Lucila Bettina Cruz Velázquez, defensora de la tierra y del territorio del pueblo binni’zaa, defensora de derechos humanos e integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio - APIIDTT, en el Municipio de Santa María Xadani, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Estudió Ingeniería Agrícola en la UNAM. Ha participado en el movimiento de resistencia civil contra los precios altos de la electricidad y la lucha frente a los megaproyectos eólicos, se ha manifestado en contra de los gigantes multinacionales de la energía eléctrica que han organizando el despojo en el Istmo de Tehuantepec, con la excusa de promover el desarrollo sostenible con energía verde y limpia. Bettina, quien participa también en el Concejo Indígena de Gobierno del CNI/EZLN, es un referente en la lucha contra las altas tarifas de la luz y contra megaproyectos desarrollistas. Alejandra Gonza, directora de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, funge como su representante ante organismos internacionales.

Ha denunciado las prácticas depredadoras de las grandes empresas multinacionales de la energía en el Istmo como: la empresa española Renovalia, Gas Natural Fenosa y Gamesa; la francesa EDF, la italiana ENEL o la japonesa Mitsubishi. Iberdrola ha sido una de las principales beneficiarias de la ley de privatización con rentabilidades por arriba de la media. Este gigante energético es acusado de realizar lobby en favor de la liberalización energética ante distintos niveles de gobierno y de vestirse de verde, a pesar de que un bajo porcentaje de su producción está basada en energías renovables. La activista denuncia también el impacto negativo que tiene el ruido, mantenimiento y cambio de aceite de más de 1.900 generadores que representan un grave peligro para el ecosistema y que generarán grandes cementerios de aves migratorias y murciélagos. Para asegurar los parques eólicos, las compañías compran autoridades civiles y agrarias, se sirven de instituciones gubernamentales y contratan a personas de las comunidades para labores de convencimiento y hostigamiento. En Oaxaca existen más de 21 parques eólicos en funcionamiento, cuya instalación ha ocasionado el despojo de tierras, alteración de las formas de subsistencia, costumbres y creencias de las comunidades indígenas desde los años 90.

Humilde modo de supervivencia.

Los pueblos están organizados y la lucha ha cosechado algunos logros importantes. Por ejemplo, se han conseguido suspender definitivamente dos parques eólicos ante la justicia federal, obtener el reconocimiento de tierras comunales y se ha logrado obligar al gobierno a realizar consulta previa e informada. Y es que para que los parques eólicos sean sostenibles resulta necesario que se estudie su impacto social, económico y ecológico durante todo su ciclo de vida, desde la fabricación e instalación, hasta su desecho.

En su caminar ha sido amenazada, perseguida, hostigada y encerrada varias veces en la cárcel por su labor en defensa del medio ambiente y los derechos humanos. Desde febrero de 2012, ha estado bajo medidas de protección por parte de la Defensoría Pública de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y, en noviembre de 2012, por parte del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas del Gobierno Federal. Además, la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca había concedido previamente medidas de protección a su favor el 14 de noviembre de 2011. A pesar de que se ha otorgado la protección de estos mecanismos, los ataques y el acoso no han cesado. Actualmente, la lucha se centra en detener definitivamente el proyecto de la española Eólica del Sur, que pretende ser el más grande de América Latina y que cuenta con el apoyo del gobierno mexicano.

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Yásnaya Elena Aguilar Gil (Ayutla Mixe, Oaxaca, 1981) es lingüista, escritora, traductora, activista de derechos lingüísticos e investigadora mexicana. Sus lenguas de trabajo son ayuujk (mixe), español e inglés. Ha realizado proyectos que atienden a las necesidades de los hablantes cuya lengua corre el riesgo de desaparecer.

Yásnaya Elena Aguilar Gil cursó la Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y se recibió en 2004 con una tesis sobre la diacronía del orden de constituyentes en español. Más tarde, continuó sus estudios de posgrado en la Maestría en Lingüística Hispánica de la UNAM. Durante su paso por la universidad, descubrió su interés por el estudio del lenguaje y se interesó por el estudio gramatical de su lengua materna, el mixe alto del sur o ayuujk. Desde 2011 es colaboradora de la revista Este País y autora del blog Ayuujk, en el cual problematiza las políticas lingüísticas que obligan a los hablantes de lenguas originarias a dejar de hablar su lengua madre para evitar ser marginados, y en donde aborda reflexiones sobre literatura y experiencias personales sobre su experiencia como hablante y estudiosa de una lengua originaria en un entorno de políticas culturales homogeneizantes. Ha participado e impartido coloquios, ponencias, conferencias y talleres en foros nacionales como la Universidad Nacional Autónoma de México así como en foros internacionales. En 2018, fue invitada por el Consejo Indígena de Gobierno a ofrecer una plática en territorio zapatista y en presencia del subcomandante Marcos, hoy conocido como Galeano. Fue coordinadora de Cultura y Eventos de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova, en la ciudad de Oaxaca. Actualmente es miembro del Colegio Mixe, un colectivo que busca realizar investigaciones sobre la lengua y cultura mixes, así como difundir las mismas.

El Congreso Nacional Indígena se constituyó el 12 de octubre de 1996, planteándose ser la casa de todos los pueblos indígenas, es decir un espacio donde los pueblos originarios encuentran el espacio de reflexión y solidaridad para fortalecer sus luchas de resistencia y rebeldía, con sus propias formas de organización, de representación y toma de decisiones.

El trabajo lingüístico de Yásnaya Elenga Aguilar ha logrado integrarse a la discusión de grandes analistas en diferentes materias, desde la antropología, la ciencia política, el derecho indígena, la filosofía, entre otras, debido a que, al estudiar la lengua ayuujk (mixe), reflexiona sobre el hecho de que la falta de una base de datos de estudios lingüísticos en materia de lenguas indígenas, en contraste con la lengua oficial, es resultado de un problema sistemático en la relación estado-pueblos indígenas; sobre todo porque esta relación homogeneizante de parte del estado produjo una serie de injusticias que se implementaron en las actuaciones y discurso de dicho ente hasta la actualidad de forma tal, que se volvieron la herramienta institucional interlocutoria con los pueblos indígenas, viéndolos como comunidades en retraso que tienen por tanto, según el estado, que integrarse al ideal del discurso de progresismo moderno del estado-nación, que para empezar ha visto a la lengua indígena un elemento de retraso, esto para Yásnaya Elena, ha sido factor determinante para la aniquilación de lenguas y de la misma forma, este ha sido un patrón de actuación a nivel histórico y mundial donde cada vez, los hablantes de lenguas indígenas son menores en un contexto donde los estados se conformaron a partir del sometimiento. Se dio cuenta de la relación entre las crisis de sistemas lingüísticos indígenas en peligro, con los factores sociales económicos y políticos del contexto al que forman parte, eso la ha llevado a posicionar sus reflexiones más allá del peritaje lingüístico y ha aportado importantes obras al ámbito intelectual con el fin de posicionar la importancia de preservar las lenguas no solo por su importancia en materia lingüística, sino porque implica también afrontar todas las formas de vejaciones a los derechos de los pueblos en su relación con los agentes de poder que los han pretendido someter.

El 26 de febrero de 2019, Yásnaya fue invitada a la sesión ordinaria de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados en el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, para emitir un discurso en mixe, en el que hizo alusión al estado en el que se encuentran las lenguas indígenas de México. Dentro de su mensaje, señaló enfáticamente: “Nuestras lenguas no mueren, las matan. El Estado mexicano las ha borrado. El pensamiento único, la cultura única, el Estado único, con el agua de su nombre, las borra”.

Se calcula que más de 7 millones de mexicanos hablan alguna lengua indígena, en las que destacan: el náhuatl, maya, otomí, mixteco, zapoteco, totonaco, chol y mazateco.

Yásnaya Elena Aguilar Gil concientiza acerca de temas medioambientales, especialmente sobre la escasez del agua. Entre otras cosas, condujo la serie documental "El tema" al lado del actor Gael García Bernal para hablar de la emergencia climática. También fue invitada al programa "Versión Extendida con Tenoch Huerta" para hablar sobre el problema del agua.

Yásnaya Elena Aguilar Gil denunció públicamente en junio de 2017, la agresión que sufrió ella y muchas personas de su comunidad, por una emboscada de grupos armados contratados por líderes caciquiles y autoridades de Tamazulapam del Espíritu Santo, después de un despojo de tierras emprendido contra comuneros de Ayutla, donde perdiera la vida uno de sus compañeros comuneros y cuatro mujeres de San Pedro y San Pablo Ayutla fueron secuestradas, mientras que otros más resultaron heridos. De igual manera, recriminó la negligencia del gobierno de Oaxaca al mal emprender acciones que poco ayudaron a dar una solución a un conflicto social que se vive en la comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla y Tamazulapam del Espíritu Santo por recursos naturales. Denunció también la responsabilidad del gobierno del estado de Oaxaca así como del secretario general de Gobierno, Héctor Anuar Mafud Mafud por la omisión institucional luego de que por dichos problemas sociales la comunidad se quedara sin agua potable, ya que los tanques de agua de su comunidad así como sus tuberías fueron destruidas por grupos violentos. El 31 de marzo de 2020, hubo un incendio forestal en San Pedro y San Pablo Ayutla, lo cual volvió a poner en evidencia la urgente necesidad de agua en la comunidad. Para este momento, el pueblo de Ayutla llevaba más de dos años sin agua (1,044 días) en plena pandemia de COVID-19 en México.

Yásnaya Elena Aguilar también ha estado activa denunciando en Twitter con la etiqueta #AguaParaAyutlaYA. Ha publicado numerosos textos, principalmente ensayos sobre derechos lingüísticos, mujeres indígenas, lenguaje y violencia, entre otros.

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Hermelinda Tiburcio Cayetano es una defensora mixteca de derechos humanos, que ha trabajado desde muy joven por los derechos de las mujeres indígenas en el estado de Guerrero. Hermelinda nació en el corazón de la Montaña mixteca (en la Costa Chica de Guerrero) donde creció, siendo testigo de la pobreza, la débil presencia institucional y la constante migración de las comunidades a las zonas urbanas. Desde temprana edad observó cómo las mujeres en la región sufrían afectaciones a su derecho a la integridad personal y su derecho a la vida debido al machismo imperante. Las muertes maternas, el maltrato físico y psicológico, y la discriminación económica y social hacia las mujeres mixtecas guerrerenses, pasaban diariamente frente a su retina. A los 11 años, y movida por un sentido de búsqueda de justicia en las comunidades indígenas mixtecas, Hermelinda se marchó de su natal Yoloxóchitl y empezó a trabajar como trabajadora del hogar en Ometepec (capital del distrito), lo cual le permitió terminar sus estudios de secundaria. Gracias a su tesón y su trabajo así como al apoyo de una iglesia evangélica, pudo posteriormente obtener títulos universitarios en desarrollo comunitario y en psicología. En 1997, Hermelinda se integró al “Movimiento Estatal del Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena”, donde continuó su proceso de formación en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

La fiesta de San Pablo y San Pedro.

Hermelinda fue la primera mujer mixteca que se pronunció públicamente sobre el tema de la violación sexual a mujeres indígenas en la región cuando, en 1999, expuso el caso de violación sexual de dos mujeres, Victoriana Vázquez Sánchez y Francisca Santos Pablo, a manos del ejército Mexicano, en Barrio Nuevo San José, Municipio de Tlacoachistlahuaca. A partir de ese momento, se dictaron órdenes de aprehensión contra ella, por varios delitos, que fueron retiradas en 2003, gracias a una demanda de amparo. Actualmente, Hermelinda pertenece a la “Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas”, es integrante activa de la “Coordinadora Nacional de Mujeres”, y de la organización “K’inal Antzetik”(Tierra de Mujeres, en tzetzal) desde donde lucha y hace visible la situación de exclusión, violencia y discriminación que sufren las mujeres indígenas en México. En 2007, Hermelinda fue nombrada Presidenta del Fondo Regional Na savi. A.C., constituido cinco años antes con la colaboración monetaria de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), a través del gobierno federal. El Fondo fue creado con el ánimo de destinar recursos económicos a programas de apoyo a los derechos de la población indígena, sobre todo de las mujeres. Sin embargo, poco después de su creación, la defensora comenzó a observar que parte de los fondos destinados a proyectos productivos para mujeres indígenas, estaban siendo malversados por funcionarios públicos al interior de la CDI. Hermelinda denunció que, al haber expuesto las anomalías encontradas ante la contraloría de la sede de la CDI, así como interponer una denuncia ante el Ministerio Público por desvío de recursos, “lo único que encontr(ó) fueron amenazas, difamación e intentos de asesinato”.

De hecho, desde que comenzó su labor como defensora, Hermelinda ha sido continuamente hostigada, amenazada, y en al menos tres ocasiones se ha atentado contra su vida. Uno de estos episodios tuvo lugar en enero de 2014, cuando varias personas llegaron a su casa en la madrugada y rafaguearon a balazos su puerta.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México (ONU-DH), entre otras funciones de su mandato, realiza labores de monitoreo y observación, documentando casos de denuncias de violaciones de derechos humanos. En este sentido, la ONU-DH documentó el caso de Hermelinda Tiburcio, dando seguimiento a las averiguaciones previas abiertas ante el Ministerio Público en la Fiscalía de Justicia del Estado de Guerrero, así como a su situación de riesgo e implementación de las medidas de protección ante el Mecanismo Nacional de Protección de Personas Defensoras y Periodistas. El 17 de diciembre de 2013, el Mecanismo Nacional de Protección de Personas Defensoras y Periodistas incorporó, a través del procedimiento extraordinario, a Hermelinda Tiburcio.

En Junta de Gobierno celebrada en febrero de 2014, se discutieron las medidas de protección de la defensora, cuyo riesgo había sido valorado como “alto”, y se le otorgaron diversas medidas, incluido un esquema de protección personal a ser proporcionado por el estado de Guerrero. Estas últimas medidas no se implementaron de manera adecuada ni completa, y resultaron desgastantes para la defensora e ineficaces a la hora de brindarle la seguridad que necesita para poder continuar sus labores sin que su vida corra peligro. Por esta razón, y con miras a subsanar esta situación, el Mecanismo Nacional de Protección recientemente acordó reforzar sus medidas de seguridad, modificando en particular su esquema de protección personal. Estas nuevas medidas ya están siendo implementadas, lo cual ha significado una mayor protección para la defensora. No obstante lo anterior, las denuncias y los agravios cometidos contra Hermelinda siguen impunes, lo cual mantiene vigente el riesgo de su labor. A pesar de las denuncias interpuestas por la defensora ante el Ministerio Público del estado de Guerrero, tanto por las amenazas y tentativa de homicidio sufridas por razón de su trabajo, como por aquellas contra el CDI y otros funcionarios del Fondo Regional por el desvío de recursos y falsificación de documentos, éstas siguen sin ser conclusivas en cuanto a esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

Hermelinda ha señalado “estoy consciente que cada día existe la posibilidad de morir, pero he decidido seguir soñando junto con los sueños de muchas de mis hermanas indígenas que viven esperando un México mejor, esperando que las instituciones de gobierno ejerzan con transparencia los recursos públicos, que las instituciones de impartición de justicia sean parciales y justas, y que dan su vida, por sus hijos y por la generación futura. Porque abandonar mi lucha es abandonar mi sueño, de qué me serviría escaparme de la pobreza, la marginación, la ignorancia y el machismo, si yo como mujer, madre, esposa, hija, profesionista, indígena, ignorara lo que pasa en este país, ¿de que me serviría estar viva?, si abandono mi lucha y mi sueño, mi cuerpo, mi ser, moriría en vida. Si el universo me diera la oportunidad de volver a nacer, haría lo que hago hoy”. La ONU-DH continúa dando seguimiento al caso de Hermelinda y seguirá trabajando con las autoridades para que éstas investiguen quién está detrás de las agresiones contra la defensora y que se implementen las medidas de seguridad que ella requiera para que continúe defendiendo los derechos de las mujeres indígenas y mixtecas.

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Luna Martínez Andrade (1 de mayo de 1986), conocida como Luna Marán, es una cineasta mexicana, originaria de Guelatao de Juárez, Oaxaca. Es parte de la segunda generación de cineastas de su comunidad. Cofundadora del Campamento Audiovisual Itinerante, la Red de Cines Comunitarios Aquí Cine, Jeqo, CineToo Lab y Brujazul. Ganadora de 10 premios y nominada a la Mejor Ópera Prima en los Arieles 2018. En el 2001 recibió el segundo lugar del Premio Nacional de Fotografía para jóvenes Manuel Álvarez Bravo. En el 2006 recibió el reconocimiento Semillas - MacArthur Foundation.

Hija del filósofo y músico zapoteco Jaime Martínez Luna, Luna Marán creció en Guelatao. Su acercamiento al mundo audiovisual inicia cuando ella sólo contaba con nueve años, esto gracias a que su pueblo natal se convertiría en el epicentro de la nueva era de comunicación comunitaria. En 1989 se había fundado la estación de Radio XEGLO “La voz de la Sierra” , la cual transmite en las lenguas chinanteca, mixe, zapoteca y española, y en donde Luna Marán participó como locutora. Cuatro años después, en 1994, se creó el canal de televisión CANAL 12 “Nuestra visión" en el que participó como actriz infantil.

En el 2001, Luna recibió el segundo lugar del Premio Nacional de Fotografía para jóvenes Manuel Álvarez Bravo. En 2006 recibió el reconocimiento del Fondo Semillas por la realización del proyecto “El teatro, la radio y la fotografía como herramientas de comunicación de los derechos sexuales y reproductivos” con fondos de MacArthur Foundation. En 2019, su ópera prima documental Tío Yim (2019) participó en la selección oficial de Ambulante 2019, Festival del Nuevo Cine de Durango, Festival Foto Film, Tijuana, Guanajuato International Film Festival, Festival Internacional de Cine de Morelia, Festival de Cine Documental Mexicano Zanate, Festival Internacional de Tulum, San Diego Latino Film Festival(Online), Hola México (Online) Los Angeles 2020, Entre dos Mundos (Online), 15 edición del Festival Arica Nativa, de Chile, LongShots, el primer festival de cine en línea de la BBC como una de las joyas ocultas del cine documental internacional.

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Martha Isabel Ruiz Corzo, (Ciudad de México, 1953) es una activista de la ecología. Reconocida con numerosos premios internacionales por su labor en el desarrollo sostenible, protección de la biodiversidad y activismo en favor de la de Sierra Gorda, en el estado de Querétaro en el centro de México. Su labor se ha manifestado en un amplio abanico de acciones en la defensa de la naturaleza, la educación ambiental, la sostenibilidad y el liderazgo desde la base social a través del trabajo de organizaciones de la sociedad civil.

Con 32 años de experiencia en conservación innovadora y participación comunitaria, Pati es una de las líderes ambientales más respetadas de América Latina y México y que más galardones del mayor nivel y prestigio nacionales e internacionales ha ganado por su labor. Creció en la Ciudad de Querétaro y ejerció como primer violín de la Orquesta de Cámara de la Ciudad y maestra de Música en la John F. Kennedy School. En 1984 se muda con su familia a la Sierra Gorda y en 1987 fundó el Grupo Ecológico Sierra Gorda (GESG) con su esposo, Roberto Pedraza Muñoz y amigos locales desde entonces trabajando para conciliar el desarrollo económico de las comunidades locales con la protección de la biodiversidad de la región. En 1995 se convierte en becaria de la Fundación Ashoka, por lo que su labor comienza a tener reconocimiento y proyección internacional, sumándose pronto el US Fish and Wildlife como el primer donante internacional a su proyecto. Diez años de intensa labor con las comunidades y sociedad local, permiten que en 1997 consiguieran el decreto de la Sierra Gorda como Reserva de la Biosfera por el entonces Presidente de la República, Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, decreto que tuvo el consenso de la gran mayoría de la población local. Por nombramiento del Presidente Zedillo, por trece años ejerció como Directora Federal del área protegida, laborando para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la SEMARNAT, aplicando la normatividad y regularizando procesos de ejecución de obra pública. A la par de su labor como Directora del área protegida, se convirtió en coordinadora de un proyecto de escala completa del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) administrado por el PNUD y la CONANP en asociación con el Grupo Ecológico Sierra Gorda entre 2001 y 2008, e invitada la Schwab Foundation, como miembro de la Iniciativa Social del Foro Económico Mundial a participar en varias ediciones del mismo, lo que incrementó de manera notable su visibilidad internacional y los temas ambientales y sociales en dicho foro. Tiene una activa presencia en foros nacionales e internacionales de primer nivel como oradora, compartiendo su experiencia y en una constante interlocución con una variedad de personalidades y líderes mundiales. Al término de su gestión en la CONANP vuelve a incorporarse al GESG como Directora General del mismo, cargo que ocupa desde 2010 a la fecha.

La topografía de la Sierra Gorda es abrupta, de 300 a 3100 m s. n. m., con una altitud media predominante entre los 1300 y los 2400 m s. n. m., caracterizada por elevaciones como los cerros de Jasso y el de La Media Luna (2420 m s. n. m.); el cerro de la Tembladera (1880 m s. n. m.); y el cerro de Otates (1450 m s. n. m.), cerro del Pelón (1400 m s. n. m.), La Tinaja, San Pedro y Piletas.

Las montañas de Sierra Gorda resultan ser un laboratorio único a nivel continental por su extraordinaria ecodiversidad. Localizadas estratégicamente en la confluencia de las bioregiones Neártica y Neotropical, y parte de la Sierra Madre Oriental, albergan de áridos matorrales xerófilos a húmedos bosques de niebla, templados, tropicales y ribereños, compuestos por más de 2300 especies de plantas vasculares con varias especies endémicas y nuevas para la Ciencia. Que sirven de hogar para 111 especies de mamíferos, 343 de aves, 134 de herpetofauna, 27 de peces y 800 de mariposas. Sin embargo, este capital natural es propiedad de las comunidades y propietarios locales (70% privado, 30% ejidal o comunal), que de una manera u otra ejercen presión sobre los ecosistemas y biodiversidad a través de los sistemas productivos tradicionales (milpas en empinadas laderas de vocación forestal, ganadería en bosques y selvas más los desmontes que ello ocasiona, incendios forestales, tala clandestina, cacería furtiva, proliferación de basureros y contaminación de corrientes de agua, etc...), por lo que aunque decretada como área protegida bajo la administración del Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, su conservación resulta ser todo un reto. En la región se encuentran 638 localidades con casi 100,000 habitantes con limitadas opciones productivas, por lo que la capacitación, diversificación productiva con opciones amigables para la biodiversidad y muy importante, el valorizar económicamente la infraestructura natural y belleza escénica de la zona con retornos económicos a sus habitantes se ha tornado en una prioridad para su labor, buscando consolidar una "economía de la conservación"

Su labor se ha caracterizado por su postura apolítica, trabajando desde la sociedad civil, siempre sirviendo como puente entre la realidad socio-económica de la zona y los tres niveles de Gobierno, fundaciones y organismos nacionales e internacionales, acercando procesos y financiadores, acortando curvas de aprendizaje y trabajando con una visión de largo plazo, que acompaña a las comunidades y micro-empresarios locales hasta concretar procesos. Los programas de educación y capacitación ambiental han sido piedra angular de su labor, al igual que empoderar a mujeres a través de proyectos productivos como micro-empresas y de ecoturismo, donde son los mismos beneficiarios los propietarios y no meros empleados, de manera que tengan un ingreso económico real a partir de iniciativas reales y operativas. Como parte de esa estrategia, opera el Centro Tierra Sierra Gorda, que capitaliza la experiencia del GESG acumulada en más de 3 décadas en la materia a través de talleres, conferencias, diplomados y presentaciones ofrece una nutrida currícula en temas ambientales y de sostenibilidad para una variedad de públicos, desde amas de casa locales a técnicos, legisladores, personal de otras organizaciones, productores agropecuarios y estudiantes. Asimismo la restauración de cuencas, protección in situ de la biodiversidad, desarrollo de productos ecosistémicos (CO2) y orientación de políticas públicas, y crear una cultura de respeto para asumir la responsabilidad por el medio ambiente, a través de promover formas de ingreso más ecológicamente sostenibles han conseguido cimentar un modelo con muchos aprendizajes para compartir y replicar.

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Eufrosina Cruz Mendoza (Santa María Quiegolani, Oaxaca, 1 de enero de 1979) es una política indígena zapoteca mexicana diputada local. Ha destacado por su activismo por la igualdad de género y los derechos de las mujeres indígenas y de las comunidades. Cobró notoriedad al triunfar en la elección a presidenta municipal de Santa María Quiegolani en 2007 y serle anulado su triunfo por estipular las leyes tradicionales que las mujeres no podían ser elegidas al cargo. Elegida diputada local en 2010, se convirtió el 13 de noviembre del mismo año, en la primera mujer indígena Presidenta del Congreso del Estado de Oaxaca.

Eufrosina Cruz nació en la comunidad de Santa María Quiegolani, en una familia zapoteca, inicialmente solo hablaba su idioma materno, aprendiendo idioma español a la edad de 12 años, buscando continuar con sus estudios se trasladó a la capital del estado, Oaxaca de Juárez, donde logró culminar la licenciatura en Contaduría Pública y desempeñar su carrera profesional durante un tiempo. En 2007 cobró notoriedad nacional y luego internacional cuando contrariando los denominados usos y costumbres —leyes municipales que determinan el sistema de elección de los ayuntamientos a las tradiciones locales, dejando fuera a los partidos políticos— que restringían el derecho a votar y ser votado a las mujeres, se postuló como candidata a la Presidencia Municipal de Santa María Quiegolani, en las elecciones realizadas el 4 de noviembre del mismo año resultó triunfadora, pero la Asamblea Municipal, integrada únicamente por hombres, declaró nulos sus votos por no tener derecho a ser candidata, otorgando el triunfo en la elección a Eloy Mendoza Martínez. Ante ello, Eufrosina Cruz inició una serie de protestas ante las instancias locales y nacionales, para lograr que se modifiquen las leyes de usos y costumbres y se les reconozca la totalidad de sus derechos políticos a las mujeres, llevando sus protestas y posteriormente actividades tendientes a la modificación de las leyes por diversas partes del país y del mundo.

En 2010 fue postulada como candidata a diputada local por representación proporcional por el Partido Acción Nacional en el contexto de la coalición Unidos por la Paz y el Progreso que junto con el PRD, el PT y Convergencia postulaba a Gabino Cué Monteagudo a la gubernatura del estado; resultó elegida. El 13 de noviembre de 2010 se instaló formalmente al LXI Legislatura del Congreso de Oaxaca, la primera en la historia moderna del estado en que no tendría mayoría absoluta el Partido Revolucionario Institucional, siendo electa Presidenta del Congreso, y convirtiéndose en la primera mujer indígena en presidir el Congreso del Estado. El 14 de diciembre del mismo año fue designada como coordinadora de Asuntos Indígenas del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

Tan solo en Oaxaca, son más de 36 presidentas municipales por el sistema de usos y costumbres en las comunidades indígenas.

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Consuelo Gloria Morales Elizondo (Monterrey, Nuevo Léon; marzo de 1949) es una activista mexicana, fundadora y directora de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC). Su labor como defensora de las víctimas de los Derechos Humanos ha sido reconocida por diversas instituciones nacionales e internacionales como el Premio Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el premio Alison Des Forges por Activismo Extraordinario de Human Rights Watch.

La hermana Consuelo Morales nació en Monterrey, Nuevo Léon, México. Pertenece a la Congregación de Notre-Dame, Canónigas de San Agustín. Estudió la Licenciatura en Trabajo Social en la Escuela de Trabajo Social Vasco de Quiroga en la Ciudad de México y la Maestría en Derechos Humanos y Democracia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede México. Ha sido Presidenta de la Conferencia de Religiosas Mexicanas, sede Arquidiócesis de Montecristo, miembro de diversos consejos ciudadanos, entre ellos el Consejo Permanente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, el Consejo del Grupo Humanitas, A.C., el equipo coordinador de la Red de Organizaciones Civiles del Norte de México, y el consejo de OXFAM-México.

Niños de la calle en la Ciudad de México: un problema estructural.

Tras años de trabajo con comunidades indígenas en Veracruz y niños de la calle en la Ciudad de México, la hermana Consuelo regresa a su ciudad natal y encuentra una comunidad plagada de abusos pero sin la protección de alguna organización de Derechos Humanos. En 1993 forma parte del equipo fundador de la asociación Ciudadanos en Apoyo de Derechos Humanos, (CADHAC) para subsanar este vacío y es su directora desde entonces. Durante los últimos 20 años, CADHAC ha atendido un amplio rango de problemáticas sociales relacionadas con los Derechos Humanos en el Estado de Nuevo León, desde el abuso en orfanatos estatales hasta la desaparición forzada de ciudadanos. La organización busca la defensa y promoción de los derechos humanos bajo una concepción integral impulsando desde la laicidad el respeto a la dignidad de la persona. La organización es una de las ONG más longevas en el norte del país y ha sido reconocida por su defensa activa de los Derechos Humanos, desde el inicio de la Guerra contra el narcotráfico, la organización ha acompañado a las familias de las víctimas de desaparición en la búsqueda de sus seres queridos. De 1993 a la fecha, CADHAC ha ampliado su ámbito de trabajo: de la difusión de los temas relacionados con los Derechos Humanos ha pasado a la defensa activa ante instancias jurisdiccionales y gubernamentales. Actualmente, la organización es una de las ONG’s más longevas en el norte de la República. En el contexto estatal, se reconoce a CADHAC su compromiso con la causa de los Derechos Humanos. Consuelo Morales, como directora de CADHAC se ha destacado por su labor en apoyo a las madres de los desaparecidos en la guerra contra el narcotráfico, que repercutió de manera importante en el estado de Nuevo León. A raíz de las gestiones de CADHAC, en acompañamiento a las familias de los afectados, el 20 de julio de 2015 se dictó sentencia en contra de un militar por ejecuciones extrajudiciales a civiles en México, en el caso de Rocío Elías Garza y su esposo, Juan Carlos Peña Chavarría, ocurrida el 3 de marzo de 2010, en Anáhuac, Nuevo León.

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Tita Radilla o Tita Radilla Martínez (Atoyac de Álvarez, México, 6 de febrero de 1950) es una activista mexicana que ha luchado por la justicia para personas víctimas de desaparición forzada y sus familiares. Es vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), Atoyac de Álvarez, Guerrero, que ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha denunciado, junto con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), el caso de su padre Rosendo Radilla, un episodio jurídico de gran relevancia para la justicia en su país sobre la desaparición forzada. Gracias a su trabajo en defensa de los derechos humanos, ha recibido distintos reconocimientos.

Tita, nacida el 6 de febrero de 1950, en Atoyac de Álvarez, Guerrero, es la quinta hija de 11 que nacieron del matrimonio de Victoria Martínez y Rosendo Radilla, cafeticultor, ganadero y dirigente campesino en este municipio. Se casó a los 19 años y sufrió el rechazo social, por ser hija de una persona desaparecida. Enviudó a los 34 años y con la responsabilidad de hacerse cargo de sus 5 hijos, se convirtió en modista. Acompañada de sus hermanas y su hermano, a los 22 años de edad, inició la búsqueda de su padre Rosendo Radilla, caso que también asumió el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, de Rosario Ibarra de Piedra. Se involucra en la vida política poco después de votar por primera vez en 1988, para la elección presidencial, por el candidato Cuauhtémoc Cárdenas, del Partido de la Revolución Democrática, lo que la llevó a formar parte del Comité Ejecutivo Municipal de dicho partido en Atoyac, Guerrero, que la hizo regidora de 1993 a 1996. En 1991 fue nombrada, en su municipio, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos (Afadem).

El drama de los desaparecidos en México se ceba con los más jóvenes. Una de cada dos personas no localizadas tiene 29 años o menos, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Ha sido una luchadora social que junto con los familiares de las personas desaparecidas, ha encabezado diferentes movimientos como marchas, huelgas de hambre, denuncias y exigencias para que aparecieran. Su constante activismo la llevó a ser perseguida política por el gobernador guerrerense Rubén Figueroa Alcocer. La Procuraduría del estado expidió en su contra, en 1995, una orden de aprehensión por la toma del ayuntamiento de Atoyac en el mes de mayo de ese año. Y poco de un año después también fue hostigada por la masacre de Aguas Blancas, que la ligaba al Ejército Popular Revolucionario (EPR). En el año de 1996, como representante de la Afadem, Tita se presentó a la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, para presentar casos de desaparecidos de la "guerra sucia" y abusos cometidos por el Ejército durante la persecución del EPR. En 1999 la Afadem presentó denuncias formales ante la PGR. La organización empezó con seis casos y después la Femospp acumuló 143 expedientes en una averiguación previa que fue remitida al fuero militar. En el 2001 y ante la falta de respuesta de las autoridades mexicanas para encontrar a su padre, Tita decide presentar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), organismo que en noviembre de 2009 dictó sentencia condenatoria en contra del Estado mexicano, por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, así como por diversas violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de sus familiares.

Esta sentencia ha sido relevante para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Tita Radilla se ha caracterizado por su labor en la visibilización de lo que han padecido cientos de familiares de desaparecidos en Atoyac de Álvarez, Guerrero, y en la constante defensa de los derechos humanos, por lo que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal le otorgó en el 2011, el premio Ponciano Arriaga, y en el mes de noviembre de ese mismo año, en Londres, Inglaterra, la organización internacional de derechos humanos, Brigadas de Paz Internacional (PBI, por sus siglas en inglés), le entregó un reconocimiento por la defensa de los derechos humanos en México. A 44 años de aquellos sucesos, Tita Radilla señala que aún continúan estas prácticas de la llamada "guerra sucia" en el municipio, y sin embargo, aún se tiene la esperanza de encontrar los restos de los desaparecidos.

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Yésica Sánchez Maya (México, D.F., 13 de noviembre de 1977) es una abogada feminista, defensora de derechos humanos en Oaxaca, México. Al estallar el conflicto social de 2006 era presidenta de la filial Oaxaca de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Como tal se ocupó de la defensa de las y los participantes en ese movimiento. En diciembre de 2006 fueron expedidas órdenes de aprehensión contra Sánchez Maya, la también defensora de derechos humanos Aline Castellanos y el secretario general de la Sección XXII del SNTE, Enrique Rueda Pacheco. A las abogadas se les acusó de despojo agravado contra la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. El hecho repercutió en una mayor visibilidad internacional sobre el conflicto en Oaxaca y sobre la propia defensora, dado que intercedieron a favor de ella diversas instituciones como Amnistía Internacional, la Organización Mundial Contra la Tortura e incluso el Consejo de la Abogacía Europea, organización que agrupa a cerca de 700 mil profesionales del derecho.

Yésica Sánchez Maya fue peticionaria y asistente a tres de cuatro audiencias temáticas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Oaxaca: sobre mujeres indígenas, en marzo de 2006; sobre la situación de derechos humanos en Oaxaca, octubre de 2006, y sobre la situación de las personas privadas de su libertad, en marzo de 2007. En febrero de 2009, el Cabildo de Oaxaca de Juárez revocó un dictamen en el que se reconocía el trabajo de Sánchez Maya en defensa de los derechos humanos de las mujeres y por la equidad de género, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Esto se debió a que el entonces presidente municipal, el priísta José Antonio Hernández Fraguas, adujo que la activista era “enemiga del gobierno” estatal que todavía encabezaba Ulises Ruiz.5? Actualmente es Integrante del equipo directivo de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad.

Es integrante del grupo impulsor de la IM-Defensoras, integrante del grupo impulsor de la Red Nacional de mujeres defensoras en México, a lo largo sus 22 años de experiencia ha acompañado a defensoras en riesgo; así como víctimas de detención arbitraria, tortura criminalización, desaparición forzada, violencia feminicida y feminicidio. Fue Becaria de CEJIL en 2008. Peticionaria de diversas audiencias en la CIDH y ha presentado casos e informes ante Naciones Unidas. En la quinta edición del Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos “Gilberto Bosques”, Alemania y Francia le fue otorgada mención honorífica.

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Ponerse en la piel de una persona con albinismo o, al menos, intentarlo no está al alcance de cualquiera. Por esto el relato de Ruby Vizcarra, una modelo albina mexicana, es tan desgarrador y a la vez tan necesario para entender cómo el sufrimiento de una persona, por simple hecho de no encajar en una sociedad extremadamente racista, puede llevar al intento de suicidio. El albinismo no solo tiene que ver con la falta de color de la piel o la visión perfecta, sino que son una de las comunidades más silenciadas y maltratadas por la propia sociedad. Durante muchos años eran considerados algo así como demonios y estuvieron perseguidos y secuestrados en diversos países de África, continente en el que las personas albinas destacan más sobre el resto.

Ruby Vizcarra ha vivido en sus propias carnes años e burlas y acoso por su fina y blanca piel y su cabello platinado. Nunca entendió por qué el color de su tez era mucho más blanquecino que el del resto de sus compañeros de clase, y se castigaba por ello. Nadie le había explicado que era albina. Cuando Vizcarra cursaba el primer año de primaria, niños la perseguían e incluso la golpeaban. "Los niños me empezaban a preguntar si estaba pintada, que qué tenía, que por qué era así. Yo me ponía pensar: ¿así cómo? ¿Qué tengo?", explicó en su cuenta de Instagram.

Estas mofas dieron pie a traumas y a querer ser otra persona por el mero hecho de ser aceptada en sociedad. "Las personas cercanas me preguntaban por qué no me maquillaba, por qué no me pintaba el cabello para parecer "normal". Yo decía, '¿cómo normal? ¿no soy normal?", subrayó. Esta estigmatización social fue lo que la llevó a dos intentos de suicidio. En uno de ellos, que terminó hospitalizada, despertó y sintió que si aún estaba viva tenía que ser por alguna razón y que lo único que le haría feliz sería abrazar sus diferencias y ser ella misma.

Al tiempo decidió cumplir su sueño de ser modelo, algo que de primeras pensó que no lograría realizar. No fue así. Entró en una agencia que optó por maquillarla y hacerla pasar como una modelo rubia. Duró seis meses hasta que decidió tomar su camino en solitario. Convocó a diferentes profesionales que quisieran retratarla tal y como ella es, una modelo albina, sin necesidad de transformarla en otra persona diferente. Lo consiguió. Su cuenta de Instagram cuenta con multitud de campañas de moda y belleza que la fotografían tal y como ella es.

Olimpia Coral Melo (Huachinango, Puebla; 1995) es una activista mexicana reconocida como una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2021 por la revista Time que impulsó la creación de una ley contra el acoso digital en México que lleva su nombre, la Ley Olimpia. Después de sufrir «pornovenganza» por parte de una expareja que divulgó un video sexual de ella sin su consentimiento, inició una lucha de siete años para crear y promover una ley que penalizara estas prácticas.

La “Ley Olimpia” es la denominación que adquiere un conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia o violencia digital. Las reformas legislativas adquieren esa denominación porque fue impulsada por la activista Olimpia Coral Melo.

En su juventud, su pareja afectiva divulgó un video privado con contenido sexual que rápidamente se viralizó en México. Este episodio tuvo repercusiones emocionales en Olimpia, quien cayó en depresión con intentos de suicidio como ha referido en entrevistas. A partir de esto, formó en Puebla la organización Mujeres contra la violencia de género y después se mudó a la Ciudad de México para fundar junto con otras mujeres el Frente Nacional para la Sororidad, para prevenir la violencia virtual y acompañar a mujeres que la hubieran vivido. En marzo de 2014, cuando tenía 19 años, presentó una iniciativa de ley en el Congreso de Puebla. Tras su insistencia, logró que se reconociera la violencia digital y se sancionara hasta con seis años de prisión a quienes comparten materiales íntimos sin consentimiento en 2018. Hoy, al menos 28 estados de la República Mexicana reconocen esto como un delito. El 22 de enero de 2020, la Ciudad de México se sumó a estas entidades al publicarla en su Gaceta Oficial. En 2019, cuando la ley había sido aprobada solamente en 11 estados de México, narró su historia a BBC Mundo, en la que subrayó:

La gente no tiene idea de lo que causa ese tipo de violencia. Limitan tu libertad, tu intimidad, tu movilidad, tu vida. Y tú lo aceptas porque crees que eres culpable. Por eso acceder a la justicia es casi imposible. Cada "like" a esas publicaciones es una agresión, cada "me gusta" es un golpe. Cada vez que alguien comparte contenido íntimo de una persona que no lo permitió es como una violación.

En 2020 el municipio de Huauchinango, Puebla, le otorgó un reconocimiento para declararla huauchinanguense distinguida.

Olimpia Coral Melo fundó el Frente Nacional para la Sororidad, un colectivo cuyo primer objetivo fue dar acompañamiento a mujeres que vivían violencia digital. Después, comenzó a agrupar a feministas independientes y colectivas para tener presencia en diversas entidades de México. En la actualidad, el Frente tiene un grupo específico de defensoras de víctimas de violencia en internet, que contempla también atención legal, psicológica y acompañamiento. Uno de los objetivos del Frente es seguir luchando contra la violencia digital y evitar que las mujeres sean vistas como objetos sexuales, al poner énfasis en que fotografiarlas o grabarlas implica validar una visión mercantil y sexual hacia ellas. Para sus integrantes, es fundamental la educación digital de todos los sectores de la población.

El pasado Noviembre nos adentramos en la Ley Olimpia en nuestros destacados.

Frecuentemente, cuando en una entrevista se aborda el trabajo o la vida de un artista popular, son pocos los resquicios que pueden despertar el interés tanto del entrevistador como del entrevistado y del lector. ¿Qué se le puede preguntar hoy a Diego Luna? Sobre todo, si ya está diciendo a través de Twitter lo que quiere decir. Casi todos conocemos su biografía: que Diego Luna es hijo del prodigioso escenógrafo Alejandro Luna y la vestuarista Fiona Alexander. Que comenzó su carrera actoral en el teatro, para luego aparecer en la pantalla chica en uno de los últimos productos melodramáticos dignos producidos por Televisa, El abuelo y yo. Que es amigo y socio de Gael, que juntos fundaron la productora de cine Canana y el festival de documentales Ambulante, y que protagonizaron la cinta de Alfonso Cuarón Y tú mamá también. Que también dio el salto a Hollywood, pero que a la par ha producido y dirigido algunas películas independientes (como Mr. Pig y Abel). Que Diego produce teatro. Que Diego Luna ya es parte del nuevo imaginario de Star Wars. Que toda su vida la ha vivido dentro del set y arriba del escenario. Es obvio que siempre quedan historias que conocer. Quizá las historias menos contadas sean las que tienen que ver con la persona y no con el personaje, o todavía más: con el origen y no con el destino.

Marisela Escobedo Ortiz (Piedras Negras, 12 de junio de 1958 - Chihuahua, 16 de diciembre de 2010) fue una enfermera y activista social mexicana, asesinada mientras protestaba por el feminicidio de su hija ocurrido en el año 2008.

Marisela Escobedo Ortiz inició su activismo social en 2008, con motivo del feminicidio en Ciudad Juárez de su hija, Rubí Marisol Frayre Escobedo, de 16 años de edad. Marisela Escobedo señaló entonces a la pareja de su hija, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, como el asesino. Con recursos propios logró localizar a Barraza en Fresnillo, Zacatecas, donde fue detenido y trasladado a Ciudad Juárez. Allí este confesó la autoría del crimen y señaló el lugar de sepultura de los restos de Rubí Frayre en uno de los primeros juicios orales de la historia de México en donde la confesión no es suficiente. De esta manera, aun a pesar de la autoinculpación, los jueces declararon al asesino inocente por falta de pruebas y lo pusieron en libertad. Ello supuso un escándalo que trascendió las fronteras nacionales, convirtiéndose Marisela Escobedo en referente público de su denuncia.

Tras la sentencia absolutoria, Marisela Escobedo dejó su trabajo para dedicarse por completo a denunciar la impunidad por el asesinato de su hija, recabar pruebas y pedir que Sergio Rafael Barraza fuera detenido y llevado nuevamente a juicio. Así, Escobedo se dejó ver por las calles de Juárez con la foto del asesino confeso precintada a su cuerpo como única vestimeta, realizó incontables marchas de denuncia, peticiones a los gobernantes y recorrió Zacatecas buscando pistas del asesino. Apelada la resolución, un tribunal revocó la sentencia absolutoria, declaró y sentenció a Barraza por asesinato, sin embargo, este no llegó a pisar la cárcel al permanecer prófugo de la justicia.

Tras múltiples protestas ante los gobernadores José Reyes Baeza Terrazas y César Duarte Jáquez, Marisela Escobedo se instaló en la Plaza Hidalgo de la ciudad de Chihuahua, frente al Palacio de Gobierno, sede del gobernador. Amenazada de muerte, Escobedo declaró: "Si me va a venir este hombre a asesinar, que me venga a matar aquí, enfrente (del palacio de Chihuahua) para vergüenza del gobierno". Así, en este sitio, el 16 de diciembre de 2010 fue asesinada en presencia de su hermano por un desconocido de un balazo en la cabeza según la prensa y gobierno. El 7 de octubre de 2012, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua capturó a José Enrique Jiménez Zavala «El Wicked» y lo presentó como el asesino de Marisela Escobedo. Sin embargo, el hermano de Marisela y testigo del crimen, declaró públicamente que «El Wicked» no era el asesino y señaló a Andy Barraza, hermano de Sergio Rafael, como el autor material. En noviembre de ese mismo año, el fiscal de Zacatecas informó que el asesino de Rubí Marisol Frayre Escobedo murió en un enfrentamiento con el Ejército Mexicano. El 30 de diciembre de 2014, «El Wicked» fue encontrado muerto en su celda. En un inicio, la fiscalía de Chihuahua señaló que había muerto por un infarto, pero días después confirmó que fue asesinado por otro reo.

Sergio Rafael Barraza, sentenciado por la muerte de Rubí Marisol Frayre y autor intelectual del asesinato de Marisela Escobedo, jamás pisó la cárcel porque la fiscalía de Chihuahua no pudo hacer cumplir la orden de aprensión en su contra y murió antes de ser juzgado por el segundo homicidio. Los jueces, Catalina Ochoa Contreras, Rafael Boudib Jurado y Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez que, en primera instancia, absolvieron al asesino de Rubí Marisol fueron suspendidos de sus funciones y enfrentarían un juicio político pero, antes de iniciarse, renunciaron a sus puestos para evadir el proceso en su contra. Actualmente dos de ellos tienen cargos públicos.

En el año 2013, Televisa realizó un homenaje a la fallecida activista Marisela Escobedo y su hija Marisol Frayre con un especial de dos capítulos con los títulos Sed de Justicia y Más allá del dolor de la temporada 6, en la serie La rosa de Guadalupe. El 14 de octubre de 2020 se estrenó el documental Las tres muertes de Marisela Escobedo, producido por Netflix, sobre los dos años que Marisela Escobedo dedicó a la investigación para esclarecer el feminicidio de su hija y los obstáculos que halló en el camino por parte de las propias autoridades mexicanas.

Susana Chávez Castillo (Ciudad Juárez, 5 de noviembre de 1974 - c. 6 de enero de 2011) fue una poeta, psicóloga y defensora de los Derechos Humanos mexicana. Se le atribuye la autoría de la frase «Ni una menos», y «Ni una muerta más», que ha sido enarbolada por las organizaciones civiles de toda Latinoamérica para la lucha contra el femicidio. Fue encontrada asesinada y mutilada en la colonia Cuauhtémoc el 6 de enero de 2011, aunque la identificación de sus restos no ocurrió hasta el 11 de enero de ese mismo año.

El día que fue asesinada, Chávez se dirigía a visitar a unas amigas, pero no llegó a su destino, de acuerdo con la declaración de su madre. La mañana del 6 de enero de 2011 fue encontrado su cuerpo con la cabeza cubierta por una bolsa negra y la mano cercenada. Como no portaba identificación, sus restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. El lunes 10 de enero, los familiares de Chávez acudieron al Semefo para identificar el cuerpo, pero hasta el día siguiente no se había difundido su identidad aunque se anunció que había tres detenidos por su probable participación en el asesinato.

El fiscal general del estado de Chihuahua, Carlos Manuel Salas, ha dicho que el asesinato de Chávez no tiene relación con su papel como activista. De acuerdo con él, Chávez se había encontrado con un grupo de jóvenes con el que "se fue a divertir", pero como estaban drogados y alcoholizados, perdieron el control y la asesinaron. Salas dijo que los responsables fueron detenidos en flagrancia. Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos denunciaron entonces que se quería culpar a la víctima de su asesinato. Norma Ledezma, coordinadora de la organización Justicia para nuestras hijas, dijo que la muerte de Susana Chávez es parte del clima de impunidad que se vive en Ciudad Juárez. En la misma línea, la fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Marisela Ortiz denunció que la cultura de intolerancia e impunidad propician que cualquier persona pueda cometer un crimen.

Amnistía Internacional demandó una actuación ágil y transparente. Gustavo de la Rosa, Visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua mostró su preocupación ante los hechos acontecidos, subrayando que la mayoría de la gente en Juárez piensa que no hay delincuencia y solo existe crimen organizado. Sin embargo él sostiene, junto a otras personas, que se está viviendo una etapa de anarquía criminal en la que el lumpen se ha adueñado de los espacios. Precisamente, los tres menores detenidos pertenecen a grupos sociales marginados con los que Susana estaba acostumbrada a tratar por sus labores humanitarias. Tras la detención de los jóvenes, se supo que pertenecían a la peligrosa y extremadamente violenta pandilla de Los Aztecas y admitieron el consumo de drogas y alcohol. Según su confesión, empezaron una fuerte discusión cuando dijeron que eran miembros de Los Aztecas y Susana les amenazó con denunciarlos a la policía, y finalmente la asesinaron. Los adolescentes la asfixiaron con una bolsa de basura y le amputaron una mano con un serrucho, para luego arrojar su cadáver a la calle. Su objetivo era confundir a las autoridades y aparentar un homicidio de la delincuencia organizada.

En el año 2013 los tres asesinos de Susana Chávez Castillo fueron condenados a la pena máxima de 15 años de cárcel por un Tribunal Especializado en Justicia para Menores Infractores. Los asesinos sentenciados eran menores de edad, estuvieron cinco años en prisión y en agosto de 2016 fueron liberados por la entrada en vigor de la nueva Ley de Adolescentes Infractores, que redujo sus condenas.

Chihuahua experimenta en los últimos años un enorme crecimiento.

Ser mujer en México es un gran riesgo: cada día una adolescente muere asesinada. Es la losa de los feminicidios, asesinatos que no se han frenado ni con la emergencia sanitaria de la covid. En los últimos días, los casos de María Fernanda Contreras y Debanhi Escobar, dos jóvenes asesinadas en Nuevo León, han despertado el fantasma de Ciudad de Juárez, aquel infierno de feminicidios. En lo que va de año, medio centenar de mujeres han desaparecido en esa zona. ¿Es Monterrey la nueva Ciudad Juárez? En los años 90, Ciudad Juárez se hizo tristemente famosa por los asesinatos y las desapariciones de mujeres. En esta ciudad del Estado de Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos, en 2009 se contabilizaron 2.632 asesinatos en la ciudad (un tercio de todos los ocurridos en México). En 2010 la cifra ascendió a más de 3.100.

La situación en Ciudad Juárez ha mejorado en las últimas décadas, pero el testigo de la pesadilla de los feminicidios, tras el Estado de México, parece haberlo tomado ahora Monterrey. La capital y todo el Estado de Nuevo León están viviendo una ola de crímenes y desapariciones. En lo que va de 2022, cerca de medio centenar de mujeres han desaparecido y siguen sin ser localizadas.

Ciudad Juárez, oficialmente Heroica Ciudad Juárez, es una ciudad industrial del norte de México, en el estado de Chihuahua, a orillas del río Bravo.

Ultimamente, de todos los asesinatos, dos han ganado especialmente el interés de los medios. Han sido los casos de María Fernanda Contreras, quien desapareció el 3 de abril y cuyo cuerpo fue encontrado días después en una vivienda de Apodaca, y el de Debanhi Escobar, una joven de 18 años estudiante de Derecho. Debanhi fue vista por última vez el 9 de abril cuando acudió en taxi a una fiesta en Escobedo, en el Área Metropolitana de Monterrey. Su cádaver apareció 13 días después en la cisterna de un motel. Durante su búsqueda se encontraron los cuerpos sin vida de otras cinco mujeres y niñas.

El funeral se celebró el pasado sábado. "A mi hija me la mataron y que pague el que tenga que pagar y el que tenga que caer ya viene gente del gobierno federal a 'checar' el dato", dijo el padre de Debanhi. Mario Escobar no escondió su malestar con la actitud del fiscal durante la investigación. Esto es algo que se repite caso tras caso: las autoridades policiales y judiciales mexicanas no investigan los casos o lo hacen de manera rutinaria y superficial. Dolor sobre dolor. Cuenta el diario Excelsior que ante la inseguridad que sienten las mujeres de Monterrey al salir a la calle, ahora prefieren hacerlo "armadas". En todo Nuevo León se ha disparado la venta de llaveros de defensa personal, tasers, botes de gas pimienta y hasta navajas.

El caso de Debanhi Escobar ha resucitado la indignación de buena parte de la sociedad mexicana, básicamente de sus mujeres. Por ella se ha encendido una ola de protestas. El pasado fin de semana hubo marchas contra los feminicidios en diez estados del país. Una vez más, se pidió Justicia y se denunció la inacción de las autoridades.

Varias mujeres marchan durante una protesta contra la violencia contra las mujeres tras la muerte de Debanhi Escobar, en Monterrey.

Aunque en Nuevo León en lo que va de año ya han desaparecido medio centenar de mujeres, el considerado lugar más peligroso del país es el Estado de México. Según los datos oficiales, allí corre el mismo riesgo una adolescente de 17 años que una bebé de meses.

En México, un país donde el 95% de los delitos no se resuelven, se calcula que cada día fallecen violentamente 11 mujeres. En el caso de las desapariciones de mujeres, la ONU lo ha definido como impunidad absoluta. Entre 2015 y 2020, 1.962 niñas de hasta 17 años han sido asesinadas en México. Más de 700 de estos crímenes —cuatro de cada diez— ocurrieron en las calles y carreteras y 558 niñas murieron en sus propias viviendas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México.

Oficialmente, en 2021 hubo 1.015 feminicidios, aunque la cifra de mujeres asesinadas es mucho mayor. En lo que va de 2022, se apuntan ya 1.600 casos de mujeres desaparecidas: sólo 16 de ellas han sido encontradas muertas y más de 800 se consideran todavía desaparecidas.

Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en marzo la violencia machista alcanzó en México cifras récord de incidencia en cuatro delitos de los calificados como de alto impacto, como la violación. Las cifras históricas se han alcanzado en extorsión, corrupción de menores, violación y agresiones por motivos de género. El informe concreta que 193 menores han sido víctima de corrupción de menores en marzo de 2022. Esta es también la cifra más alta desde que se tienen registros y rebasa las 168 de 2020, la más alta hasta la fecha. En cuanto a la violación, las autoridades mexicanas han contabilizado 2.287 en marzo, lo que constituye la cifra más alta desde 2015 y un 13 por ciento más si se comparan con las 2.017 de marzo de 2021.

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