En su primer discurso como ganador de las elecciones presidenciales de EE UU, Donald Trump dió prioridad absoluta a la necesidad de unificar el país, fuertemente dividido por las elecciones, y se comprometió a ser el presidente de todos los americanos. Donald Trump comenzó su alocución refiriéndose a una llamada telefónica de su contrincante, la candidata demócrata Hillary Clinton, de quién dijo "me ha dado la enhorabuena por nuestra victoria", mientras él la felicitó "por una gran campaña, en la que ha luchado muy duro". Además, Trump aseguró que el pueblo americano le debe a Clinton "gratitud por su servicio a nuestro país, lo creo sinceramente", apuntó. El eje central de su discurso, emotivo e improvisado, consistió en recordar que la necesidad más inmediata pasaba por unificar al país. Consciente de la división tan profunda que dejaban unos resultados electorales tan reñidos, el que seria el próximo presidente de EE UU seguró que "es tiempo de juntarnos como un pueblo unido. Seré el presidente de todos los americanos y esto es improtante para mí", señaló, antes de pedir "ayuda para trabajar por unificar nuestro gran país". El ganador de las elecciones agradeció el apoyo a sus votantes, acto seguido, a quienes se refirió como "un gran movimiento de trabajadores que quieren un mejor futuro para ellos y sus familias". Más todavía, añadió, "como un movimiento de americanos de todas las razas y religiones que quieren un gobierno que sirva a la gente y así será". El objetivo de Trump, según explicó él mismo, era "trabajar juntos para reconstruir la nación y renovar el sueño americano". Recordó cómo había construido su propio emporio siendo capaz de "detectar el potencial" de la gente a su alrededor, "y eso es lo que quiero hacer con nuestro país", dijo. "Cada americano tendrá que ver cuál es su potencial (para ayudar al país)" y se comprometió a que con él de presidente "ningún americano se sentirá olvidado".

Sobre proyectos más concretos enumeró que trabajaria para mejorar las ciudades, las infraestructuras "y pondremos millones de personas a trabajar para reconstruir el país". Entre sus prioridades citó la de ocuparse de los veteranos de guerra, a los que dijo sentirse muy cercando durante aquella campaña electoral. A los estadounidenses les prometió que les haria sentirse orgullosos de su presidente. Antes de decir que ama a su país, Trump aseguró que tenia "un gran plan económico", que pasaba por "doblar nuestro crecimiento". En el plano internacional, el discurso de Trump, patriótico y proteccionista: "Nos llevaremos bien con la naciones que se quieran llevar bien con nosotros". En tono triunfalista, especificó que no se conformaria con nada que no sea lo mejor para el país y recordó que pondria "los intereses de EE UU primero", pero trataria "con todos de manera justa, sin hostilidades ni conflictos". Ya en el capítulo de agradecimientos, el multimillonario se acordó primero de sus padres, después de sus hermanos, de su mujer y de sus hijos.

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La líder de la mayoría demócrata en la Cámara Baja de EE.UU., la demócrata Nancy Pelosi, anunciaba la apertura de un juicio político en el Congreso contra el presidente estadounidense, Donald Trump, por presionar a Ucrania para que investigara al ex vicepresidente Joe Biden y a su familia, hablamos de septiembre de 2019. Un proceso complicado con visos de no prosperar en el Congreso, ya que, pese a que los demócratas tenian la mayoría en la Cámara Baja, luego tendría que pasar el visto bueno del Senado, donde el predominio republicano hizop prever que la iniciativa no prosperaria.

Ahora, las tornas han cambiado.

Tres han sido los presidentes que han afrontado un juicio político y dos fueron absueltos: Andrew Johnson, en 1868; y Bill Clinton, entre 1998 y 1999; y Richard Nixon, quien renunció en 1974 al comenzar el proceso tras el escándalo del "Watergate". El único presidente de EE.UU. que dejó el cargo antes de terminar su segundo mandato fue el republicano Richard Nixon (1969-1974). Por otra parte, solo dos expresidentes, ambos demócratas, han sido sometidos a juicio político: Andrew Johnson (1865-1869), quien entró en la Casa Blanca tras el asesinato de Abraham Lincoln; y Bill Clinton (1993-2001), pero ambos fueron eximidos de las acusaciones que se vertieron en su contra. Clinton, el caso más controvertido de la edad moderna, ocurrió a raíz del escándalo sexual de la becaria de la Casa Blanca Monica Lewinsky en 1998, pero logró salir airoso con el voto a favor de su inocencia de 55 de los 100 senadores respecto al cargo por perjurio, y obtuvo un empate en el cargo presentado en su contra por obstrucción a la justicia.

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Un proceso de destitución (o simplemente destitución), juicio político o, también por su variante en inglés, impeachment designa una figura del derecho en países con un modelo de gobierno presidencialista (por ejemplo, países anglosajones como Estados Unidos, así como la mayoría de los basados en el derecho continental) mediante el cual se puede hacer efectivo el principio de responsabilidad de los servidores o funcionarios públicos, particularmente de los más altos cargos o autoridades —jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, magistrados de los tribunales superiores de justicia, generales o almirantes de las fuerzas armadas—, que se realiza ante el Parlamento o Congreso. La condena o declaración de culpabilidad del acusado puede ocasionar su destitución e incluso su inhabilitación para funciones similares, autorizar que sea juzgado por los tribunales ordinarios de justicia o tener efectos meramente políticos. En cualquier caso, la sanción o sus efectos depende de la Constitución del país.

En el ámbito anglosajón, se refiere a la acusación o impugnación y suele ser el inicio de un proceso de enjuiciamiento político (generalmente en la Cámara Baja) y posteriormente juicio del acusado (en la Cámara Alta). El individuo que ha sido objeto de un proceso de destitución deberá hacer frente a la posibilidad de ser condenado por una votación del órgano legislativo, lo cual ocasionaría su destitución e inhabilitación para funciones similares. Así, por ejemplo, aunque Bill Clinton fue objeto de impeachment, no fue depuesto del cargo ya que fue exonerado por el Senado. En América Latina es típico de sus sistemas presidencialistas y su origen está vinculado al mencionado impeachment del derecho anglosajón y al juicio de residencia del derecho indiano. Otros nombres con los que se conoce al proceso en el mundo hispano son procedimiento de destitución, juicio de desafuero, proceso político, proceso de revocación del mandato, moción de censura, juicio público, impugnación, residenciamiento, impedimento, remoción, deposición, acusación pública, acusación constitucional, acusación en juicio político, vacancia o reprobación.

El impeachment es una antigua institución del common law que surgió en el Siglo XIV en Inglaterra, una monarquía parlamentaria donde la Corona nunca podía ser procesada en casos penales o civiles. Esta inviolabilidad real se expresaba con el popular aforismo «el rey no puede actuar ilegalmente» (the king can do no wrong en inglés, rex non potest peccare en latín), protección que se extendía a los agentes de la Corona, por lo que era imposible en ese momento presentar un cargo contra la Corona en la corte del monarca (tribunal de justicia ordinaria). El impeachment era una elusión de esta regla: se podía presentar una apelación ante el king in parliament (formación política del Curia Regis, un término latino que significa "Concilio Real" o "Corte del Rey"). Cuando el agente del rey estaba causando daño a los súbditos, mientras ejercía sus poderes en nombre del soberano, el monarca podía juzgar a su ministro. De esta manera, en 1376 el Parlamento acusó de corrupción e incapacidad a algunos ministros del rey Eduardo III y su amante Alice Perrers.

Pronto surgió la idea de que se podía criticar la política del rey mediante una imputación ficticia de responsabilidad: se suponía que el agente del rey lo había desaconsejado cuando estaba tomando su decisión. Durante el reinado de Eduardo IV el recurso de impeachment cayó en desuso y fue suprimido a la llegada de los reyes Tudor. Cuando Jacobo I quiso restablecer la monarquía absoluta en 1621, Edward Coke, líder de la oposición parlamentaria, redescubrió los procedimientos. Debido a que el rey puede juzgar a su ministro durante el king in parliament, Coke reconoció el riesgo de que el monarca fuese juez y parte en el proceso. Desde el momento en que Jacobo I aceptó no presidir el juicio, la oposición parlamentaria pudo sistematizar los ataques contra él y su política a través de sus ministros, sin que el rey tuviese ningún poder de control o fuese capaz de defenderse. El uso del impeachment se convirtió en un arma política que a largo plazo cambió la distribución del poder entre el Parlamento y el rey. Lentamente, el régimen monárquico moderado se transformó a lo largo de las revoluciones en un sistema parlamentario con la aparición de la responsabilidad política del gobierno ante el Parlamento —en 1782, los parlamentarios obtuvieron la renuncia colectiva del gobierno dirigido por Frederick North—, que desvaneció el poder real antes de la era victoriana (1824-1834).

Frederick North, II conde de Guilford, más conocido por su título de Lord North —que utilizó desde 1752, cuando su padre, que había sido el barón de Guilford, fue elevado al rango de conde, hasta 1790 cuando su padre falleció y North asumió el título nobiliario— fue Primer Ministro británico entre 1770 y 1782.

El hostigamiento sistemático por parte del gabinete (de 1670 a 1680) también condujo a la creación de una oposición permanente dentro del Parlamento, favorable de la política del rey y opuesta al impeachment llevado a cabo por opositores contra los ministros leales a la Corona: la aparición de partidos políticos. Para protegerse de estos ataques sistémicos, el rey compró un grupo de apoyo permanente para sus fines. Si bien inicialmente había alrededor de treinta personas afines a Carlos II durante el ministerio de Henry Danvers (1673-1679), la corrupción se extendió entre 1721 y 1742: un tercio de las Cámaras, así como los votantes, aceptaron sobornos mientras Robert Walpole era ministro principal. Este último, bajo la crítica de la oposición dirigida por Henry St John —quien apoyaba una estricta separación de poderes y un sistema presidencial—, desarrolló la teoría de una separación flexible de poderes, en el que el rey y su gobierno podían recibir apoyo de los parlamentarios. Al mismo tiempo (entre las dos revoluciones inglesas), la responsabilidad de los ministros se transformó: mientras que antes era personal y criminal —con mayor frecuencia, resultaba en una pena de muerte si se perdía el juicio ante el Parlamento—, el impeachment sistemático la convirtió en responsabilidad política —el ministro responde por sus actos ante el Parlamento—, para quienes ostentan el gobierno en su conjunto (aparición del sistema parlamentario).

Además, la Cámara de los Lores sostenía originalmente que el impeachment únicamente podía aplicarse a los miembros de la nobleza, quienes solo serían juzgados por sus pares, mientras que los plebeyos (en la Cámara de los Comunes) harían lo suyo con sus pares —otros plebeyos— en un jurado. No obstante, en 1681, los comunes declararon que tenían el derecho de acusar a cualquiera y los lores han respetado dicha resolución. Los funcionarios públicos que ocupaban su cargo «durante un buen comportamiento» (during good behaviour) podían ser cesados por mandamiento judicial de quo warranto o scire facias, edictos que incluso fueron empleados por y contra jueces de buena posición.

Los partidarios de St John se exiliaron principalmente en las Trece Colonias, lo que explica en parte el establecimiento del sistema presidencial al conseguir la independencia. Conscientes del proceso por el cual, en 1649, Carlos I fue juzgado ante el «Parlamento Rabadilla» del Nuevo Ejército Modelo, los delegados a la Convención Constitucional de 1787 decidieron incluir un procedimiento de destitución en el artículo II sección 4 de la Constitución de Filadelfia, que podría aplicarse a cualquier funcionario del gobierno; mencionaron explícitamente al presidente para asegurarse de que no hubiera ambigüedad. Sin embargo, diferían las opiniones sobre las razones por las cuales el Congreso podía iniciarlo. Los borradores iniciales enumeraban solo la traición y el cohecho, pero George Mason era partidario de la destitución por «mala administración». James Madison argumentó que el proceso debería invocarse solo en caso de conducta criminal y que un estándar de mala administración significaría efectivamente que el presidente estaría a merced del Senado. Entonces, los delegados adoptaron una versión de compromiso, ideada por Mason, que estableció la acusación por «traición, cohecho u otros delitos y faltas graves» (Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors) y que la condena del Senado requiere el apoyo de una mayoría de dos tercios de los senadores presentes.

En América Latina, el juicio de residencia de la época colonial, que tenía por objeto conocer el desempeño de los funcionarios públicos, fue incorporado a las cartas magnas de la nuevas repúblicas y, con el tiempo, tomó elementos del impeachment estadounidense, lo que creó instrumentos para hacer efectiva la responsabilidad constitucional del gobierno.

Dilma Rousseff argumentando su defensa ante el Senado Federal del Brasil en el juicio político de su proceso de destitución (30 de agosto de 2016).

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¿Como funciona en distintas jurisdicciones? Algunos ejemplos.

La Dieta Federal (Bundestag) y el Consejo Federal (Bundesrat) pueden acusar al presidente si ha violado deliberadamente la ley federal. Si la Dieta Federal o el Consejo Federal aprueban el proceso contra el presidente, el caso pasa al Tribunal Constitucional Federal, que decidirá si el presidente es culpable de los cargos y, si confirma la resolución, lo destituirá. Dicho órgano también tiene el poder de cesar a los jueces federales que hayan quebrantado intencionalmente los principios básicos de la Ley Fundamental de Alemania o una Constitución estatal. El procedimiento de juicio político está regulado en el artículo 61 de la Ley Fundamental. No existe un proceso formal de destitución para el canciller; sin embargo, la Dieta Federal puede reemplazarlo en cualquier momento votando en una moción de censura constructiva (artículo 67), evento que solo ha ocurrido en 1972 y 1982 (la segunda es la única que tuvo éxito, con la salida de Helmut Schmidt y elección de Helmut Kohl). Junto con el canciller depuesto, cesan los ministerios federales, aunque el presidente puede solicitar que continúen provisionalmente hasta la designación de un sucesor (artículo 69).

La Constitución de la Nación Argentina establece en su artículo 53 la potestad a la Cámara de Diputados de acusar ante la Senado «al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes». El presidente de la Corte Suprema de Justicia dirige el Senado en el juicio al jefe de Estado. En el caso de que el Senado decida por la mayoría de dos tercios de votos sobre todos los cargos antes mencionados o sobre alguno de ellos (artículo 59), se declarará al acusado incurso en la destitución de su empleo, conforme al artículo 60 de la Constitución.

De acuerdo con el artículo 142 de la Ley Constitucional Federal de Austria, el Parlamento puede presentar la llamada «acusación ministerial» (Ministeranklage) contra el presidente o los otros órganos administrativos superiores, como el canciller, miembros de los ministerios federales, gobiernos estatales y consejos provinciales ante el Tribunal Constitucional, cuya condena es la destitución el cargo y, en circunstancias particularmente agravantes, perder los derechos políticos —como el derecho a presentarse a las elecciones—; en caso de violaciones menores de la ley, el Tribunal Constitucional puede limitarse a determinar que ha habido una infracción. La Ley Constitucional Federal establece en el artículo 60 párrafo 6 que el presidente puede ser removido por referéndum, que se lleva a cabo si la Asamblea Federal (Bundesversammlung) así lo solicita. Para este propósito, el canciller convocará a la Asamblea Federal si el Consejo Nacional (Nationalrat) ha resuelto dicha solicitud. La decisión del Consejo Nacional requiere la presencia de al menos la mitad de los miembros y una mayoría de dos tercios de los votos emitidos. Tal decisión del Consejo Nacional impide al presidente ejercer más su cargo. El rechazo a la destitución en el referéndum se considera la nueva elección del presidente y tiene como resultado la disolución y nuevos comicios del Consejo Nacional. También en este caso, el mandato completo del presidente no puede exceder los doce años.

Según los artículos 51 y 85 de la Constitución del Brasil, el presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes, así como sus respectivos subalternos, pueden ser acusados por la Cámara de Diputados y juzgados y destituidos por el Senado. La Constitución exige que dos tercios de los diputados voten a favor de la destitución y el mismo porcentaje de los senadores la respalden con una condena en el juicio posterior. Tras la sentencia, el titular del cargo tiene suspendidos sus derechos políticos por ocho años, lo que le impide postularse a cualquier cargo durante ese tiempo. El procedimiento está definido por la Lei do Impeachment 1.079/1950. En 1955, la Cámara de Diputados y el Senado destituyeron de los presidentes João Café Filho y Carlos Luz, aunque no se siguió la citada ley especial porque los congresistas consideraron que la situación era extremadamente grave, con un alto riesgo de guerra civil, y finalizó los juicios en cuestión de horas, sin dar a los acusados el derecho a defenderse en ambas cámaras, casos poco conocidos por la población brasileña.

En 1992, Fernando Collor de Mello renunció a la presidencia en medio de un proceso de juicio político. Sin embargo, el Senado votó para condenarlo y prohibirle ocupar cualquier cargo durante ocho años, ante la evidencia de soborno y apropiación indebida. En 2016, Dilma Rousseff enfrentó acusaciones de mala gestión presupuestaria y fue sometida a juicio político en la Cámara de Diputados y destituida por sentencia del Senado; fue reemplazada por el vicepresidente Michel Temer, quien había servido de presidente interino mientras el caso estaba en revisión en el Senado.

El artículo 178 de la Constitución de Colombia determina una atribución especial de la Cámara de Representantes. En el artículo 175, se establecen las reglas para los juicios en ese órgano. El juicio en la Corte Suprema de Justicia sigue las normas de procedimiento previstas en la ley 600 de 2000, según lo dispuesto en el artículo 533 de la Ley 906 de 2004. La sentencia SU-431 de 2015 de la Corte Constitucional estableció que el juicio político no solo debía adelantarse cuando se investigara la responsabilidad de penal del jefe de Estado, entre otros funcionarios, sino también cuando se investigara su responsabilidad fiscal o disciplinaria.

La acusación constitucional es un proceso constitucional, de naturaleza jurídico-política, contemplado por el ordenamiento jurídico chileno, y seguido ante el Congreso Nacional, para hacer efectiva la responsabilidad de altos funcionarios públicos. El procedimiento se dirige contra las autoridades taxativamente señaladas en la Constitución, por haber incurrido en alguna infracción constitucional, predeterminada por ésta, que justifica su destitución o inhabilitación para el ejercicio del cargo u otra función pública. La figura ha sido regulada por la Constitución Política de 1828, de 1833, de 1925 y de 1980. En el procedimiento participan, eventualmente, las dos cámaras del Congreso, actuando la Cámara de Diputados como acusadora y el Senado como jurado. En la historia de Chile, cerca de cien acusaciones constitucionales han sido presentadas, de las cuales 20 han terminado siendo acogidas, 4 de ellas durante la vigencia de la Constitución de 1980.

En dos oportunidades se han presentado acusaciones constitucionales contra un presidente de la República durante el ejercicio de su cargo, la primera en contra de Carlos Ibáñez del Campo en 1956 —que fue rechazada por la Cámara de Diputados— y la segunda en contra de Sebastián Piñera en 2019, en que la Cámara de Diputados aprobó una cuestión previa, teniéndose en definitiva por no presentada.

De acuerdo con el artículo 65 cláusula 1 de la Constitución de Corea del Sur, la Asamblea Nacional puede destituir al presidente, el primer ministro u otros miembros del Consejo de Estado, los miembros de la Corte Suprema y la Corte Constitucional si alguno viola la carta magna u otras leyes del deber oficial. La cláusula 2 establece que el proyecto de juicio político se propone con un tercio o más del total de miembros de la Asamblea Nacional y requerirá una votación mayoritaria, por dos tercios o más del total, para ser aprobado. Este artículo también establece que cualquier persona contra la cual se haya aprobado una moción de destitución será suspendida del ejercicio de su poder hasta que se haya realizado el juicio político y no se extenderá más allá del cese del cargo público, asegurándose de no eximir al acusado de responsabilidad civil o penal. Dos presidentes han sido acusados desde la fundación de la sexta República de Corea y la adopción de la actual Constitución en 1987.

La Asamblea Nacional destituyó a Roh Moo-hyun en 2004, pero el proceso fue anulado por la Corte Constitucional. En 2016 Park Geun-hye fue destituida por la Asamblea Nacional y, el 10 de marzo de 2017, la Corte Constitucional confirmó la sentencia; fue relevada provisionalmente en el cargo por el primer ministro Hwang Kyo-ahn a la espera de nuevas elecciones.

En 2004, Roh Moo-hyun fue destituido por la Asamblea Nacional de Corea del Sur, pero la sentencia fue anulada por la Corte Constitucional, que lo reinstaló en el cargo.

Según el artículo 121 de la Constitución de Costa Rica, entre las funciones de la Asamblea Legislativa están:

- 9) Admitir o no las acusaciones que se interpongan contra quien ejerza la Presidencia de la República, Vicepresidentes, miembros de los Supremos Poderes y Ministros Diplomáticos, declarando por dos terceras partes de votos del total de la Asamblea si hay o no lugar a formación de causa contra ellos, poniéndolos, en caso afirmativo, a disposición de la Corte Suprema de Justicia para su juzgamiento.

- 10) Decretar la suspensión de cualquiera de los funcionarios que se mencionan en el inciso anterior, cuando haya de procederse contra ellos por delitos comunes.

Además, el artículo 151 establece que el presidente y los vicepresidentes no podrán ser juzgados penalmente hasta que la Asamblea Legislativa haya declarado «haber lugar a formación de causa penal».

La Asamblea Nacional de Ecuador, de acuerdo al artículo 129 de la Constitución, tiene entre sus atribuciones autorizar con la votación de las dos terceras partes de sus integrantes, el enjuiciamiento penal de la Presidenta o Presidente o de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, cuando la autoridad competente lo solicite fundadamente. Según el artículo 120, el enjuiciamiento político del jefe de Estado procede en caso de «delitos contra la seguridad del Estado», «delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito» y «delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia», previo dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, sin necesidad de enjuiciamiento penal previo. El artículo 130 indica que la Asamblea Nacional podrá destituir al presidente en caso de «arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional» y «por grave crisis política y conmoción interna». En ambos casos requiere el voto favorable de dos terceras partes de la Asamblea Nacional.

El artículo 131 regula el enjuiciamiento político para «ministras o ministros de Estado, o de la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública General, Superintendencias, y de los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de las demás autoridades que la Constitución determine».

En 1997, el presidente Abdalá Bucaram fue destituido por el Congreso por cargos de corrupción e incapacidad mental, en un proceso controvertido y no contemplado en la Constitución de entonces.

En el artículo 155 de la Constitución de El Salvador se menciona la posibilidad de «remoción» del presidente y vicepresidente de la República, que alude vagamente a las atribuciones de la Asamblea Legislativa en el artículo 131.

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En el caso de Estados Unidos, el gobierno federal en base al artículo I de la Constitución de los Estados Unidos estipula que los altos funcionarios del Gobierno federal pueden ser procesados por mandato de la Cámara de Representantes, mientras que el Senado tiene el poder exclusivo de juzgarlos.

A nivel federal, el proceso de destitución se resume en tres fases:

1.- El Congreso comienza la investigación, que generalmente se realiza en el comité judicial de la Cámara de Representantes, aunque no es imperativo que esta la inicie. Por ejemplo, la investigación contra Richard Nixon comenzó en el comité judicial del Senado. De la misma forma, los hechos que llevaron al proceso de destitución de Bill Clinton se descubrieron por primera vez en el curso de una investigación realizada por el fiscal especial Kenneth Starr.

2.- Por mayoría simple de los presentes y votantes, la Cámara de Representantes debe aprobar los artículos del juicio político, que constituyen el alegato formal o acusaciones. Tras su aprobación, el imputado queda oficialmente «acusado» (impeached).

3.- El Senado juzga al acusado. En el caso de la destitución del presidente de los Estados Unidos, el presidente de la Corte Suprema dirige los procedimientos. Para la destitución de cualquier otro funcionario, la Constitución no dice quién preside, lo que sugiere que esta función recae en el vicepresidente de los Estados Unidos, presidente ex officio del Senado. La sentencia en el Senado requiere la concurrencia de una mayoría de dos tercios de los presentes. La condena es la destitución del cargo.

En el artículo II se mencionan los presuntos crímenes para iniciar un impeachment contra el presidente, vicepresidente y «todos los funcionarios civiles», los cuales son «traición, cohecho u otros delitos y faltas graves» (Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors). Debido a que el significado preciso de la frase «delitos y faltas graves» no está definido en la propia Constitución, el cumplimiento se rige por la interpretación del Congreso, especialmente desde que la Corte Suprema decidió en la sentencia de Nixon v. United States (1993) que no tiene autoridad para determinar si el Senado «juzgó» adecuadamente a un acusado. No obstante, el Congreso ha identificado tres tipos generales de conducta que constituyen motivos de juicio político, aunque estas categorías no deben entenderse como exhaustivas:

1) exceder o abusar indebidamente de los poderes de su cargo.

2) comportamiento incompatible con la función y el propósito del cargo.

3) uso indebido del cargo para un propósito inapropiado o beneficio personal.50? El citado artículo también prohíbe al presidente utilizar su poder de perdón federal en casos de juicio político. La vigesimoquinta enmienda de la Constitución corrigió el teórico vacío legal en la sucesión si el presidente es «depuesto de su cargo» (removal of the President from office).

El fiscal especial Kenneth Starr testificando en noviembre de 1998 ante el comité judicial de la Cámara de Representantes sobre su investigación de la relación del presidente Clinton con Monica Lewinsky.

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Donald Trump fue elegido el 8 de noviembre de 2016 con el respaldo de 306 votos electorales frente a los 232 que recibió Hillary Clinton. Tras cuatro años, el magnate recogió el testigo del demócrata Barack Obama (2009-2017) con una política, postura, actitud y discurso completamente distintos y, desde que entró en el Despacho oval -incluso antes-, así como durante los cuatro años que ha dirigido el país, ha protagonizado incontables polémicas.

Guerra con el exdirector del FBI.

La campaña fue una de las más intensas conocidas, en medio de investigaciones del FBI sobre emails con información confidencial del país enviados desde cuentas no protegidas de Clinton, así como sobre la supuesta injerencia rusa en los comicios, a favor de la elección de Trump. Finalmente, el nacido en un barrio del distrito neoyorquino de Queens llamado Jamaica, y pese a que tanto los sondeos como los resultados bien avanzada la noche decían lo contrario, ganó las elecciones de Estados Unidos. Pero, entre todas las polémicas y decisiones, ¿Qué ha marcado el mandato de Donald Trump?

A principios del pasado noviembre se estrenó la serie 'The Comey Rule' ('La Ley Comey'), sobre la guerra entre el exdirector del FBI James Comey y el presidente Trump. Sin embargo, es cierto que explica al detalle cómo se desarrolló la investigación contra los emails de Hillary Clinton, la injerencia rusa en los comicios de 2016 y la relación entre la institución y la Administración Trump. Trump admiraba a Comey, o eso decía, y se lo comunicó en varias ocasiones. Comey era un republicano reconocido -al llegar al cargo dejó de votar-, pero trabajó para que el FBI no pareciese parcial. No obstante, a su llegada a la Casa Blanca, Trump trató de interferir en decisiones de la agencia de investigación criminal.

Tal y como narra Comey, se negó y esa negativa provocó una guerra personal que acabó con el despido inmediato y sin avisar del exdirector del FBI. Trump, por su parte, aseguró que fue una recomendación del fiscal y que había perdido la confianza en él. Las investigaciones provocaron la dimisión de varios altos cargos de su Gobierno días después de ser elegido.

Condenar la violencia de la ultraderecha.

Uno de los primeros controvertidos momentos a los que se tuvo que enfrentar en el cargo fue a una oleada de incidentes ocurridos en Charlottesville (Virginia). Las protestas tuvieron origen en la propuesta de retirar la estatua del General Robert E. Lee -luchó en la guerra civil en el bando de los Estados Confederados, favorables a la esclavitud-. En estas, apareció un grupo en contra de la marcha de ultraderechistas cuando, un hombre se lanzó con su coche contra estos, atropellando a la multitud y provocando la muerte de una persona e hiriendo a otras 19.

El presidente Trump tardó en condenar la violencia por parte de los neonazis y, cuando lo hizo, condenó lo que llamó la violencia de "muchos lados", achacando los incidentes a ambas partes. Sus declaraciones fueron duramente criticadas por demócratas y republicanos por no rechazar las acciones de los ultranacionalistas, algo que provocó que muchos supremacistas blancos comenzasen a sentirse identificados con el magnate.

Cumbre con Putin.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, tachó en abril de 2018 de "agresión contra un Estado soberano" el ataque de Estados Unidos y sus aliados contra Siria, y acusó a Washington de ayudar con su acción a los terroristas que actúan en el país árabe. Tan solo unos meses después, se celebró la primera cumbre Estados Unidos-Rusia. Tuvo lugar el 16 de julio de 2018 en Helsinki (Finlandia), dos años después de acusar al país de Putin de interferir en las elecciones presidenciales de 2016. Tras la cumbre, en la rueda de prensa, Trump se negó a reconocer que Rusia interfirió en las presidenciales. En ese momento, en el que el magnate esquivó reconocer la injerencia rusa, aún se investigaban los hechos. Además, tres días antes, 12 oficiales de la Inteligencia rusa fueron inculpados por filtrar correos del Partido Demócrata.

'Impeachment'.

"Las acciones del presidente han vulnerado seriamente la Constitución", aseguró la presidenta de la Cámara de Representantes del país, Nancy Pelosi, en septiembre de 2019. Se refería al escándalo político derivado de una conversación telefónica que Trump mantuvo en julio de ese año con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. En concreto, se acusó al magnate de "abuso de poder" y "obstrucción al Congreso" y se le juzgó a través de lo denominado 'impeachment'.

Trump se convertía entonces en el tercer presidente del país que recibiría un juicio político y que veía tambaleado su mandato. Finalmente, el 5 de febrero de 2020, el Senado le absolvió de ambos cargos -con 52 votos contra 48 y 53 frente a 47-, donde los republicanos tenían mayoría.

Una 'foto' con Kim Jong-un.

La relación con otros mandatarios también ha marcado la presidencia de Trump. En concreto, una de las fotografías más buscadas fue la del primer encuentro entre el magnate y el líder norcoreano Kim Jong-un. Ambos se reunieron el 30 de junio de 2019 en suelo norcoreano, en la zona desmilitarizada en la frontera entre las dos Coreas. Trump era el primer presidente en ejercicio en hacerlo.

No obstante, la tensión no se relajó demasiado. Pyongyang abogó por una desnuclearización gradual junto al levantamiento progresivo de las sanciones económicas, una propuesta que Washington tachó de inaceptable y que rechazó rotundamente hasta que el gobierno norcoreano eliminase su programa nuclear, de misiles y de armas químicas y biológicas.

Dura guerra comercial con China.

La disputa transatlántica en la OMC comenzó hace 15 años, por ello, gane un candidato u otro en estas elecciones, la competencia con el país asiático por ser la primera potencia mundial continuará. La organización determinó que el constructor aeronáutico estadounidense Boeing perdió el equivalente a los 6.900 millones de euros en ventas potenciales debido a subsidios ilegales que Gobiernos de la Unión Europea dieron a su rival europeo Airbus, otro de los fabricantes de aviones más grande del mundo. Por ello, EEUU considera que la Unión Europea da mucha subvención a Airbus y esta dejaba en desventaja y "dañó durante años a la industria aeroespacial" y a los trabajadores de la compañía norteamericana, manifestó el jefe de Comercio Exterior. Además de esto, Francia, Alemania, España y el Reino Unido ofrecieron a Airbus financiación a un tipo de interés más bajo que los del mercado, lo que dio la posibilidad a la compañía desarrollar modelos más recientes y avanzados.

Sin embargo, aunque la disputa tiene origen hace muchos años, lo cierto es que durante la era Trump se ha recrudecido debido a la batalla de los aranceles, las acusaciones de espionaje y el veto a la china Huawei, a la venta de armas por parte de EEUU a Taiwán, así como las acusaciones directas del magnate a China de ser el culpable de la pandemia de coronavirus.

El muro de México.

Existe una valla construida por Estados Unidos en su frontera con México con el objetivo de impedir la inmigración ilegal y el narcotráfico. Su construcción se inició en 1994, en el gobierno de Bill Clinton, pero se dio más relevancia al ser una de las importante promesas de campaña de Trump. En concreto, se comprometió a construir un muro y en repetidas ocasiones reiteró que México pagaría por su construcción. Por su parte, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto rechazó esa afirmación y aseguró en varias ocasiones que "México no pagaría ningún muro". Por esta razón, Trump, pidió al mandatario mexicano que cancelara su viaje al país. El 10 de mayo de 2018, el secretario interino de Defensa anunció que destinaría una partida de 1.500 millones de dólares para la construcción de 130 kilómetros de muro, donde casi cerca de 604 millones formaban parte de la ayuda a las fuerzas armadas en Afganistán.

La polémica continúa cuatro años después, cuando Trump, en plena campaña para su reelección, ha afirmado que el muro pronto estará listo y que México está pagando por él. "Ya hemos construido 480 kilómetros del muro fronterizo", dijo Trump el 28 de agosto en un mitin en New Hampshire.

Más de 5.400 menores han sido separados de sus padres en la frontera con México desde julio de 2017, más de 200 tenían menos de cinco años. Este mes de octubre se supo que, a día de hoy, los padres de 545 niños separados en la frontera no han podido ser encontrados.

Fin a los tratados.

En política exterior, Trump ha seguido su agenda de 'America First' ('América primero'), una política populista que enfatiza el nacionalismo estadounidense. Retiró a los Estados Unidos de las negociaciones comerciales del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica y el Acuerdo de París sobre cambio climático. Además, retiró al país del Acuerdo sobre el programa nuclear de Irán. Finalmente, el 1 de febrero de 2019 anunció que abandonaba el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, tratado bilateral con Rusia, acordado en 1987 con la URSS.

Contra los medios y las 'fake news'.

Respondiendo a una llamada de 'The Boston Globe', más de 300 periódicos, desde grandes diarios hasta pequeños semanarios locales, se unieron para recordar a los lectores el valor de la prensa libre de Estados Unidos. El objetivo era crear un frente común contra los ataques a los periodistas del presidente, que llegó a llamar a la prensa "el enemigo del pueblo estadounidense". Trump, que llegó a tildar a los comunicadores de "locos lunáticos", vetó la entrada al periodista de la cadena de televisión estadounidense 'CNN' Jim Acosta, con quien protagonizó un enfrentamiento verbal. Tras un pequeño choque entre Acosta y Trump, el periodista ha intentado formular una última pregunta sobre la investigación por la injerencia rusa. "Ya está bien (...) Quitadle el micro", sentenció Trump. "You are a rude, terrible person" ("Eres un grosero, una persona terrible"), llegó a decir al periodista, uno de los ataques a los medios críticos con sus políticas, informaciones que no ha cesado de tildar de 'fake news'.

Negación del coronavirus.

Una de las posturas más férreas del mandatario la ha mostrado durante su gestión de la crisis del coronavirus. Se ha mantenido firme en negar la crudeza de la enfermedad, aunque tanto él como Melania Trump la hayan pasado, ha rechazado el uso de mascarilla y se ha mofado de su contrincante, Joe Biden, por darle tanta relevancia a un virus que ha convertido al país norteamericano con mayor número de muertos y contagios. Una de las mayores polémicas llegó el 23 de abril, cuando Trump instó a ingerir o inyectar productos desinfectantes para combatir la pandemia. El Centro para el Control de Envenenamientos de Nueva York recibió 100 llamadas por daños con productos desinfectantes y envenenamientos en un periodo de cuatro días después de la sugerencia del presidente.

Estados Unidos alcanzó a principios del pasado noviembre, la cifra de 9.282.362 casos confirmados del coronavirus y la de 231.486 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos con 33.539. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 24.017 personas. A Nueva York le siguen en número de fallecidos Texas (18.533), California (17.679), Florida (16.834) y Nueva Jersey (16.357). Otros estados con un gran número de muertos son Illinois (10.093), Massachusetts (10.023), Pensilvania (8.812), Georgia (7.999) o Michigan (7.716).

A finales del pasado septiembre EEUU superaba los 200.000 muertos por covid en pleno repunte de los contagios.

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Invasión a Venezuela.

En agosto de 2018, durante una reunión en la Oficina Oval, Donald Trump hizo una pregunta que sobresaltó a sus asesores: dado que la situación en Venezuela amenaza la seguridad regional, ¿Por qué Estados Unidos no puede invadir el país sudamericano? El relato procedió de un alto cargo del gobierno familiarizado con lo que se dijo entonces, que habló bajo condición de anonimato. En febrero de 2020, Donald Trump dijo en el discurso anual ante el Congreso sobre el Estado de la Unión que la "tiranía" del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela sería "aplastada". En ese acto, el republicano presentó a Guaidó, quien estuvo presente, como "el verdadero y legítimo presidente" de Venezuela. Estados Unidos, junto a otros 50 países, reconocieron a Juan Guaidó como presidente de Venezuela cuando él se autoproclamó mandatario de aquel país.

¿Millonario paga menos impuestos que docente?

Según The New York Times, Donald Trump pagó sólo 750 dólares en impuestos sobre la renta el año en que se postuló para presidente y en su primer año en la Casa Blanca, siendo en total 1500 dólares desde que llegó a la presidencia. Sobre ese tema, Trump fue cuestionado en el primer debate presidencial y se limitó a responder que durante 2016 y 2017 pagó "millones de dólares" en impuestos sobre la renta. Joe Biden pidió a Trump mostrar su declaración de impuestos, a lo que el republicano prometió hacerlo en "cuanto esto termine", el demócrata lamentó que haya pagado menor cantidad en comparación a un profesor.

Acoso sexual.

Durante la campaña presidencial de 2016, Donald Trump fue acusado por varias mujeres de acoso sexual, a todos los señalamientos el republicano las calificó de falsas. Una empleada de la campaña electoral de Donald Trump, demandó al mandatario por su "conducta sexualmente depredadora" al besarla sin su consentimiento minutos antes de un mitin en Florida en 2016. La demandante, Alva Jonhson, aseguró que Trump la tomó de la mano y se acercó a su rostro y, aunque ella giró la cabeza para evitar el contacto en la boca, finalmente Trump la besó en la comisura de los labios. Otro caso fue el de Summer Zervos, una antigua participante del programa de televisión de Trump "El Aprendiz", quien acusó a Trump de haber tenido insinuaciones sexuales hacia ella cuando lo conoció en el Beverly Hills Hotel en Los Ángeles en 2007 para discutir oportunidades en su carrera. Trump se le acercó agresivamente durante el encuentro y le tocó el seno, pero ella lo rechazó.

Eliminar el DACA, el plan frustrado de Trump.

En 2017, Trump quiso poner fin al plan migratorio conocido como DACA, que ha protegido de la deportación a 800 mil jóvenes indocumentados, aunque en 2020 el Tribunal Supremo frenó dicha acción al calificarla como ilegal. El programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia ("Deferred Action for Childhood Arrivals") otorga permisos de estadía y trabajo de dos años, renovables, a quienes llegaron a Estados Unidos ilegalmente cuando eran niños. En plena campaña presidencial de 2020, Trump prometió que se encargarian del DACA y de los dreamers, pero bajo un sistema de méritos y de forma legal.

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El presidente saliente Donald Trump ha anunciado hoy en Twitter que no acudirá a la toma de posesión del demócrata Joe Biden el próximo 20 de enero en Washington. "A todos aquellos que han preguntado, no iré a la inauguración el 20 de enero", ha dicho. La última vez que un presidente saliente no acudió a la ceremonia fue hace 152 años. Andrew Johnson fue el último presidente que rompió esta tradición en el año 1869 con su sucesor Ulysses S. Grant, con quien tenía grandes diferencias, según informa The Washington Post. Otra característica que une a Trump y Johnson es que los dos han sido sometidos a un impeachment por parte del Congreso, un proceso por el que solo han pasado tres presidentes en la historia –el tercero es Bill Clinton–.

Andrew Johnson tampoco fue el primero. John Adams abandonó Washington a las cuatro de la mañana el día de la toma de posesión de Thomas Jefferson en 1801. Su hijo, el presidente John Quincy Adams tampoco acudió a la toma de posesión de su sucesor, Andrew Jackson, en 1829. Trump no ha reconocido hasta este viernes su derrota. "El Congreso ha certificado el resultado (de las elecciones). Una nueva Administración llegará al poder el 20 de enero. Ahora me centraré en asegurar una transición de poder tranquila, ordenada y sin problemas", ha afirmado tras el asalto al Congreso de este miércoles. Antes del asalto, el presidente arengó a los manifestantes. Después, justificó sus acciones: "Esto es lo que pasa cuando se despoja tan descaradamente a grandes patriotas de una aplastante victoria electoral sagrada". Cinco personas han fallecido en el ataque al Capitolio.

Y 30 horas condena el "atroz" ataque. "Han profanado la sede de la democracia. Pagarán por ello". "Los manifestantes que se infiltraron en el Capitolio han profanado la sede de la democracia. A aquellos que se implicaron en actos de violencia y destrucción: ustedes no representan a nuestro país. Y a aquellos que rompieron la ley: pagarán por ello", dijo Trump en Twitter después de que la red social levantase la suspensión de 12 horas de su cuenta. Trump calificó como "atroz" el asalto al Capitolio, se mostró "indignado por la violencia, la ilegalidad y el caos", apostó "por restaurar la calma" y destacó que "Estados Unidos siempre será una nación de ley y orden". Este discurso de Trump contrasta con el "les queremos, váyanse a casa" que dijo mientras sus seguidores más radicales asaltaban el Capitolio de Washington.

Trump a sus seguidores: "Nuestro increíble viaje no ha hecho más que comenzar". "Mi campaña vigorosamente persiguió cada entrada ilegal para impugnar los resultados. Mi único objetivo era asegurar la integridad del voto. Luché por defender la democracia estadounidense", se justificó Donald Trump. En su despedida Trump apuntó que "a todos mis maravillosos seguidores: sé que están decepcionados, pero también quiero que sepan que nuestro increíble viaje no ha hecho más que comenzar". Trump al fin reconoce el triunfo de Biden y garantiza una transición "tranquila". El Congreso ha certificado el resultado de las elecciones. Una nueva Administración llegará al poder el 20 de enero. Ahora me centraré en asegurar una transición de poder tranquila, ordenada y sin problemas", dijo Donald Trump. "Es el momento de curar heridas y de la reconciliación, apuntó el todavía presidente de Estados Unidos.

Quizás se adivine un futuro candidato Trump dentro de un nuevo partido. Seguidores no le faltan.

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