Exactamente una semana después de que las fuerza de seguridad tuvieran que defender a los congresistas estadounidense de una turba enfurecida, los legisladores se reunieron en la misma cámara para acusar al presidente apoyado por esa turba. Es la primera vez en los 231 años de historia de Estados Unidos que un presidente ha sido sometido a dos juicios políticos en un mismo período, sin duda un final ignominioso para un mandatario al que le gusta presumir de los éxitos históricos de su presidencia. El único artículo del impeachment acusa al presidente Donald Trump de haber incitado a los disturbios que estallaron en el Capitolio de EE.UU. luego de que se dirigió a miles de sus seguidores en un mitin cerca de la Casa Blanca el miércoles 6 de enero por la mañana. La acusación ahora será remitida al Senado y sus 100 miembros volverán a servir como jurados de un juicio político presidido por el presidente del Tribunal Supremo. Y aunque el resultado de ese juicio, que no comenzará hasta después de la toma de posesión de Joe Biden, es dudoso, las implicaciones políticas de la acción del Congreso ya pueden ser evaluadas.

Hace poco más de un año, la Cámara de Representantes aprobó su primera acusación contra Trump sin un solo voto republicano. Esta vez, 10 miembros del partido del presidente rompieron filas para apoyar la resolución, y un número mayor condenó sus palabras y acciones el día del motín del Capitolio.

Esta vez la acusación de los demócratas contó con el apoyo de varios republicanos.

Liz Cheney, la tercera republicana más importante de la cámara baja e hija del ex vicepresidente Dick Cheney, fue la deserción más notable. "Nunca ha habido una traición más grande por parte de un presidente de Estados Unidos a su oficina y su juramento a la Constitución", escribió en un comunicado que fue citado con frecuencia por los demócratas durante el debate del impeachment. Y según reportes, algunos republicanos en el Senado están dispuestos a votar para condenar al presidente. El "New York Times" informó que el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, estaba "complacido" de que Trump estuviera a punto de ser acusado y esperaba que el proceso le permitiera al partido desvincularse claramente del mandatario. Desde entonces, McConnell ha dicho que reservará su juicio hasta que concluya el proceso, pero los informes de la oficina del senador -que suele ser muy cuidadosa- no se materializan de la nada: las líneas de batalla dentro del partido ya se están trazando, al menos tentativamente.

Según reportes, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, celebró la decisión de la Cámara de Representantes.

La división evidente en la Cámara el miércoles pone de manifiesto la elección que los republicanos tendrán que hacer en los próximos días. Por un lado está la opción de seguir siendo leales al tipo de política representado por Trump, la que creó una nueva coalición de votantes que entregó la Casa Blanca y el Congreso en 2016, pero perdió ambos en 2020. Por el otro, hay un futuro incierto, pero libre de la marca y retórica del presidente.

En las horas posteriores a los disturbios de la semana pasada, los demócratas debatieron sobre la mejor forma de responder y castigar al presidente por instigar un ataque que, en su opinión, no solo amenazaba la democracia estadounidense sino que también puso sus vidas en riesgo. Al final, decidieron que convertir a Trump en el primer presidente obligado a enfrentar dos juicios políticos era la acción más efectiva, aunque la acusación llegara en la última semana de su presidencia.

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Jacob Albert Chansley, conocido como Jake Angeli, se hizo mundialmente famoso la pasada semana por las fotografías que circularon de él disfrazado de bisonte durante el asalto al Capitolio. El hombre, que se hace llamar "Yellowstone Wolf", y que pertenece al movimiento conspiranoico QAnon, ha pedido por intermediación de su abogado que Donald Trump le conceda el perdón, ya que se encuentra actualmente detenido junto a otras 100 personas por su conducta en los disturbios del 6 de enero. "Dada la forma pacífica y obediente en que el señor Chansley se comportó, sería apropiado y honorable que el presidente perdonara al señor Chansley y a otras personas pacíficas de ideas afines", afirmaba su defensor, Albert Watkins, quien alegó en declaraciones reproducidas por la publicación The Hill, que su cliente "había escuchado las palabras frecuentemente repetidas del presidente Trump". "Se supone que las palabras y la invitación de un presidente significan algo", defendió.

Según el Departamento de Justicia, Chansley ha sido acusado de entrar o permanecer conscientemente en cualquier edificio o terreno restringido sin autoridad legal, y de entrada violenta y conducta desordenada en los terrenos del Capitolio.El asalto contra ese recinto se saldó con cinco personas muertas, entre ellas un policía del edificio del Legislativo. Chansley se entregó a las autoridades y permanece detenido desde el pasado sábado 9 de Enero.

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), Christopher Wray, reveló que más de 100 personas han sido detenidas en relación con el asalto del Capitolio, en acciones que se han llevado a cabo en lugares como Phoenix (Arizona), Dallas (Texas) y Honolulu, en el archipiélago de Hawai.

Wray, cuyo bajo perfil tras el asalto ha sido ampliamente criticado por algunos de los anteriores responsables del FBI (más si cabe si se compara con el que mantuvo durante las manifestaciones del movimiento 'Black Lives Matter'), ha explicado que entre esas "otras actividades" que están investigando están "una gran cantidad de conversaciones preocupantes" en redes sociales en relación a la toma de poder de Biden y vinculadas con QAnon. Twitter restringía a principios de semana más de 7000 cuentas dedicadas a compartir contenido de este tipo.

Christopher Asher Wray es un abogado estadounidense que se desempeña como el octavo y actual Director de la Oficina Federal de Investigaciones desde 2017. De 2003 a 2005, Wray se desempeñó como Fiscal General Adjunto a cargo de la División de lo Penal en la Administración de George W. Bush.

Las consecuencias de lo ocurrido en el Capitolio y del polvo que los sucesos han levantado pueden ser fatales para Trump. La Cámara de Representantes avaló este miércoles el inicio de un juicio político contra el presidente saliente, el segundo que enfrenta desde su llegada a la Casa Blanca, bajo la acusación de "incitación a la insurrección". Todo ello ha forzado un giro en el discurso de Trump hacia la condena tajante de la violencia de la pasada semana. "La violencia y el bandalismo no tienen absolutamente ningún lugar en nuestro país ni en nuestro movimiento", declaraba.

Por su parte, el vicepresidente Pence ha insistido nuevamente en que la actual Administración Trump facilitará una transición de poder "ordenada" y una investidura "segura", ya que "el pueblo estadounidense no merece menos". "El pueblo estadounidense puede estar seguro de que nuestra Administración seguirá trabajando todos los días desde ahora hasta el 20 de enero para asegurar una transición ordenada", ha recalcado Pence, quien todavía no ha confirmado públicamente si acudirá a la toma de posesión de Biden.

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La toma de posesión de Joe Biden como 46º presidente de Estados Unidos parece haber estado destinada a ser atípica. Desde hace tiempo ya se sabía que los planes para este acto, previsto para el 20 de enero, tendrían que ser distintos para incorporar los protocolos sanitarios exigidos por la lucha contra el covid-19. Pero a esa previsión se le han sumado tres circunstancias adicionales:

- La pandemia registra su momento más severo en Estados Unidos, con cifras récord de nuevos contagios confirmados y muertes.

- La crisis política desatada tras el asalto al Capitolio realizado el 6 de enero por partidarios del presidente Donald Trump, quien ahora debe enfrentar un juicio político por esos hechos y aún se niega a reconocer los resultados de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

- La alerta de los cuerpos de seguridad ante la potencial amenaza de que se produzcan protestas o actos de violencia no solamente en Washington DC sino también en los capitolios de los estados.

La transferencia de mando ha sido considerada tradicionalmente en Estados Unidos como una fiesta democrática, con una asistencia multitudinaria. Esta vez las cosas serán diferentes.

El único requisito de la ceremonia es que el mandatario electo recite el juramento presidencial: "Juro solemnemente que ejerceré fielmente el cargo de presidente de Estados Unidos y que, hasta el límite de mis capacidades, preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de Estados Unidos". Una vez que pronuncie estas palabras, Biden ocupará su lugar como presidente número 46 y la toma de posesión estará completa (pero eso no es todo, luego siguen las celebraciones). Kamala Harris se convertirá en vicepresidenta una vez que preste juramento en el cargo, lo que generalmente ocurre justo antes de que el presidente tome posesión.

Por ley, el día de la toma de posesión es el 20 de enero. Este año, los discursos de apertura generalmente están programados para alrededor de las 11:30 hora local (16:30 GMT), y Joe Biden y Kamala Harris tomarán posesión al mediodía. Más tarde ese día, Biden se mudará a la Casa Blanca, donde residirá durante los próximos cuatro años.

La toma de posesión no siempre ocurrió en enero. Inicialmente, la Constitución establecía el 4 de marzo como el día para que los nuevos líderes presten juramento. Seleccionar una fecha a cuatro meses de las elecciones generales de noviembre tenía sentido en ese momento dado el tiempo que tardaban los votos de todo el país en llegar a la capital. Con el tiempo, a medida que los avances modernos facilitaron el recuento y el informe de los votos, se modificó este largo plazo. La 20ª Enmienda, ratificada en 1933, estableció que el nuevo presidente tomaría posesión el 20 de enero.

La tradición de hacer la juramentación al aire libre se inició con Ronald Reagan.

Por lo general, las tomas de posesión presidenciales requieren grandes despliegues de seguridad. Esa exigencia se hace más importante ahora, después de que una turba de seguidores de Trump irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero. El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) advirtió sobre protestas armadas en los capitolios de los estados y en Washington DC en los días previos a la ceremonia, lo que llevó a los funcionarios a aumentar la seguridad y cerrar grandes sectores de la ciudad. En una evaluación conjunta realizada por esa agencia y por el Departamento de Seguridad Nacional se justifica el aumento de medidas para evitar ataques de terroristas internos, quienes "suponen la amenaza más probable" a la toma de posesión.

Estos extremistas "siguen siendo una preocupación debido a su capacidad para actuar con poca o sin ninguna advertencia, su disposición a atacar civiles y blancos fáciles; y su habilidad para causar un número significativo de víctimas con el uso de armas que no requieren de conocimiento especializado", señalaron estas autoridades en un documento citado por The New York Times. Este viernes, el Pentágono anunció un incremento hasta 25.000 en el número de efectivos de la Guardia Nacional que podrán ser desplegados para la toma de posesión de Biden, unos 4.000 más de los que habían sido autorizados el jueves.

El asalto al Capitolio ejecutado por los seguidores de Trump obligó a elevar el nivel de alerta de seguridad.

Estos extremistas "siguen siendo una preocupación debido a su capacidad para actuar con poca o sin ninguna advertencia, su disposición a atacar civiles y blancos fáciles; y su habilidad para causar un número significativo de víctimas con el uso de armas que no requieren de conocimiento especializado", señalaron estas autoridades en un documento citado por The New York Times. Este viernes, el Pentágono anunció un incremento hasta 25.000 en el número de efectivos de la Guardia Nacional que podrán ser desplegados para la toma de posesión de Biden, unos 4.000 más de los que habían sido autorizados el jueves.

Un ensayo de la ceremonia que estaba previsto para el domingo fue pospuesto y reprogramado para el lunes debido a preocupaciones de seguridad, según informó el sitio web Politico. Mientras tanto, un viaje en tren de 90 minutos planeado por Biden y su equipo desde sus oficinas en Delaware a Washington previsto para el lunes también ha sido suspendido por los mismos motivos, informó Associated Press. Biden pidió a Lisa Monaco, la asesora contra el terrorismo del expresidente Barack Obama, que trabaje como asesora temporal sobre la seguridad para la toma de posesión. La capital estadounidense se encuentra en estado de emergencia, por una orden que emitió la alcaldesa Muriel Bowser ante los disturbios en el Capitolio, y permanecerá así hasta la toma de posesión Bowser advirtió este viernes que el sitio donde se realizará la ceremonia no es el único lugar que ha sido objeto de amenazas en línea. El Servicio Secreto ha tomado el mando de los planes de seguridad, respaldado por la Guardia Nacional y de policías. El agente Matt Miller, quien lidera el esfuerzo de seguridad en nombre del Servicio Secreto, dijo a los reporteros el viernes que la planificación del evento ha estado en marcha durante más de un año. Y aunque Biden ha insistido en prestar juramento en un espacio abierto, como es tradición, la asistencia se reducirá.

Este año, será una incomodidad distinta: el presidente saliente no se presentará. "Para todos los que han preguntado, no iré a la toma de posesión el 20 de enero", tuiteó Trump el 8 de enero.

El mensaje fue divulgado poco después de que el mandatario se comprometiera con una transición de poder "ordenada" a un "nuevo gobierno" y eso es lo más cerca que ha estado de reconocer públicamente el triunfo de Biden. Algunos de sus partidarios ya habían dado un paso más, planeando una "segunda toma de posesión" virtual para Trump el mismo día (y hora) en que Biden asume el cargo. Más de 68.000 personas han dicho en Facebook que asistirán al evento en línea para mostrar su apoyo a Trump. El vicepresidente Mike Pence, sin embargo, ha dicho que sí asistirá a la ceremonia oficial.

Mike Pence, vicepresidente de Trump, sí acudirá a la ceremonia.

Cuando Trump prestó juramento en 2017, Hillary Clinton acudió junto a su esposo, el expresidente Bill Clinton, a la toma de posesión, solo dos meses después de su derrota electoral y de una dura campaña contra Trump. Solo tres presidentes -John Adams, John Quincy Adams y Andrew Johnson- han optado activamente por no participar en la juramentación de sus sucesores, algo que no ha hecho ningún mandatario en el último siglo.

En circunstancias normales, Washington DC vería a cientos de miles de personas acudir en masa a la ciudad para presenciar la toma de posesión, inundando el National Mall y ocupando todas las habitaciones disponibles de los hoteles. Se estima dos millones de visitantes llegaron a la capital estadounidense cuando el presidente Obama asumió su primer mandato en 2009. Pero este año, el tamaño de la celebración será "extremadamente limitado", según ha dicho el equipo de Biden, que ha instado a los estadounidenses a evitar viajar a la capital. Biden y Harris seguirán prestando juramento frente al Capitolio, en un lugar con vista a la icónica explanada del National Mall (una tradición que comenzó con el presidente Ronald Reagan en 1981), pero los puestos para observar la ceremonia que se habían instalado a lo largo de la ruta del desfile están siendo retirados.

Se estima dos millones de visitantes llegaron a la capital estadounidense cuando el presidente Obama asumió su primer mandato en 2009. Pero este año, el tamaño de la celebración será "extremadamente limitado", según ha dicho el equipo de Biden, que ha instado a los estadounidenses a evitar viajar a la capital. Biden y Harris seguirán prestando juramento frente al Capitolio, en un lugar con vista a la icónica explanada del National Mall (una tradición que comenzó con el presidente Ronald Reagan en 1981), pero los puestos para observar la ceremonia que se habían instalado a lo largo de la ruta del desfile están siendo retirados. Gran parte del parque del National Mall de 3,2 km de largo también estará cerrado al público. En el pasado, había hasta 200.000 entradas disponibles para asistir a la ceremonia oficial pero este año, con las infecciones que siguen aumentando en EE.UU., solo estarán disponibles alrededor de 1.000 boletos. Este año todavía habrá una versión de la tradicional ceremonia en la que el nuevo comandante en jefe inspecciona las tropas, pero en lugar del habitual desfile por la avenida Pennsylvania hasta la Casa Blanca, los organizadores dicen que organizarán un "desfile virtual".

En los últimos años, los presidentes entrantes han agregado algunos de los artistas más queridos del país al programa del día. A pesar de la pandemia, este año no será diferente. A Biden y a Harris se les unirá Lady Gaga, una acérrima defensora del presidente entrante que hizo campaña con él en los días previos a las elecciones.

Lady Gaga cantará el himno nacional y Jennifer López cantará durante la actuación musical de la ceremonia. Después de que Biden preste juramento, el actor Tom Hanks hará de presentador de un programa de televisión en horario estelar que durará 90 minutos, un reemplazo compatible con la situación de pandemia de las celebraciones que normalmente se realizan en persona. Contará con Jon Bon Jovi, Demi Lovato y Justin Timberlake, y se transmitirá en todas las principales redes y plataformas de EE.UU., con la excepción de Fox News, una red conservadora que ha apoyado a Trump durante su presidencia. En 2009, Aretha Franklin cantó en la toma de posesión de Barack Obama, interpretando el tema "My Country 'Tis of Thee". Beyoncé también estuvo presente, cantando "At Last" para la pareja presidencial en el baile inaugural de su presidencia. En su segunda toma de posesión en 2013, Obama pidió a Kelly Clarkson y a Jennifer Hudson que hicieran los honores. Beyoncé volvió de nuevo, esta vez para cantar el himno nacional.

Beyonce participó en las dos tomas de posesión de Barack Obama.

Según la prensa estadounidense, Donald Trump tuvo más problemas para contratar artistas. Elton John rechazó la oferta para actuar y circularon informaciones según las cuales Celine Dion, Kiss y Garth Brooks hicieron lo mismo. Al final, a la toma de posesión del mandatario republicano asistieron las Rockettes, el artista country Lee Greenwood y la banda 3 Doors Down.

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Los servicios de seguridad e inteligencia de Estados Unidos se encuentran inmersos en una exigente y complicada tarea. Por un lado tienen que planear y adoptar todas las medidas de protección posibles para garantizar una ceremonia de investidura sin sobresaltos para Joe Biden el próximo 20 de enero. Al tiempo, investigan los sucesos del pasado 6 de enero, cuando cientos de seguidores de Donald Trump irrumpieron con violencia en el Capitolio después de haber asistido a una marcha en la que el propio presidente los alentó a pelear en protesta por el resultado de las elecciones. Los disturbios causaron cinco muertos y múltiples heridos, y hasta este fin de semana se habían realizado más de 100 detenciones.

Más allá de identificar y arrestar a los participantes en el asalto, el Departamento de Justicia, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y otras agencias investigan si hubo una planificación previa del ataque y quiénes fueron los organizadores. A esto se le suma la acusación de un grupo de congresistas demócratas que sospechan que los asaltantes pudieron haber contado con el apoyo de algunos de sus colegas de la bancada republicana.

Algunos de los detenidos tras el asalto al Capitolio son exmiembros de las fuerzas de seguridad.

Varias agencias federales trabajan en una investigación a fondo de los sucesos del día 6 liderada por la oficina del FBI en Washington DC y el Departamento de Justicia y de la que se van conociendo más detalles a medida que pasan los días. Este viernes, el fiscal interino de EE.UU. para el Distrito de Columbia, Michael Sherwin, reveló que la investigación apunta a que el objetivo de la turba era "secuestrar y asesinar a legisladores". El hecho de que muchos de los violentos seguidores de Trump llevaran esposas y amarres de plástico para inmovilizar a alguien apunta en esa dirección. El diario The Washington Post informó que un grupo de asaltantes llegó muy cerca de la oficina del vicepresidente Mike Pence, apenas un minuto después de que las fuerzas de seguridad lo hubieran trasladado a un lugar seguro. No fue el único que estuvo cerca del peligro. Otros congresistas evitaron el encuentro directo con los atacantes por pocos minutos, lo que ha hecho que sean cada vez más las voces que cuestionan el funcionamiento de las medidas de seguridad, en concreto el papel jugado por la Policía del Capitolio. En este sentido, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció también este viernes la apertura de otra investigación centrada en la seguridad del Capitolio que estará en manos del general retirado Russel Honoré.

Para organizaciones que monitorean las actividades de grupos radicales y de extrema derecha en internet, la violencia del pasado 6 de enero no fue una sorpresa y las autoridades debían haber estado mejor preparadas. SITE International Group, una firma especializada en suministrar información a gobiernos e instituciones mundiales sobre amenazas terroristas o de grupos extremistas, publicó un exhaustivo artículo sobre los indicios que existían de una posible revuelta. "Muchos todavía no entienden lo abiertamente que se planificó la revuelta del Capitolio. Llegó después de un mes de estrategias e incitaciones rampantes a 'atacar y ocupar' el Congreso y secuestrar/arrestar a legisladores", escribió en Twitter Rita Katz, directora de SITE.

Desde el FBI explican que la agencia solo puede reaccionar a los discursos incendiarios en internet cuando hay una amenaza real de violencia.

Grupos como la Coalición para una Internet más Segura, Advance Democracy o Alethea también alertaron, antes del día 6, sobre las conversaciones que tenían lugar online de cara a la marcha en Washington DC. El intercambio de mensajes se producía en plataformas frecuentadas por seguidores de Trump como TheDonald.win o Parler, pero también en redes de uso más extendido como Facebook o Twitter, donde etiquetas como #StormTheCapitol ("Ataquemos el Capitolio") o #StopTheSteal ("Detengan el robo") animaban a la movilización. Hay quien dice que la planificación previa le quita responsabilidad a Trump por lo que dijo en el discurso del día 6, a lo que otras personas responden que fue el propio presidente el que alentó esos preparativos al invitar a sus seguidores a acudir al mitin con estas palabras: "¡Estén allí! ¡Será salvaje!". "Los partidarios interpretaron ese 'será salvaje' como que les daba vía libre", tuiteó Katz, que en una conversación entre seguidores de Trump leyó el siguiente comentario: "Trump no puede decirte abiertamente que te rebeles… Esto es lo más cerca que puede llegar".

Otro de los giros sorprendentes de la semana ha sido la sospechas expresadas por algunos congresistas demócratas que insinúan que los partidarios de Trump tuvieron apoyo dentro del Congreso. La alerta más llamativa la planteó la demócrata por Nueva Jersey Mikie Sherrill, que difundió un video en el que contó que el día 5, víspera de la violenta jornada, vio varias personas dentro del Capitolio en visitas guiadas que describió como "giras de reconocimiento" para el día siguiente.

En este sentido, Sherrill y una treintena de congresistas demócratas firmaron una carta dirigida a los responsables de seguridad del Capitolio en la que exigen que se investigue ese detalle. El documento señala que algunos de los firmantes "fueron testigos de un gran número de grupos externos en el complejo del Capitolio el 5 de enero". Los congresistas recuerdan que debido a la pandemia las visitas del público al Capitolio han sido canceladas y por tanto solo miembros del Congreso (legisladores u otros miembros del personal) podrían haber facilitado el acceso a ese grupo de personas.

La congresista Mikie Sherrill difundió un video en el que denuncia que hubo inusuales visitas guiadas al Capitolio el 5 de enero, víspera del asalto al edificio.

"Miembros del grupo que atacó el Capitolio parecen haber tenido un conocimiento inusualmente detallado del plano del complejo del Capitolio. La presencia de estos grupos en el Capitolio el día anterior es sin duda sospechosa", apuntan los congresistas demócratas en la carta. Otros observadores se han sorprendido también por la aparente facilidad con la que algunos de los asaltantes se movían dentro del Capitolio para lo laberíntico que es. La posible implicación de congresistas republicanos, de quienes no se ha hecho público ningún nombre, ha suscitado estupor y preocupación, pero también algunas reacciones de incredulidad y rechazo. El republicano Vern Buchanan, congresista por Florida, opina que la acusación es "difícil de creer".

El 6 de enero se vivieron escenas insólitas en la sede del Congreso de Estados Unidos.

"Las alegaciones de la congresista Sherrill de una conspiración criminal por miembros del Congreso sin identificar es sorprendente y difícil de creer", dijo. "Si tiene pruebas de que un miembro del Congreso realizó visitas de reconocimiento para ayudar a los alborotadores a planear el ataque de la semana pasada, las tiene que revelar de inmediato. No vi nada de eso cuando estuve en el edificio esa semana y me sorprendería mucho saber que es verdad". Ante una pregunta de la prensa al respecto, Pelosi fue clara y subrayó dos palabras: verdad y confianza. "Tenemos que confiar en los colegas, todos hicimos el mismo juramento de defender y proteger la Constitución de cualquier enemigo extranjero o interno", dijo la líder demócrata con la mano derecha haciendo el gesto del juramento. "No obstante, hay que investigar. Si se demuestra que hubo cómplices que instigaron y secundaron [el ataque], habrá que tomar medidas que irán más allá del Congreso, habrá que procesarlos".

El FBI ha eludido pronunciarse sobre si se están investigando estas alarmantes acusaciones, de las que no se han aportado pruebas concluyentes. BBC Mundo contactó tanto con la Policía del Capitolio como con la oficina del FBI en Washington DC. Los respectivos portavoces dijeron que no pueden dar detalles. Dos de los testimonios que más eco han tenido estos días y que muestran la desconfianza entre algunos demócratas y republicanos han sido los de Alexandria Ocasio-Cortez (Nueva York) y Ayanna Pressley (Alabama). Ambas congresistas han relatado que en el momento de refugiarse durante el ataque prefirieron no estar junto al resto de legisladores por si sus colegas republicanos las entregaban a los asaltantes.

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Quizás el ataque más famoso al Capitolio fue el de las fuerzas británicas durante la guerra anglo-estadounidense de 1812. Las tropas británicas, lideradas por el vicealmirante Sir Alexander Cockburn y el mayor general Robert Ross, prendieron fuego al Capitolio, que aún estaba en construcción, después de invadir Washington DC en agosto de 1814. Fue en represalia por el incendio provocado por los estadounidenses en York, la capital del Alto Canadá, una provincia del Imperio británico en el sudeste de la actual Canadá, ocurrido un año antes.

El edificio del Capitolio sobrevivió gracias a un aguacero.

Las ruinas del Capitolio tras el ataque británico.

Los británicos también prendieron fuego a otros edificios emblemáticos de la capital estadounidense, incluyendo la Casa Blanca. El ataque de 1814 fue la única vez que una potencia extranjera capturó y ocupó Washington DC. En 2014, la embajada británica en Washington se disculpó después de tuitear una foto de un pastel de la Casa Blanca rodeado de bengalas, "conmemorando" el incendio del edificio 200 años antes. Tras el ataque contra el Capitolio este miércoles, el senador demócrata por New Jersey Cory Booker dijo que había un paralelismo interesante entre ambos sucesos, ya que los dos ataques se hicieron en nombre de un líder individual: en 1814 por el rey de Inglaterra y ahora en nombre de Trump. "En ambos casos se abandonaron principios democráticos en favor de un culto a la personalidad", dijo durante un discurso en el Congreso. La diferencia, señaló, "es que entonces fue otro país el que nos atacó, y ahora generamos este infierno desde adentro".

Un siglo después del ataque británico, Erich Muenter, un exprofesor de alemán en la Universidad de Harvard, hizo estallar tres cartuchos de dinamita en la sala de recepción del Senado el 4 de julio de 1915 . La explosión dañó el edificio, pero nadie murió. Muenter declaró luego que el ataque fue en respuesta a los financieros estadounidenses que ayudaron a Reino Unido a enfrentar a Alemania en la Primera Guerra Mundial. Escribiendo bajo un seudónimo en el Washington Evening Star, Muenter dijo que esperaba que el ataque "hiciera suficiente ruido para ser escuchado por encima de las voces que claman por la guerra". Y agregó: "Esta explosión es un signo de exclamación en mi llamado a la paz". Un día después del ataque, Muenter le disparó e hirió al financiero JP Morgan Jr., antes de ser sometido por el mayordomo de Morgan y arrestado. Se terminó quitando la vida.

El 1 de marzo de 1954, cuatro nacionalistas puertorriqueños ingresaron a la galería de visitantes de la Cámara de Representantes y, flameando la bandera de la isla, gritaron "Libertad para Puerto Rico" mientras abrían fuego. Cinco congresistas resultaron heridos. "¡No vine a matar a nadie, vine a morir por Puerto Rico!" gritó la líder del grupo, Lolita Lebron, durante su arresto.

Lolita Lebron durante su arresto en 1954.

Lebron fue sentenciada a 50 años tras las rejas, mientras que los tres hombres que la acompañaban recibieron una pena de 75 años de prisión. Las sentencias fueron conmutadas más tarde por el presidente Jimmy Carter. Carter dijo que la liberación era "un gesto humanitario significativo y sería visto como tal por gran parte de la comunidad internacional". El grupo fue vitoreado por una multitud a su regreso a Puerto Rico.

El 7 de noviembre de 1983, una explosión arrasó el segundo piso del Senado. Unos minutos antes, alguien que decía pertenecer a un grupo llamado Unidad de Resistencia Armada llamó a una centralita del Capitolio advirtiendo de un atentado. Según esa persona, el ataque era en represalia por las acciones militares estadounidenses en Granada y Líbano. No hubo víctimas, pero la explosión generó daños costosos.

En 1988, agentes del FBI arrestaron a siete miembros del grupo radical de izquierda Conspiración de la Resistencia por el ataque al Capitolio y explosiones separadas en Fort McNair y Washington Navy Yard, en 1983 y 1984. Linda Evans y Laura Whitehorn fueron encarceladas por conspiración y destrucción maliciosa de propiedad del gobierno en 1991. Ambas ahora están libres.

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En Estados Unidos, se denomina "pato cojo" o "rengo" (de "lame duck") a un presidente saliente en el periodo que va desde la elección de su sucesor hasta su efectiva toma de posesión. El adjetivo de "cojo" hace referencia a la supuesta poca capacidad del mandatario saliente de "moverse" políticamente en ese periodo. Pero, como en tantas otras ocasiones, el gobierno de Donald Trump ha roto con lo establecido. En las últimas semanas y días, el Ejecutivo ha tomado importantes decisiones en materia de política exterior que pueden complicar los planes de Joe Biden, que toma posesión como el 46º presidente de EE.UU. el miércoles 20 de enero.

Varias decisiones sobre China tomadas por el gobierno saliente de Trump volvieron a tensar la relación entre las dos potencias. La primera de ellas se produjo el 9 de enero, cuando Pompeo anunció el levantamiento de las restricciones sobre contactos entre diplomáticos estadounidenses y taiwaneses, rompiendo con una política mantenida por décadas por la Casa Blanca. China considera a la democrática Taiwán parte indisputable de su territorio y habitualmente describe a la que considera una "isla rebelde" como el asunto más delicado en sus lazos con EE.UU.

A pesar de que EE.UU., como la mayoría de países en el mundo, no mantiene relaciones formales con Taiwán, el gobierno de Trump ha aumentado su acciones de respaldo a la isla, a través de la venta de armas o la legislación para ayudar a Taipei a gestionar la presión de Pekín.

Tras cuatro años de profundo deterioro de las relaciones entre las dos potencias mundiales, esta última medida fue vista como un intento del líder republicano de fijar la línea dura contra China antes de la toma de posesión de Biden. "La administración Biden estará legítimamente descontenta con que una decisión política como esta se realice en los últimos días de la de Trump", consideró Bonnie Glaser, una de las mayores expertas en la relación sino-estadounidense en EE.UU., en declaraciones a Reuters. Glaser, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, explicó que algunos ejemplos de las restricciones que Pompeo levantó incluían que funcionarios taiwaneses no pudieran entrar en el Departamento de Estado y, por tanto, tuvieran que reunirse en hoteles.

Un funcionario del equipo de transición de Biden señaló que una vez que el presidente electo asuma el poder continuará apoyando "la resolución pacífica de los asuntos entre las dos orillas del Estrecho [China-Taiwán] en consecuencia de los deseos y el interés de la sociedad de Taiwán". A la decisión sobre Taiwán, se sumó otro duro golpe de EE.UU. a China el último día de presidencia de Trump: la declaración de las acciones de Pekín contra los uigures de Xinjiang como "genocidio" y "crímenes contra la Humanidad", lo que agriarán aun más las relaciones.

Cuba vuelve a estar en la lista de países patrocinadores del terrorismo de Estados Unidos. La decisión, hecha pública por el secretario de Estado, Mike Pompeo, llega a pocos días del cambio de gobierno en Estados Unidos y supondrá un nuevo reto para la administración de Joe Biden. "Con esta medida de nuevo hacemos responsable al gobierno de Cuba y mandamos un claro mensaje: el régimen castrista debe acabar con su apoyo al terrorismo internacional y con la subversión de la justicia estadounidense", dijo Pompeo en un comunicado. En 2015, el expresidente Barack Obama había sacado a Cuba de la lista en la que llevaba desde 1982 en lo que supuso un paso importante en el "deshielo" que un año después resultaría en que ambos países reanudaron sus relaciones diplomáticas. Pero ese acercamiento, como muchas otras políticas del presidente Obama, fue revertido por el gobierno de Donald Trump, quien dio paso a una política de mano dura tanto con Cuba como con Venezuela, que le ha dado mucha popularidad en el sur de Florida. Pero la decisión de meter a Cuba en la lista en que solo están Corea del Norte, Irán y Siria (después de que saliera Sudán tras reconocer el estado de Israel) es algo que podría ser revertido por Joe Biden cuando asuma la presidencia el 20 enero.

Pompeo hizo el anuncio este lunes.

Para dar una justificación legal, Pompeo señaló la negativa de Cuba a extraditar a miembros del Ejercito de Liberación Nacional (ELN) de Colombia tras un atentado con bomba en enero de 2019 en un academia policial de Bogotá en el que murieron 22 personas. Cuba ya ha dicho que no lo hará debido a su papel como mediador en los diálogos de paz entre el ELN y el gobierno de Colombia. Los líderes del ELN, la mayor guerrilla activa de Colombia, viajaron a La Habana como parte de las negociaciones de paz con el gobierno que se rompieron tras el atentado. Pompeo señaló también que Cuba es el santuario de fugitivos de Estados Unidos como Joanne Chesimard, también conocida como Assata Shakur, una militante de Black Power que huyó a la isla tras escapar de la prisión en que cumplía condena por la muerte de un policía en Nueva Jersey en 1973.

Joanna Chesimard fue condenada a pasar entre 26 y 33 años en la cárcel.

El secretario de Estado habló también de la alianza de Cuba con Venezuela, donde Estados Unidos promueve un cambio de gobierno. Según Pompeo, el apoyo de la isla permite al presidente Nicolás Maduro mantenerse en el poder y crear "un entorno permisivo para que terroristas internacionales vivan en Venezuela". Y sin embargo, el país sudamericano no está incluido en la lista. "Si el objetivo del gobierno Trump es presionar al de Miguel Díaz-Canel (presidente de Cuba) para que deje de apoyar a Maduro, va a fracasar", prevé en diálogo con BBC Mundo John Kavulich, presidente del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, con sede en Nueva York.

A los países que considera patrocinadores del terrorismo, Washington les prohíbe exportar o vender armas, ciertas exportaciones que también mejorarían sus capacidades militares, que son controladas y les restringe la asistencia económica. Los países en la lista no pueden acceder a préstamos del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones globales.

En el caso particular de la isla, estas sanciones ahondaban las que ya habían sido impuestas de manera más extensa por el embargo económico vigente desde la década de 1960. Cuba ya estuvo en la lista de 1982 hasta 2015, en medio de un proceso de normalización de relaciones entre Washington y La Habana impulsado por el presidente Obama. "El gobierno de Cuba quería extinguir la llama que mantenían viva algunas compañías de Estados Unidos de reconectar con Cuba. Este lunes, el Departamento de Estado lanzó un balde de agua", afirmó a BBC Mundo Kavulich.

El canciller Bruno Rodríguez ya condenó hace días lo que se confirmó este lunes: el reingreso de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo.

Las aseguradoras podrán suspender la cobertura de transacciones y operaciones. "Y habrá más escrutinio en las operaciones con Cuba, lo que resultará en que menos gobiernos y empresas querrán tener una relación con la isla", afirmó Kavulich. "Para las empresas estadounidenses será otro desincentivo, entre muchos otros, para buscar oportunidades para exportar, importar o suministrar servicios a Cuba", agregó. Esto llega en un momento especialmente delicado par Cuba. El 1 de enero entraron en vigor reformas económicas de gran impacto como la implantación de la moneda única, el peso cubano, a una tasa de cambio de US$1=24 pesos. Hasta ahora, además del peso cubano, también circulaba el peso cubano convertible, cuyo valor era equivalente a un dólar estadounidense.

La medida está acompañada por la subida de precios de alimentos, bienes básicos y servicios, y también un incremento de salarios y pensiones. Analistas dentro y fuera de Cuba describen estas reformas como las más significativas desde las introducidas en los 90 para paliar la profunda recesión tras el colapso de la Unión Soviética, principal benefactor de la isla durante años. Cuba atraviesa una crisis económica agravada por la pandemia de coronavirus y el endurecimiento de sanciones del gobierno de Trump. Este contexto agudizó la escasez de divisas, alimentos, medicinas y otros bienes esenciales. El gobierno de Cuba dijo que su economía se había contraído un 11% en 2020.

Cuba y Estados Unidos reanudaron relaciones en 2016.

Biden ha dicho que quiere restablecer algún nivel del compromiso iniciado con Obama, que incluye permitir que los cubanoamericanos visiten a sus familiares y envíen dinero. Podría eliminar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, pero no será inmediato, ya que el Departamento de Estado tendría que realizar una revisión formal de la medida. "Darle la vuelta a esta designación requiere tiempo", dijo Kavulich, que asegura que para el gobierno Biden puede ser un problema la conexión que Trump hace entre Cuba y Venezuela. "La administración Trump conectó con éxito Cuba con Venezuela y el gobierno entrante de Biden lo ha hecho también. Puede haber incluso presión de congresistas para agregar a Venezuela a la lista en lugar de para quitar a Cuba", afirma. El senador demócrata Patrick Leahy, que apoya el acercamiento de Estados Unidos tanto a Cuba como a Venezuela, condenó la designación como "abiertamente politizada" y dijo que "el terrorismo local en Estados Unidos es una amenaza mucho mayor para los estadounidenses".

El gobierno de Trump también redobló su ofensiva contra Irán en este último tramo de su presidencia. El 12 de enero, Pompeo acusó al país persa de ser "la nueva sede central" de Al Qaeda y mantener vínculos estrechos con el grupo terrorista. Pompeo no aportó pruebas de sus acusaciones. Teherán las consideró "mentiras belicistas".

Las declaraciones de Pompeo poco antes de su salida fueron vistas como un intento de reforzar la presión sobre Teherán antes de la llegada de Biden, que se espera que intente regresar al acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Irán y seis grandes potencias, del que Trump retiró a EE.UU. en 2018.

A ello se sumó hace unos días el anuncio del Departamento de Estado de que declarará a los rebeldes hutíes de Yemen como organización terrorista, una acción que "se llevaba esperando meses" y que se teme que agrave la crisis humanitaria en el país, explicaba la corresponsal jefe de Internacional de la BBC Lyse Doucet. "Los aliados de EE.UU. en el Golfo respaldan esta medida, pensada para enviar un duro mensaje a Irán", ahondaba la periodista. Los hutíes, que cuentan con el respaldo de Irán, llevan luchando desde 2015 contra una coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen en una guerra que ha desencadenado una de las peores crisis humanitarias del mundo.

Algunos, decía la periodista, creen que la medida puede proporcionar una "valiosa moneda de cambio" al gobierno de Biden para conseguir concesiones, "pero diplomáticos occidentales involucrados en los prolongados esfuerzos para empezar un proceso político que ponga fin a la destructiva guerra están convencidos de que esto lo pondrá aún más difícil".

Terminar con la guerra en Yemen, una idea que Obama inicialmente apoyó, será una prioridad para el equipo de Biden, destacó Doucet; por lo que esta decisión de última hora, que entrará en vigor un día antes del relevo de poder, puede que trastoque los planes del nuevo ocupante de la Casa Blanca.

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El presidente de EEUU, Donald Trump, prevé emitir alrededor de unos 100 indultos y conmutaciones de penas en su último día en el cargo, el próximo 20 de enero, entre los que no se incluirá el mismo, según informó este la cadena CNN. El medio estadounidense, que asegura haber hablado con tres personas cercanas a este asunto, las acciones de clemencia incluyen a varios criminales de "cuello blanco" y conocidos raperos. La Casa Blanca, aún bajo la presidencia de Trump, celebró una reunión este domingo para confeccionar esta lista de indultos. El mandatario saliente, que había estado firmando un gran número de perdones y conmutaciones de penas a un ritmo constante durante la Navidad, paró de hacerlo en los días previos y posteriores a los disturbios del 6 de enero, cuando se produjo el asalto al Capitolio.

Según CNN, varios asesores de Trump aseguraron que el presidente se había centrado durante esos días en el recuento del Colegio Electoral, lo que le impidió tomar decisiones finales sobre los indultos. Los funcionarios de la Casa Blanca esperaban que se reanudara este trabajo después del 6 de enero, pero Trump decidió no hacerlo después de que se le culpara de incitar los disturbios. Inicialmente, dos listados con personas indultadas estaban ya preparados para aplicarse, uno al final de la semana pasada y otro el martes. Ahora, los funcionarios esperan que este último listado del domingo sea el único que quede, a menos que Trump decida en el último minuto otorgar indultos a aliados controvertidos, miembros de su familia o él mismo. Se espera que el último lote de acciones de clemencia incluya una combinación de indultos orientados a la reforma de la justicia penal y otros más controvertidos obtenidos o distribuidos a aliados políticos, según CNN. Los indultos son uno de los elementos que Trump debe completar antes de que termine su presidencia y la deje en manos del demócrata Joe Biden.

Si bien Trump ha seguido insistiendo falsamente en que ganó las elecciones presidenciales en lugar de Biden, el indulto del presidente al exasesor de Seguridad Nacional Michael Flynn fue una señal de que Trump entiende que su mandato está llegando a su fin. El presidente anunció una ola de indultos en los días previos a Navidad, lo que dio inicio a lo que se espera que sea un aluvión de indultos y conmutaciones en las próximas semanas antes de que concluya su tiempo en el cargo.

Los socios de Trump apelan al presidente con la esperanza de obtener indultos antes de que deje el cargo, dijo el martes a CNN una fuente familiarizada con el asunto. La lista incluye a Rudy Giuliani, quien ha liderando las batallas legales del presidente para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y privar del derecho al voto a millones de votantes en su papel como abogado personal de Trump. Y, desde las elecciones, Trump ha discutido la posibilidad de otorgar indultos preventivos a varias personas cercanas a él. Esto incluiría a sus hijos, su yerno y Giuliani, confirmó una fuente separada de la familia a CNN.

Rudolph William Louis «Rudy» Giuliani, KBE, es un abogado, asesor en ciberseguridad y político estadounidense que se desempeñó como el 107º alcalde de la ciudad de Nueva York de 1994 a 2001. Políticamente demócrata y luego independiente en la década de 1970, Giuliani ha sido republicano desde la década de 1980.?

Trump a menudo ha pasado por alto a la Oficina del Abogado de Indultos del Departamento de Justicia para decidir a quién se le concede el indulto. En cambio, el presidente ha optado por actuar en base a los llamados de celebridades, medios conservadores o sus aliados republicanos. Aquí hay un vistazo a algunas de las personas de alto perfil a quienes Trump otorgó indultos y conmutaciones de las penas durante su tiempo en la Casa Blanca:

Roger Stone: Trump anunció el 23 de diciembre que indultó a su viejo amigo Stone. A Stone lo condenaron por crímenes que incluyeron mentirle al Congreso en parte, dijeron los fiscales, para proteger al presidente. Meses atrás, el presidente conmutó la pena de prisión de Stone días antes de que se presentara a una prisión federal en Georgia.

Charles Kushner: Trump también anunció el 23 de diciembre que indultó a Charles Kushner, el padre del yerno del presidente, Jared Kushner. Kushner había cumplido condena hace más de una década después de declararse culpable de 16 cargos de evasión de impuestos, un cargo de represalias contra un testigo federal, su cuñado, y otro cargo de mentir a la Comisión Federal Electoral.

Paul Manafort: Trump indultó a Manafort, su exjefe de campaña de 2016, el 23 de diciembre. En ese momento, Manafort cumplía lo que restaba de su sentencia de prisión de 7,5 años desde su casa, luego de que lo liberaran meses atrás debido a las preocupaciones por la posibilidad de que contrajera coronavirus. Un jurado de delitos fiscales y bancarios condenó a Manafort en agosto de 2018. Luego se declaró culpable de conspiración y obstrucción de la justicia.

Margaret Hunter: Trump indultó a Margaret Hunter, la esposa del exrepresentante republicano Duncan Hunter de California, el 23 de diciembre, un día después de indultar a su esposo. Margaret Hunter fue sentenciada en agosto a ocho meses de confinamiento domiciliario después de que se declarara culpable de uso indebido de fondos de campaña.

George Papadopoulos: Trump anunció el 22 de diciembre que había otorgado un indulto a Papadopoulos, un exasistente de campaña de 2016 que se declaró culpable de mentir a los investigadores durante la investigación de Rusia.

George Papadopoulos visita «The Story With Martha MacCallum» en los Estudios Fox News el 26 de marzo de 2019, en la ciudad de Nueva York.

Alex van der Zwaan: el abogado holandés, sentenciado a 30 días de cárcel después de declararse culpable de mentir a los investigadores de Mueller, recibió un indulto de Trump el 22 de diciembre. Van der Zwaan pasó casi un mes en prisión antes de que lo deportaran a Europa en junio de 2018.

Duncan Hunter: el presidente indultó al excongresista republicano de California el 22 de diciembre. A Hunter lo sentenciaron a principios de año a 11 meses de prisión y tres años de libertad supervisada por cargos relacionados con el uso indebido de más de US$ 200.000 de fondos de campaña para fines personales.

Chris Collins: Trump indultó a Collins, un excongresista republicano de Nueva York, el 22 de diciembre. Collins se declaró culpable en octubre de 2019 de un cargo de conspiración para cometer fraude de valores y un cargo de hacer una declaración falsa. Al momento del indulto, cumplía su sentencia de prisión de 26 meses.

Chris Collins, con su esposa Mary a su lado, da una conferencia de prensa en respuesta a su arresto por uso de información privilegiada el 8 de agosto de 2018 en Buffalo, Nueva York

Cuatro guardias de Blackwater: cuatro guardias de Blackwater, Nicholas Slatten, Paul Slough, Evan Liberty y Dustin Heard, fueron indultados por Trump el 22 de diciembre. Un jurado federal los condenó en 2014 por su participación en un tiroteo mortal contra civiles iraquíes.

Dos agentes de la Patrulla Fronteriza: Ignacio Ramos y Jose Compean, dos exagentes de la Patrulla Fronteriza, también fueron indultados por Trump el 22 de diciembre. Los exagentes fueron condenados en 2006 por disparar y herir a un inmigrante indocumentado desarmado y luego encubrir el hecho.

Alfonso Costa: Trump indultó a Costa, un dentista que se declaró culpable de fraude a la atención médica, el 22 de diciembre.

Alfred Lee Crum: el 22 de diciembre, Trump indultó a Crum, quien se declaró culpable en 1952 de destilar ilegalmente alcohol.

Weldon Angelos: Trump indultó a Angelos, sentenciado a 55 años de prisión por vender marihuana y portar una pistola, el 22 de diciembre.

Philip Lyman: Trump indultó el 22 de diciembre a Lyman, un comisionado de condado en Utah sentenciado a 10 días de cárcel por su protesta frente a las restricciones de uso de vehículos todo terreno en terrenos federales.

Otis Gordon: el 22 de diciembre, Trump indultó a Gordon, condenado por posesión con intención de distribuir.

Steve Stockman: Trump anunció el 22 de diciembre que había conmutado la pena de prisión restante de Stockman, un excongresista republicano de Texas condenado por un jurado en el estado por casi dos docenas de delitos graves, incluidos fraude y lavado de dinero.

Philip Esformes: el 22 de diciembre Trump conmutó parte de su sentencia al magnate de los asilos de ancianos de Florida, condenado por pagar sobornos en un caso de fraude al Medicare.

Michael Flynn: Trump anunció el 25 de noviembre que le otorgaría a Flynn, su exasesor de Seguridad Nacional, un indulto que lo exonera de todo lo relacionado con la investigación que el FBI llevó a cabo sobre sus contactos con Rusia, su cooperación durante la investigación de Mueller y otros casos que Mueller podría haber investigado, y sus revelaciones sobre el cabildeo secreto a favor de Turquía en 2016 antes de convertirse en el primer asesor de Seguridad Nacional de Trump.

Michael Flynn deja el juzgado estadounidense E. Barrett Prettyman en junio de 2019, en Washington DC.

El esperado grupo de 100 indultos y conmutaciones de sentencias del presidente Donald Trump en el penúltimo día de su presidencia no será más alto que el de sus predecesores recientes. Pero su historial de clemencia bien podría ser el más controvertido. A diferencia de presidentes anteriores, Trump mostró poco interés en utilizar la oficina del Abogado de Indulto del Departamento de Justicia para evaluar las solicitudes de indulto presidencial. En cambio, los solicitantes se acercaron a la Casa Blanca directamente, llamando o enviando un correo electrónico al asesor principal Jared Kushner, al secretario general de la Casa Blanca Mark Meadows o al abogado de la Casa Blanca Pat Cipollone, cuando no podian contactar al propio Trump.

Muchas de las personas que Trump ha elegido perdonar siguen líneas predecibles: socios como Roger Stone y Michael Flynn, que se mantuvieron leales a él durante sus problemas legales; criminales con vínculos familiares o amistosos con la administración, como Charles, el padre de Jared Kushner; celebridades o personas relacionadas con celebridades, como Rod Blagojevich, y aquellos cuya causa fue retomada por los medios conservadores, como los guardias de seguridad de Blackwater que masacraron a civiles iraquíes.

Ha perdonado o conmutado las sentencias de algunas personas que cumplen largas penas de prisión por delitos de poca importancia, como Alice Johnson, quien habló en la Convención Nacional Republicana.

Pero, en general, el historial de indultos de Trump ha superado las normas históricas. Muchos de los criminales de alto perfil a los que ha indultado han mostrado poca contrición o remordimiento por sus crímenes y pocos han argumentado que fueron condenados injustamente.

El presidente Barack Obama indultó o conmutó las sentencias de 330 personas el día antes de dejar el cargo, una cifra récord enfocada principalmente en infractores de drogas de bajo nivel que cumplían sentencias obligatorias. El presidente George W. Bush fue más parco con el uso de indultos y conmutaciones. Conmutó las sentencias de dos agentes fronterizos cuando dejaba de la oficina (Trump luego los indultó). Pero escribió en sus memorias cómo le llegó una avalancha de solicitudes cuando concluyó su mandato.

«Una de las mayores sorpresas de mi presidencia fue la avalancha de solicitudes de indulto al final. No podía creer la cantidad de personas que me sugerían que un amigo o excolega merecía un indulto. Al principio me sentí frustrado. Luego estaba molesto», escribió en su libro «Decision Points». «Llegué a ver una enorme injusticia en el sistema», agregó. «Si tuvieras conexiones con el presidente, podrías insertar tu caso en el frenesí de última hora. De lo contrario, tendrías que esperar a que el Departamento de Justicia realizara una revisión e hiciera una recomendación. En mis últimas semanas en el cargo, decidí que no indultaría a nadie que se saliera de los canales formales».

Bush dijo que le comentó a Obama en su viaje compartido en limusina al Capitolio de Estados Unidos para la toma de posesión de este que desarrollara una política de indultos desde el principio y se apegara a ella.

El presidente Bill Clinton atrajo el escrutinio por sus indultos y conmutaciones para 140 personas en el día de su toma de posesión, en el año 2000, que incluyó donantes de alto perfil y partidarios políticos como Marc Rich, su medio hermano Roger y Patty Hearst. Algunos de ellos persiguieron a los intermediarios, pagaron altas sumas e intervinieron con Clinton para defender su caso. Pero la mayoría de las personas en su lista pasaron por el proceso del Departamento de Justicia. El presidente George Bush indultó a una docena de personas un día antes de dejar el cargo. El presidente Ronald Reagan indultó a unas 25 personas durante su última semana como presidente. Y el presidente Jimmy Carter, al dejar el cargo, indultó a Pete Yarrow, del grupo Peter, Paul y Mary, por un delito de «libertades indecentes» con una niña de 14 años.

Ronald Wilson Reagan fue un político y actor estadounidense que sirvió como 40.° presidente de los Estados Unidos desde 1981 a 1989 y el 33.er gobernador de California desde 1967 a 1975. Reagan fue criado en una familia pobre de un pequeño pueblo del norte de Illinois.

“El Presidente tendrá la facultad de conceder rescates e indultos por delitos contra los Estados Unidos, excepto en casos de juicio político”, dice el Artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos (Sección 2, Cláusula 1). Para entender por qué los padres fundadores incluyeron esa prorrogativa en el texto constitucional es vital tener en cuenta que estaban imbuidos en las normas del derecho inglés, donde se encuentran los orígenes de esta facultad. Los historiadores sostienen que esta tradición comenzó en el siglo VII, durante el reinado de Ine, de Wessex. Esta práctica persistió a lo largo del período colonial americano. No obstante, fue objeto de debate durante la Convención Constituyente de 1787. George Mason fue uno de los principales detractores, con el argumento de que “el Presidente (...) con frecuencia podría indultar delitos que él mismo aconsejó”. Pero primó la postura de Alexander Hamilton, que creyó necesario introducir el indulto como una forma de contrapeso del Poder Ejecutivo al Judicial.

La Corte Suprema determinó a través de distintos fallos que se trata de una atribución “sin límites”, es decir, que el mandatario podría concederla a quién quiera, por las razones que considere. Pero, en rigor, sí hay algunas limitaciones. La primera es que se restringe a delitos federales. Eso significa que cualquier crimen que viole una norma de nivel estatal está fuera del alcance del perdón presidencial. El segundo gran límite es que si un funcionario es destituido a través de un juicio político tampoco podría indultarlo. Pero, fuera de estas consideraciones, el alcance del indulto es efectivamente ilimitado. Y todos los presidentes se sintieron habilitados luego de que el propio George Washington, héroe de la independencia y primer presidente estadounidense, otorgara un perdón a dos hombres que habían planeado la llamada “Rebelión del Whisky”, contra un impuesto federal sobre el alcohol. Al menos desde finales del siglo XIX, no hubo un solo presidente que se privara de indultar a alguien. El récord lo ostenta Franklin Delano Roosevelt (1933 - 1945), que en sus 12 años de gobierno —más que cualquier otro mandatario estadounidense— indultó a 2.819 personas. Los otros que superaron los 1.000 fueron Harry S. Truman (1945 - 1953), con 1.913; Dwight D. Eisenhower (1953 - 1961), con 1.110; y Woodrow Wilson (1913 - 1921), con 1.087. El que menos indultos concedió fue George H. W. Bush (1989 - 1993): 74. Por su parte, Barack Obama otorgó 212 y George W. Bush 189.

Algunos perdones son especialmente recordados. Por ejemplo, en 1977 Jimmy Carter indultó a cientos de miles de personas que se habían resistido a ir a la guerra de Vietnam a pesar de la conscripción obligatoria. En 1992, George HW Bush indultó a seis acusados en el escándalo Irán-Contra, uno de los mayores de la época de su predecesor, Ronald Reagan, incluyendo al ex secretario de defensa Caspar Weinberger. Ese es uno de los ejemplos de que no es necesario que alguien haya sido condenado para que el presidente lo indulte. En verdad, incluso puede concederse el perdón sobre alguien que no fue acusado formalmente. El caso más extremo es el “indulto completo, libre y absoluto” que Gerald Ford concedió a Richard Nixon en 1974 para evitar que lo juzguen por el escándalo de Watergate. El texto se refería a los crímenes que “cometió o pudo haber cometido” Nixon, que renunció a la presidencia por ese caso cuando empezaba a ser sometido a un juicio político —pero antes de que se aprobara—. Otros de los indultos más escandalosos los otorgó Bill Clinton en 2001. Uno fue a su medio hermano Roger Clinton, por una condena relacionada con posesión de cocaína en 1985, por la cual había estado alrededor de un año en prisión. El otro, a Susan McDougal, quien había sido su socia de negocios.

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