Un salón de masajes de Atlanta (Georgia). Un supermercado de Boulder (Colorado). Una inmobiliaria de Orange (California). Una base militar de Frederick (Maryland). «Por desgracia parece que pasa todos los días, lo único que podemos hacer, tanto en las fuerzas armadas como en los cuerpos civiles, es evaluar nuestra capacidad de respuesta y asegurarnos de que estamos preparados para proteger a la comunidad», dijo con resignación Jason Lando, jefe de policía de Frederick. El protagonista, Fantahun Girma Woldesenbet, nombre de origen etíope, era un médico militar de 38 años que empezó el día temprano disparando contra dos compañeros de la marina en unas instalaciones adheridas a la base militar de Fort Detrick en la ciudad de Frederick, donde vivía, a una hora de Washington DC. Su reacción, correr a refugiarse a la base militar en la que trabajaba, solo que la policía fue más rápida que él en dar la descripción del coche y el sospechoso fue retenido en la barrera de seguridad mientras revisaban el coche en busca de armas. El asesino debió comprender que le habían descubierto, por lo que pisó el acelerador y avanzó a toda velocidad hacia el interior de la base, donde fue abatido a tiros, convirtiéndose en la única víctima mortal de la jornada, por el momento. Una de sus víctimas ha sido dada de alta, pero la otra se encuentra en estado crítico. Con ese balance, el suceso ni siquiera cualifica para tiroteo masivo, que en EE UU se define con un mínimo de cuatro muertos. El arma utilizada fue un rifle, sin que se haya hecho público el calibre, pero el general Michael Tally aseguró que el cargo del militar no implicaba portar armas. La policía no ha querido especular sobre los motivos, «hay medio centenar de investigadores tratando de responder precisamente a esa pregunta», se disculpó, pero nada lo asocia a un presunto atentado islámico, que es lo único que desata ya las alarmas en EE UU cuando se habla de un tiroteo. En Atlanta fue un adicto al sexo que intentaba acabar con el objeto de su deseo, mujeres asiáticas. En Boulder, un inmigrante sirio que sufría de paranoias. En Orange, una vendetta personal contra el socio y su familia. El presidente Joe Biden tiene sobre la mesa la obligación de proponer alguna medida para el control de armas, pero nadie tiene las esperanzas puestas en ello.

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Arde Minneapolis. Otra vez. El juicio por la muerte de George Floyd todavía está caliente. En el asfalto donde cayó hay un nuevo nombre. A pocos kilómetros del tribunal por el que desfilan los testigos que lo vieron morir asfixiado bajo la rodilla de un policía, murió de un solo disparo otro afroamericano, Daunte Wright, de 20 años. Los manifestantes a la espera del juicio descargaron toda la rabia y la tensión en las calles de la nueva escena del crimen, Brooklyn Center, un suburbio de Minneapolis (Minnesota), donde volvieron a arder los comercios y muchos salieron de ellos con las manos llenas. «Nos damos cuenta de que esto ha ocurrido en el peor momento posible», admitió consternado el alcalde de Brooklyn Center, Mike Elliott, junto a una ciudad donde por segunda vez en un año se intenta apagar el incendio de la indignación popular contra la brutalidad policial. Esta vez el gobernador tardó apenas unas horas en activar a los 2.000 soldados de la Guardia Nacional destacados desde que empezó el juicio y declarar el toque de queda, en lugar de los cuatro días transcurridos el año pasado desde la muerte de Floyd.

«No corras», le dijo su madre a Wright. Y no lo hizo. Cometió dos errores: el primero, llevar un ambientador colgado del espejo retrovisor, lo que aparentemente llamó la atención de una patrulla que lo detuvo para identificarlo. El segundo, asustarse cuando intentaron detenerlo al comprobar que tenía una orden pendiente y volver a meterse en el coche para huir. La mujer policía que le robó la vida cometió un error todavía mayor: «¡Taser!», le gritó. Pero en lugar de apuntarle con la pistola que lanza descargas eléctricas, le metió un tiro mortal en el cuerpo. «¡Mierda, acabo de dispararle!», se le oye decir en el vídeo. «Oh, Dios», lamenta otro agente. Los testigos, entre ellos su novia, dicen que le sacaron del coche cubierto de sangre para intentar reanimarle, pero eso no se ve. El jefe de policía Tim Gannon no tardó ni 24 horas en hacer público el vídeo que grabó la propia patrulla con las cámaras que llevan en el pecho, en comparación a los casi dos meses que se tardó en hacer pública la grabación policial de la muerte de Floyd. Fue una agilidad «sin precedentes», presumió el jefe de policía, que quiso exhibirla como prueba de su honestidad y transparencia con el público, pero que en realidad hablaba de su convencimiento de que sería una prueba exculpatoria. «Por lo que veo y por la reacción de angustia inmediatamente después, esto fue una descarga accidental que resultó en la trágica muerte del señor Wright», concluyó.

Era una sentencia muy firme para tratarse de alguien que no quiso dar detalles sobre el incidente por no influir en la investigación. El jefe Gannon apareció tan alterado en la conferencia de prensa que llegó a abandonar la sala para recomponerse antes de volver. Suya fue la decisión de cargar contra los manifestantes la noche antes, lanzando gases lacrimógenos y pelotas de goma, que justificó por haber resultado herido un policía con un ladrillo. «Les dimos la orden de dispersarse en cinco ocasiones y no se fueron», se defendió. Solo dos personas resultaron detenidas en esa primera noche de rabia, pero una veintena de comercios se perdieron entre las llamas. Algunos culpan la decisión de apagar las luces del cuartel de policía y de las calles adyacentes durante cinco horas en medio de una amenaza consumada de vandalismo, pero la policía actuaba en estado de guerra y no quería ser un objetivo iluminado en la noche. En el interior de los juzgados donde se lleva a cabo el juicio contra el policía Derek Chauvin, la Giscalía pidió al juez que secuestrara al jurado en un hotel para aislarlo de las protestas pero el magistrado se resistió. La violencia policial está a la orden del día, nadie puede aislarse de ella. «Estoy enfadado y tengo el corazón roto de lo constante que es este trauma», declaró la adjunta del gobernador Peggy Flanagan, mientras el hermano de Daunte Wright alzaba a su hijo de dos años en alto para mostrar a las masas el resultado: otro niño huérfano.

El alcalde de Mineápolis ha declarado un toque de queda en la ciudad a raíz de los incidentes desatados tras la muerte de otro afroamericano a manos de la Policía. Desde el lunes por la noche, a partir de las 19.00 horas (hora local), entrará en vigencia el toque de queda, que se extenderá hasta las 6.00 horas del martes. Esta medida se aplicará ya que se ha declarado el estado de emergencia en la urbe. «La angustia que estamos sufriendo no se puede traducir en violencia, destruyendo medios de vida, destruyendo negocios de propiedad local en los que nuestras comunidades han vertido su corazón y alma durante décadas», ha pedido el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, en una rueda de prensa, informa CNN. «El desmoronamiento de los sacrificios que la gente ha hecho durante tanto tiempo, no puede, no será tolerado. Debemos buscar la paz esta noche», ha instado Frey. También el alcalde de St. Paul, Melvin Carter, ha anunciado que imperará este mismo toque de queda en el municipio, mientras que el gobernador de Minesota, Tim Walz, ha declarado también toque de queda en tres condados -Hennepin, Ramsey y Anoka-, uno de ellos donde fue asesinado Daunte Wright. Por otro lado, el alcalde de la ciudad Brooklyn Center -donde fue asesinado Wright-, Mike Elliott, ha informado que la autoridad de mando del Departamento de Policía ha sido transferida a su oficina tras una votación en el consejo de la ciudad, mientras que también ha anunciado que el administrador del municipio, Curt Boganey, ha sido relevado de sus funciones.

Jacob Frey, el alcalde Democrático de Minneapolis, Minnesota.

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Los paranoicos tienen razón. El Tío Sam te tiene fichado. En este momento eres como una aguja en un pajar, por eso no es previsible que investiguen cada uno de tus movimientos, pero si mañana deciden ir a por ti, cada línea que hayas escrito en las redes sociales y cada foto que te hayas hecho puede ser usada en tu contra. Eso, y mucho más, es lo que ha servido al FBI para detener a más de 300 seguidores de Donald Trump que irrumpieron violentamente el pasado 6 de enero en el Capitolio para evitar la certificación de los resultados electorales. Muchos se lo buscaron tomándose selfies y sonriendo a las cámaras de seguridad. Como eran del movimiento anti mascarilla no tenían protección y cuando lo pensaron era tarde. Las cámaras de seguridad del Capitolio ya los habían fichado. Otros, como Debra Maimone, las desafiaron embargados por la adrenalina del momento que les hacía sentirse invencibles. «¡Esto es increíble!», contaba al teléfono de su novio que la estaba grabando, mientras se bajaba el pañuelo de las barras y las estrellas. «¡Ponte la máscara, no quiero que te identifiquen!», le ordenó él. Demasiado tarde. La policía ha logrado identificarles al comparar su voz y los tatuajes con las imágenes tomadas el año antes por una televisión local de Pittsburgh, a la que contaron otra osadía en un bote de pesca. El diario The Washington Post ha reunido todas estas pistas analizando los documentos legales que ha presentado la Fiscalía en los tribunales federales, una labor titánica que deja al descubierto muchas de las técnicas utilizadas por las autoridades. A la pareja le ha costado, de momento, 20.000 dólares en fianzas para quedar bajo libertad a la espera del juicio.

Algunos han negado los cargos alegando que en la escena había alguien que se parecía mucho a ellos, lo que obligará al FBI a demostrar la fiabilidad de estas técnicas. Uno de ellos, Andrew Hatley, intentó usar Facebook para despistarlos. «Quiere dejar claro que no era yo, no tengo interés en causas perdidas, estas cosas ya no me importan». Pero la página de Mark Zuckerberg no era la única que le había fichado. El FBI pidió con orden judicial sus fotos de otra aplicación familiar llamada Life360 para compararlas e incluso fue capaz de rastrear sus pasos a través del teléfono para ubicarlo en el Capitolio. Los más precavidos llevaban gorras y pañuelos e incluso habían dejado el teléfono en casa. Philip Grillo se llevó el de su madre y se encargó de no tomar vídeos ni selfies, pero le fue imposible controlar lo que hacían otros a su alrededor. Entre eso y las cámaras de seguridad del Capitolio, el FBI utilizó técnicas de reconocimiento facial para identificarle e incluso comparó los bordados de su chaqueta de cuero de los Caballeros de Colón con los que aparecían en un vídeo colgado en YouTube. Los peajes y radares de carretera rastrearon su coche desde que dejó Nueva York a las dos de la madrugada hasta que llegó a la escena.

Tres soldados de la Guardia Nacional, en el entorno del Capitolio.

Incluso los que han evadido las redes sociales se encontraron retratados en sus pasaportes, centros de trabajo y hasta manifestaciones previas en las que las cámaras de seguridad de la calle les habían fichado para siempre. Algunos se suponía que estaban de baja por enfermedad. Otros, como Bryan Betancur, había pedido permiso para repartir biblias en Washington DC. Según el rotativo capitalino, los archivos que el FBI ha aportado en estos casos criminales llega en algunos casos hasta 12.000 páginas. Más complicado es dirimir la mente de aquellos a los que simplemente se les va la pinza. Parece ser el caso de Noah Green, el joven afroamericano que embistió contra dos policías del Capitolio matando a uno y salió del coche esgrimiendo un cuchillo, lo que obligó a los agentes a disparar. Hasta que empezó la pandemia era un estudiante modélico, prometedor atleta en la Universidad de Newport donde se le conocía por su talento para Económicas y su pasión por cerrar las diferencias raciales económicas aconsejando a sus compañeros técnicas de gestión financiera. A finales del 2019 empezó a tomar ansiolíticos, que aunados con el aislamiento de la pandemia y los vídeos de Louis Farrakhan le hundieron en una espirar mental al vacío, según su familia. Con todo, nada hacía prever cuando dejó la casa de su hermano la noche antes diciendo que se iba a convertir en un sintecho que cometería un acto violento. El FBI no lo ha calificado de atentado terrorista. Sus razones tendrá.

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El instructor de uso de la fuerza de la Policía de Mineápolis, Johnny Mercil, ha asegurado que la forma en la que el expolicía Derek Chauvin inmovilizó a George Floyd, arrodillándose sobre su cuello, no es una acción entrenada y no está autorizada. Así lo expresó Mercil en la séptima jornada del juicio contra Chauvin, acusado de la muerte del afroamericano George Floyd, que acogió los testimonios de expertos policiales en capacitación del uso de la fuerza. Frente a una pregunta de los fiscales de si la inmovilización por el cuello es «adecuada» según la formación en el uso de la fuerza, el instructor ha respondido que «no». «No entrenamos sujeciones de piernas y cuello con los agentes en servicio, y, hasta donde yo sé, nunca lo hemos hecho», ha señalado el instructor, quien ha precisado que si bien se pueden permitir inmovilizaciones de cuello en los sospechosos que se resisten activamente, no se deben hacer con la rodilla y no se autorizan en un sospechoso que esté ya esposado y bajo control. Sin embargo, ha referido que la posición utilizada por Chauvin podría considerarse «usar el peso corporal para controlar», una acción en la que los agentes ponen una rodillas en los omóplatos de un sospechoso boca abajo para esposarlo. «No obstante, agregaré que les decimos a los oficiales que se mantengan alejados del cuello cuando sea posible, y si van a usar el peso del cuerpo para sujetarlos, que se lo pongan en el hombro y tengan en cuenta la posición», ha matizado Mercil, para apuntar a que las personas retenidas ya esposadas pueden tener dificultades para respirar, por lo que los agentes están entrenados para mover a los sospechosos a una posición de recuperación «cuanto antes».

El Fiscal Jerry Blackwell, durante el juicio iniciado a finales de Marzo.

El testimonio del instructor se contrapone al argumento de la defensa de Derek Chauvin que señala a que el exagente «hizo exactamente lo que había sido entrenado para hacer», informa CNN. Por otro lado, el agente de la Policía de Los Angeles Jody Stiger, también experto en el uso de la fuerza, ha justificado el uso de esta cuando Floyd se resistió activamente a la detención, pero ha aseverado que «una vez que lo colocaron en una posición boca abajo en el suelo, lentamente cesó la resistencia y, en ese momento, los agentes deberían haber disminuido o detenido su fuerza». Stiger ha indicado que su valoración se basaba en el estándar de lo que haría un oficial «objetivamente razonable» y ha lamentado que los expolicías «continuaron con la fuerza que estaban utilizando desde el primer momento en que lo pusieron (a Floyd) en el suelo», cuando «deberían haber reducido» su acción. El testimonio de Stiger continuará este miércoles. El coordinador de capacitación del programa de intervención en crisis del Departamento de Policía de Mineápolis, Ker Yang, ha apuntado, por su parte, que se debe reconocer cuando un detenido está en crisis y calmar la situación, «reducir la fuerza». Se acusa a Chauvin de homicidio en segundo grado, homicidio involuntario en segundo grado y asesinato en tercer grado. Si el jurado, compuesto por doce personas, le declara culpable en el juicio, Chauvin podría enfrentarse a una pena máxima de 40 años de prisión por asesinato en segundo grado, 25 años por asesinato en tercer grado y diez por homicidio involuntario. Floyd, ciudadano de raza negra de 46 años, murió el 25 de mayo de 2020 tras quejarse de que no podía respirar por tener la rodilla de Chauvin en su cuello, una secuencia que fue grabada en vídeo. La respuesta policial se originó porque Floyd realizó un pago con un billete falso de 20 dólares. Chauvin fue expulsado del Cuerpo de Policía poco después y puesto en libertad bajo fianza una vez imputado por asesinato y malos tratos. Otros tres agentes se enfrentan a cargos de complicidad a la hora de cometer el supuesto crimen. Todos ellos serán juzgados en agosto. El suceso desató en 2020 una ola de protestas contra la violencia policial y el racismo en todo Estados Unidos.

Chauvin invoca su derecho a no declarar.

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Cada uno de los miembros de este grupo de jóvenes presos que aparece en la imagen estaba condenado a permanecer atado al resto de su compañeros. Era una práctica conocida en inglés como chain-gang. En Estados Unidos, donde fue tomada la fotografía, fue una práctica muy extendida, especialmente en los estados del sur, donde su uso ya estaba muy extendido antes de la Guerra de Secesión (1861-1865). Las personas atadas entre sí debían además realizar trabajos físicos como los relacionados con plantaciones, reparar edificios, arreglar o limpiar las calles... Estos chicos posaban para el retrato en 1903, pues estos mecanismos de castigo fueron empleados hasta mitad del siglo XX, cuando prácticamente habían desaparecido, aunque nunca habían sido eliminados oficialmente, en EE.UU. A partir de los años 90 del siglo pasado hubo algunos centros penitenciarios que, no sin polémica, recuperaron este tipo de prácticas para los reclusos.

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Un detalle insignificante refleja la relevancia del momento histórico. Mohamedou Ould Salahi, mauritano detenido en Guantánamo y que fue liberado en 2016, sabe que Barack Obama es zurdo porque siempre le acompañará la imagen del expresidente firmando con la mano izquierda la orden para cerrar la prisión construida como un limbo legal: Guantánamo. Entonces la cárcel acababa de cumplir ocho años. Los mismos que llevaba Salahi allí detenido. El pasado Enero, Guantánamo cumplió 19 años y sigue funcionando. Una cosa ha aprendido el presidente Biden de aquel fracaso histórico de Obama: no hablar de Guantánamo. El día que Obama firmó aquel decreto, todo el mundo en Guantánamo se lo tomó como algo serio, recuerda Salahi. Las autoridades militares le dieron a cada detenido una copia del texto firmado por el presidente. "Enviaron a dos militares de muy alto rango que nos explicaron a todos que la intención del presidente era cerrar Guantánamo y nos dijeron que se acabó la tortura", dice Salahi, que en aquel momento no podía parar de pensar si volvería a su país, Mauritania, o a Alemania, donde tenía a algún miembro de su familia. "Pregunté al jefe de los interrogadores qué iba a pasar conmigo y me dijo que me ayudaría a que me reasentaran. Me dijo que máximo un año". Pasaron ocho años. Aquel día, recuerda Salahi, todo fue más tranquilo de lo normal y no se escucharon los gritos habituales de los guardias a los presos.

De las 780 personas que han pasado por Guantánamo, hoy solo quedan 40. Solo dos de ellas cumplen condena tras haber sido juzgadas en comisiones militares –una fórmula criticada a nivel internacional–. Otras siete están acusadas, seis han sido autorizadas para un traslado y el resto sigue en prisión indefinida como prisioneros de guerra y sin cargos. El más joven tiene 38 años y el más mayor, 73. Todos llevan más de 12 años en Guantánamo. "Las comisiones militares violan los requisitos de imparcialidad, independencia y no discriminación y nunca deberían haber sido utilizadas", señalaron en una declaración varios relatores especiales de la ONU, entre ellos Nils Melzer, relator sobre tortura y otros tratos degradantes, Agnes Callamard, relatora sobre ejecuciones sumarias, arbitrarias o extrajudiciales y Fionnuala Ní Aoláin, relatora sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha antiterrorista. "La detención indefinida y prolongada de personas que no han sido condenadas es arbitraria y constituye una forma de trato inhumano y degradante o incluso tortura".

Fionnuala Ní Aoláin es una abogada académica irlandesa especializada en derechos humanos.

Para conseguir vaciar la prisión, Obama creó un proceso mediante el cual los detenidos tienen derecho a una revisión de su caso, que es estudiado por seis agencias de seguridad. Si deciden que el detenido no es una amenaza para la seguridad nacional, pueden liberarlo. Eso fue lo que le pasó a Salahi, que lo recuerda como una experiencia "humillante". Años antes, en 2010, un juez ordenó su liberación, pero nunca se llegó a cumplir. "No son el FBI, la CIA, etc los que tienen que decidir si soy una amenaza. Un juez ya había dicho que era inocente y se negaron a ponerme en libertad", dice. "EEUU no puede decir que yo soy una mala persona. Pueden acusarme de serlo, pero no pueden ponerme en prisión porque piensen que lo soy. Guantánamo fue una completa falta de respeto de los valores sobre los que EEUU se fundó". Salahi escribió y publicó un libro estando en prisión y el 12 de febrero se estrenará en EEUU una película sobre su vida.

"Yo no niego mi pasado. No niego que fui a Afganistán. Lo que digo es que no he cometido ningún crimen", dice Salahi, que fue miembro de Al Qaeda, pero que asegura que cortó "todos los lazos" en 1992, justo cuando la organización declaró la guerra a EEUU. "No he matado ni he hecho daño a nadie. Ir a Afganistán no es ningún crimen: España, Alemania, EEUU estaban con los muyahidines. Incluso conocí allí a algunos de mis interrogadores. En una democracia, tener ideas no es ilegal y eso es lo bonito de la democracia. Era muy joven y por supuesto que ya no tengo esas ideas". Obama culpó de su fracaso al Congreso por aprobar una ley que impedía trasladar a los presos a territorio estadounidense. "No hay ninguna justificación más allá de la política para que el Congreso nos impida cerrar una instalación que nunca debió abrirse", afirmó el expresidente en 2013. "Imaginen un futuro dentro de 10 o 20 años en el que EEUU sigue teniendo bajo custodia a gente que no ha sido acusada de ningún crimen en un pedazo de tierra que no es parte de nuestro país".

Barack Obama comienza su segundo mandato.

Luego llegó Trump, que no solo justificó y apoyó las torturas, sino que prometió "llenarla de tipo malos". "¿Que si aprobaría el ahogamiento simulado? Te puedes apostar el culo a que sí. Funciona", afirmó Trump en campaña. "Y si no funciona, igualmente se lo merecen por lo que nos hacen", añadió. Trump, sin embargo, no metió a nadie en Guantánamo, aunque obviamente tampoco cerró la prisión. Lo que sí cerró fue la oficina del enviado especial para el cierre de Guantánamo, creada por su predecesor. Esta oficina era la encargada de negociar la liberación y traslado al extranjero de prisioneros, así como del seguimiento de aquellos que habían sido puestos en libertad. Sin ella, es más difícil conseguir el traslado de presos para vaciar el centro.

Biden conoce en primera persona las dificultades para cerrar la prisión y por eso ha mantenido un perfil bajo al respecto. "Biden continúa apoyando el cierre del centro de detención", señaló su equipo durante la campaña, alegando que "debilita la seguridad nacional de EEUU alimentando el reclutamiento de terroristas". Obama no fue el primero en contemplar el cierre de la prisión. El propio Bush dijo en 2006: "Me gustaría cerrar Guantánamo, pero reconozco que algunas de las personas que tenemos son muy peligrosas y más nos vale tener un plan para tratar con ellos en los tribunales". Un año después se volvió a pronunciar al respecto: "Debería ser un objetivo de la nación cerrar Guantánamo".

La prisión de Guantánamo fue concebida como un limbo legal en el que los prisioneros no estarían protegidos por la legislación estadounidense porque la prisión está situada en una base militar de Estados Unidos en Cuba. "Esto ha sido objeto de un gran debate y algunos abogados que han defendido a los prisioneros han hablado de lo que popularmente se conoce como el argumento McDonalds. la base militar tiene un mcDonalds y los abogados argumentaron que si para la franquicia rige una normativa estadounidense, puesto que en Cuba no hay McDonalds, para los prisioneros, también", dice Emma Reverter periodista autora de dos libros sobre la cárcel, uno en su fundación y otro en su décimo aniversario. Este limbo deliberado es lo que hace especial a Guantánamo, argumenta Reverter. "La cárcel de Guantánamo, aunque en realidad podríamos hablar de varias cárceles que se gestionan de forma distinta y que se sitúan en la base naval de Guantánamo, está situada en un territorio que es cubano, pero que en virtud de un tratado fue arrendado a Estados Unidos", dice. "La cifra acordada de alquiler es ridícula, pero se pactó en el tratado que para terminar con el arrendamiento las dos partes debían acordarlo. Obviamente Estados Unidos no tiene ningún interés en irse porque es una posición estratégica".

Guantánamo ha cumplido 19 años y ha pasado por las manos de tres presidentes. Biden es el cuarto y Salahi muestra un optimismo irremediable. "Tengo que tener esperanza. Dicen que es lo último que se pierde. Pasé 16 años entre Guantánamo y prisiones secretas y solo me agarraba a la esperanza. Creo que hemos salido de esta pesadilla que era Trump y ahora tenemos a Biden, que cree que Guantánamo no debería existir".

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La policía pidió que el Ejército de EEUU siga desplegado en Washington hasta mayo tras alertar de otro posible asalto al Capitolio. La solicitud llega en medio de recriminaciones mutuas entre las diferentes fuerzas de seguridad acerca de los increíbles fallos que permitieron el asalto del 6 de enero. Washington se despertó a principios de marzo con el temor a revivir la pesadilla del 6 de enero, cuando los seguidores de Donald Trump asaltaron el Congreso de Estados Unidos, causando cinco muertos. La razón era la convocatoria en foros online de marchas a favor del ex presidente que, para las autoridades policiales estadounidenses, podrían desembocar en actos violentos. Una parte de los partidarios de Trump, incluso, pensaban -y así lo habían expresado en fotos en internet- que el ex presidente iba a asumir el poder. No hubo violencia. Pero, aun así, el Capitolio -el edificio que alberga el Senado y la Cámara de Representantes- estuvo cerrado. Los 6.200 soldados que protegen el edificio y otras sedes del aparato del Estado de EEUU están en estado de alerta, y otros 5.000 efectivos se encuentran fuera de la ciudad, listos para intervenir si fuera necesario. Parte de las barreras que rodean al Capitolio han sido reforzadas con alambre de espino. El objetivo es evitar una repetición del desastre del 6 de enero.

Y, pese a la ausencia de manifestaciones, las autoridades policiales parecen tomarse muy en serio la amenaza de los grupos radicales. La Policía del Capitolio, que se encarga de la seguridad del edificio, pidió al Departamento de Defensa la prórroga durante 60 días más, hasta el mes de mayo, del despliegue de los soldados en Washington. La solicitud llegaba en medio de un caos de recriminaciones mutuas entre los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado acerca de los increíbles fallos de seguridad que permitieron el asalto del 6 de enero. Así que, tras el exceso de tranquilidad, ahora todo parece indicar que se ha caído en una preocupación máxima.

El hombre que embistió con su vehículo recientemente a dos policías en una barricada afuera del Capitolio de Estados Unidos, matando a uno de ellos antes de ser abatido por la policía sufría de alucinaciones, paranoia y tendencias suicidas, reveló una fuente oficial a The Associated Press.

Lo cierto es que los grupos que están detrás de gran parte de las amenazas de protestas violentas no son para ser tomados a la ligera. Aunque se tienden a agrupar en el movimiento QAnon, que sostiene que el mundo vive una guerra secreta entre Donald Trump, por un lado, y una red de pederastas que controla el planeta, por otro, entre ellos están los Proud Boys (Chicos Orgullosos, que jugaron un papel importante en los acontecimientos del 6 de enero), los Three Percenters (que sostienen que bastará con movilizar al 3% de la población de EEUU para llevar a cabo una revolución), los 'Ciudadanos Soberanos' (que no reconocen ninguna autoridad por encima del sheriff de su condado), y los 'Oath Keepers'. Se trata de movimientos sin una estructura definida, aunque todos ellos comparten la tesis de que se está produciendo un 'genocidio' de la raza blanca y que los judíos son una 'amenaza'. En su mayor parte, estos movimientos no reconocen la autoridad del Estado.

El 4 de marzo tiene un carácter simbólico para los seguidores más radicales de Trump, en su mayoría agrupados en torno a la teoría conspiratoria de QAnon, que está girando hacia posiciones marcadamente extremistas y racistas. La fecha es importante porque, hasta 1933, esa fue la fecha en la que se llevaba a cabo el traspaso de poderes de un presidente a otro, y, para el ala más dura del 'trumpismo', ningún presidente estadounidense ha ejercido el cargo de manera legítima desde Ulysses S. Grant, hace 152 años. La razón por la que han fijado esa fecha indica claramente la ideología subyacente de estos grupos: en 1868, Estados Unidos aprobó la décimo cuarta Enmienda de la Constitución, que establece que los antiguos esclavos negros tienen derecho de voto y que los altos cargos que se hayan rebelado contra el orden jurídico del país -en clara referencia a los rebeldes que declararon la secesión para mantener y expandir la esclavitud- no podrían ejercer funciones públicas de nuevo.

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Si un fanático de 21 años se lía a tiros a plena luz del día en una iglesia podemos plantear el debate sobre la posesión de armas; si este indeseable elige como víctimas sólo a personas negras, se abre la cuestión sobre la violencia racial en Estados Unidos. Sin embargo, los hechos aislados no explican fenómenos ni mucho menos procesos. Es decir, no hay ningún indicador que muestre rebrote de la discriminación y el odio. Por tanto, este asesinato no ha de ser considerado consecuencia de ningún otro hecho ni relacionado con otro antecedente, ni siquiera con el ocurrido el pasado mes de abril. Lo cual, por cierto, dice mucho de la madurez de una sociedad. Que haya sucedido en Charleston, Carolina del Sur, tampoco admite conjeturas, aunque nos permita algún apunte histórico. En Charleston comenzó la Guerra Civil americana en 1861. Carolina del Sur fue el primer estado que declaró "disuelta" la Unión. Allí sonaron los primeros disparos cuando el buque 'Star West' se aproximó al puerto para aprovisionar el fuerte Sumter, que había permaneció leal a la nación.

Carolina del Sur siempre fue un estado rebelde. Hacía tres décadas que el impulsivo presidente Jackson amenazó con enviar las tropas federales porque la Asamblea del estado aprobó en 1832 una ley que anulaba otra de carácter federal, decretando que cualquier disposición aprobada por el Congreso de Estados Unidos que perjudicara a su territorio no obligaba a sus funcionarios ni ciudadanos. Se refería a las leyes arancelarias. Todo fue maquinado por el irredento y camaleónico esclavista John Calhoun, a la sazón y hasta ese año vicepresidente con Jackson. Calhoun proclamó la soberanía de los estados: "primero la libertad y después la Unión". En el Capitolio no se anduvieron con rodeos y el prestigioso congresista Webster respondió: "Libertad y Unión, ahora y siempre, unidas e inseparables". Calhoun le reprochaba a Jackson que había dejado de defender la libertad de los estados. En 1850 era el estado con mayor población esclava: el 58%. De todos los estados esclavistas, sólo aquí y en Misisipi (51%) había más esclavos que hombres libres. Constituía, por tanto, parte del "cinturón negro" de América. Tras la guerra, ambos estados aprobaron los primeros e infames códigos negros, leyes discriminatorias, de servidumbre y semiesclavitud.

Dos personas visitan el lugar donde se recuerda a las víctimas de la matanza de Charleston. En 1850 era el estado con mayor población esclava. Fue en Charleston donde comenzó la guerra civil americana en 1861. Tras la guerra, fue el primer estado junto con Misisipi, en aprobar leyes raciales.

Un siglo después de la Guerra Civil, la Comisión del Centenario se marcó como objetivo presentar una nueva América sin fisuras raciales. Por su valor simbólico, la Comisión decidió reunirse en Charleston. Sin embargo, un hotel negó hospedaje a un delegado negro de New Jersey. Kennedy, recién llegado a la Presidencia, sugirió que la comitiva se encontrara en dependencias de la Marina, donde regían las leyes federales, pero los miembros de Carolina del Sur rechazaron la propuesta: no era un lugar neutral. Al final se convocaron dos reuniones. América entonces seguía partida. Al poco, Johnson aprobó la Ley de Derechos Civiles que puso el punto y final a la discriminación legal. La elección de Obama representó el fin de la discriminación simbólica. Total, que las leyes, la Historia, la educación y el civismo nos salvaguardan del rencor y reducen al mínimo el riesgo de violencia colectiva, pero no impiden que de vez en cuando dispare un perturbado.

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