extinta guerrilla de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz sellado hace ya más de cinco años. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) despidió al adolescente como un “cuidador de la Madre Tierra, guardián del Territorio, guardia indígena estudiantil Kiwe Thegna del resguardo de Las Delicias, niño protector de la vida, Nasa de acciones colectivas y sueños grandes”. “La muerte del joven Breiner David Cucuñame, un abanderado de la protección ambiental en su comunidad en el Cauca, nos llena de tristeza”, reaccionó el presidente Iván Duque en sus redes sociales al pedir celeridad a la Fiscalía para esclarecer los hechos. El ataque ocurrió en una zona rural del norte del Cauca cuando la guardia indígena ejercía sus labores de control territorial, después de que recibió información de la presencia de hombres armados en el resguardo. Al llegar, los disidentes les dispararon tanto a la guardia como a la comunidad, ha explicado la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). En el lugar murió Guillermo Chicame, que era parte del esquema de seguridad del líder del resguardo Fabián Camayo, que también resultó herido. El fuego continuó, y poco después el joven Cucuñame –que según los testimonios acompañaba a su padre luego de una jornada de trabajo– fue baleado en la carretera. En los resguardos, la guardia indígena suele estar compuesta por hombres y mujeres desarmados que se encargan de la defensa colectiva de sus territorios y portan bastones de mando como símbolo de autoridad. En otros tiempos, los grupos armados los respetaban. Sin embargo, en medio de la fragmentación que ha caracterizado la crisis de seguridad que atraviesa Colombia, tanto gobernadores indígenas como miembros de la guardia han caído también en medio del incesante asesinato de líderes sociales. Al menos 78 defensores de derechos humanos fueron asesinados el año pasado, de acuerdo con la oficina de Derechos Humanos de la ONU, una lista que encabezó el departamento del Valle del Cauca. La Defensoría del Pueblo eleva ese conteo hasta 145 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2021. El norte del Cauca, donde habita la mayoría del pueblo Nasa, colinda justamente con el sur del Valle del Cauca y es un corredor para las rutas del narcotráfico por su salida al Pacífico, lo que ha convertido la zona en un polvorín. Allí operan un archipiélago de grupos ilegales, entre los que se encuentran varias disidencias de las FARC, además de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), bandas del narcotráfico e incluso se ha reportado la presencia de cárteles mexicanos.
Valle del Cauca es un departamento del sudoeste de Colombia. Hay una gran cantidad de playas en la costa pacífica de la región, mientras que en el interior se encuentran los Andes. Su capital es Santiago de Cali, famosa por ser un lugar de referencia para la música y los bailes de salsa. La iglesia de San Antonio está situada en lo alto de una colina y alberga una colección de figuras religiosas de madera del s. XVII. La iglesia La Merced tiene los muros encalados y data del s. XVI. A la pesada herencia del narcotráfico y el conflicto armado, se suman los riesgos de defender causas ambientales, a las que les sobran mártires. Colombia ha sido identificado por dos años consecutivos por la oenegé Global Witness como el país más peligroso para defender la tierra. De los 227 asesinatos de ambientalistas registrados en 2020 en el mundo, 65 ocurrieron en el país sudamericano. En su más reciente informe, Global Witness subraya que los pueblos indígenas son los más afectados por la violencia. Tampoco los menores lo tienen fácil en medio del fuego cruzado. En el mismo fin de semana, el asesinato de otra niña también ha enlutado a los colombianos. Valeria Murillo, de 10 años, murió el domingo luego de ser alcanzada por las balas de pistoleros del Clan del Golfo –una banda narcotraficante– que atravesaron las paredes de madera de su casa, donde se resguardaba con su madre, en una incursión armada en el municipio de Medio San Juan, en el departamento del Chocó, sobre la franja del Pacífico. “Hacemos enfático llamado a respetar la vida y la integridad de la población civil, especialmente de niños, niñas y adolescentes”, ha suplicado la oficina de Derechos Humanos de la ONU al condenar el crimen.
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