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22
- Mayo - 2022 |
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Cecilia Mozón
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La abogada defensora de mujeres víctimas de violencia, feminista
y activista Cecilia Mozón, fue asesinada la mañana de este sábado
en el municipio de San Pedro Cholula, Puebla. Fue mientras viajaba
en su vehículo cuando dos sujetos armados a bordo de una motocicleta
la interceptaron, disparándole para arrebatarle la vida. La experta
abogada penalista, quien además se había desempeñado en diversos
cargos dentro de la administración pública estatal, era conocida
en el ámbito social y político por su amplia trayectoria como defensora
de mujeres víctimas de violencia, litigante en asuntos familiares
de violencia vicaria y reclamo de pensión alimenticia, así como
conocedora en procesos de violencia política contra las mujeres.
![](imagenes/ser%20humano/act/mx/2/R3LGPIDQS5CALFESQLC5TJO56Q.jpg)
Cecilia, también enfrentaba desde hace algunos años un proceso
legal por pensión alimenticia en contra del padre de su hijo, quien
fuera secretario de Gobernación en Puebla en los tiempos de Mario
Marín, el político Javier López Zavala. Así mismo, en su momento
denunció a Luis Alberto Arriaga Lila, ex alcalde de San Pedro Cholula,
al exdiputado por Puebla José Juan Espinoza Torres y al diputado
y expresidente del PRI, Charbel Jorge Estefan Chidiac, por cometer
violencia política de género/sexo en su contra. La abogada Cecilia
Monzón, se distinguió por enfrentar con valor y extenso conocimiento
jurídico procesos legales contra hombres muy poderosos, además de
ser incisiva al señalar los fallos del sistema judicial que impedían
el acceso de las víctimas a la justicia. Activistas y políticas
de todo el país, condenaron este sábado el feminicidio de Cecilia
Monzón, convocando a una movilización en la Fiscalía General del
Estado de Puebla. Hasta este momento, ni el Gobernador del Estado,
Miguel Barbosa, ni la fiscalía se han pronunciado al respecto. A
Cecilia le sobreviven sus padres, hermanas, sus colegas y centenas
de amigas y víctimas a quienes asesoró en la búsqueda de justicia
contra la violencia machista, así como su menor hijo a quienes sus
asesinos dejaron huérfano.
En gran parte de México, defender el medio ambiente y hacerlo con
nombre y apellido es una combinación que puede resultar fatal. Las
últimas cifras globales han llevado al país a la cabeza de los homicidios
de ambientalistas con un número que no ha parado de escalar en los
últimos tres años. El nuevo informe de la organización internacional
Global Witness, que realiza un conteo anual de estos crímenes, señala
que 54 personas que defendían su ambiente, recursos naturales o
tierra fueron asesinados en México solo en 2021, un repunte sustantivo
en comparación con los 30 registrados el año anterior. De acuerdo
al documento, casi la mitad de los que perdieron la vida el año
pasado eran indígenas y más de un tercio están considerados como
casos de desapariciones forzosas. El continente ha sido durante
años la región más peligrosa para el activismo medioambiental: la
organización documentó el asesinato de 1.733 activistas durante
la última década y el 68% tuvieron lugar en América Latina. México
se había posicionado en la lista de los lugares más mortíferos,
pero hasta ahora siempre había estado por debajo de países como
Brasil o Colombia. Sin embargo, la violencia ejercida contra los
activistas el año pasado llevó al país al peor lugar. “Se ha convertido
rápidamente en los últimos diez años en uno de los lugares más peligrosos
para los defensores de la tierra y el medio ambiente, con 154 casos
documentados durante este período”, dice el informe. La mayoría,
unos 131 homicidios, ocurrieron entre 2017 y 2021.
![](imagenes/ser%20humano/act/mx/2/157.jpg)
“Los conflictos por la tierra y la minería estuvieron vinculados
a dos tercios de los ataques letales”, acusa el reporte, que señala
que algunos Estados se han convertido en una tumba para los activistas.
Sonora es uno de esos sitios, principalmente para miembros de la
comunidad yaqui, un pueblo conocido por su larga lucha para defender
la tierra y el agua del lugar. En junio de 2021 el líder yaqui Tomás
Rojo, que llevaba desaparecido poco menos de un mes, fue hallado
sin vida en una fosa. Por aquellas semanas además mataron a tiros
al activista Luis Urbano cuando salía de un cajero y a Agustín El
Roque Valdez, jefe de la guardia de la comunidad, también de un
balazo. En septiembre de ese mismo año las autoridades encontraron
en una fosa al menos cinco cuerpos de yaquis que habían desaparecido.
El Estado de Oaxaca es otro foco rojo. En enero de 2021, el defensor
de territorios indígenas Fidel Heras Cruz fue hallado muerto en
una comunidad conocida como La Esperanza. Otros tres defensores
del medio ambiente fueron asesinados entre el 14 y el 15 de marzo.
En abril, ocurrió el homicidio del ambientalista Jaime Jiménez Ruiz,
conocido por defender el Río Verde y oponerse a la construcción
de una presa en ese sitio. Para noviembre, mientras los líderes
del mundo estaban reunidos en la cumbre del clima de Glasgow, otra
defensora del medio ambiente, Irma Galindo Barrios, desaparecía
en ese Estado tras denunciar la tala ilegal en su comunidad mixteca.
Su nombre, junto al de otros cuatro compañeros de activismo que
desaparecieron con ella, están ahora en la lista de Global Witness.
“Desde 2018, Irma había enfrentado intimidación por parte de funcionarios
públicos, así como hostigamiento, persecución, campañas de difamación
y amenazas de muerte por su defensa de los bosques”, señala el informe.
![](imagenes/ser%20humano/act/mx/2/jaimejimenezruiz.jpg)
El ambientalista Jaime Jiménez Ruiz, quien se oponía
a la construcción de proyectos hidroeléctricos en Río Verde, Oaxaca.
![](imagenes/general/elpais.jpg)
Para la organización internacional, “los territorios indígenas
son altamente vulnerables ante la prolífica cantidad de proyectos
extractivos a gran escala promovidos por empresas nacionales y extranjeras
y respaldados por el Gobierno mexicano”. Un problema que enfrentan
estos crímenes en el país, agrega el documento, es la impunidad:
más del 94 % de los delitos no son denunciados y solo el 0,9 % son
resueltos. Uno de los casos estudiados por la organización fue el
brutal asesinato de José Santos Isaac Chávez en abril de 2021. Isaac
Chávez era un líder indígena, abogado y candidato a presidente del
comisariado del ejido de Ayotitlán, en Jalisco, muy cerca de la
frontera con el Estado de Colima. El hombre se oponía fervientemente
a las operaciones mineras de la compañía Peña Colorada, conformada
por las multinacionales ArcelorMittal y Ternium, que opera en una
sierra de Manantlán, una reserva supuestamente protegida por su
diversidad ecológica. “Las operaciones mineras han impulsado la
deforestación, la pérdida de vida silvestre, los cambios climáticos
y la contaminación tóxica. Sin embargo, ha sido imposible cuantificar
la verdadera escala de los daños, ya que la empresa minera mantiene
un estricto control sobre el área de la sierra de Manantlán”, reporta
Global Witness. El cuerpo sin vida de Isaac Chávez fue hallado con
signos de tortura dentro de su coche, arrojado en un precipicio.
Ese homicidio no es el primero relacionado a esa mina en Jalisco.
“Reporteros y activistas locales denuncian desapariciones y asesinatos
relacionados con la oposición a Peña Colorado por los que nadie
ha comparecido ante la justicia. Las operaciones comenzaron en la
década de 1970 y representan décadas de violencia grave y abusos
de los derechos humanos relacionados con la mina”, dice el informe.
La coordinadora de la organización Tskini, Adriana Cadenas, vinculó
otros crímenes a esa mina, como la desaparición del activista Zeledonio
Monroy, secuestrado en octubre de 2012 por ocho personas armadas,
y el asesinato en octubre de 2020 de Rogelio Rosales, hijo de uno
de los principales activistas indígenas que se oponía al proyecto.
La organización admite que a la difícil situación que viven los
activistas en esa zona, como en otras tantas de México, se le suma
la actividad del crimen organizado, principalmente de los cárteles
de la droga.
En la sierra de Manantlán, explica, el Cartel Jalisco Nueva Generación
se ha metido en el lugar para sacar rédito. “[La compañía minera]
se ha coludido, ha llamado a los servicios de la delincuencia organizada
como brazo armado para poder amedrentar, amenazar a la población
que está en contra de estas operaciones de la mina, para amenazarlos
e intimidarlos y que desistan de esta defensa”, ha explicado Cadenas
durante la presentación del informe. El reporte de Global Witness,
avalado por un grupo de organizaciones activistas mexicanas, concluye
con una recomendación de acción al Gobierno de Andrés Manuel López
Obrador para prevenir y evitar la violencia contra los ambientalistas.
“Debe cumplir con sus obligaciones de investigar, impartir justicia
y reparar las violaciones de derechos humanos contra defensores
de la tierra y el medio ambiente en México”, aconseja la organización.
Además, le solicita que establezca un mapa para aplicar el Acuerdo
de Escazú, un tratado regional para proteger a los activistas del
medio ambiente que México ratificó en abril de 2021, pero aún no
ha puesto en marcha de manera efectiva.
![](imagenes/ser%20humano/act/mx/2/ambientalista-953082714.jpg)
«Solo queremos una forma de vida más humana, más comunitaria, y
nos andan asesinando por eso», dice Rogelio Rosales Contreras, activista
medioambiental de Ayotitlán, Jalisco, que vive bajo amenaza por
defender a su comunidad nahua–otomí. Su hermano y su hijo fueron
asesinados.
![](imagenes/ser%20humano/act/mx/2/logo.jpg)
8
- Mayo - 2023 |
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Lydia Ribeiro
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Lydia María Cacho Ribeiro (Ciudad de México,
12 de abril de 1963), más conocida como Lydia Cacho, es una
periodista, escritora, conferencista y activista de los derechos
humanos mexicana, naturalizada española. Ha recibido reconocimientos
internacionales por investigar crímenes y desarrollar herramientas
sociales y por su labor en enseñar nuevas técnicas de cómo
enfrentar la esclavitud y la trata de personas en todo el
mundo. Fundó un refugio para mujeres de alta seguridad en
México: el Centro Integral de Atención a las Mujeres CIAM
Cancún A.C. Logró la primera sentencia por tráfico sexual
de niños y pornografía infantil en México y en América Latina
(112 años de prisión). En noviembre de 2021 el Gobierno español
le concedió la nacionalidad española por carta de naturaleza.
![](imagenes/ser%20humano/act/mx/2/1200px-Lydia_Cacho_(21583878214)_(cropped)_2.jpg)
Lydia María Cacho Ribeiro nació en la Ciudad
de México y desde hace 20 años radica en Cancún, Quintana
Roo. Es hija de Paulette Ribeiro, psicóloga y feminista franco-portuguesa,
y de Óscar Cacho, un ingeniero mexicano. Desde joven, se involucró
en la defensa de los derechos de las mujeres, al seguir el
ejemplo de su madre. En el 2000, fundó, en compañía de otras
personas, el Centro Integral de Atención a las Mujeres, un
centro especializado en atención a mujeres, niños y niñas
que han sido víctimas de violencia doméstica y violencia sexual,
actualmente cerrado desde 2012 por el aumento de casos de
violencia extrema y falta de financiamiento hacia el centro.
En el 2004, escribió el libro Los demonios del Edén, en donde
denuncia a la mafia de la pederastia en México y la explotación
comercial del sexo con menores con la anuencia de la clase
política e implica a varios personajes públicos. Saltó a la
luz pública por la denuncia penal que se hizo en su contra,
por el supuesto delito de difamación que impuso el empresario
libanés Kamel Nacif Borge en el estado de Puebla, y el escándalo
político que tuvo lugar al implicar al entonces gobernador
de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), y al empresario en una confabulación
para violentar la ley en contra de la periodista. Los delitos
que denunció Lydia Cacho tuvieron lugar en Cancún (Quintana
Roo), donde ella residía y donde fue secuestrada por elementos
policiacos de Puebla y trasladada de manera ilegal a ese estado,
por orden del gobernador de Puebla.
En el 2005, Jean Succar Kuri, pederasta y corruptor
de menores preso en Arizona, la amenazó de muerte junto con
el personal que colabora en el CIAM Cancún. Lydia Cacho también
fue amenazada por José Ramón Hernández, exagente del Cuerpo
Especial Antisecuestros de Torreón, Coahuila, y Alfredo Jiménez
Potenciano, presunto narcotraficante, por defender a las parejas
sentimentales de estos y protegerlas. Por esa razón, ella
contaba con una escolta de la Agencia Federal de Investigación
(AFI), misma que fue burlada durante su detención y traslado
a Puebla en diciembre de 2005 tras la demanda por difamación
interpuesta por Kamel Nacif Borge, quien es señalado en el
libro Los demonios del Edén, como amigo del pederasta detenido
en Arizona.
![](imagenes/ser%20humano/act/mx/2/007n1pol-1.jpg)
El 14 de febrero del 2006, se dio a conocer
la grabación de una llamada telefónica entre el gobernador
de Puebla y Kamel Nacif, en la cual este último le agradecía
el favor hecho por Marín al detener y procesar a Lydia Cacho;
estos hechos sustentarían las denuncias hechas por ella. Gran
parte de los políticos de México, organizaciones sociales
y medios de comunicación exigieron la aclaración del caso
e incluso la renuncia del gobernador. Además, se menciona
de manera colateral, en algunas de las grabaciones, a quienes
fueron los gobernadores de Quintana Roo, Félix González Canto
(PRI), de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía (coalición de
los partidos: Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución
Democrática, Partido Verde Ecologista de México), al exgobernador
de Quintana Roo, Joaquín Hendricks Díaz, y al senador priísta
Emilio Gamboa Patrón. Hasta agosto de 2007, el proceso judicial
continuaba. Hasta agosto de 2012, Lydia Cacho se hallaba temporalmente
fuera de su país a causa de amenazas de muerte; la autora
declaró que fue víctima de una amenaza directa, por medio
de la intervención de una línea especial de teléfono a la
que sólo podrían llegar a tener acceso los sofisticados equipos
de la Marina Armada o de los cárteles que operan en Quintana
Roo. Por consejo de asesores expertos en secuestros y ante
el comentario de la Procuradora General de la República, Marisela
Morales, quien le dijo "sería mejor que salieras unos meses
del país", Lydia Cacho se autoexilió momentáneamente, en busca
de reestructurar su esquema personal de seguridad. México
es el país con mayor índice de violencia contra periodistas,
a partir de 2011.
En noviembre de 2021, el Gobierno español le
concedió la nacionalidad española por carta de naturaleza.
Lydia Cacho ha querido denunciar el sistema
de redes entre empresarios, políticos, militares, policías
y líderes religiosos que esclavizan a niñas y mujeres, esta
periodista ha dedicado gran parte de su vida a investigar
las organizaciones dedicadas a la trata de personas y detener
la transgresión de los derechos fundamentales de las personas.“Existe
un tráfico de influencias, abuso de poder y una perversa degradación
que se obtiene con la colusión de poderes”. Es detenida en
Cancún, Quintana Roo, el 16 de diciembre de 2005, por agentes
de la policía judicial de Puebla, para trasladarla a la ciudad
de Puebla. La razón de su detención se debe a su libro ‘’Los
demonios del Edén’’, que fue publicado en el año 2003 y que
consiste en una investigación que recopila los relatos testimoniales
de los sobrevivientes de una red de prostitución infantil,
dirigida por políticos y por los empresarios Succar Kuri y
Kamel Nacif. La violación de sus derechos humanos que se vieron
quebrantados al entrar a la cárcel, como ella misma lo declara
“traemos un resumen de mi caso y explicaré la ruta de la impunidad”
ella aclara que no es la única que sufre debido a la falta
de justicia y de la aplicación de las leyes en México. Tal
parece que la impunidad y la falta de justicia impera en México,
por eso es que Lydia cacho se volvió el ejemplo vivo de que
el país requiere un cambio profundo tanto en su marco legal,
político y social.
![](imagenes/ser%20humano/act/mx/2/51sGktFxwgL.jpg)
Benicio Del Toro y Alfonso Cuarón produjeron
una cinta basada en libro “Los demonios del edén” de Lydia
Cacho.
En 2005, Lydia denuncia las agresiones de las
que fueron víctimas varias menores, esto provocó un fuerte
enfrentamiento con el empresario libanés Kamel Nacif, y el
entonces gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres
que desencadenó un revuelo mediático y evidenció la crisis
de credibilidad en el Sistema de Justicia Mexicano. Más tarde
ha denunciado ser víctima de ataques en redes sociales por
su denuncia al gobernador Borge. Posteriormente, Lydia Cacho
da conocer la anécdota de su ‘’secuestro legal’’ como ella
lo llama, por medio de una publicación que ella misma hizo
el 19 de diciembre de 2005 en el sitio periodístico de Cimacnoticias.
En la publicación, Cacho cuenta cómo los agentes de la policía
la obligaron a entrar a un auto sin saber su destino. Cacho
es llevada a las oficinas de la procuraduría, donde le realizan
un examen médico que establece el hecho de sufrir de bronquitis,
y de la inconveniencia de ser trasladada a distancias largas
por carretera. Según el testimonio de Cacho, la médica le
expide el certificado médico y le receta medicamento; sin
embargo, los judiciales la retiran del lugar antes de que
le fuese entregado su expediente médico del hospital. Al sacarla
del lugar es trasladada por los mismos agentes judiciales
al estado de Puebla. Durante el viaje, Cacho es privada de
hacer uso de su teléfono, de contactar a su abogado, recibe
amenazas de muerte y es víctima de tortura verbal ocasionada
por los judiciales. Antes de llegar a Puebla, el vehículo
es interceptado por otro de donde salen dos mujeres de la
policía, las cuales toman los lugares de los agentes captores.
La procuraduría de Puebla informó a los medios
de comunicación que la periodista había sido detenida y trasladada
por agentes policías mujeres, las cuales iban acompañadas
de un representante de derechos humanos. Lo cual fue desmentido
por Lydia. Ya en Puebla, el trámite del juicio de Lydia Cacho
avanza lentamente. Finaliza, al pagar una fianza que consta
de $70,000 pesos en efectivo. Según una nota publicada por
el periódico Vanguardia (2018), Cacho Ribeiro manifestó que
durante su traslado a Puebla, se hizo presente la discriminación
de género, demostrada en tortura y el trato sexualizado a
su persona. Posteriormente a su detención, el comité de Derechos
Humanos de la Organización de Naciones Unidas, pide al Estado
mexicano que se repare el delito de difamación provocado a
la periodista. El comité de la ONU, deja claro que reconoce
el suceso como un caso de violación a mujeres en el sistema
de justicia.
De 2009 a 2014 escribió la columna llamada "Plan
B" en el periódico El Universal. En septiembre de 2014, en
su columna “Sureste peligroso” para el periódico El Universal,
Lydia Cacho anunció que, tras nueve años de colaboración,
se dieron circunstancias que le impidieron continuar: “El
Universal ha tomado decisiones que me impiden seguir como
columnista en sus páginas”.
Es cofundadora de la plataforma digital de izquierda
"Sin Embargo". De 2012 a 2014 escribió para esta plataforma
en México.
Desde 2016 Lydia Cacho decidió utilizar el Premio
ALBA/Puffin al activismo en pro de los derechos humanos para
realizar una plataforma educativa web y serie documental de
nombre "Somos Valientes" la cual terminó a mediados
de 2018. La primera temporada consta de 5 capítulos y documenta
historias reales de niñas y niños valientes en México, de
diversos ámbitos y razas que demuestran estar conscientes
de su entorno y quieren ser escuchados. Se basa en la educación
de los Derechos Humanos como una fórmula para crear civismo,
empatía y comportamiento ético a partir del ejemplo. Lydia
Cacho conduce y dirige esta serie documental.
![](imagenes/ser%20humano/act/mx/2/a22b9015-068d-4a0b-a158-24e11d65fe7f_alta-libre-aspect-ratio_default_0.jpg)
Dotado con $100.000, el Premio ALBA/Puffin es
uno de los mayores premios de derechos humanos en el mundo,
otorgado anualmente por ALBA y patrocinado por la generosidad
de la Fundación Puffin.
![](imagenes/ser%20humano/act/mx/2/alba.jpg)
Durante la década de 1990 y principios de la
de 2000, Cacho informó ampliamente sobre el feminicidio en
Ciudad Juárez. En el 2020, Cacho fue presentadora y productora
ejecutiva de un podcast bilingüe producido por Imperative
Entertainment y Blue Guitar sobre el feminicidio, que se distribuyó
en inglés como The Red Note y en español como La Nota Roja.
Un documental sobre el mismo tema, titulado "Flores del desierto:
Historias de la nota roja", se lanzó por Imperative
Entertainment en el 2021.
Lydia Cacho ha escrito 14 libros derivados de
sus conocimientos y experiencias, desde poesía hasta ficción,
un manual para prevenir el abuso de menores, ensayos sobre
temas de amor y género, y los bestséllers internacionales
sobre tráfico sexual, esclavismo y pornografía infantil. Sus
libros se han traducido a diferentes idiomas: francés, inglés,
alemán, portugués, italiano, neerlandés, croata, sueco y turco,
y se han publicado en México, en los Estados Unidos, en España
y en países centroamericanos. Forma parte de la Red Internacional
de Periodistas con Visión de Género.
![](imagenes/ser%20humano/act/mx/2/LOG.jpg)
10
- Febrero - 2024 |
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Guillermo DChristy
|
Tomando la autovía 307, sentido Tulum, la carretera
se desliza en paralelo a la Riviera Maya. Circulan autocares
de cristales tintados con turistas norteamericanos, tráilers
kilométricos y mexicanos a pie que van o regresan de sus trabajos
en hoteles de lujo. Estamos en campaña electoral y cada poco
tiempo vemos en las cunetas carteles con el rostro sonriente
de la candidata del partido gobernante, Claudia Sheinbaum.
Varios kilómetros después, abandonamos la 307 y enfilamos
un camino de tierra que penetra en la selva maya. Se pierde
la cobertura en los móviles. Estamos en una selva rara porque
los árboles nos parecen poco elevados, la superficie es roca
kárstica y las raíces no pueden ser muy profundas. Durante
todo el trayecto el coche se cubre de polvo. Un puñado de
volquetes anuncian que las obras del Tren Maya no deben estar
lejanas.
Cargando el material básico en bolsas secas
y con los cascos de espeleología ajustados, Guillermo D.Christy,
espeleólogo mexicano, está atento a una señal en el bosque
que indica dónde dejar el sendero y atravesar la selva machete
en mano para desbrozar la maleza. Hora y media después de
arrancar el coche, se abre la enorme boca de la gruta. Parpadeando
para acomodar la vista a la oscuridad de la caverna, se descubren
miles y miles de estalactitas que dan techo a una laguna de
agua prístina. Roberto Rojo, el otro espeleólogo, pide aplomo
y advierte: “La superficie no es resbalosa, pero es mejor
dar pasos grandes y firmes”.
![](imagenes/ser%20humano/act/mx/2/FRh50-uWUAAGcKS.jpeg)
El Tren Maya en los tramos 5, 6 y 7 no cuenta
con Manifiestos de Impacto Ambiental (MIA), ni permiso forestal,
estudios geológicos. Ni tiempo para que el INAH, Instituto
Nacional de Antropología e Historia, recobre la arqueología
subacuatica. Justo los tramos más vulnerables desde el punto
de vista ambiental e histórico.
El primer humano que visitó y catalogó este
cenote lo hizo hace solo nueve años, en 2015. Fue el espeleólogo
texano Peter Sprouse. Hasta entonces, nadie había entrado,
salvo —posiblemente— algunas comunidades mayas que las visitaban
para realizar rituales religiosos y agradecer la riqueza que
les proporcionaban sus aguas. Cenote es una palabra maya que
significa algo así como profundidad, abismo. La gruta en cuestión
forma parte del sistema Aktun t’uyul y tiene forma de estrella
irregular de tres puntas. Entrando por la punta conocida como
Manitas, el destino está en otra de las puntas de la estrella,
bautizada como Oppenheimer en honor al físico estadounidense
y su reciente película. La primera impresión es incómoda,
violenta. Siempre se accede a estas cavernas prehistóricas
después de pagar una entrada y haber escuchado decenas de
recomendaciones y prohibiciones.
![](imagenes/ser%20humano/act/mx/2/trenmaya2.jpeg)
Orientan unas cuerdas amarillentas, desplegadas
en su día por Sprouse. Sorteando las cuchillas talladas a
partir de gotas de agua calcárea. Prohibido tocarlas. Cruzamos
a nado pozas de aguas cristalinas. La temperatura es estable,
23 grados. Y, de repente, el agua se turbia, sobre la superficie
flotan filetes de espuma de cemento, a los lados surgen chispas
de alguna soldadura, el silencio de sepulcro se ensucia con
música latina que surge de las cúpulas puntiagudas. Seis metros
por encima los obreros trabajan. Y es en ese momento cuando
entendemos que no somos nosotros quienes violentamos a la
Naturaleza. Se alzan tres columnas de acero relleno de hormigón.
La estampa produce náuseas. Para abrir camino al Tren Maya,
los ingenieros han rajado la selva talando cerca de 10 millones
de árboles y para sostener las vías elevadas han taladrado
la roca calcárea: cuatro pilares por cada 17 metros. Y para
todo eso, han hecho añicos las estalactitas que la Naturaleza
ha esculpido pacientemente durante centenares de miles de
años. A las estalagmitas no les toca mejor suerte: algunas
han quedado cubiertas por el hormigón sobrante.
![](imagenes/ser%20humano/act/mx/2/WWYNLTQ4LBFENCVGPFCJW722BE.jpeg)
Roberto no se puede contener. "Me encantan las
cuevas —nos dice—, trato de estar el mayor tiempo posible
en ellas. Pero venir aquí y ver esto me rompe el corazón y
me llena de coraje. Me hierve la sangre cuando veo todos estos
pilotes que están poniendo en ilegalidad". Sostiene en ilegalidad
porque Roberto, Guillermo y otros tantos han logrado convencer
a un juez para que decrete la suspensión de las obras. A quien
no han convencido es a la persona que está empeñada en terminar
el Tren Maya como sea y al precio que sea, al presidente Andrés
Manuel López Obrador. Y Roberto remata: “Es un capricho del
presidente que no obedece ni a la protección de la naturaleza,
ni a la protección de la cultura, ni a la protección de las
personas”. No está claro el beneficio social que va a aportar
la obra; lo que sí se sabe es que su presupuesto se ha disparado
y no hay manera de fiscalizarlo porque se ha decretado secreto
al estar considerada una obra de seguridad nacional.
![](imagenes/ser%20humano/act/mx/2/tramo5.jpg)
Uno de los activistas amantes de la naturaleza
que han acompañado al espeleólogo Roberto Rojo en sus recorridos
por el tramo 5 del Tren Maya -para verificar la devastación
de la selva- Eduardo Urbina, denunció en sus redes sociales
que las cavernas son rellenadas con sascab (material de relleno
en edificaciones), piedras y hasta plásticos.
Siempre que se le pregunta, el presidente minimiza
los daños. Abajo, en la gruta, a seis metros bajo el nivel
de la superficie, impera el silencio. Se rompe en ocasiones
por el sonido de los taladros, charlas entre obreros que no
logramos entender y la música latina. La gruta está silente,
no protesta. Y quizá por eso le toca ahora sufrir.
![](imagenes/ser%20humano/act/mx/2/trenmaya.jpeg)
Al principio se barajó llevar el trayecto por
encima de la autovía 307. Los encargados de las finanzas protestaron.
Muy caro. Después se decidió que la vía correría en paralelo
a la 307. Los hoteleros protestaron. Ruido de obras y polvo
cuando los turistas lo que quieren es silencio y sol. Y al
final, el proyecto se trasladó a plena selva. Y la selva y
las cavernas siguieron silentes. Roberto y Guillermo han decidido
romper el silencio de los cenotes. Protestan en redes sociales,
denuncian ante tribunales y ayudan a los periodistas a entrar
en la cueva. Antes de regresar, Guillermo graba un nuevo vídeo
para las redes sociales. “Señor presidente, aquí luchamos
por los derechos humanos de toda la comunidad. El derecho
al agua limpia, no contaminada, el derecho a una selva y un
patrimonio cultural. Esto no puede continuar”.
![](imagenes/ser%20humano/act/mx/2/trenmaya3.jpeg)
Y Roberto pone después su sello directo. “Espero
que los responsables paguen su delito con la cárcel”.
![](imagenes/general/twitter.jpg)
A los pocos días ...
Un tribunal de Yucatán paraliza la construcción
del Tren Maya por daños al subsuelo La justicia pide al Gobierno
que entregue los estudios científicos que acrediten que la
infraestructura no afecta a cuevas y cenotes.
![](imagenes/general/elpais.jpg)
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